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miércoles, 27 de noviembre de 2019

La OEA, Luis Almagro, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Dominica y el Golpe de Estado en Bolivia



Por Tony López R:
La OEA es un organismo regional que se inscribe y forma parte de la Organización de Naciones Unidas, nacida en abril de 1948, en Bogotá, Colombia. Aprobó su Carta Fundacional, conocida como la Carta de la OEA y cuyos principios básicos, siguen vigentes y sin embargo desde su fundación hasta hoy, esos principios básicos han sido violados en no pocas ocasiones, porque ha sido una institución al servicio de los intereses políticos, económicos y sociales de los Estados Unidos.


En su capítulo I:  Naturaleza y propósito, en su artículo No 1, expresa lo siguiente:
-              Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
-              La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros.

En su artículo 2, los principios de esta organización establecen lo siguiente:
La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales:
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente.
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;
c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros;
d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión;
e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos;
f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, 
h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.
Teniendo en cuenta estos principios contenidos en la Carta de la OEA podemos afirmar que su Secretario General, Luis Almagro, ha venido violándolos sistemáticamente y de manera flagrante, al promover y ejecutar acciones en contra de algunos Estados miembros, entre ellos al Estado venezolano, con el agravante que Venezuela, ya no es miembro de la OEA desde abril del 2019. 

Su objetivo es derrocar al gobierno democráticamente elegido de Nicolás Maduro, en comicios que tuvo una amplia y mayoritaria participación electoral y apegado   a derecho como lo establece la Constitución   venezolana, aunque por obra y gracia de Estados Unidos y la campaña de los medios hegemónicos estadounidenses, latinoamericanos y europeos, en Venezuela hay una “dictadura”. 

Almagro, en su condición de Secretario General lejos de propiciar y afianzar la seguridad y la paz de los Estados miembros ha sido promotor de la violencia y terrorismo en Venezuela, desde el año 2015, y luego de que el presidente Barak Obama, considerara a Venezuela como un peligro para la Seguridad de los Estados Unidos, Almagro se dedicó a buscar fórmulas para cumplir el mandato de Obama y derrocar a Nicolas Maduro.

Como Secretario General, fracasó en todos sus intentos por aplicar la llamada Carta Democrática a Venezuela, propuesta presentadas por él en el Consejo Permanente de la OEA, y en la 46, 47 y 48 Asambleas de Cancilleres de la OEA y en la Cumbre de las Américas, donde tuvo el apoyo del   vicepresidente estadounidense Mike Pence, y no lograron condenar al gobierno de Venezuela.
Fue esa derrota lo que llevó a Luis Almagro a crear en el mes de agosto del 2017, el conocido, nefasto y mercenario, Grupo de Lima, compuesto en su gran mayoría por países que hoy, no solo violan los derechos humanos, sino que están masacrando a sus pueblos, que protestan y marchan pacíficamente contra el modelo neoliberal, como es el caso de Chile, Ecuador, Perú, Colombia y el brutal y sangriento Golpe de Estado en Bolivia.

El acoso y la brutal política anti-venezolana de Estados Unidos, utilizando como operador político a Luis Almagro, conllevó a que Venezuela decidiera pedir la salida de esta organización, en la 47 Asamblea de la OEA, en Cancún, México, nación que luego de cumplir el procedimiento establecido, dejo de ser miembro de esta organización desde abril de este año 2019.

El colmo de esta ilegitima política del señor Almagro, contra Venezuela, es reconocer un supuesto representante del autoproclamado “presidente” Juan Guaidó y acreditarlo como embajador ante la OEA, teniendo en cuenta que esa nación no es miembro de esa desprestigiada organización regional.
Por otra parte, los lectores deben conocer que Guaidó, representa solo a una parte de la Asamblea Nacional, pues hay un importante número de legisladores venezolanos opositores, que no apoyan al autoproclamado y nada tienen que ver con Guaidó, la irracional y dictatorial decisión de Luis Almagro, violando todo lo establecido, esperemos que esa conducta, sea tomada en cuenta, por los países miembros, para no apoyar su reelección a la Secretaria General.

La participación de Luis Almagro en el Golpe de Estado Cívico- Militar en Bolivia, es un hecho muy grave y la comunidad internacional y especialmente los países miembros de las OEA, no subordinado a Estados Unidos, deben tomar en cuenta la conducta de su Secretario General, Luis Almagro.
La política y acción de Luis Almagro, contra la estabilidad y la paz en la región, se ha hecho absolutamente visible cuando, traicionando la buena fe y la confianza que en él y en la OEA, depositó el presidente Evo Morales, al pedirle que la Comisión de la OEA hiciera una auditoria, contraviniendo la decisión del Tribunal Nacional Electoral, que lo declaró ganador por un margen de 10,70 por ciento de diferencia, como establece la Constitución, ese margen de acción, fue aprovechado por la Comisión de la OEA, para determinar que hubo irregularidades, ese fue el argumento, para desencadenar el plan debidamente diseñado, para buscar la salida de Evo Morales como Presidente de Bolivia y evitar su continuidad.

Después de los hechos y consumado el plan, se ha conocido que la Comisión de la OEA falseo los datos y manipuló la información, Evo había ganado las elecciones limpiamente, pero Estados Unidos, Almagro y la derecha boliviana, no podían dejar que un indígena antimperialista, continuara en la presidencia, las grandes riquezas de ese país en hidrocarburo, litio, y uranio, deben ser explotados por sus transnacionales, pero no para el pueblo boliviano.

Por otra parte, la publicación argentina Resumen Latinoamericano, el pasado 17 de noviembre, dio a conocer que el general golpista Williams Kaliman, 72 horas después de la salida de Evo Morales, se fue a vivir a Estados Unidos, después que el Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en La Paz,  Bruce Williamson le entregó un millón de dólares a él y al resto de cada  jefe militar y  medio millón a los jefes de la policía y los traslado  a Estados Unidos donde se encuentran escondidos.
Resumen Latinoamericano, también dio a conocer que el general Kaliman, y otros políticos de la derecha boliviana, desde hace varios meses atrás, sostenían reuniones con Williamson, en la provincia de Jujuy, al amparo del gobernador Gerardo Morales, unos de los políticos más afines al gobierno de Mauricio Macri, lo que explica, como el plan para derrocar a Evo Morales, venia planificándose con la participación y dirección de la embajada de Estados Unidos, por indicaciones de Washington.

Todos estos acontecimientos unidos a una  campaña mediática muy bien  dirigida a confundir y vilipendiar a la candidatura del MAS, fue sembrando un escenario negativo para la reelección de Evo Morales, a donde se unieron otros factores, sectores importantes de la Iglesia Católica, las  sectas cristianas, muchas de ellas apañando al fascista  Comité Cívico, liderado por Luis Fernando Camacho, quien con una biblia en una mano, evocaba al señor y con la otra ordenó matar e incendiar el país, en nombre de la democracia.

Otros graves acontecimientos están ocurriendo en Suramérica, los crímenes y   la brutal represión contra el pueblo chileno, que ya cuenta con más de 40 muertos, miles de heridos, detenidos y desaparecidos no es objeto de preocupación y mucho menos de un pronunciamiento  del señor Luis Almagro y la OEA, él está más empeñado en derrocar a gobiernos progresistas, que trabajan para sus pueblos, que la de condenar los gobiernos  que reprimen y cometen crímenes de lesa humanidad, como lo sucedido con el gobierno de facto en Bolivia, al cual él (Almagro) en su condición de Secretario General de la OEA, ha reconocido, obvio, si él ayudo  a instaurar ese gobierno golpista.

O en Ecuador donde fueron masacrados por el Ejército 9 indígenas y que a pesar de que la CONAIE, aceptó parar las manifestaciones y protestas a cambio de bajar el precio del combustible y otras reivindicaciones a la que el presidente Lenin Moreno se había comprometido, pero nada se ha cumplido, y hoy el movimiento indígena acusa a Moreno de traición y amenaza con volver a las calles.

Y qué decir del Paro Nacional en Colombia, que ha provocado varios muertos, cientos de heridos por la represión, más de 80 allanamientos a locales sindicales y del movimiento social, sin ninguna orden judicial, toque de queda, en Bogotá y en varias capitales departamentales, tampoco en estos casos la OEA y su Secretario General, dicen nada, guardan cómplice silencio.

Por último,  la señora canciller de Dominica, en la OEA, le reclamó a Luis Almagro que se deje de inmiscuir en los asuntos electorales de su país, la dirigente caribeña fue muy enfática y le recordó los principios y reglamentos de la OEA, que como bien señalé al principio, siguen siendo violados por el señor Luis Almagro, quien intenta ser reelegido para el cargo de Secretario General en las elecciones a celebrarse en el primer semestre del próximo año, los gobiernos que se respeten tendrán la última palabra. 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com

sábado, 13 de julio de 2019

El ejemplo la grave amenaza de Venezuela para Colombia



Por: Tony López R:
El artículo publicado en el portal la Razón Pública, intitulado La crisis de Venezuela: una amenaza grave para Colombia, me ha motivado a exponer porqué el ejemplo de Venezuela es un peligro para Colombia. Es evidente que los plumíferos al servicio de la política injerencista y colonizadora de Estados Unidos, los une en la declarada guerra de cuarta generación que hoy se le hace a Venezuela, y el autor de dicho artículo no es la excepción.

Cierto que Venezuela es un grave peligro para Colombia, pero no como maliciosamente lo afirma: “En medio de una tragedia, el régimen de Maduro sigue aferrado al poder a toda costa. Por eso está tratando de agravar el conflicto con Colombia”. 


No es Venezuela la que aliada a Estados Unidos y con el Secretario General de la desprestigiada OEA, trabajan febrilmente para promover el derrocamiento del gobierno del presidente Iván Duque o de algún otro mandatario en nuestra región. Es totalmente a la inversa, es público y notorio que el gobierno colombiano se dedica, en todos los foros internacionales, en estrecha alianza con el gobierno de los Estados Unidos, con el mercenario Luis Almagro y los ultraderechistas mandatarios de Chile, Paraguay y Brasil, de promover acciones para lograr el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.

Fue el gobierno de Colombia sirviendo como peón y mandadero del Departamento de Estado y del corrupto Luis Almagro, el que promovió e hizo la propuesta de crear el Grupo de Lima en agosto del 2017, luego del fracaso sufrido en la Cumbre de las América al no lograr la resolución de condena al gobierno de Maduro. El prácticamente fenecido Grupo de Lima, siempre fracasó en todos estos intentos y en la 49 Asamblea de la OEA, celebrada en Medellín, el pasado mes de junio, sufrió un severo golpe, que provocó el retiro de la delegación de Uruguay, cuando se trató de reconocer a Julio Borges como representante del inexistente gobierno del autoproclamado presidente Juan Guaidó en la OEA.

Lo sorprendente de este intento y la ilegitimidad manifiesta es, que Venezuela ya no es, al igual que Cuba, miembro de la fétida OEA y el terrorista Julio Borges era el sujeto por el que presionaba Colombia, Almagro y Estados Unidos para representar al inexistente gobierno de Guiadó: Que vergüenza… 

Borge, protegido por el gobierno de Colombia, y pedido en extradición a Interpol por Venezuela, acusado de organizar acciones terroristas en Caracas y en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, goza de la más absoluta protección y complicidad del gobierno de Iván Duque y está la incógnita, si la Interpol cumple o no con sus funciones de ordenar su detención o está al servicio del imperio solamente.

Pero no solamente Colombia ha tomado un papel protagónico en lo político y diplomático, también en el campo militar, su estrecha alianza con el Comando Sur y con la OTAN; la instalación de 7 o más bases militares estadounidenses en territorio colombiano establecidas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El gobierno venezolano fue públicamente amenazado por Uribe Vélez, cuando, dijo que “le faltó tiempo para intervenir militarmente en Venezuela”. También es conocido que Chávez le respondió “que a Uribe no le faltó tiempo, sino que le faltó cojones” .

En declaraciones del ahora senador Uribe Vélez, citadas por la agencia AFP, al referirse a los diálogos del gobierno de Maduro con la oposición en Noruega, expresó: “la salida debe ser de fuerza y no de diálogo”. Conociendo todas estas declaraciones y acciones injerencistas del gobierno de Duque y su mentor Uribe Vélez, como puede afirmar este plumifero, que Maduro “está tratando de agravar el conflicto con Colombia”
Fue el gobierno de Colombia el que apoyó a un grupo de paramilitares colombianos y contrarrevolucionarios venezolanos, encabezados por Juan Guaidó, en la violenta agresión, el pasado 23 de febrero contra Venezuela, desde el paso fronterizo de Cúcuta, Colombia. Esa agresiva y violenta acción estuvo acompañada y respaldada por los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay y del Secretario General de la OEA, bajo el supuesto argumento de ingresar por la fuerza “ayuda humanitaria” a Venezuela, desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro.

La violencia desatada en territorio venezolano, desde Cúcuta, dada a conocer por  los derechistas medios colombianos, latinoamericanos y estadounidenses,  culpando a  Venezuela, fueron desenmascarados días después por el diario New York Times, cuando  presentó pruebas de que toda la acción violenta con armas de fuego y cocteles molotov fueron ejecutadas desde territorio colombiano por elementos contrarrevolucionarios y paramilitares, con el apoyo de la policía colombiana,  donde hubo víctimas fatales y heridos.

De acuerdo a las leyes internacionales, esta acción está considerada jurídicamente como un acto de agresión y puede ser llevado por Venezuela a la Corte Penal Internacional, (CPI).
Venezuela no es un peligro para Colombia en el campo de la violencia, sí es un peligro para la oligarquía colombiana por el ejemplo que representa en lo social, económico y político, para el empobrecido, desprotegido y mayoritario pueblo colombiano, cuando estos conozcan que  la Revolución Bolivariana llevó a cabo la misión de eliminar el analfabetismo y ya hace varios años es libre de analfabetos, que  ha logrado un sistema de educación gratuito para todo su pueblo, desde  los grados primarios hasta universitarios, y ha invertido un alto presupuesto en la Educación eso es un peligro para Colombia.

A diferencia de Venezuela, el gobierno colombiano desarrolla una intensa política de privatización de la enseñanza y las condiciones de atención a la educación primaria, media y superior es sumamente precaria.   Existe un alto nivel de analfabetismo.  La crisis económica lleva a miles de niños a trabajar en condiciones infrahumanas, mientras que las condiciones materiales de las escuelas en el campo son deplorables y el presupuesto nacional para educación es menos del 2 por ciento.

La Revolución Bolivariana priorizó y ha invertido cuantiosos recursos en el tema de la salud, para dar atención médica gratuita a su pueblo,  ha salvado miles de vidas, mientras en Colombia la crisis de salud y alimentación es tan grave, que,  como es públicamente conocido, solamente en el Departamento de la Guajira, más de 4,500 niños fallecieron por desnutrición,  pero además,  los gobiernos colombianos, desde hace 20 años a la fecha, rebajaron el presupuesto de salud y priorizaron la privatización de la salud para beneficio y enriquecimiento de un  minoritario grupo empresarial bajo el nombre de EPS.
La ley 50 y 100 promovida por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, en la década del 80 y 90, liquidó las prestaciones sociales, para beneficiar la privatización de la salud y de otras conquistas sociales, a diferencia de Venezuela, que tomó medidas para favorecer a los sectores más desprotegidos.

Claro que ese ejemplo venezolano es el que pone en peligro al gobierno colombiano, si se tiene en cuenta que la Revolución Bolivariana nacionalizó la industria petrolera, para ponerla al servicio de su país, el agua, la electricidad, gas,  teléfonos y otros servicios básicos pasaron a ser propiedad del  Estado venezolano, que a diferencia de Colombia ha entregado todas sus riquezas y servicios públicos a empresas extranjeras, preferiblemente estadounidense, en detrimento, también de la mediana y pequeña industria colombiana y  qué decir del campo, es el sector que más está sufriendo la política de entrega a las transnacionales.
La construcción y entrega a la población venezolana de 2 millones 600 mil viviendas, de alta calidad y totalmente amuebladas, debe ser uno de los elementos que resulta un hecho peligroso para los colombianos que sufren graves problemas de vivienda y que ninguno de los gobiernos en estos últimos años ha movido un dedo para buscarle solución a tan critica situación, solo promesas electorales, que ninguno cumple cuando logran alcanzar la presidencia, gobernaciones y alcaldías.

La falaz mentira de que un millón 200 mil venezolanos que se han refugiado en Colombia son venezolanos, debe ser desenmascarada, la opinión pública debe conocer que desde 1997 hasta el 2010, cerca de 6 millones de colombianos, se refugiaron en Venezuela, huyendo de la violencia que venía provocando el conflicto social y armado en su país.

De esos 6 millones, cerca de 4 millones lo hicieron durante el gobierno de Uribe Vélez, fue la época que el paramilitarismo tomó más auge, fuerza y apoyo de sectores gubernamentales y militares y la fuga del país se hizo creciente, huyendo de los crímenes, amenazas, masacres, desapariciones y desalojos de que fueron víctimas. Los departamentos más afectados por el paramilitarismo fueron los de Antioquia, Córdoba, el Magdalena Medio, Santander y Norte de Santander, y la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo impuso sus leyes y política.

El gobierno de Chávez en esa época le dio albergue y no solo les acogió, sino que le ofreció trabajo y luego de un año de residencia temporal, se nacionalizaron venezolanos, es por eso que del millón 200 mil venezolanos que han pedido refugio en Colombia se saben que, el 65 por ciento son neogranadinos y emigraron a Venezuela en las décadas pasadas y otros son hijos de colombianos radicados en la vecina nación.

Hay que tener en cuenta que, desde el triunfo de la Revolución Bolivariana y la elección de Hugo Chávez como su presidente en 1999, el gobierno de Estados Unidos comenzó a conspirar apoyados y en complicidad por la vieja y corruptas organizaciones y partidos políticos del Pacto de Punto Fijo y una rica burguesía empresarial que se dedicó a sabotear la economía y respaldar a las acciones terrorista durante estos 20 años, incluyendo el fracasado golpe de Estado de abril del 2002.

Las acciones contra el gobierno venezolano llegaron a su cumbre cuando el presidente Barack Obama en el año 2015 dicto una ridícula orden extraordinaria, especial y ejecutiva al declarar a Venezuela como un peligro para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.  ¿Puede sostenerse racionalmente el argumento de que Venezuela es un peligro para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos? Imposible, esa irracional orden ejecutiva ha venido a respaldar todas las acciones políticas, económicas y militares que viene ejecutando Estado Unidos contra Venezuela.

Con el triunfo electoral del ultra reaccionario Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero del 2017 y basado en un plan del Comando Sur que ya se venía ejecutando desde el 2014, la administración Trump aumentó las presiones, incluyendo sanciones financieras, graves desabastecimiento alimenticios y médicos, guerra económica, que fue acompañada por la caída del precio del petróleo, lo cual fue un acumulado y milimétricamente concebido en el Plan Maestro del Comando Sur.

La crisis económica, se agudizo a fines de pasado año y se acrecentó en estos últimos  meses,  el gobierno de Donald Trump, desde el pasado año acrecentó su bloqueo y en  acciones verdaderamente piratas han incautado   cerca de 30 mil millones de dólares de los fondos del Estado venezolano depositados en sus bancos y literalmente se ha robado  la empresa CITGO, cuyo capital se calcula en unos 7 mil millones de dólares, de otra parte el banco británico se apropió de 1400 millones de euros, depositados en oro  igual hizo  el banco de Portugal, se apropió de más de 1200 millones de euros, dinero que estaba destinado a comprar medicamento. Un hecho inédito en la historia del derecho internacional.

Por último, el plomífero miente, al afirmar que el gobierno de Maduro adelantó las elecciones, falso, fue la Mesa de Unidad Democrática, (MUD) que en las conversaciones que realizaban con el Gobierno de Maduro en República Dominicana, había pedido el adelanto de los comicios presidenciales de octubre del 2018, acordándose hacerla el 20 de mayo de ese año y a ese acuerdo se había llegado en los primeros días de marzo del 2018 en Dominicana. Conocido el acuerdo gobierno-oposición, el jefe de la delegación de la MUD Julio Borges, unas horas antes de firmar, recibió una llamada telefónica desde Bogotá de Rex Tillerson entonces Secretario de Estado, y   le orientó a Julio Borges, no firmar los Acuerdos y romper los diálogos y que viajara de inmediato a Bogotá, Colombia. Por cierto, unos días después exactamente el 13 de marzo Tillerson fue sustituido de su cargo y remplazado por el jefe de la CIA Mike Pompeo.

También miente cuando señala que fue el gobierno venezolano el que rompió la Mesa de Unidad Democrática (MUD), esa concertación política de la derecha se desmembró ella sola, por las serias diferencias que existe al interior de dicha alianza. La prueba es que COPEI participó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo y este era uno de los integrantes de la disuelta MUD.
Juzgue y razone usted, amigo lector todos estos hechos, y saque sus propias conclusiones: Quien es el agresor y quien el agredido.

Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com

jueves, 20 de junio de 2019

La democracia y el Estado de derecho colombiano al desnudo



Por  Tony López R:
El pasado 12 de junio los legisladores del ultraderechista Centro Democrático miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluido el presidente de dicha Comisión, protagonizaron un bochornoso y antidemocrático escándalo, cuando se aprestaba a intervenir en dicha sesión el representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, el presidente de la Comisión levanta la sesión, cuando los legisladores del CD se levantaron y salieron del recinto, según alegaron  en protesta porque no avalan ni están dispuesto a escuchar a un señor acusado de narcotráfico.


Este hecho demuestra en primer lugar que en Colombia no reina un verdadero sistema democrático y se irrespeta el estado de derecho de los colombianos, el hecho es mucho más grave y forma parte de la guerra de cuarta generación, donde no es el uso de las armas el que se emplea, sino el de la guerra psicológica, con el uso de una manipulación mediática, para sembrar la matriz de opinión que Santrich, es un narcotraficante.
Los legisladores del Centro Democrático y quienes le secundaron en esa acción de odio y fanatismo incurren en un delito, porque por su conducta dan de hecho y no de derecho que Santrich es un narcotraficante, delito que no ha sido probado. Por falta de prueba fue que la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) determinó su puesta en libertad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que este tomara posición de la curul que le correspondía, en el marco de los Acuerdos de Paz, y ya como aforado, seria CSJ quien lo juzgaría.

Hasta el momento, el líder de las FARC es inocente, hasta que no se compruebe lo contrario.  La prueba reina del supuesto delito, resultó ser un video filmado por agentes norteamericanos de la DEA, que hicieron llegar al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, y de quien dice que no conoce a estos agentes. Delicada y extraña operación de inteligencia, realizada por una agencia extranjera sin la autorización de las autoridades colombianas competentes, según denunció el propio ex Fiscal Martínez Neira, lo cual es muy grave porque viola la soberanía del país y conllevó a que un ciudadano colombiano fuera a prisión por 13 meses, pues el Fiscal actuó sin investigar ni verificar la información recibida.

La campaña mediática bien orquestada muestra fuertes elementos de una grave persecución política, como el sucedido en la Séptima Comisión de la Cámara de Representantes y llevan a considerar que es proceso judicial viciado.

Pero este acontecimiento no responde solo al objetivo de enjuiciar y enlodar al dirigente de las FARC Jesús Santrich, y con él a la organización a la que pertenece: Hoy en Colombia y en importantes sectores de la opinión publica los males de Colombia los ha provocado la guerrilla y no el Terrorismo de Estado implantado por un gobierno subordinado a intereses político y económicos foráneos.

El objetivo es más estratégico y está dirigido contra los Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz, las Cortes y el sistema judicial establecido en Colombia con la Constituyente del 91. Está ofensiva contra la institucionalidad jurídica colombiana viene desde hace un buen tiempo y tiene el objetivo de concentrar el poder en manos de una elite autoritaria y excluyente.

La lucha contra el sistema judicial y quitándose la careta, la encabeza el  senador Álvaro Uribe Vélez,  al convocar a recolectar firmas y salir a marchar  contra las Cortes, salieron el pasado domingo  9 de junio, y a “grito pelaó”  lanzaban improperios e insultos a las Altas Cortes, este fanfarrón  objetivo uribista,  no arrastró el público deseado,  pero  si es un campanazo para que los verdaderos sectores democráticos, progresistas y amantes de la paz, unan sus fuerzas y defiendan los verdaderos principios democráticos que fueron pisoteados por el Centro Democrático, dictatorialmente representados en la Séptima Comisión.

Pero los que se rasgan la vestidura, al parecer tienen poca memoria, no es un secreto, que el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez ha sido cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. En la década del 80 el Servicio de Inteligencia del Pentágono elevó un informe a sus superiores donde vinculan a Uribe Vélez con el narcotráfico y le dan el numero 82 en la lista de los extraditables.

La prestigiosa periodista María Jimena Duzan, en su libro “La historia que nos deben” expuso: ¿Cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona que me han dicho tiene nexos con narcotraficantes?  Fue la pregunta que le hizo el presidente Belisario Betancourt al gobernador de Antioquia Villegas Moreno. “Si nos atenemos a las nuevas revelaciones hechas por Villegas Moreno en este libro, Uribe Vélez fue sacado de la Alcaldía de Medellín por presuntas relaciones con el narcotráfico”.

Lo cierto es que solo se desempeño por cuatro meses como alcalde y en ese periodo, Uribe Vélez, acompaño a Pablo Escobar, en la iniciativa, de construir vivienda para personas pobres, que denominaron “Medellín sin Tugurio”, barrio que construyó el famosos capo, cuando aspiraba a representante a la Cámara por el Partido Liberal, del que fue separado por el líder liberal  Luis Carlos Galán, y motivó, que Escobar y Gonzalo Gacha jefes del Cártel de Medellín, ordenaran el  asesinato de Galán, pues se convertía en un enemigo del narcotráfico.

Siendo gobernador del departamento de Antioquia, desde 1994 al 97 fue el impulsor de legalizar los ejércitos privados de los señores latifundistas, empresarios y de las grandes transnacionales que operan en Colombia, estos ejércitos de paramilitares actuaron bajo el nombre de  las CONVIVIR, hasta que luego de la reunión del Estado Mayor de la  llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, en el Nudo de Paramillo en 1997, estas se subordinan a los jefes narco-paramilitares Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.
Durante su presidencia Uribe Vélez (2002-2010) hizo todo lo humano y divino para que Estados Unidos, aprobara el TLC, proyecto que no contaba con el consenso del Congreso de los Estados Unidos, porque según este, el gobierno de Uribe Vélez, viola los Derechos Humanos y mantiene relaciones con fuerzas paramilitares vinculadas al narcotráfico.

En los Estados Unidos sectores del Partido Demócratas e incluso algunos legisladores republicanos tenían serias reservas con el  gobierno de Uribe Vélez,  el 15 de octubre del 2004, el senador John Kerry declaró durante su campaña a la Presidencia, en una entrevista publicada en el diario El Tiempo, en la cual resaltó “la necesidad de que el gobierno colombiano mejorara la grave situación de los derechos humanos en el país y que cortara lazos pendientes con los grupos ultraderechistas paramilitares”.

Mientras que, según la prensa estadounidense, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi era una de las primeras líderes demócrata en señalar a Uribe como paramilitar.  Y el congresista Charles Rangel se lo había anticipado a Uribe Vélez cuando este viajó a los Estados Unidos en el año 2007 buscando apoyo para la firma del TLC y le dijo: “sabe que señor Uribe, no vamos a aprobar el TLC con Colombia hasta que no se aclaren los asesinatos de los sindicalistas y no se concluya el escándalo de la parapolítica”. El TLC solo fue firmado, cuando Uribe Vélez concluyó la presidencia de Colombia. 

En ese momento de  la visita de Uribe a Estados Unidos,  no se había conocido el horror de los falsos-positivos, y que ahora han saltado nuevamente a la palestra pública, luego de la denuncia del New York Time, que alertó sobre la orden emitida  por el jefe del ejército,  el general Nicasio Martínez, y que no era más que reeditar una similar política que ejecutaron las FFMM durante la presidencia de Uribe, al asesinar a miles de  inocentes jóvenes en Colombia, vestirlos con uniforme militar y presentarlos  como  guerrilleros caído en combate. 

Cuando se tiene el tejado de vidrio no se puede tirar piedras para arriba, al parecer los congresistas del Centro Democrático y quienes le apoyaron al abandonar la sala, deben recordar que su líder Uribe Vélez, también está cuestionado y la justicia colombiana y la Corte Penal Internacional, están interesadas en tomar acción y medidas con   los autores intelectuales y altos mandos militares que orquestaron y ordenaron esta política criminal.

¿Qué pasaría si las representaciones de los partidos democráticos, progresistas y de izquierda en las Comisiones y en el plenario del Congreso se levantan y salen del recinto por las acusaciones que pesan sobre el senador Uribe Vélez?

El caso de su hermano Santiago Uribe y la banda paramilitar de los 12 apóstoles no está aún concluida. El relato del mayor ® Juan Carlos Meneses a la destacada periodista Olga Behar, en el libro testimonio los Doce Apóstoles, respecto de la vinculación de políticos y militares, él como jefe de la policía en Yarumal sentía tranquilidad porque Uribe había ganado la gobernación de Antioquia y su hermano Santiago les dio tranquilidad  y dijo que ellos tenían amigos en la fiscalía y con algunos magistrados que no podían abrir la boca porque quedarían salpicados al momento que se abriera una investigación, y ellos serían perjudicados.
El gobierno de Duque alardea de democrático, pero nada diferente sucedió y sucede en Colombia, a lo que, hacían las dictaduras de Videla, Pinochet, Somoza, Stroessner, entre otros conocidos criminales, y digo sucede, porque cual es la respuesta a los asesinatos hoy, junio del 2019 a los más de 650 colombianos asesinados entre ex combatientes de las FARC y lideres sociales, periodistas, dirigentes comunales y sindicalistas.

Olvidaron estos legisladores, que su mentor   Álvaro Uribe Vélez, cuando ejercía la presidencia, permitió que el  partido uribista  Colombia Democrática, dirigida por su primo y  ex senador Mario Uribe, a través de las congresistas uribistas Rocío Arias y Eleonora Pineda y a propuesta de Zulema Jattin Corrales, quien ejercía como presidenta de la Cámara de Representantes, llevaran de visita al Congreso a los narco-paramilitares Salvador Mancuso, Iván Roberto Duque, (a) Ernesto Báez y a Ramón Isaza a una sesión en el salón Elíptico, donde participaron más de 60 Congresistas, y se les propició que esa actividad fuera divulgada por el canal oficial del Estado, además de los privados.

Qué vergüenza para Colombia, ambos tres están cumpliendo prisión y Mancuso lo hace en una cárcel en Estados Unidos. Mientras que las congresistas Arias y Pineda, pagaron cárcel y fueron expulsadas del uribista partido Colombia Democrática, a pedido de Estados Unidos, en ese momento y cuando rodaban videos que vinculaban al presidente con dichas congresistas en actividades electorales y ya vinculadas judicialmente, Uribe públicamente declaró que “no se podía creer en delincuentes”, lo mismo dijo el mandatario de Salvadore Mancuso, cuando este lo acusó de haberlo traicionado por extraditarlo. Siempre se ha comentado que había un pacto de no extraditar a los firmantes del acuerdo de Ralito, pero Estados Unidos no aceptó explicaciones.

Teniendo claro este escenario, podemos colegir que el poder político en Colombia hoy, en manos del ultraderechista Centro Democrático no admite espacio para la diversidad política. El sueño de los que creyeron que los Acuerdos de Paz, lograrían, realmente, solucionar el conflicto social y armado en el país, lo ven lejos de cumplirse porque en estos lideres políticos, el pueblo no importa, sino el odio y la venganza, el ejemplo de Santrich y la ofensiva contra el sistema de justicia, especialmentecontra las Altas Cortes, es una muestra de que la democracia y el estado social de derecho han quedado al desnudo e impera un sistema dictatorial y un Estado Fallido.

Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com

domingo, 16 de junio de 2019

Colombia: ¿Temor o subordinación a Estados Unidos?



Por Tony López R :
El escándalo político y presión gubernamental sobre la Jurisdicción Especial de Paz, por el dictamen de la no extradición y libertad para Jesús Santrich, han revelado la perdida de independencia y soberanía del gobierno de Iván Duque, y sentó a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia en el más alto puesto de honor, imparcialidad y honradez, al no dejarse ni comprar ni presionar, una conducta digna de hombres y mujeres que conociendo los riesgos que se corre,  al desafiar al corrupto poder que existe en Colombia.

El renunciante Fiscal Néstor Humberto Martínez huyó del país no por el enfrentamiento con la JEP, sino por su vinculación al caso Oderbrech que se investiga en Colombia y que ya se cobró la muerte de tres personas, según la prensa bogotana, vinculadas a dicho caso. 


No se trata de tener buenas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con otros Estados y tener coincidencia en política y aliarse en temas que se consideren comunes, pero lo inamisible es que el embajador de cualquier Estado, se inmiscuya, presione y chantajee al Gobierno, Congreso o Poder Judicial, en su política interna. Y mucho peor que agencias de inteligencia extranjeras operen es su territorio sin el debido permiso del Gobierno, como lo hizo la DEA y lo dio conocer el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, luego de su renuncia el pasado 17 de mayo, en conferencia de prensa.

Para conocimiento de los lectores, en este fuerte debate sobre la Ley Estatutaria en el Congreso, el embajador de Estados Unidos llegó a convocar a congresista colombianos para pedirles que aceptaran las objeciones planteadas por el presidente Duque, un hecho inamisible del embajador de un gobierno extranjero.  Mucho más grave, lo sucedido posteriormente, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a magistrados y magistradas que han defendido los acuerdos de paz y a los congresistas que denunciaron la injerencia de Kevin Whitaker. Un verdadero chantaje y una política de terror.

La injerencia del gobierno gringo ha sido tan descarada, que tal como cite, en párrafo anterior, el ex presidente César Gaviria denunció una presión indebida del gobierno norteamericano sobre las cortes y la JEP y dijo que ante ello el gobierno colombiano ha tenido «una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno de Duque».

En relación a la Ley Estatutaria de la JEP, debatidos y aprobados por el Congreso, luego de varias modificaciones a propuesta del senador Álvaro Uribe, conocida y aprobada por la Corte Constitucional, que envió a la firma del presidente Iván Duque, luego de meses de estudio, la devolvió al Senado con seis objeciones, el senado lo debatió no llegó acuerdo y las remitió a la Corte Constitucional que no aprobó las objeciones y  nuevamente traslado su veredicto al presidente Iván Duque, quien por fuerte presión popular y política decidió firmar la ley,  el pasado 5 de junio.

Un fuerte revés para el mandatario colombiano cuya figura pierde cada día más autoridad y menos apoyo de la población, según las encuestas de varias agencias. Sin embargo, la tozudez sigue reinando, después de haber firmado la Ley Estatutaria, Duque anuncio que llevarían nuevamente a debate las atribuciones de la JEP, la misma ley que acaba de firmar, lo que demuestra su inconsecuencia, un rasgo inapropiado para tan alta investidura.

Está favorable decisión por la paz de las Altas Cortes, se toma luego de la batalla que se ha venido desarrollando en Colombia, entre los sectores que defiende dignamente los Acuerdos de La Habana y los que, desde el gobierno de Iván Duque toman acciones y medidas no solo para desconocerlos, sino para acabar con ellos. 

Frente a la digna postura de las Cortes, el expresidente Álvaro Uribe ha comenzado una campaña de calle, convocando a  la población para que se pronuncie contra el actual sistema judicial colombiano, o sea, contra las altas Cortes, cuya independencia y soberanía se han puesto de manifiesto, es el inicio de un trabajo de manipulación política y social, para plantearse el objetivo supremo de la ultraderecha oligárquica colombiana de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y así concentrar el poder judicial en una sola Corte Suprema de Justicia, que no tenga oponentes y obviamente subordinada al poder ejecutivo.

Las posiciones del oficialista Centro Democrático liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez siempre han sido contrarias a la paz, y se ha visto muy bien reflejada, luego de asumir Duque la presidencia el pasado 7 de agosto, la ruptura de los diálogos con el ELN y los incumplimientos a la implementación de los Acuerdos es clara y muy grave al no tomar en cuenta que esos acuerdos ya se habían convertido en honorables compromisos del Estado colombiano, que no debieran ser roto por un gobierno.

Pero al no haberse sometido a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, no se convirtieron en una política de Estado, lo que los hacia inviolable para cualquiera de los tres poderes, como sucedió con los Acuerdos de AD-M19 recogidos en la Constituyente del 91. Solo una Asamblea Constituyente Corporativa es la que puede incluir artículos y leyes complementarias que incluyan los intereses del pueblo, que recoja lo más positivo de la constitución del 91 y convierta los Acuerdos de Paz en una política de Estado.

Claro que esta no es la Constituyente que desea la oligarquía y la ultraderecha del Centro Democrático, ellos quieren delegados constituyentes solo de los Partidos políticos tradicionales, pero no que incluyan a delegados del movimiento social y gremial, lideres comunales y defensores de derechos humanos, elegidos por sus comunidades, sindicatos y expresiones sociales.  Fue a esa propuesta a la que se negó el Gobierno de Santos a convocar y en su lugar propuso el plebiscito que al final favoreció al SI por la guerra, un resultado realmente demencial, empujado por la campaña mediática de noticias falsas, impulsada por Uribe. 
Todo lo sucedido en las últimas semanas en Colombia, entre ellos el gran escándalo relacionado con las objeciones a la Ley Estatutaria, el caso de Jesús Santrich, y la impunidad como trabaja la DEA en Colombia,  el tema de la JEP, la renuncia del Fiscal y la vice fiscal,  la ministra de Justicia; las  contradicciones y la profunda crisis institucional en el Poder Judicial, el anuncio del posible decreto de Conmoción Interior y rumores de un posible golpe de Estado, la represión, asesinatos diarios de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

La denuncia del New York Time sobre la orden del jefe del Ejército que podría llevar nuevamente a los criminales falsos-positivos, se agrava con la denuncia del pasado 5 de junio en el diario El País de España, que implica al comandante del ejército colombiano Nicasio de Jesús Martínez, y lo responsabiliza con al menos 23 ejecuciones extra judiciales de civiles presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate, el clásico “falso-positivo”. 

Aseguro el diario madrileño que dichas ejecuciones se llevaron a cabo entre los años 2004 y 2006 en los departamentos de La Guajira y Cesar durante el gobierno de Uribe Vélez,  según consta en documentos suministrados por las fuentes al diario español, también dado a conocer por La Jornada de México, que señala que “los casos denunciados ocurrieron en 2005,  e incluyen una matanza de indígenas en la que participaron miembros de las ahora disueltas  Autodefensas Unidas de Colombia, y un caso de violencia sexual”.

Mientras que la prestigiosa periodista María Teresa Rondero, en su libro Guerras Recicladas, en su página 244, (1) da conocer que el jefe paramilitar  Jorge 40  “ordenó aplastar de la forma más dolorosa  a una comunidad Wayúu, el 18 de abril de 2004, que entraron como hordas salvajes a las rancherías de bahía Portete en la Alta Guajira, decapitando matronas, robaron piedras sagradas, profanaron el cementerio y destrozaron el centro de salud, y casa por casa fueron matando mujeres porque sabían que eran ellas las figuras de autoridad en esa cultura indígena”.

No olvidar que en ese periodo el gobierno uribista había negociado un supuesto proceso de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito y que en ambos departamentos operaba el llamado comandante Jorge 40, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Tovar, que fue extraditado por Uribe Vélez a Estados Unidos y guarda prisión en ese país, actualmente este acusa a Uribe de haberlos traicionados y ha denunciado las estrechas relaciones que ellos mantenía con altos jefe de las FF.MM.

Se producen estas denuncias, en Estados Unidos y España, cuando el Senado colombiano se aprestaba a promover los ascensos de generales al grado inmediato superior, entre ellos al general Martínez Espinel. Ascenso que fue aprobado por la Cámara Alta, pese a tales denuncias y como una fuerte bofetada a las víctimas de esas acciones y a los organismos como las Naciones Unidas, la CPI y las organizaciones de Derechos Humanos, lo cual demuestra de donde viene la impunidad.

Las declaraciones y trinos del senador Uribe Vélez sugiriendo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para lograr el orden institucional, tiene un objetivo claro y estratégico: Unificar todo el sistema judicial y concentrarlo en una sola Corte Suprema, eliminando las Cortes y todo el democrático sistema jurídico logrado en la Constituyente de 1991.

Por estas razones ha convocado para hoy sábado 9 de junio, una marcha contra la Corte Constitucional y la JEP, con una mentirosa campaña, de que las Cortes están entregadas a la narcoterrorista guerrilla y proporcionar la impunidad, de esa manera busca apoyo popular y reeditar lo que hizo cuando el plebiscito, lo grave de todo esto que una parte de la población se cree estas degradante y asquerosas mentiras y que de paso a la convocatoria de una Constituyente.

Ello permitiría liquidar los Acuerdos de Paz y no solo ese objetivo, también  desde el Poder Ejecutivo, eliminar muchas prohibiciones que limitan  al gobierno en su política entreguistas a las trasnacionales estadounidenses, canadienses y europeas de las riquezas minerales y forestales, una buena parte de ella ya están en venta a espalda del pueblo colombiano como el caso de ISA, Ecopetrol, la transportadora de petróleo y una parte de los llanos orientales, y el Choco, así como estimular el fracking y la explotación minera de oro, coltán, y otros ricos minerales a beneficio de empresas foráneas.

Este lamentable y complejo escenario solo puede ser conjurado por una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares que se unan como un solo puño, a favor del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y parar con mucha fuerza las intenciones del senador Uribe Vélez y el ultraderechista Centro Democrático y sus aliados, de convocar a una Asamblea Constituyente que pretenden concentrar el poder en una minoritaria y dictatorial oligarquía.

Periodista, politólogo y analista internacional.
(1)          Guerras Recicladas. María Teresa Rondero. Edición Aguilar. Septiembre 2014
jorgarcia726@gmail.com


miércoles, 12 de junio de 2019

El laberinto de los Acuerdos de Paz en Colombia.



Por Tony López R: 
El pasado 27 de mayo, se cumplieron 55 años del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), organización guerrillera colombiana, integrada por un pequeño grupo de hombres y mujeres que, ante la injusta, abusiva y criminal política del gobierno conservador de Guillermo León Valencia, habían tomado las armas para defender sus pequeñas parcelas, en intricadas zonas de los departamentos del Tolima, Cauca y Huila y el Caquetá

Territorios que se hicieron famosos y blanco de la oligarquía colombiana cuando el senador Álvaro Gómez Hurtado, en noviembre de 1961 en las sesiones del Congreso denunció la existencia de unas “republicas independientes” que según este dirigente conservador amenazaban la seguridad Nacional.


Gómez Hurtado se refería a los poblados de Sumapaz, Planadas, Rio Chiquito, Guayabero y Marquetalia, entre otros. Fue está denuncia, la que lleva al gobierno colombiano con el apoyo de Estados Unidos, a diseñar una operación militar contra los territorios donde los campesinos se habían organizados como autodefensas frente a los abusos de la oligarquía agraria apoyada por el Gobierno.  

Marquetalia, fue el primer blanco de las fuerzas militares colombianas, con un fuerte apoyo de la fuerzas y oficialidad de Estados Unidos, y tomó el nombre de Operación Soberanía o Plan Laso. (Latin America Security Operation), la cual comenzó el 18 de mayo de 1964, el primer enfrentamiento se produjo en un lugar conocido como La Floresta el 27 de mayo, fecha que fue tomada por el pequeño destacamento, como el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC).

El destacamento liderado por Pedro Antonio Marín, quien después tomaría el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje al líder sindicalista y comunista asesinado en 1950 bajo la dictadura de Laureano Gómez, por efectivos del Servicio de Inteligencia Colombiana, (SIC) en Bogotá.

A partir del combate en La Floresta, los integrantes de este destacamento, integrado por campesinos, decidieron evacuar sus familias y presentarle combate a las Fuerzas Militares, que dirigidas por el coronel José Joaquín Matallana, solo pudo llegar al poblado el 14 de junio, casi 20 días después del combate del 27 de mayo. Las tropas gubernamentales solo encontraron cenizas pues, lo pobladores prefirieron incendiar sus viviendas irse al monte e incorporarse a la lucha antes que entregarse.

Bajo el concepto de la unidad, levantado no solo por Manuel Marulanda, sino también por los fundadores de ese movimiento como lo fueron Isaías Pardo, Isauro Yosa, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas y Hernando González, todos de filiación comunista, se decidió hacer la guerra de guerrilla y convertirse en un Movimiento armado, para la conquista del poder y llevar a cabo una Revolución de carácter Nacional Liberadora, eran apenas 48 hombres y mujeres y no fueron derrotados por una fuerzas de 16,000 hombres,  asesorados por altos oficiales estadounidenses.

Solo la  unidad, planteaba Marulanda,  será la que permitirá un triunfo popular y que revolucione la sociedad colombiana, que elimine la exclusión, erradique la pobreza, que se edifique una sociedad basada en la justicia social, que todos los colombianos y colombianas tengan acceso a la salud, la educación, la cultura el deporte y una vida digna, eso siempre será el objetivo de las FARC y así siempre debe ser, eso fue lo que dijo en Villa Nora, municipio de San Vicente del Caguan, el 8 de enero de 1999, cuando se reunió con los delegados extranjeros que habían asistido a la inauguración de los diálogos de paz con el Gobierno conservador de Andrés Pastrana.

En esa ocasión añadió:   “nos preocupa que mientras el Gobierno habla de un proceso de paz con nosotros, a su vez firman acuerdos militares con Estados Unidos, que paz es la que quieren, que no piensen que vamos a una Mesa de Diálogo, firmamos unos acuerdos y  nos van a querer desarmar, eso jamás lo hará nuestra guerrilla, demorara mucho tiempo la entrega de las armas, no sin que antes se cumplan los acuerdos y especialmente  la Reforma Agraria Integral”.
Agregó que tampoco concentraría sus fuerzas, dijo que “la desmovilización y la entrega de armas seria gradual y en proporciones limitadas, dijo que la garantía del cumplimiento de los acuerdos, estarían dados por no desarmarse”.

Hizo énfasis en   la Unidad interna de las FARC-EP y dijo que “era un principio y base fundamental de la fortaleza político-militar que ellos han alcanzado, que ni ninguno de sus mandos pueden llevarse por discursos dulzones, que viene del Gobierno y de una oligarquía que ha demostrado sus posiciones traidoras, como lo fue con el asesinato del jefe de las guerrillas liberales, Guadalupe Salcedo luego de entregar  las armas en la década del 50, o con la Unión Patriótica en la década del 80 y  cuando nos bombardearon en Casa Verde, cuando se nos quiso comprar con unas pocas curules en el Congreso y nos negamos, en el Gobierno de César Gaviria”.

Respondiendo a la pregunta sí estimaba posible  lograr la paz:  “Marulanda, afirmó que ellos están por la paz, pero no a cualquier precio, que la paz tiene que lograrse para que se solucionen los graves problemas estructurales del país, que se debe cambiar el modelo económico neoliberal y cesar la entrega al capital extranjero en detrimento del capital nacional,  que si bien ellos son una organización de filiación comunista, saben que no alcanzaran una Revolución Socialista, por ahora, pero sí  lograr cambios y  en lo económico-social que fortalezcan al país y no entregarlo al capital extranjero y en lo político que se respete a los opositores y no que se les asesine, como ha venido haciendo la oligarquía, usando a los paramilitares”. 
Puso el ejemplo del asesinato del senador Manuel Cepeda, el intento de matar a la concejal Aída Abella y de varios defensores de Derechos Humanos, sindicalistas y periodistas.

En coincidencia con lo señalado por Marulanda, el ex presidente Andrés Pastrana en su libro Memorias Olvidadas, pag 23, señala, que “Jaime Garzón había sido nombrado alcalde menor del Sumapaz, se convirtió en un humorista político y fue asesinado en 1999 en un complot de paramilitares, políticos, narcotraficantes y militares que la justicia todavía no ha esclarecido”.

Mientras que antes de su asesinato, el comandante en Jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano en una charla con integrantes de un Frente Guerrillero y cuando se hablaba de las posibilidades de iniciar conversaciones de paz con el Gobierno, expresó: hay que tomar en cuenta que “desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana.”

En el actual escenario y con un proceso de paz en curso, luego de la firma en Bogotá, de los Acuerdos de La Habana,  el pasado 24 de noviembre del 2016, la implementación de los mismos se ha visto obstaculizada por el gobierno del Centro Democrático, y de otros poderes del Estado, hay temas vitales no resuelto, como el  económico, especialmente  de la tierra; no se ha cumplido el acuerdo de la amnistía aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional; el grave tema de los cultivos ilícito, lejos de eliminarlo con firmeza, la producción de coca y amapola ha crecido a niveles altísimo, por encima de los 200 mil hectáreas, un asunto fuertemente  criticado al presidente Iván Duque por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Se continúan asesinando a exguerrilleros y lideres sociales.

Se ha tratado de boicotear la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) desde el Palacio de Nariño y la Fiscalía General de la República, como se apreció en el caso del ex comandante Jesús Santrich. El tema de las victima ha sido relegado, lo que indica que no existe voluntad política en el actual gobierno de realmente trabajar por la paz. Nada de lo arriba mencionado es falso y está más que conocido y verificado en los 10 meses del Gobierno del Centro Democrático, organización que siendo justos hay que decir que siempre estuvieron y están en contra de la paz, con el contradictorio argumento de no a la impunidad, impunidad que no puede ser atribuida a las fuerzas insurrectas, porque se están sometiendo a la JEP, no así los máximos responsables  del terrorismo de Estado que impera en Colombia y que acaba de denunciar el diario New York Time.

Es por eso que hoy mas que nunca, los sectores democráticos, progresistas, amantes de la paz y la izquierda colombiana tiene que unir sus fuerzas en reclamar lo que significa el punto medular y estratégico para Colombia hoy:  la paz, la reconciliación y la no repetición.

Dejar atrás las reservas y prejuicios personales y no anteponerlos a lo estratégico, es lo que debe ocupar la agenda de los revolucionarios en defensa de los Acuerdos de Paz. Denunciar las trampas y estrategias de sus enemigos, como el montaje que hizo la DEA en el caso de Santrich, con el fin perverso de destruir el proceso de paz, es un deber y no un llamado a volver a la guerra. No se puede ser ingenuo y el hecho de ser autocritico es la forma más honesta y valiente de defender la verdadera paz que requiere Colombia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com

sábado, 25 de mayo de 2019

Colombia Democracia, Estado Fallido o dictadura narco paramilitar



Por Tony López R :
Los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Colombia, con los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, el insólito desacato y enfrentamiento al fallo de la Justicia Especial de Paz, en el caso del ex comandante Jesús Santrich, la denuncia del diario New York Time, sobre la orden impartida a las Fuerzas Militares de obtener resultados sin importar los métodos. Lo publicado por el New York Time es supremamente preocupante.


Esa orden del Jefe del Ejército, nada diferente a la que ordenó el presidente Uribe durante su mandato (2002-2010) cuyos resultados fue el asesinato de miles de jóvenes inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros de las FARC y acuñados esos crímenes bajo  el nombre de falsos-positivos, una fórmula gramatical mediática para esconder y no llamarlo por su nombre: crímenes de lesa humanidad, aún pendientes de juzgar por la Corte Penal Internacional y cuyas familias esperan justicia, justicia que ha interferido, el renunciante fiscal Néstor Humberto Martínez al no entregar las pruebas en poder de la Fiscalía, solicitada por la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

En septiembre del 2017 la  Fiscal Fatou Bensouda de la CPI se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República  Néstor Humberto Martínez, al declarar a la prensa colombiana  que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud” dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el  Fiscal General de la República de Colombia.

Estas y otras graves acciones, no dejan dudas de que la democracia colombiana está en terapia intensiva, impera un Estado Fallido, pues el presidente Iván Duque y su gobierno se muestran incapaces de imponer el orden, la convivencia y llevar la tranquilidad y la paz en el país y tampoco es insensato afirmar que el pueblo colombiano está sometido a una dictadura narcoparamilitar si tomamos en cuenta la ola de asesinatos, desapariciones y acoso contra las etnias colombianas y afrodescendientes y el crecimiento impune de las bandas paramilitares. 

Desafiando los Acuerdos de Paz de La Habana, el gobierno de Iván Duque y determinados sectores minoritarios del Congreso Nacional y del Poder Judicial, han incurrido en graves violaciones en la implementación de los acuerdos, no solo que no se cumplen, sino que se atenta contra el Estado de Derecho y en violaciones a los Derechos Humanos, como lo ha sido el asesinato de 114 ex guerrilleros y 31 miembro de las familias de estos y  un poco más de 500 líderes sociales asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz, el gobierno no solo, no toma medidas, sino parecieran no importarle  lo que viene sucediendo.

Es una demostración que Colombia es un Estado Fallido, el Gobierno no asume su papel y no toma medidas frente a estos horrorosos crímenes, no cumple los acuerdos internacionales firmados por el gobierno anterior, incluso los que han sido  aprobados por organismos multilaterales como la ONU, la CPI e incumplen los  acuerdos de la CELAC, relacionado con  trabajar porque América Latina sea una zona de paz, apoyando activamente a Estado Unidos en derrocar al gobierno venezolano y  pese a la desmovilización y entrega de armas de las FARC-EP,  convertido en Partido político le incumplen  los acuerdos de paz, suscrito el pasado 24 de noviembre del 2016. Tampoco responden positivamente a la disposición del ELN para establecer conversaciones que los conduzca a la firma de un acuerdo pacifico y de reconciliación. 

Es público y notorio lo presenciado por la opinión pública nacional e internacional en el caso de Jesús Santrich.  La conducta del director del Inpec y del Centro Penitenciario La Picota, no solo atentaron contra el Estado de Derecho, violaron la Constitución al entrar en desacato con lo ordenado por la JEP y él Fiscal interino, al no ejecutar de manera inmediata su puesta en libertad.  Lo más graves mantenerlo durante horas en aislamiento y sospechosamente con serios problemas de salud y no autoprovocado como dieron a entender medios oficiosos, sino por una alta ingesta administradas para sedarlo, según ha trascendido por fuentes de la Clínica Medéri a donde fue trasladado en la madrugada del 18 de mayo, más sospechoso aun cuando ningún familiar, ni su médico de confianza, ni los abogados han podido acompañarlo.

Nunca Santrich, el prisionero-inocente, intento atentar contra su persona, nunca tuvo heridas, lo que si sucedía es que entre las 9 y 30 de la mañana del 17 cuando fue decretada su libertad y hasta en la tarde del 18 de mayo, estuvo aislado.  Fueron cerca de 36 horas de aislamiento que sus abogados y el médico personal pudieron acceder a verlo.

En acto teatral escoltado por tal vez más de 100 efectivos de la policía y oficiales del Inpec lo sacaron hasta la puerta de la Picota en silla de rueda y fue la libertad más corta de la historia universal, fueron menos de tres minutos, todo para cumplir con la JEP, pues llegó la orden de la fiscalía de detenerlo, bajo supuestas nuevas pruebas de la DEA y lo llevaron al interior de la Picota y más tarde trasladado al bunker de la Fiscalía. 

¿Una maniobra, fabricar pruebas o investigar las “nuevas” aportadas por la DEA para tener argumento e inculpar a Santrich? Esta es la pregunta que se hacen los colegas periodista pues de acuerdo a la entrevista que sostuvieron con el exfiscal Néstor Humberto Martínez el tema está muy enredado y nada claro.

En la entrevista en la noche de ayer 18 de mayo, el ex fiscal accedió a sostener una entrevista con varios colegas de las cuales su principal respuesta a diversas preguntas fueron la siguiente:” La Fiscalía General de la Republica nunca recibió la carta rogatoria para colaborar con la justicia americana para que agentes extranjeros y que según él actuaban como particulares, desarrollaran el operativo donde aparece Santrich en un video”. Por tanto, si bien no quiso calificar de ilegal esta acción, según él “para no obstaculizar la indagación solicitada por la JEP y que las autoridades judiciales investiguen lo sucedido”.

Aunque al final de la entrevista y ante la afirmación de la colega periodista de que en el operativo relacionado con Santrich, no hubo carta rogatoria de solicitud de permiso. El señor ex fiscal, le respondió: “Usted lo tiene muy bien entendido”. Y ella le responde; a ese punto quería llegar señor fiscal, porque en este caso, aunque usted no lo dice, hubo una dosis de ilegalidad en el procedimiento.
Ante el tácito reconocimiento del ex fiscal de que no hubo solicitud de permiso, se colige que el operativo era ilegal, como señaló la periodista, el hecho era muy grave, porque entonces el operativo lo hizo la DEA sin autorización y sin conocimiento de las autoridades colombianas, le preguntó ella. Y le respondió: “las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades, que este caso específico, le puedo decir que la Fiscalía General de la Nación, no tenía conocimiento y por eso no participamos en ese operativo”.

Como se aprecia, totalmente justificativo, sin afirmar ni negar, defensivo y reiterativo en afirmar que la Fiscalía no tenía conocimiento y no participó en el operativo, lo cual resulta muy sospechosa la actitud tan defensiva y reiterativa del ex fiscal pero también tan absolutamente conservador, pues lo que cabía era que afirmará, sí la DEA, no tenía permiso actuó ilegalmente, es también sospechosa ese temor a señalar a la DEA. ¿O el Fiscal sí conocía del tema, pero no querían oficializarlo, pues era claro que se trataba de una maniobra, o en boca de ellos un falso positivo? Y ahora está aflorando el tema, que la JEP está sacando de la tenebrosa realidad.

Precisamente la Jurisdicción Especial de Paz, señala que las leyes internacionales establecen que las autoridades extranjeras, para recabar pruebas en otro país deben contar con el permiso de las autoridades de dicho Estado. Es aquí donde está el debate. ¿Quién autorizó y quien supo de este ilegal operativo de la DEA en territorio colombiano? ¿El ex fiscal nunca ha dicho quien entrego el video o si?  Es una incógnita.

En este tema hay algo más grave.  ¿Quién le entregó al Fiscal General el video, por el cual, este ordenó la detención del dirigente de las FARC y lo mantuvo encarcelado por 13 meses sin antes, investigar y comprobar la veracidad de lo que expone el video?  Un video puede ser totalmente editado y suplantado los diálogos y en eso son expertos los servicios especiales estadounidenses, además en un jurado y un servicio judicial que se respete, un video no es una prueba legal. El trabajo de la Fiscalía es investigar y agotar todos los recursos antes de proceder a una detención, de lo contrario se viola el estado de derecho del ciudadano y más en este caso, pues Santrich está cobijado por los Acuerdos de Paz y solo la JEP puede juzgarlo.

El testigo de la DEA, según trascendió públicamente, se trata del sobrino del dirigente de las FARC-EP Iván Márquez, quien residía en Venezuela y que según diversas fuentes señalan fue reclutado por dicha agencia, trasladado a Estado Unidos, donde le cambiaron su identidad y le han garantizado el suficiente financiamiento para vivir tranquilamente en Estados Unidos. ¿Es confiable ese testigo?  O no es más que una operación política coordinada entre sectores del actual gobierno colombiano y el de los Estados Unidos, para con la detención de Santrich enlodar a las FARC, continuar vinculándola al narcotráfico, extraditarlo y con ello, provocar la ruptura de los acuerdos de La Habana.

¿Porque Santrich es el escogido?  pues muy sencillo porque, fue uno de los principales miembros de la delegación de las FARC en las conversaciones de la Habana que mantuvo firme y exigente posición en los debates, sobre estratégicos temas, como la negativa del Gobierno de convocar a una Constituyente,  que garantizaba convertir los Acuerdos de Paz en una política de Estado y no de gobierno y por eso hoy este Gobierno está incumpliendo los acuerdos, que además tienen que ser sometidos al poder legislativo y judicial donde los adversarios de la paz tienen mayoría. 
Por otra parte, y lamentablemente Santrich es un hombre invidente, esa era para los ejecutores del plan una importante debilidad y sobre todo, si el plan consideraba filmar un video, “la prueba reina”, inaudito.

Simultáneamente los medios difundían la noticia de que el presidente Duque se encontraba en el aeropuerto militar de Catam y que declararía al país en Conmoción interior y que ello obedecía a que Jesús Santrich seria extraditado a los Estado Unidos, según  tuiteo el senador Álvaro Uribe, pero obviamente ante el gran revuelo que se armó, el debate al interior de las instituciones judiciales y el costo político que esa acción podría traer, adoptaron la decisión ya conocida, Duque salió declarando que respetaba la decisión de la JEP,  los dos minutos en libertad y la vuelta a prisión de Santrich.   Un verdadero show, como el montado en la puerta de la cárcel la Picota   y   en el aeropuerto de Catam, y un desmentido del indocto Presidente, presentándose como gran demócrata y cumplidor de las leyes.

La opinión publica colombiana e internacional debe saber que con el escenario descrito y que solo es una parte de los horrores de lo que está sucediendo en Colombia, queda demostrado que el gobierno de Estados Unidos, el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo jurado de la paz en su país y el gobierno de Iván Duque, están esencialmente dedicados a pisotear, eliminar y destrozar los Acuerdos de Paz de La Habana. En definitiva, la extrema derecha colombiana y su oligarquía tenía el estratégico objetivo de desarmar y desarticular a la guerrilla de las FARC-EP y lo logró, el cuento de la democracia y que ellos podrían competir electoralmente quedó en una enorme y utópica mentira.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com