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viernes, 12 de octubre de 2018

Colombia, Venezuela y la traición en las FARC-EP


Por Narciso Isa Conde:

Antes, durante y después de los denominados DIALOGOS DE PAZ DE LA HABANA (entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP), existió, existía y existe un Estado Terrorista, con paramilitarismo incluido, siete bases militares y calificadas unidades militares estadounidenses en territorio colombiano… más el acuerdo con la OTAN.


El PENTÁGONO, específicamente su Comando Sur –sin desistir de la conquista de Brasil para esos mismos fines y con mayor fortaleza militar- concibió y concibe a Colombia como una especie de Israel de cara al Norte de Suramérica (principalmente como factor de agresión a la Venezuela bolivariana)…de cara a la Amazonía y al Caribe. Un gendarme de mediana dimensión e intensidad.

LA PAZ COMO FARSA.

No había que ser adivino, ni tener demasiada inteligencia, para apreciar que la desmovilización y desarme unilateral de las FARC-EP, principal ejército irregular antiimperialista de la región, provocaría un costoso desequilibrio interno y regional a favor de las derechas locales y del imperialismo occidental (EEUU y EUROPA OCCIDENTAL); ambos empeñados, por demás, en una feroz y violenta contra-ofensiva anti-reformas, anti-autodeterminación y anti-revolución en toda nuestra América; con especial énfasis contra la soberanía Venezolana, procurando asaltar sus enormes riquezas naturales

Sin embargo, la mayoría del poderoso SECRETARIADO de las FARC-EP, capitaneado por su jefe político-militar, Comandante Timochenko (Rodrigo Londoño), desoyendo todas las advertencias, optó por precipitar (combinado con Santos) –mediante sorpresivas maniobras espurias- un desenlace claudicante en las referidas negociaciones.

Esto incluyó desmovilización de bloques guerrilleros, entrega de las armas, aceptación de la permanencia de la mayoría de los presos políticos en la cárcel, convivencia con el Estado tal y como está conformado a nivel civil, militar y policial; permanencia de las estructuras paramilitares asesinas, renuncia a la convocatoria de una CONSTITUYENTE SOBERANA y continuidad de las bases militares estadounidenses, del acuerdo con la OTAN y de todo el andamiaje guerristas de Israel y EEUU en su territorio.

Examinadas con detenimiento la modalidad de esa imposición junto a la evolución posterior del accionar legal de sus artífices, y evaluando específicamente lo que acontece alrededor del infame apreciamiento del comandante Jesús Santrich y la conjura contra el Comandante Iván Márquez… así como las múltiples, diversas e importantes disensiones de contingentes político-militares farianos, no tengo dudas de que esa imposición reúne las característica de una rendición militar y una claudicación política-ideológica con fuertes componentes de traición interna.

IMPACTOS NEGATIVOS DE LA TRAICIÓN.

Esta derrota no fue consumada en el campo de batalla, sino inducida por una astuta inteligencia militar que logró la renuncia a las ideas, a la ética y al compromiso revolucionario de su contraparte; evidentemente asumida por componentes relevantes de la jefatura de esa fuerza insurgente, no por todos sus dirigentes; menos aun por toda su membrecía.

Sus impactos negativos no tardaron en manifestarse dramáticamente a consecuencias de los desequilibrios registrados. Veamos:

El NO ganó el plebiscito con que se pretendió refrendar ese mutilado “acuerdo de paz”, en medio de una mayoritaria y significativa abstención del universo de votantes y de una votación minoritaria a favor de ambos bandos: uribismo y Gobierno.

El Secretariado de las FARC, en lugar de darle una correcta lectura a la desconfianza popular así expresada, decidió hacer más concesiones, acentuando la claudicación.

Las matanzas y persecuciones de combatientes, líderes y activistas de las izquierdas y los movimientos sociales no se hicieron esperar.

A continuación la expresión legal de las FARC fue castigada electoralmente por la sociedad colombiana, al extremo de exhibir una ridícula votación; más aun si se compara con las dimensiones de las fuerzas que integraron su ejército popular, sus milicias, su partido comunista clandestino y su movimiento bolivariano, y de su importante gravitación en la MARCHA PATRIÓTICA y en numerosos movimientos sociales. Evidentemente el viraje a la derecha provocó una hecatombe en sus filas.

La extrema derecha uribista ganó las elecciones, potenciada por su coherente embestida contra el Acuerdo de la Habana y por la inconsistencia de FARC, ya abrazada a la candidatura de Petro, uno de sus antiguos adversarios a la cabeza de una opción centrista-liberal pro-imperialista y hostil al gobierno venezolano.

El nuevo gobierno se propone desmontar los limitados avances consignados en las letras del “ACUERDO DE PAZ”, mientras arrecia la represión y profundiza la tendencia neo-fascista y la hostilidad contra la Venezuela bolivariana y contra el proceso boliviano; aliado de bruces e incondicionalmente a los contra-ataques de Trump contra la independencia continental y los procesos de reformas.

La Fuerzas Armadas y el paramilitarismo colombianos, articulados con el Pentágono, la CÍA y el MOSSAD israelí, con el apoyo de la gran burguesía y las derechas de ese país, han reforzado su compromiso de desestabilización y agresión política, económica y militar contra el Gobierno de Maduro y el chavismo venezolano, incluidos expedientes como el magnicidio y la invasión militar tutelada por EEUU. La falsa PAX colombiana ha estimulado la guerra imperialista contra Venezuela y más allá.

LA PELEA CONTINUA.

Sin embargo, todos esos factores negativos juntos, no anulan la multifacética resistencia y las nuevas ofensivas del pueblo colombiano, del pueblo chavista venezolano y de los pueblos de nuestra América.

Ni la reacción imperial-derechista, ni las inconsecuencias de los denominados gobiernos progresistas, ni la derechización de ciertas izquierdas, ni las traiciones registradas… tienen poder en el contexto de esta multi-crisis del capitalismo para provocar una derrota estratégica del campo popular y aplacar definitivamente la tendencia a la rebeldía; menos aun en casos como el venezolano y el colombiano.

En Venezuela crece la resistencia popular al golpe y a la agresión política, militar y económica interna y externa. Voces autorizadas llaman a formar nuevas milicias populares y se expresa la disposición a recibir brigadas latino-caribeñas; al tiempo que el componente chavista de las Fuerzas Armadas Bolivariana reafirma su lealtad al proceso y su disposición combativa; por lo que los factores revolucionarios que se han acumulado allí no son fáciles de aplastar.

En Colombia los traidores a la insurgencia heroica que forjó Manuel Marulanda han perdido la autoridad y el liderazgo que forjaron en los campos de batalla; mientras crece el respaldo a los que siguen firmes y dispuestos a revertir el revés y a recomponer las fuerzas transformadoras. Esto, a su vez, amerita multiplicar la solidaridad internacional en casos como el de los comandantes Satrich y Márquez, la libertad de los presos políticos y el apoyo a las víctimas de la represión.

Hay claras señales de que muchos/as combatientes, milicianos/as, militantes y comandantes no han aceptado la ruta de la rendición y deciden optar por la recomposición y rearticulación de las fuerzas dispersas, aun en medio de grandes riesgos.

El ELN no se ha desmovilizado y se opone a la paz como maniobra del régimen y como trampa, esto es, a una paz sin garantías y sin agenda de cambios sustanciales.

El territorio colombiano está sembrado de protestas sociales y políticas de todo tipo, mientras la mayoría electoral relativa del candidato triunfador no logra superar la existencia de un gobierno de minoría, que habrá de apoyarse fundamentalmente en la violencia. Y si damos una mirada más allá, es inocultable el enorme rechazo popular que han provocado las formulas ultraderechistas y mafiosas derivadas de los llamados golpes blandos y los contra-ataques imperialistas en Honduras, Brasil, Argentina, Paraguay…

No hemos sido derrotados.

EEUU y sus sucios socios locales tienen capacidad paras desestabilizar procesos de cambios que se han estancado o degradado, pero no para estabilizar su dominio.

La pelea sigue y habrá de ser cada vez más dura.

Se pelea peleando y luce que donde estamos fallando es en la falta de cualificación y en las debilidades todavía no superadas de las fuerzas llamadas a conducir y articular exitosamente las múltiples y diversas batallas necesarias; lo que exige una profunda direccionalidad anticapitalista y antiimperialista; y, sobre todo, claras reformulaciones, forjadas estrecha relación con los pueblos en lucha y su capacidad creativa, de los proyectos de transición hacia sociedades justas y solidarias.

Vale todo lo que pueda hacerse en esa dirección dentro de una consistente vocación revolucionaria e internacionalista.

martes, 8 de mayo de 2018

Colombia: Extraños planes criminales de la Mafia cubano-americana en Bogotá


Por  Tony López R.:
Gran escándalo  y amplia repercusión han provocado las declaraciones del terrorista cubanoamericano, Raúl Gutiérrez, detenido en marzo pasado y acusado de planear atentados contra  dirigentes políticos de izquierda y diplomáticos cubanos. Los objetivos serían el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego;  Rodrigo Londoño, c/p  Timochenko, presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. (FARC) y el embajador cubano, así lo confesó Gutiérrez el pasado 3 de abril en la W Radio a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano.


Tal  declaración pública  mereció la perentoria exigencia del candidato Petro Urrego al Fiscal General de la República Néstor Humberto Martínez,  de actuar con celeridad en la investigación y aclarar  todo lo relacionado con estos actos terroristas que planeaba este grupo dirigido por Gutiérrez.
En su cuenta en las redes sociales Petro expresó: “Le exijo a la Fiscalía que encuentre los fusiles, los explosivos C4 y los contactos de la ultraderecha colombiana que le pagaban por el atentado al mercenario cubano de la Florida”

Continua Petro señalando “De un cinismo perverso el que el Fiscal ayer informara de un atentado a un candidato por un anónimo mientras sabía del atentado a mí con confesión incluida y lo calló. Sólo buscaba resultados electorales con riesgo de mi vida”, agregó el candidato presidencial.

Una muy seria acusación contra el Fiscal  porque el integrante de la mafia cubana-americana de Miami, había sido capturado por organismos de seguridad en marzo y se encuentra en la cárcel de la Picota, por lo que la Fiscalía lo procesó y tenía todos los antecedentes y objetivos criminales del grupo terrorista y sin embargo, el Fiscal Martínez ocultó deliberadamente con fines electorales la información de acuerdo a la denuncia pública del candidato presidencial Petro Urrego.

El caso se complica, aún más, cuando se conoce en la entrevista  que el terrorista negó formar parte del Estado Islámico y no intentaba atentar contra diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos en Colombia y confirmó que sus planes eran atentar contra la embajada cubana; Rodrigo Londoño y Gustavo Petro, y afirmó que había sido contratado por reconocidos personajes de sectores de la extrema derecha colombiana, para esos fines,  mientras  las noticias en Colombia giraban en torno a supuestas llamadas telefónicas interceptadas por autoridades  que hablaban de atentados contra los candidatos de la derecha a la presidencia Iván Duque y Germán Vargas Llera.

Sin embargo, en sus declaraciones a la W Radio,  el terrorista procedente de Miami añadió un elemento extremadamente grave al mencionar su relación con el sujeto Roberto Hernández, también de origen cubano, que trabajaba para la campaña de Iván Duque y Uribe Vélez.  “Roberto Hernández es un cubano que ahora dice que trabaja con Duque y Uribe, y  se hizo ciudadano colombiano”, afirmó a los periodistas.
Para el lector acucioso y para este periodista  hay varias preguntas: ¿Por qué el Fiscal con la información conocida desde marzo, sobre los planes del mercenario Gutiérrez, no informó al candidato Petro y a los otros objetivos contra los cuales atentaría? Y según Petro, lo atribuyó a “un anónimo,  mientras sabía del atentado a mí con confesión incluida y lo calló”. 

¿Por qué se corre la noticia de una  llamada telefónica interceptada por la autoridades y se habla de una amenaza de atentado contra los candidatos Duque y Vargas Llera?  Será acaso una forma de  favorecer electoralmente a ambos candidatos porque ellos serían la línea dura contra la guerrilla y el terrorismo en Colombia. O sea, la fórmula de la guerra que preconiza el ex presidente Uribe Vélez y su Partido   Centro democrático.  Resulta, al menos, sospechoso, que el cubano naturalizado colombiano Roberto Hernández, que trabaja para Duque y Uribe, mantenga relación o fuera contactado por el terrorista Raúl Gutiérrez. ¿Ha sido llamado a declarar el mencionado Roberto Hernández?..

La Fiscalía de la República debe aclarar muy bien todo este gran escándalo y dar a conocer quiénes son esos sectores de la extrema derecha que contrataron a este grupo criminal, porque obviamente Gutiérrez no actúa a su libre albedrio. ¿Cuál es la relación de Hernández y Gutierrez y sus vínculos con Duque y Uribe?. Es muy sospechoso que hayan contratado a un sujeto de la mafia cubanoamericana de Miami, cuando se conoce que en Colombia, el sicariato paramilitar actúa muy profesionalmente y con no desconocido amparo.
¿Será que todo este Plan de atentados está enmarcado en una gran provocación, que dé pie y argumento para comprometer a Venezuela y propiciar así la llamada “intervención humanitaria” antes del 20 de mayo como se ha venido pronosticando por analistas venezolanos y latinoamericanos?

 ¿No les resulta sospechoso que los llamados países del Grupo de Lima, convocado por la OEA y respaldado por el senador de origen cubano Marcos Rubio,  se reunirán a mediados de mayo en México, antes de las elecciones venezolanas, para acordar un bloqueo contra dicho país y desconocer e ilegitimar el proceso electoral del 20 de mayo?.  
Tiene usted amigo lector la última palabra  para responder  estas interrogantes.

(*)  Periodista, politólogo y Analista Internacional
jorgarcia726@gmail.com

miércoles, 5 de julio de 2017

Las FARC ya cumplieron, ahora le toca al gobierno de Santos

Por Emilio Marín
Completo la entrega de armas supervisada por la ONU

El 27 de junio la guerrilla colombiana completó la dejación de sus armas ante la misión de la ONU. En el acto hablaron el presidente Santos y el jefe guerrillero “Timochenko”, ahora desmovilizado. Ahora le resta cumplir al Estado.

En la vereda Buenavista, municipio de Mesetas, Departamento del Meta, se realizó el martes un acto político trascendente para el proceso de paz, donde hablaron Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU; Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comandante de las FARC, y el presidente Juan M. Santos.



El evento fue importante porque entre el 20 y 26 de junio se había completado la dejación de armas de los rebeldes, supervisada por la ONU. Ya el año pasado habían entregado el 60 por ciento de su armamento y restaba hacerlo con el 40 por ciento.

Arnault certificó que la guerrilla había honrado sus compromisos: “las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales; con este paso surgen nuevas oportunidades, nuevas necesidades. Además de la dejación de armas, la implementación del proceso de paz, la seguridad será vital para para una reconciliación y para el regreso de las FARC a la vida civil”.

Se entregaron 7.132 armas individuales y ya se pusieron bajo supervisión y candado de la ONU las almacenadas en 77 caletas o depósitos, siendo documentado el total de 942 caletas. Solamente quedaron 700 armas para garantizar la seguridad de los 26 campamentos donde habitan los desmovilizados, mientras se termina la construcción de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que sería el 1 de agosto.

El enviado de la ONU, que supervisó desde el año pasado los procedimientos, estaba exultante con el resultado. Y en su discurso en el Meta lo puso de modelo internacional: “podemos recomendar a las Naciones Unidas que recoja las experiencias de Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo”.

Hay que cuidarse del triunfalismo porque todavía faltan muchos aspectos de lo negociado en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2016.  Luego del traspié del SÍ en la consulta popular de octubre de aquel año, hubo negociaciones suplementarias entre octubre y noviembre de 2016, cambiándose algunos acuerdos atendiendo al sentido negativo de aquella votación. Santos y Londoño firmaron el texto definitivo en noviembre pasado, luego convertido en ley del Congreso aunque no fue incorporado a la Constitución como pedían los rebeldes.
Con un lenguaje de diplomático, Arnault habló de la necesidad de cumplir con lo que aún resta, sobre todo de parte del estado colombiano. “Los esfuerzos de cooperación de los últimos nueve meses no deben disminuir”, advirtió en su discurso. Los 500 desmovilizados lo aplaudieron mucho porque su reinserción civil y hasta sus vidas y libertades dependen de ello.

Alegría y reclamos

“Timochenko” tomó el número 1 de la organización luego del bombardeo y asesinato del comandante Alfonso Cano, en 2012, año en que abrieron las negociaciones primero en Oslo y luego en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Ese crimen dejó en claro que el estado negociaba pero seguía  la guerra de aniquilamiento de la mayor guerrilla del país y del continente.

Ahora “Timochenko” seguramente querrá que lo conozcan por su nombre real, Rodrigo Londoño, y no por ese alias ni por el otro, Timoleón Jiménez. Es que hoy está conduciendo un movimiento político y como lo expresó en la vereda de Buenavista el martes, su única arma será la palabra. Él condujo exitosamente a esa fuerza en el campo de batalla, aún en una guerra desigual contra el principal ejército regional y más armado y financiado por Estados Unidos, con el plan Colombia comenzado por Bill Clinton, con 7 bases militares estadounidenses.

Y esa guerrilla, iniciada por el mítico Manuel Marulanda Vélez en mayo de 1964 en Marquetalia, no pudo ser aniquilada por las fuerzas militares y su eficiente colaborador en el genocidio, las Autodefensas Unidas de Colombia, o sea los paramilitares. En estos 53 años de conflicto armado hubo 220.000 víctimas y 7 millones de desplazados. Los insurgentes sufrieron bombardeos, asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, violaciones, cárcel y muchas violaciones a los derechos humanos, incluso los asesinatos de sus jefes Cano, Raúl Reyes, Mono Jojoy y la muerte por enfermedad de Marulanda. Pero no pudieron ser derrotados por el Estado. Por eso pudieron sentarse a negociar con relativa fortaleza, aun haciendo concesiones, porque ellos tampoco lograron tomar el poder ni poner en marcha una Nueva Colombia con reforma agraria y soberanía.

Lo cierto es que Londoño condujo a desmovilizarse a 6.500 hombres y mujeres, que entregaron una cantidad mayor de armas, y a esa fuerza debe añadirse varios miles de presos políticos que aún no han recuperado la libertad.

En su discurso en Buenavista el sucesor de Cano expresó: “cumplimos. Hoy dejamos las armas. El Estado nos ofreció un pacto para construir. Estamos listos para seguir ese camino”. Añadió: “adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”. El hombre estaba contento, como la guerrilleada que vivó varias veces a la paz.

Londoño hizo críticas al estado colombiano, en las propias narices de Santos. Por ejemplo cuestionó “la negligencia por parte del Estado porque el asesinato de líderes no se detiene. (…) Trabas de orden burocrático, administrativo, judicial y hasta político. (…) Nada justifica su demora”. Se refería no sólo a las muertes de algunos guerrilleros en camino hacia las zonas veredales sino también de líderes sociales, que siguen siendo blancos de atentados.

Todo lo que falta

Santos en su alocución trató de repartir las cargas y culpas: “quedan aún deberes recíprocos que ustedes y el Estado tenemos que cumplir para que este acuerdo de paz que hemos alcanzado se traduzca en una paz justa, estable y duradera para nosotros y todas las generaciones por venir”.

Antes Londoño se había referido a la demorada ley de amnistía, con guerrilleros que siguen en las cárceles y según los acuerdos ya deberían estar libres. Jesús Santrich, uno de los principales jefes del bloque Caribe de las FARC, está en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros políticos. Éstos son 3.400, en su mayoría ligados a las FARC, pero solamente 832 tuvieron el beneficio de la amnistía. El resto sigue en prisión.

El comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, admitió ese problema y demoras, pero los adjudicó a la falta de presupuesto y personal de los juzgados penales. Desde el 26 de junio, cuando las FARC entregaron sus últimas armas, Santrich acompaña la huelga de hambre que se realiza en varios penales, como los de Chiquiquirá y Barne, en Tunja, donde los reclusos se cosieron la boca. Esta semana hubo reclamos ante los juzgados penales de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Valledupar, Popayán, Pereira y Cúcuta, demandando que se libere a los presos políticos.

Un balance objetivo del cumplimiento de los compromisos arroja que la guerrilla honró su palabra y el Estado no, o que está bastante demorado. Se comprueban tres retrasos serios. Uno es que no completó las 23 Zonas Veredales donde con un mínimo de servicios elementales puedan vivir 6.500 guerrilleros desmovilizados. Estos siguen en campamentos precarios.

El otro atraso es en lo recién detallado sobre demora en la amnistía y mayoría de guerrilleros presos, muchos con graves problemas de salud.

De allí cabe suponer que el Estado también se va a retrasar en la certificación de los desmovilizados y en pagar el subsidio convenido a éstos, para que puedan abandonar sus Zonas Veredales en búsqueda de reinserción. Es muy probable que los plazos se estiren por negligencia, burocracia o interés político del gobierno y de la oposición, que tratarán de demorar el ingreso de un competidor por izquierda en el escenario electoral y parlamentario teniendo en cuenta las presidenciales de 2018.

La tercera demora también es visible en el Congreso, donde no fue reglamentada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni el proyecto electoral que crea las 16 circunscripciones especiales de paz donde fueron los puntos más álgidos del conflicto armado. Todo eso pasó para el segundo semestre legislativo, a partir del 20 de julio próximo.

Londoño y sus compañeros realizarán en agosto un Congreso para fundar el partido legal. Y allí, con su programa, estatuto y dirigencia aprobados, buscarán inscribirlo ante el Consejo Nacional Electoral. Quieren terminar estos trámites antes del 11 de diciembre cuando se vence el plazo para la inscripción de candidatos al Congreso.

Todo ese trámite de conversión de fuerza armada en movimiento político legal seguramente estará minado de obstáculos administrativos, para demorar su debut político. Y eso que por ahora la fuerza mayoritaria en Colombia es la que acaudilla Santos, en detrimento del Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, un enemigo declarado de los acuerdos de paz.

Precisamente ese el mayor peligro para la reinserción de la guerrilla: si el partido uribista, de ultraderecha, llegara a ganar las presidenciales de 2018,  sería un riesgo mortal en todo el sentido de la palabra. El fantasma del aniquilamiento de entre 3.500 y 5.000 dirigentes y miembros de la Unión Patriótica, un partido legal creado por la guerrilla en 1985, podría tomar forma de nuevo.

ortizserg@gmail.com