El acuerdo de la gran traición

Por Eduardo Contreras:

En 1973 nuestro país vivía otro momento de su historia y era muy distinta la correlación de fuerzas políticas. La agudización de la lucha de clases, los avances extraordinarios de la lucha del pueblo por el cambio social y político, la intervención imperialista para impedir la consolidación de ese proceso histórico y el crecimiento de las fuerzas populares signaban aquel tiempo.

El Partido Comunista chileno tenía entonces 25 Diputados, entre los que me contaba.

De ellos sobrevivimos algunos y son escasas y difíciles las posibilidades de reencontrarnos para evocar de conjunto lo que fue aquel nuestro tiempo. Lo que no impide que por estos días en que se ha conmemorado en muchos lugares del continente la histórica victoria del pueblo chileno, de la Unidad Popular y del compañero Salvador Allende, me permita traer a la memoria de nuestros lectores aquel episodio del 22 de agosto de 1973 que selló la suerte del proceso democrático revolucionario más contundente de la historia del país.

Me refiero a la reunión de la Cámara de Diputados de aquel día. Por cierto, a esas alturas ya estaba en pleno desarrollo el golpe militar diseñado en las primeras reuniones de Agustín Edwards con Henry Kissinger que se habían efectuado a fines de 1970. Todo lo cual conocemos por los procesos judiciales relativos al golpe del 73 ante nuestros tribunales, o por los informes del Senado de los EEUU, como también por los serios trabajos de investigadores e historiadores de la calidad de Peter Kornbluh o Mario Amorós, por nombrar algunos de los más destacados.

Los gremios de camioneros, los grupos fascistas armados, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y por cierto los partidos políticos reaccionarios ya habían creado el clima necesario para el golpe. Pero requerían además darle visos de cierta institucionalidad y de gran amplitud y que la condena al gobierno viniera también de los propios otros órganos del Estado.

Y así fue que a mediados del 73 se pronunció el Poder Judicial a través de una declaración de la Corte Suprema de la época, abiertamente antijurídica y fuera del ámbito de su competencia, en la que se acusaba al Ejecutivo de trasgredir con sus medidas la Constitución y las leyes. No sería la única vez que el alto tribunal se subordinara a los poderosos grupos económicos del país. Así las cosas, faltaba entonces sólo el Parlamento. Era indispensable, además porque esa maniobra permitiría dejar claro ante toda la opinión pública cuál era realmente la posición y el papel de la Democracia Cristiana en la lucha por terminar con el proceso de cambios impulsado por la Unidad Popular.

Como sabemos, al interior de la Dirección Nacional de la Democracia Cristiana había dos posiciones, una era la de los partidarios de llevar las provocaciones hasta el final y derrocar al presidente Allende. La otra posición era de respeto a la institucionalidad democrática, al Derecho y a la búsqueda de acuerdos con el gobierno popular.

De hecho, esos consensos democráticos, antigolpistas, estaban ya a punto de lograrse y precisamente a fines de ese mes de agosto tenían fecha los encuentros entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, en cuya consecución colaboró activamente el Cardenal Raúl Silva Henríquez.

No olvidemos que, en esa posición de respeto y defensa del régimen democrático, de la voluntad del pueblo y del gobierno legalmente constituido, se encontraban figuras muy importantes de la DC como Renan Fuentealba, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, entre otros.

Y llegó entonces la reunión de la Cámara de Diputados de Chile del 22 de agosto del 73.

Aunque no era para nada lo habitual, porque los parlamentarios de cada bancada se ubicaban junto a los suyos, aquella vez y precisamente porque estábamos hablando de la gravedad de la situación ya desde antes de entrar a la reunión y teníamos confianza mutua, nos sentamos juntos en la misma fila con don Bernardo Leighton. Era por aquel entonces Diputado de su partido y nos habíamos conocido un par de años antes a propósito de un proceso judicial en mi contra, siendo él ministro del Interior.

Aquel día estábamos consientes que nos encontrábamos viviendo minutos históricos que podían terminar, como ocurrió, en una gran tragedia. Y fue entonces cuando las dirigencias de la Democracia Cristiana y la Derecha impusieron ese voto, esa declaración, en que la Cámara de Diputados calificó de inconstitucional e ilegal al gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende. En rigor, lo que era claramente inconstitucional e ilegal era precisamente aquella resolución dado que no era facultad de la Cámara un pronunciamiento de esa naturaleza y alcance.

Pero era el libreto confeccionado y puesto en marcha por la CIA con el apoyo de la ultraderecha política y de don Agustín Edwards y su cadena de diarios de El Mercurio. El viejo libreto golpista usado en otros lares del continente. En esa dirección, la mayoría de la Cámara aprobó el acuerdo golpista. Fue en ese momento cuando don Bernardo Leighton – que también aprobó tal declaración porque era “orden de Partido”, me dijo “avisa de esto de inmediato a Corvalán, es que el golpe en marcha seguro ahora será muy rápido……”. Por cierto, llamé por teléfono en el acto al compañero Luis Corvalán, entonces Secretario General del partido de los comunistas chilenos.

Pero a esas alturas la suerte ya estaba echada. Vendría el golpe, los miles de víctimas, la destrucción de Chile. Pasaron los años y Don Bernardo que debió salir al exilio porque era acosado y perseguido, fue también víctima de un atentado de la dictadura mientras vivía en el exterior. Hoy, a 50 años del triunfo del pueblo con Allende, es necesario recuperar estos recuerdos para que la Historia sea fiel.

eduardocontreras2@gmail.com

Leer más

La nueva insurgencia y el reto social

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Quizá no se conozca en la historia de los conflictos armados recientes, el caso de una guerrilla que haya hecho tanto para desarmarse, ni de un gobierno, que haya hecho tanto para obligarla a desistir de ese propósito. Las FARC, se acabaron y nació de allí la FARC, en singular, como partido político, que no logra posicionarse en ningún lugar de la política y la movilización social. Aprendió a sobrevivir a los ataques de la derecha, que lo recrimina y aborrece, pero tampoco logró asumir liderazgo en la izquierda. Electoralmente fallaron las cuentas y solo le quedaron las diez curules del pacto de paz, acordadas para senado y cámara, que apenas si le permiten unos pocos minutos al aire en el parlamento, controlado por el partido en el poder, que reniega de no haberlos exterminado y trata de usarlos como chivos expiatorios de todos los males padecidos y por padecer, y les impide hablar y actuar con el tono de su discurso construido durante varias décadas.

Es el derecho a la paz y no solo los acuerdos lo que se ha incumplido. Tampoco se ha cumplido el orden constitucional que obliga a crear condiciones para sobreponer los actos de paz sobre los de la guerra. Tampoco hay esfuerzos serios (más allá del papel firmado pero incumplido), por fortalecer políticas de estado para que los derechos tengan sentido, recursos y disposición institucional para que sean realizados por la población colombiana. El estado de derecho esta resquebrajado y se vive en un naturalizado estado de cosas inconstitucional, presente en sus millones de desplazados, victimas, desempleados y adicionales con las crecientes desapariciones forzadas, asesinato sistemático de sus líderes sociales y excombatientes y corrupción en todo su furor instalada por dentro de la estructura del estado. La cotidianidad es de violencias está desbordada y es arropada por la arrogancia del poder, que no ve, no escucha y no atiende las urgencias de la mayoría de población que clama oportunidades para vivir con dignidad. Esas son apenas unas pocas razones objetivas para perder o ganar la esperanza en la construcción de paz estable y duradera.

Del seno de este panorama y no del fracaso o vaso medio lleno de la implementación de los acuerdos depende el tipo de luchas humanas, sean civiles o armadas. De ahí y no de las cenizas de un pasado reciente es que emergió la noche del 28 de agosto la noticia y video promocional de una nueva guerrilla, que anuncia retomar las armas y promover el sueño de la patria libre de Bolívar como lo indican sus señales graficas que completan la escena del regreso a las armas. No es una disidencia, son antiguos armados, que habiéndose desarmado regresan, se desmarcan totalmente del partido al que pertenecieron y de las reglas fijadas por la constitución y las leyes colombianas, y afirman que hay suficientes causas para validar su levantamiento en armas contra el estado, conforme a lo previsto como derecho de rebelión.

Quienes se presentan allí son viejos y experimentados guerrilleros. Los que aparecen en la foto configuran un estado mayor, secretariado o dirección colectiva, que reclama su condición de actor político, que desde la ilegalidad disputara la legitimidad del estado y, tratara de afectar el bien jurídico que es la constitución vigente, al amparo y subordinación de las reglas del derecho internacional humanitario. Quedan sin vínculo alguno con la justicia especial de paz y sus hechos y acciones de guerra serán los que le permitan a la sociedad calificar que tipo de insurgencia son, nada es previsible salvo que son armados de verdad. Al producirse una ruptura total con el orden constitucional vigente su adversario es el estado y en particular afirman que sus objetivos serán las elites, que gobiernan, controlan y ejercen el poder coactivo, represivo y de manejo de las políticas, las finanzas públicas y la hegemonía de las decisiones. Así ven ellos las cosas y en consecuencia actuarán buscando que su pensamiento convenza para ser vanguardia.

Le corresponde a la sociedad seguir construyendo la paz estable y duradera, sin dejarse provocar ni seducir, por quienes acuden a gritar y a rechazan la guerra en la retórica, pero la alientan sosteniendo ejércitos privados, ponen recursos para ejecutarla y llaman a cobrar venganza y despertar heridas y rencores. A la sociedad le corresponde a través de sus organizaciones civiles, sociales, académicas y defensoras de derechos, demostrar con hechos de paz, que hay otras formas de lucha y movilización que hacen innecesaria e indeseable la lucha armada. El problema está en demostrarlo con modos de acción contundentes, con organización y unidad de propósitos comunes, desmontando egos que impiden avanzar en colectivo, y no cayendo en la lógica de la paz derrotada. Son cientos, miles de experiencias de paz que tienen como base la defensa y construcción de justicia y dignidad sin guerra. Hay que retomarlas. Indígenas, campesinos y estudiantes, son quienes mejor han logrado instalar en la defensa de la vida y de la paz renovados modos de acción y movilización.

La insurgencia civil más contundente tendrá que darse con las elecciones que vienen en octubre 27, de lo que ocurra dependerá el destino de la nación y las maneras de vivir en Colombia. Los votos tendrán que orientarse hacia los mejores seres humanos, a personas de incuestionable honorabilidad, de talante ético y compromiso real con la paz y el respeto a los derechos de las comunidades, abiertos defensores del bien público y del estado de derecho, sin vínculo con ningún actor de la guerra. En las urnas tendrá que escribirse el mensaje que se le quiera enviar a los nuevos alzados en armas. Si el proceso electoral sigue siendo propiedad de las elites y los ganadores fueran los mismos corresponsables de la guerra, la nueva insurgencia armada tendrá futuro y una pista despejada para cobrar su victoria.

Los que no tienen partido, ni obedecen a centros de dirección e inclusive ya no confían en nadie, campesinos, obreros, mujeres, indígenas, estudiantes, que podrían agarrar un arma, pero no quieren o no pueden, tienen la palabra y la posibilidad de hacer mucho para transformar este país y saben que el momento es ahora, justo en este limbo que va del regreso a la guerra (con un nuevo actor del conflicto armado) y de la paz embolatada entre marañas jurídicas que impiden implementar el pacto político suscrito.

     

P.D. No hay que dejarse robar la esperanza sentencio el papa Francisco y en todas las paredes retumba ese eco. La universidad, que es mi lugar de existencia así lo reclama, así lo espera y hacia allá orienta todas sus fuerzas, esfuerzos y disposición de lucha desde las artes, las ciencias y las humanidades. La universidad pública colombiana no está subordinada a ningún partido político, ni organización social, ni representa ideas hegemónicas de poder, y es ahí donde hace diferencia para no dejar que se esfume el derecho humano a la paz y para no caer en la angustia de las violencias. La universidad nunca va a tirar tiros, sus ideas e imaginación siempre serán más contundentes que la fuerza del fusil y más alentadoras que los odios y las pasiones con las que la guerra envilece y mata en vida.    

mrestrepo33@hotmail.com

Leer más

La utilidad del asesinato político según la CIA

Por Diego Olivera Evia:

Estas son algunas de las falsas prácticas que recomienda la CIA

La CIA aprueba que gobiernos civiles o militares que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes recurran frecuentemente a operaciones de ataque a objetivos de alto valor, descritas como acciones para “remover” o neutralizar a sus cabezas para degradar la eficacia del grupo. manual de operaciones contrainsurgentes de la CIA, revelado por Wikileaks

El criterio de la Agencia para la definición de quien es un HVT (un objetivo atacable) es flexible: varía de acuerdo a “factores” que enumera: fuerza del grupo, estructura, dinámicas de liderazgo y alcance del resultado deseado por el gobierno.

Se advierte que entre los “efectos contraproducentes” de una acción de este tipo está el de romper ciertas “reglas del juego” establecidas entre los rebeldes y el gobierno, lo que lleva a una escalada del conflicto que no siempre está en el interés del gobierno.

Pero en el caso en el que los golpes causen daños mayores a los que el grupo insurgente sea capaz de absorber, ya sea por su incapacidad de reponer sus liderazgos o por los golpes infligidos a sus líneas de financiamiento o logística, puede conseguirse un mayor debilitamiento de su capacidad de acción.

Las “mejores prácticas”

En una revisión de operativos de ataque contra objetivos de alto nivel hechos por la CIA se demuestra –sostiene el documento que estos “pueden tener un papel importante como parte de una estrategia contrainsurgente de mayor alcance.  Estos suelen arrojar mejores resultados cuando los gobiernos analizan previamente sus posibles efectos y factores que lo puedan impactar y simultáneamente aplican otros instrumentos contrainsurgentes de carácter militar y no militar.”

Entre los efectos positivos de estos ataques enumera la erosión de la capacidad insurgente, debilitamiento de su voluntad, reducción de su base de apoyo, división o fragmentación del grupo, forzar que el grupo modifique sus estrategias de modo que beneficie al gobierno y levantar la moral del gobierno y generar apoyo.

Entre los efectos negativos cita: “puede generar mayor apoyo al grupo insurgente, lo cual podría obligar al gobierno a distraerse de otros aspectos de su estrategia; puede hacer que las estrategias insurgentes se modifiquen, que refuercen sus bases de apoyo y simpatía de la población, conducir a una mayor radicalización a los líderes sobrevivientes, generar condiciones para la adhesión de liderazgos más radicales y escalar o desescalar el conflicto de modo que favorezca la insurgencia”.

Estas son algunas de las “buenas prácticas” que recomienda la CIA

-Definir el impacto deseado sobre la trayectoria del grupo insurgente, considerando que en algunos casos pueden generarse efectos indeseados. -Definir la decisión del ataque en base de un sólido conocimiento de los mecanismos internos del grupo y sus debilidades específicas, información que se puede obtener mediante los interrogatorios a sus desertores.

-Incorporar la operación de ataque a una estrategia integral, que permita capitalizar el resultado de la operación o compensar algunos de los efectos producidos. -Proteger a los actores más moderados. Los ataques contra los líderes más violentos y extremistas pueden resultar en un acuerdo político. En muchos grupos insurgentes hay divisiones internas entre sus dirigentes más militaristas y los más políticos.

-Aprovechamiento de las contradicciones internas. Exacerbar o explotar las fisuras en los liderazgos puede funcionar de manera tan efectiva como el dirigir un ataque militar contra uno de sus liderazgos.

Estos hechos de la CIA son parte de la estrategia, de generar acciones contra determinados países, que apuesta a cambios sociales o alternativos en América Latina,  como lo realizan en Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahora con México aplicando sanciones económicas, consideradas como ilegales, como amenazas  de golpes desde Brasil o Colombia, al gobierno Legal de Nicolas Maduro, para crear un caos, en búsqueda de controlar a los países de América Latina, como lo realiza el Plan Condor y el modelo Monroe, América para los americanos , pero para EEUU y sus aliados europeos, como Canadá, realmente la CIA y los marines son la punta de lanza de las intervenciones.

diegojolivera@gmail.com

Leer más