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Por Verónica Zapata:
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia,
Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea
Legislativa que fijará un nuevo plazo para realizar las elecciones generales
hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora
informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas
políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de
septiembre.
El T.S.E. Informo que
en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades
preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de
protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de
recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales. Por otra
parte, el secretario general de la O.N.U. realizo un pedido a los partidos y
autoridades para que cooperen con el T.S.E. en la celebración de elecciones
pacíficas, trasparentes e inclusivas:
“A solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea,
Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando
asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas
de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores
condiciones sanitarias posibles”, sostuvo.
La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones
generales.
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales
en el país por la emergencia sanitaria. De esta manera, por segunda vez se
venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez. El
primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se auto
prorrogó el mandato junto a la asamblea legislativa hasta el 3 de mayo, en un
accionar de avasallamiento al derecho jurídico. La intención de los golpistas
es de volver a auto prorrogarse el mandato, pero esta vez, de manera indefinida
utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en
el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.
El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones
generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo para convocar a cada
sector de la sociedad con el fin de enfrentar en conjunto la situación
dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. Hasta el
momento el gobierno de facto no ha podido garantizar los elementos básicos para
enfrentar el Covid-19, reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso
sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero
no se conoce el destino de los fondos, pues no se observan en inversión en
sistema sanitario.
El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo
masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al T.S.E. que fije
fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la
Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90
días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales
hasta el 3 de agosto. Áñez rechazo la medida y presentó un amparo de
inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes golpistas
siguieron la misma línea y fueron rechazados.
Para lograr que se vuelva a retornar el tema electoral y
reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una
fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena. Se realizaron cuatro
cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y
numerosos bloqueos en diferentes regiones del país. El primer cacerolazo fue el
miércoles 29 de abril, y los domingos 10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas.
Durante el primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de
comunicación funcional al golpe de estado, distorsionaban la realidad y
afirmaban que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación
de la personería jurídica del M.A.S. Uno de los bloqueos más importantes se
llevó a cabo en kara kara, ciudad situada al sur de Cochabamba donde se desató
una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines. También, en El Alto se
reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.
Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como una
“noche de festejo de año nuevo” en Bolivia, el gobierno de facto decidió
desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer
gala de su fuerza. Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre
ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades
económicas para sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a
los numerosos casos de corrupción del gobierno de facto, el cese de la
persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite
el uso de semillas transgénicas, etc., fueron caldeando densamente el clima
político y social en el país las últimas semanas.
Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar
“Resistencia Juvenil Cochala”, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos
sociales si estos continuaban con los bloqueos, el pedido de elecciones, y como
contrademanda exigieron el cierre de la asamblea legislativa y la postergación
de las elecciones.
Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez
como la iglesia le realizó fuertes críticas. El 10 de mayo el presidente de la
conferencia episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a
Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su
mandato y no dedicarse con eficiencia a cuidar la salud de las y los
bolivianos.
Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar
elecciones.
La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21
de mayo cuando el comandante en jefe de
las F.F.A.A. de Bolivia general Sergio Orellana ingresó a la asamblea
legislativa para dar un ultimátum con
plazo de una semana con el fin de que se apruebe una lista de ascensos de
militares presentada a la asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara
rechazó el 18 de mayo siguiendo la normativa constitucional que establece que:
“La propuesta de ascensos debe ser enviada por el ejecutivo al senado para que
esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”. Eva Copa, la
presidenta del senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable
tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse
posterior a la elección de un gobierno democrático.
Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe,
el primero contra su persona el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de
enero cuando Añez se auto prorrogó el mandato, no convocó a elecciones
generales, se mantuvo en el poder y se presentó como candidata presidencial
para una próxima elección. Y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de
cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar como única opción
con cierre de la asamblea legislativa de la cual dos tercios pertenecen al
M.A.S., la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola la
de 1994 con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la
constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer
la República, con la consiguiente exclusión de la vida política y de la
distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.
Anteriormente el 10 de mayo Evo Morales realizó una grave
acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que
amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al
país por qué y para qué los norteamericanos entregaron en el estado mayor el
pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50
mil dólares por día”.
Esta situación de ofensiva militar a la asamblea
legislativa, último bastión democrático e institucional en pie dentro del país
pos golpe de estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su
gabinete, de las fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos
Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales, medios de
comunicación, etc., que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del
2019. Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar
antidemocráticos del jefe de las F.F.A.A.
Sergio Orellana a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar
la constitución nacional que en su Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una
institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y
está sujeto a órdenes del presidente”.
(*)Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com
