Por Damian Alifa:
El presidente Donald Trump anunció el 25 de agosto del año
2017 la orden ejecutiva que impondría sanciones financieras contra el país.
Hasta entonces, los EEUU solamente habían impuesto sanciones contra altos
funcionarios venezolanos (en el 2017 fueron sancionados 62 funcionarios). Sin
embargo, esta vez se trató de sanciones abiertamente contra el país, creando un
nuevo precedente de agresiones del establishment norteamericano contra la
nación del sur. Cuando el Secretario de Estado Rex Tillerson indicó en su
reciente gira que Washington estudian la posibilidad de un “embargo petrolero”
contra Caracas, nos preguntamos: ¿Qué paso con las sanciones financieras del
2017?
Para el mundo no es un secreto que Venezuela atraviesa una
profunda crisis económica, social y política desde el 2014. Tampoco es un
secreto la permanente hostilidad de los EEUU con el régimen venezolano desde el
año 98. Ahora bien, los ataques por parte de los gobiernos estadounidenses han
ido arreciando a partir del conocido “Decreto Obama” del año 2015. Estas
tensiones alcanzaron el punto cumbre después de que el presidente Nicolás
Maduro llamara a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, a
través de un proceso de elecciones nacionales.
En consecuencia, el recién electo Trump aplicó las ya
conocidas sanciones que imposibilitarían a ciudadanos norteamericanos la
comercialización de bonos y nuevas emisiones de deuda, tanto para para
Venezuela como para su empresa pública PDVSA. Es obvio que el gobierno de los
EEUU reconoce en la crisis económica venezolana una oportunidad para acelerar
un cambio de régimen.
En medio de los acalorados discursos emitidos por ambos
gobiernos se encuentran una larga relación comercial basada, fundamentalmente,
en la compra y venta de petróleo. En este sentido, nos disponemos a revisar a
detalle algunas cifras que se mueven bajo las airadas retóricas, ya que resulta
curioso que a pesar de que el “Decreto Obama” calificó a Venezuela como una
“amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos”, Venezuela siguió
siendo la tercera fuente de suministros OPEP de petróleo para los EEUU, según
la U.S. Energy Information Administration. Ahora bien, Trump ha dado pasos más
severos contra el país, después de las sanciones financieras, varios portavoces
de la Casa Blanca y el Congreso advierten la posibilidad de un embargo
definitivo contra el petróleo venezolano. ¿Cómo se prepara EEUU para esto?
Lo primero que hay que decir es que los EEUU han
experimentado un crecimiento importante de su producción petrolera doméstica.
Sin embargo, la aun primera potencia mundial, no es autosuficiente en materia
de hidrocarburos. Los EEUU importaron 8.358.000 millones de barriles diarios en
el mes de febrero del 2018, de los cuales 6,64% fueron suministrados por
Venezuela:
Junio-17: 764.000 b/d
Julio-17: 600.000 b/d
Agosto-17: 582.000 b/d
Septiembre-17: 552.000 b/d
Octubre-17: 525.000 b/d
Noviembre-17: 505.000 b/d
Diciembre-17: 437.000 b/d
Enero-18: 562.000 b/d
Febrero-18: 555.000 b/d
Cifras de la U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
Como podemos observar, se ha experimentado, especialmente a
partir de julio, una caída de las exportaciones de petróleo venezolana a los
EEUU. Los últimos años Venezuela había exportado, en promedio, entre 700 y 800
millones de barriles diarios a los EEUU. Pero desde julio, ha habido una caída
de las exportaciones hacia ese país, que rondan en promedio los 200 MBD.
Los EEUU vienen haciendo un esfuerzo por autoabastecerse en
materia energética desde hace años. Obama fue un referente en cuanto a un
intento sustancial por un “cambio de matriz energética” estimulando el
crecimiento de las llamadas “energías limpias”. Al contrario, Trump, aunque
también con el objetivo del autoabastecimiento, ha promovido la derogación de
controles ambientales, para promover el crecimiento del negocio del carbón y el
petróleo de esquisto en el país. Por ello, los EEUU vienen disminuyendo
globalmente sus importaciones netas de petróleo, pero, sigue siendo una fuente
de abastecimiento necesaria.
En el caso del petróleo venezolano, este contribuye a
abastecer el Gulf Coast norteamericano. A pesar de las sanciones 8 importantes
refinerías siguen recibiendo crudo venezolano:
Refinerías estadounidenses que compran crudo venezolano año
2016-2017 (cifras de la U.S. Energy
Information Administration):
Chalmette Refining LLC: 2016: 17.505 b/d
2017: 19.645 b/d
Chevron USA: 2016:
33.837 b/d 2017: 32.122 b/d
CITGO Petroleoum Corp: 2016: 44.690 b/d 2017: 32.494 b/d
Citgo Refining & Chemical INC: 2016: 21.515 b/d 2017:
22.258 b/d
Deer Park Refining
LTD PTNRSHP: 2016: 3.578 b/d 2017: 0 b/d
ExxonMobil Refining
& SPLY CO: 2016: 531 b/d 2017: 0 b/d
ExxonMobil Refining & SPLY CO/ BAYTOWN: 2016: 543 b/d
2017: 0 b/d
Houston Refining LP:
2016: 2.690 b/d 2017: 0 b/d
Marathon Petroleum CO LP: 2016: 2.744 b/d 2017: 8.431 b/d
Motiva Enterprises LLC: 2016: 14.952 b/d 2017: 4.503 b/d
Phillips 66: 2016: 46.185 b/d 2017: 20.193 b/d
Premcor Refining Group INC: 2016: 21.955 b/d 2017: 28.865
b/d
Total Petrochemical & Refining USA: 2016: 9.655 b/d
2017: 0 b/d
Valero REFG New Orleans LLC:2016: 31.160 b/d 2017: 31.321b/d
Valero REFG-Texas LP/ Texas City: 2016: 553 b/d 2017: 0 b/d
Valero REFG CO Texas LP/Corpus Christi/TX: 2016: 4.366 b/d 2017: 0 b/d
Total de barriles de petróleo venezolano comprador por
refinerías en el 2016: 256.459 b/d
Total de barriles de petróleo venezolano comprador por
refinerías en el 2017: 179.659 b/d
Hubo una caída de 76.800 b/d entre el 2016 y el 2017 lo que
represento un 29,94% del total. Lo que aún es una disminución moderada, tomando
en cuenta la caída general del flujo comercial petrolero entre ambos países..
Si bien es cierto que hubo una disminución general del
petróleo suministrado por Venezuela a los EEUU, algunas cifras nos permiten
inferir que no se trata de medidas programadas por alguno de los dos gobiernos,
ni tampoco como decisión unilateral de alguno de ellos en represalia contra el
otro.
Por ejemplo:
Caída de la producción petrolera venezolana según cifras
OPEP:
2015: 2.319.000 b/d
2016: 2.154.000 b/d
Sep-2017: 1.902.000 b/d
Oct-2017: 1.876.000 b/d
Nov-2017: 1.834.000 b/d
Dic-2017: 1.634.000 b/d
Estas cifras suministradas por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo demuestran que hubo una caída de la producción
petrolera venezolana importante, que responde a múltiples factores y que
pudieron haber contribuido a la disminución de las ventas al mercado
norteamericano.
• Por tanto
la primera de nuestras conclusiones es que NO ES POSIBLE AFIRMAR QUE HAYA
HABIDO una interrupción del flujo comercial petrolero entre ambos países.
A diferencia de lo que sí pudiera ocurrir con las sanciones
comerciales que plantea colocar la Administración Trump contra el hierro y el
aluminio venezolano, para el cual se propone imponer un arancel de 23,6%
mientras que los aranceles generales aumentarían, tan solo a 7,7%, el comercio
petróleo aún no se ha visto directamente afectado.
La reforma tributaria implementada por el presidente Donald
Trump está orientada, según el plan de Energy American First, a dar exenciones
fiscales al petróleo producido en territorio norteamericano, mientras aumenta los
impuestos al petróleo importado. Sin embargo, este es una medida general, que
tiene como objetivos atraer inversiones a los EEUU y aumentar sus niveles de
autoabastecimiento, no se trata de una medida orientada a perjudicar comercial
y financieramente a Venezuela.
Inclusive trasnacionales petroleras estadounidenses como la
Chevron, han intentado evadir la confrontación política entre ambos países para
continuar invirtiendo en la Faja Petrolifera del Orinoco, a sabiendas de los
lucrativos beneficios que aún pueden obtener. Hasta ahora, esta trasnacional se
ha amparado en la reforma al artículo 13, realizada por el mismo Trump, de la
provisión de transparencia conocida como Dodd-Frank Wall Street Reform
Protection Act, donde las empresas trasnacionales quedan exentas de rendir
cuenta a la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU, sobre los países donde
estas realizan negocios.
Pero es necesario indicar que las sanciones financieras
decretadas el 25 de agosto si han tenido efectos INDIRECTOS sobre la industria
petrolera venezolana. En este sentido, resulta importante recordar que la
nación del sur posee una deuda externa que asciende a los 155.271 millones de
dólares, incluyendo deuda pública y comercial, según las cifras del último
informe de la Torino Capital. De la deuda global, que incluye los compromisos
bilaterales, multilaterales, comerciales y bonos, la empresa pública Petróleos
de Venezuela (PDVSA), posee una parte importante. Por ejemplo, de la deuda en
bonos que asciende a USD 64,7 bn, USD 36,1 bn son emisiones “soberanas”
(emitidas por el Estado venezolano), 27,9 son bonos emitidos por PDVSA y USD
650 mn le corresponden a la empresa Electricidad de Caracas. Es decir, 43,12%
de la deuda en bonos es de la estatal petrolera. Ahora bien ¿En que afectan las
sanciones?
En el mes de enero Venezuela había incurrido en el impago
por 12 bonos emitidos. Cinco de esos bonos correspondían a PDVSA. Esto se debe
a que algunas entidades financieras han bloqueado los pagos de la Republica a
sus acreedores. A pesar de que la orden ejecutiva no plantea explícitamente
prohibición alguna a las entidades financieras estadounidenses para procesar
pagos de entidades públicas venezolanas a sus acreedores, los lineamientos de
la Office of Foreing Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los
EEUU, encargada de operaciones relacionadas a obstruir y sancionar los
ejercicios de “financiamiento al terrorismo”, “narcotráfico”, “lavado de
dinero”, “corrupción” entre otras, han presionado a las entidades financieras
privadas para entorpecer las operaciones financieras del país. A estas medidas
se han unido importantes bancos europeos como Credit Suisse. Por tanto, el país
se ha visto imposibilitado para efectuar el pago a tiempo de sus obligaciones
financieras. En consecuencia, ha tenido que recurrir a complicadas
triangulaciones financieras con bancos residentes de países aliados como
Gazprombank de la Federación Rusa, al igual que bancos de origen turco,
bielorruso o iraníes.
El peligro para Venezuela de incurrir en default, en bonos
de PDVSA, es sumamente grave. Las acciones legales regulares en caso de default
contra bienes estatales son limitadas, puesto que no se pueden embargar los
bienes de un Estado. Sin embargo, en el caso de PDVSA, por ser una empresa
S.A., las acciones legales, en caso de un impago, pueden llegar al embargo de
bienes en el exterior, incluyendo cargamentos de petróleo, refinerías,
operadoras de servicio, etc.
Asimismo, PDVSA se ha visto afectada en sus compras
habituales de insumos y repuestos necesarios para mantener un stock de
reposición mínimo para mantenerse operativa. Esto ha contribuido a la caída de
la producción petrolera nacional. Amén, de otros problemas relacionados a falta
de eficiencia en la gestión, ausencia de inversión, alta carga en nómina y el
control cambiario interno.
Es en las dimensiones de las últimas líneas donde podemos
observar a detalle el efecto y alcance de las sanciones financieras contra el
país. Pero ¿están preparados los EEUU para un embargo petrolero contra el país?
El comercio petrolero entre ambos países ha tenido un flujo
ininterrumpido que data de casi un siglo. La cercanía entre el petróleo
venezolano y el mercado estadounidense hacen naturales estas relaciones. Aunado
a esto, trasnacionales estadounidenses del negocio petrolero como la Chevron,
la Halliburton, Schlumberger, siguen operando en Venezuela. Por otra parte, la
filial de Petróleos de Venezuela CITGO dedicada a la refinación y con una
amplia red de comercialización en el mercado estadounidense continúa sus
labores cotidianas. Por otra parte, la venta de crudo venezolano en EEUU en el
mes de febrero de este año representó el 32,64% de su producción doméstica, de
los cuales, aproximadamente la mitad fue vendida a 8 importantes refinerías
norteamericanas.
Solamente la terquedad y una política inflexible como la que
ha caracterizado a Donald Trump pudiera llevar a detener el sano
desenvolvimiento de un flujo comercial bilateral histórico basado en una
relación ganar-ganar. Es posible que refinerías y trasnacionales del negocio
petrolero hayan hecho lobby para postergar un embargo petrolero de esta
magnitud contra Venezuela, para no ver afectado sus intereses. Sin embargo,
esto pudiera ocurrir, y afectaría más a Venezuela que a los EEUU.
El embargo pudiera tener los siguientes alcances: 1)
confiscación de los bienes de PDVSA en el extranjero. 2) suspensión unilateral
del flujo comercial de petróleo venezolano. 3) confiscación de buques con
cargamento de petróleo venezolano mar adentro. 4) prohibición y sanciones a
toda empresa estadounidense o que tenga negocios en ese país de comprar
petróleo a Venezuela. Pudiera ser alguna de estas medidas o una combinación de
varias.
El gobierno de Venezuela intenta salirle al paso al “peor
escenario” buscando posicionarse en nuevos mercados. Por ello, el presidente
Nicolás Maduro inicia desde el 7 de marzo una gira por Asia que tendrá su
epicentro en la Cumbre de Alianza Solar en India, donde seguramente uno de los
puntos de agenda de reuniones privadas con el gobierno indio será tratado el
tema del comercio petrolero entre ambos países. Por otra parte, la Ley de
Inversiones Extranjeras recientemente aprobada por la ANC, la Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 6210 que establece la posibilidad de que “el Presidente
autorice la constitución de Empresas Mixtas donde el Estado tenga menos del 50%
de la participación accionaria”, y otros beneficios y cesiones realizadas a las
empresas extractivas trasnacionales, están orientados a estimular el
sostenimiento de esas empresas en territorio nacional, aun en el escenario de
un embargo. Esto contraviniendo el entramado legislativo en materia de
Hidrocarburos y otros Recursos Naturales. Asimismo, el gobierno, frente a un
escenario de embargo que implique bloqueo de buques, ha venido cediendo espacio
a diferentes transnacionales en función de que ingresen directamente en el
negocio de la comercialización.
Este nuevo tablero petrolero nacional afecta gravemente los
intereses de la republica puesto que: A) en primer lugar, la comercialización
en mercados de consumo de crudo tan lejanos como India o China, implican fletes
y costos generales más altos y por tanto menos beneficios para el país. B) la
cesión a través de acuerdos de aspectos operativos neurálgicos de la
exploración, extracción, refinamiento y comercialización a empresas
trasnacionales pudieran hacer perder soberanía a la política petrolera del país
y contraviniendo la política de Plena Soberanía Petrolera que se intentó
impulsar desde el 2003. C) la cesión parcial o total (en caso de un bloqueo) de
la comercialización de crudo a las empresas trasnacionales que operan en
Venezuela reduce los beneficios obtenidos por el país de este lucrativo aspecto
del negocio. D) por último, pudiéramos estar incurriendo en un retorno, por la
vía de decisiones pragmáticas frente a la ofensiva de los EEUU, a tiempos
anteriores a la “nacionalización petrolera del 76”.
Conclusiones:
• Hasta
ahora las sanciones financieras no han estado acompañadas por una política
DIRECTAS dirigida a interrumpir el flujo comercial entre Venezuela y los EEUU.
• La
disminución reciente de casi 200 mil b/d en la venta de crudo venezolano a los
EEUU, pudiera tener que ver con los problemas operativos de diversa índole, que
presenta hoy la industria petrolera nacional.
• Las
sanciones financieras afectan indirectamente el flujo comercial petrolero entre
ambos países debido a que han sido acompañadas por políticas de la OFAC
dirigidas a obstruir la compra de insumos y repuestos necesarios para PDVSA en
el mercado estadounidense.
• También
las sanciones han retenido pagos de PDVSA y el Estado venezolanos a acreedores
de bonos emitidos en el mercado secundario norteamericano. Esto ha colocado al
país al borde de un default. Poniendo en peligro a la empresa pública PDVSA de
sufrir acciones legales que deriven en la confiscación de bienes de la
industria en el exterior.
• La
respuesta del régimen de Caracas contra las sanciones no solamente ha sido
otorgar condiciones cada vez más favorables para trasnacionales petroleras de
países aliados como Rosneft (Rusia), Luboil (Rusia) Petropars, Gazprom (Rusia),
TNK-BP (Rusia) (Irán), CNPC (China), Sinopec (China), Indian Oil Corp e India
Oil Lim (India), Petronás (Malasia), Petrovientam (Vientam), sino también
trasnacionales de los países que han sancionado a Venezuela como a la Chevron
(EEUU), la TOTAL (Francia), Repsol (España).
• En esta
misma dirección, apunta la venta de la mitad de las acciones de la filial CITGO
a la trasnacional rusa Rosneft. Aunado a esto, están los anuncios sobre los
permisos de empresas trasnacionales occidentales para comercializar el 10% del
crudo venezolano.
• Venezuela
pudiera estar corriendo el peligro no solo de disminuir los beneficios
obtenidos del negocio petrolero, sino que pudiese estar perdiendo cada vez más
el control operativo sobre la estratégica industria petrolera del país, y por
tanto, perdiendo su soberanía.
• Es
esperable de la Administración Trump una decisión radical como el embargo
petrolero. La cual no solamente constituye una medida unilateral injusta que
viola el derecho a la autodeterminación, sino que constituye, en un momento de
tan grave crisis en Venezuela, en un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Esperemos que la
sensatez impere en la Casa Blanca y que en el peor de los escenarios el
gobierno de Venezuela encuentre soluciones menos lesivas para la Soberanía
Nacional que las políticas económicas tomadas hasta los momentos.
daalifa@gmail.com
