Por Eduardo Contreras:
En 1973 nuestro país vivía otro momento de su historia y era
muy distinta la correlación de fuerzas políticas. La agudización de la lucha de
clases, los avances extraordinarios de la lucha del pueblo por el cambio social
y político, la intervención imperialista para impedir la consolidación de ese
proceso histórico y el crecimiento de las fuerzas populares signaban aquel
tiempo.
El Partido Comunista chileno tenía entonces 25 Diputados,
entre los que me contaba.
De ellos sobrevivimos algunos y son escasas y difíciles las
posibilidades de reencontrarnos para evocar de conjunto lo que fue aquel
nuestro tiempo. Lo que no impide que por estos días en que se ha conmemorado en
muchos lugares del continente la histórica victoria del pueblo chileno, de la
Unidad Popular y del compañero Salvador Allende, me permita traer a la memoria
de nuestros lectores aquel episodio del 22 de agosto de 1973 que selló la
suerte del proceso democrático revolucionario más contundente de la historia
del país.
Me refiero a la reunión de la Cámara de Diputados de aquel
día. Por cierto, a esas alturas ya estaba en pleno desarrollo el golpe militar
diseñado en las primeras reuniones de Agustín Edwards con Henry Kissinger que
se habían efectuado a fines de 1970. Todo lo cual conocemos por los procesos
judiciales relativos al golpe del 73 ante nuestros tribunales, o por los
informes del Senado de los EEUU, como también por los serios trabajos de
investigadores e historiadores de la calidad de Peter Kornbluh o Mario Amorós,
por nombrar algunos de los más destacados.
Los gremios de camioneros, los grupos fascistas armados,
altos oficiales de las Fuerzas Armadas y por cierto los partidos políticos
reaccionarios ya habían creado el clima necesario para el golpe. Pero requerían
además darle visos de cierta institucionalidad y de gran amplitud y que la
condena al gobierno viniera también de los propios otros órganos del Estado.
Y así fue que a mediados del 73 se pronunció el Poder
Judicial a través de una declaración de la Corte Suprema de la época,
abiertamente antijurídica y fuera del ámbito de su competencia, en la que se
acusaba al Ejecutivo de trasgredir con sus medidas la Constitución y las leyes.
No sería la única vez que el alto tribunal se subordinara a los poderosos
grupos económicos del país. Así las cosas, faltaba entonces sólo el Parlamento.
Era indispensable, además porque esa maniobra permitiría dejar claro ante toda
la opinión pública cuál era realmente la posición y el papel de la Democracia
Cristiana en la lucha por terminar con el proceso de cambios impulsado por la
Unidad Popular.
Como sabemos, al interior de la Dirección Nacional de la
Democracia Cristiana había dos posiciones, una era la de los partidarios de
llevar las provocaciones hasta el final y derrocar al presidente Allende. La
otra posición era de respeto a la institucionalidad democrática, al Derecho y a
la búsqueda de acuerdos con el gobierno popular.
De hecho, esos consensos democráticos, antigolpistas,
estaban ya a punto de lograrse y precisamente a fines de ese mes de agosto
tenían fecha los encuentros entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular,
en cuya consecución colaboró activamente el Cardenal Raúl Silva Henríquez.
No olvidemos que, en esa posición de respeto y defensa del
régimen democrático, de la voluntad del pueblo y del gobierno legalmente
constituido, se encontraban figuras muy importantes de la DC como Renan
Fuentealba, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, entre otros.
Y llegó entonces la reunión de la Cámara de Diputados de
Chile del 22 de agosto del 73.
Aunque no era para nada lo habitual, porque los
parlamentarios de cada bancada se ubicaban junto a los suyos, aquella vez y
precisamente porque estábamos hablando de la gravedad de la situación ya desde
antes de entrar a la reunión y teníamos confianza mutua, nos sentamos juntos en
la misma fila con don Bernardo Leighton. Era por aquel entonces Diputado de su
partido y nos habíamos conocido un par de años antes a propósito de un proceso
judicial en mi contra, siendo él ministro del Interior.
Aquel día estábamos consientes que nos encontrábamos
viviendo minutos históricos que podían terminar, como ocurrió, en una gran
tragedia. Y fue entonces cuando las dirigencias de la Democracia Cristiana y la
Derecha impusieron ese voto, esa declaración, en que la Cámara de Diputados
calificó de inconstitucional e ilegal al gobierno de la Unidad Popular y de
Salvador Allende. En rigor, lo que era claramente inconstitucional e ilegal era
precisamente aquella resolución dado que no era facultad de la Cámara un
pronunciamiento de esa naturaleza y alcance.
Pero era el libreto confeccionado y puesto en marcha por la
CIA con el apoyo de la ultraderecha política y de don Agustín Edwards y su
cadena de diarios de El Mercurio. El viejo libreto golpista usado en otros
lares del continente. En esa dirección, la mayoría de la Cámara aprobó el
acuerdo golpista. Fue en ese momento cuando don Bernardo Leighton – que también
aprobó tal declaración porque era “orden de Partido”, me dijo “avisa de esto de
inmediato a Corvalán, es que el golpe en marcha seguro ahora será muy
rápido……”. Por cierto, llamé por teléfono en el acto al compañero Luis
Corvalán, entonces Secretario General del partido de los comunistas chilenos.
Pero a esas alturas la suerte ya estaba echada. Vendría el
golpe, los miles de víctimas, la destrucción de Chile. Pasaron los años y Don
Bernardo que debió salir al exilio porque era acosado y perseguido, fue también
víctima de un atentado de la dictadura mientras vivía en el exterior. Hoy, a 50
años del triunfo del pueblo con Allende, es necesario recuperar estos recuerdos
para que la Historia sea fiel.
eduardocontreras2@gmail.com
