Por Emilio Marín
Completo la entrega de armas supervisada por la ONU
El 27 de junio la guerrilla colombiana completó la dejación
de sus armas ante la misión de la ONU. En el acto hablaron el presidente Santos
y el jefe guerrillero “Timochenko”, ahora desmovilizado. Ahora le resta cumplir
al Estado.
En la vereda Buenavista, municipio de Mesetas, Departamento
del Meta, se realizó el martes un acto político trascendente para el proceso de
paz, donde hablaron Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU; Rodrigo Londoño,
alias Timochenko, comandante de las FARC, y el presidente Juan M. Santos.
El evento fue importante porque entre el 20 y 26 de junio se
había completado la dejación de armas de los rebeldes, supervisada por la ONU.
Ya el año pasado habían entregado el 60 por ciento de su armamento y restaba
hacerlo con el 40 por ciento.
Arnault certificó que la guerrilla había honrado sus
compromisos: “las FARC han cumplido y entregaron todas sus armas individuales;
con este paso surgen nuevas oportunidades, nuevas necesidades. Además de la
dejación de armas, la implementación del proceso de paz, la seguridad será
vital para para una reconciliación y para el regreso de las FARC a la vida
civil”.
Se entregaron 7.132 armas individuales y ya se pusieron bajo
supervisión y candado de la ONU las almacenadas en 77 caletas o depósitos,
siendo documentado el total de 942 caletas. Solamente quedaron 700 armas para
garantizar la seguridad de los 26 campamentos donde habitan los desmovilizados,
mientras se termina la construcción de 23 Zonas Veredales Transitorias de
Normalización, que sería el 1 de agosto.
El enviado de la ONU, que supervisó desde el año pasado los
procedimientos, estaba exultante con el resultado. Y en su discurso en el Meta
lo puso de modelo internacional: “podemos recomendar a las Naciones Unidas que
recoja las experiencias de Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo”.
Hay que cuidarse del triunfalismo porque todavía faltan
muchos aspectos de lo negociado en La Habana entre las FARC y el gobierno de
Santos desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2016. Luego del traspié del SÍ en la consulta
popular de octubre de aquel año, hubo negociaciones suplementarias entre
octubre y noviembre de 2016, cambiándose algunos acuerdos atendiendo al sentido
negativo de aquella votación. Santos y Londoño firmaron el texto definitivo en
noviembre pasado, luego convertido en ley del Congreso aunque no fue
incorporado a la Constitución como pedían los rebeldes.
Con un lenguaje de diplomático, Arnault habló de la
necesidad de cumplir con lo que aún resta, sobre todo de parte del estado
colombiano. “Los esfuerzos de cooperación de los últimos nueve meses no deben
disminuir”, advirtió en su discurso. Los 500 desmovilizados lo aplaudieron
mucho porque su reinserción civil y hasta sus vidas y libertades dependen de
ello.
Alegría y reclamos
“Timochenko” tomó el número 1 de la organización luego del
bombardeo y asesinato del comandante Alfonso Cano, en 2012, año en que abrieron
las negociaciones primero en Oslo y luego en el Palacio de las Convenciones de
La Habana. Ese crimen dejó en claro que el estado negociaba pero seguía la guerra de aniquilamiento de la mayor
guerrilla del país y del continente.
Ahora “Timochenko” seguramente querrá que lo conozcan por su
nombre real, Rodrigo Londoño, y no por ese alias ni por el otro, Timoleón
Jiménez. Es que hoy está conduciendo un movimiento político y como lo expresó
en la vereda de Buenavista el martes, su única arma será la palabra. Él condujo
exitosamente a esa fuerza en el campo de batalla, aún en una guerra desigual
contra el principal ejército regional y más armado y financiado por Estados
Unidos, con el plan Colombia comenzado por Bill Clinton, con 7 bases militares
estadounidenses.
Y esa guerrilla, iniciada por el mítico Manuel Marulanda
Vélez en mayo de 1964 en Marquetalia, no pudo ser aniquilada por las fuerzas
militares y su eficiente colaborador en el genocidio, las Autodefensas Unidas
de Colombia, o sea los paramilitares. En estos 53 años de conflicto armado hubo
220.000 víctimas y 7 millones de desplazados. Los insurgentes sufrieron
bombardeos, asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, violaciones,
cárcel y muchas violaciones a los derechos humanos, incluso los asesinatos de
sus jefes Cano, Raúl Reyes, Mono Jojoy y la muerte por enfermedad de Marulanda.
Pero no pudieron ser derrotados por el Estado. Por eso pudieron sentarse a
negociar con relativa fortaleza, aun haciendo concesiones, porque ellos tampoco
lograron tomar el poder ni poner en marcha una Nueva Colombia con reforma
agraria y soberanía.
Lo cierto es que Londoño condujo a desmovilizarse a 6.500
hombres y mujeres, que entregaron una cantidad mayor de armas, y a esa fuerza
debe añadirse varios miles de presos políticos que aún no han recuperado la
libertad.
En su discurso en Buenavista el sucesor de Cano expresó:
“cumplimos. Hoy dejamos las armas. El Estado nos ofreció un pacto para
construir. Estamos listos para seguir ese camino”. Añadió: “adiós a las armas,
adiós a la guerra, bienvenida la paz”. El hombre estaba contento, como la
guerrilleada que vivó varias veces a la paz.
Londoño hizo críticas al estado colombiano, en las propias
narices de Santos. Por ejemplo cuestionó “la negligencia por parte del Estado porque
el asesinato de líderes no se detiene. (…) Trabas de orden burocrático,
administrativo, judicial y hasta político. (…) Nada justifica su demora”. Se
refería no sólo a las muertes de algunos guerrilleros en camino hacia las zonas
veredales sino también de líderes sociales, que siguen siendo blancos de
atentados.
Todo lo que falta
Santos en su alocución trató de repartir las cargas y
culpas: “quedan aún deberes recíprocos que ustedes y el Estado tenemos que
cumplir para que este acuerdo de paz que hemos alcanzado se traduzca en una paz
justa, estable y duradera para nosotros y todas las generaciones por venir”.
Antes Londoño se había referido a la demorada ley de
amnistía, con guerrilleros que siguen en las cárceles y según los acuerdos ya
deberían estar libres. Jesús Santrich, uno de los principales jefes del bloque
Caribe de las FARC, está en huelga de hambre en solidaridad con los prisioneros
políticos. Éstos son 3.400, en su mayoría ligados a las FARC, pero solamente
832 tuvieron el beneficio de la amnistía. El resto sigue en prisión.
El comisionado de la Paz, Sergio Jaramillo, admitió ese
problema y demoras, pero los adjudicó a la falta de presupuesto y personal de
los juzgados penales. Desde el 26 de junio, cuando las FARC entregaron sus
últimas armas, Santrich acompaña la huelga de hambre que se realiza en varios
penales, como los de Chiquiquirá y Barne, en Tunja, donde los reclusos se
cosieron la boca. Esta semana hubo reclamos ante los juzgados penales de
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Valledupar, Popayán, Pereira y Cúcuta,
demandando que se libere a los presos políticos.
Un balance objetivo del cumplimiento de los compromisos
arroja que la guerrilla honró su palabra y el Estado no, o que está bastante
demorado. Se comprueban tres retrasos serios. Uno es que no completó las 23
Zonas Veredales donde con un mínimo de servicios elementales puedan vivir 6.500
guerrilleros desmovilizados. Estos siguen en campamentos precarios.
El otro atraso es en lo recién detallado sobre demora en la
amnistía y mayoría de guerrilleros presos, muchos con graves problemas de
salud.
De allí cabe suponer que el Estado también se va a retrasar
en la certificación de los desmovilizados y en pagar el subsidio convenido a
éstos, para que puedan abandonar sus Zonas Veredales en búsqueda de
reinserción. Es muy probable que los plazos se estiren por negligencia,
burocracia o interés político del gobierno y de la oposición, que tratarán de
demorar el ingreso de un competidor por izquierda en el escenario electoral y
parlamentario teniendo en cuenta las presidenciales de 2018.
La tercera demora también es visible en el Congreso, donde
no fue reglamentada la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni el proyecto
electoral que crea las 16 circunscripciones especiales de paz donde fueron los
puntos más álgidos del conflicto armado. Todo eso pasó para el segundo semestre
legislativo, a partir del 20 de julio próximo.
Londoño y sus compañeros realizarán en agosto un Congreso
para fundar el partido legal. Y allí, con su programa, estatuto y dirigencia
aprobados, buscarán inscribirlo ante el Consejo Nacional Electoral. Quieren
terminar estos trámites antes del 11 de diciembre cuando se vence el plazo para
la inscripción de candidatos al Congreso.
Todo ese trámite de conversión de fuerza armada en
movimiento político legal seguramente estará minado de obstáculos
administrativos, para demorar su debut político. Y eso que por ahora la fuerza
mayoritaria en Colombia es la que acaudilla Santos, en detrimento del Centro
Democrático del ex presidente Álvaro Uribe, un enemigo declarado de los
acuerdos de paz.
Precisamente ese el mayor peligro para la reinserción de la
guerrilla: si el partido uribista, de ultraderecha, llegara a ganar las
presidenciales de 2018, sería un riesgo
mortal en todo el sentido de la palabra. El fantasma del aniquilamiento de
entre 3.500 y 5.000 dirigentes y miembros de la Unión Patriótica, un partido
legal creado por la guerrilla en 1985, podría tomar forma de nuevo.
ortizserg@gmail.com
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