La mediática informativa en apoyo a la Cidh de la OEA

Por: Ítalo Urdaneta:

A solo escasas horas de haber presentado una anterior entrega en torno a la polémica que ha surgido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), debido a que se le impidió entrar al país, hoy nos vemos inspirados para formular otras observaciones referidas a esta situación, pero sobre todo por el hecho informativo y mediático de cómo se está manejando el asunto o el tema.

Dijimos en un anterior artículo que debido a la cadena televisa que surgió de improviso con motivo del 4F a medias vimos a un personaje por Globovisión abordando el tema, sin embargo pudimos apreciar que el invitado, quien es abogado y especialista en Derechos Humanos, de nombre Ali Daniels, solo se dedicó a defender a la Cidh con argumentos pocos convincentes, mientras obvió las razones, por demás válidas, que ha esgrimido el gobierno para haber tomado la cuestionada decisión, como es el hecho de que nadie puede venir a Venezuela, así como así, a visitar al país para formular críticas, cuando no se habla con la verdad.

A Daniels esta vez lo entrevistó otro periodista distinto al de ayer, con la diferencia que este comunicador si fue objetivo, ponderado y equilibrado, porque el anterior perdió estas cualidades que deberían estar intrínsecas en un Comunicador Social, que se defina serio y apegado a las normas del periodismo.

Según Daniels no hay razones para que la Cidh, ojo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se le haya impedido entrar al país, por cuanto es una representación, según así lo afirma, que viene actuando apegada a derecho, más si su misión es para determinar si el gobierno viola o no los derechos humanos de algunos venezolanos.

Aquí hay que hacer la siguiente observación y preguntarnos al mismo tiempo: ¿Por qué si Venezuela decidió dejar de ser miembro de la OEA debe ahora aceptar que una misión venga a levantar informes y a formular cuestionamientos en contra del gobierno, cuando a todas luces el mundo sabe que ese organismo multilateral, con Luis Almagro a la cabeza, se ha declarado enemigo del gobierno del presidente Nicolás Maduro?

Daniels, como “buen” abogado, a lo largo de la entrevista, solo apeló a la situación grave que viven los venezolanos con motivo de la crisis, pero en ningún momento se refirió a las causas reales que comprometen seriamente a la oposición venezolana y al imperio, que ha dispuesto aplicar sanciones y un bloqueo en perjuicio del país. crisis, 

Más allá de las observaciones descritas el invitado señaló, igualmente, que el Poder Judicial en nuestro país no garantiza que los responsables de las   violaciones de los derechos humanos sean castigados como se merecen.

Aquí uno no entiende al abogado. Por una parte, deja entrever que el gobierno tiene presos que no tienen por qué estar encarcelarlos, pero por otra parte asegura que quienes violan los DH no son sancionados como se lo merecen.

En este último punto hay que preguntarse cuál es la diferenciación que debe existir, si es que la hay, entre un preso político y uno que viola los DH o aquel que incita el golpe, quema viva a personas por creerlas chavistas, promueve guarimbas, destruye bienes públicos, llama a la intervención del país, y conspira junto a terroristas.

El periodista que llevó a cabo esta vez la entrevista recordó que el informe pasado que presentó la Cidh que preside Michel Bachelet estuvo plagado de irregularidades, por cuanto precisamente no tomó en cuenta todos esos desmanes que cometieron los opositores radicales para perjudicar al gobierno, pero el abogado entrevistado, como haciéndose el loco, le dio poca importancia al tema y evitó abordarlo a profundidad.

Daniels igualmente cuestionó que el gobierno si bien cumplió con indemnizar a los familiares de las víctimas de “El Caracazo”, aun no se ha señalado quiénes fueron los responsables de tantas muertes.

De nuevo hay que aclarar un hecho en torno a esta parte: “lo que hace un inglés, no lo puede pagar un francés”, decía un dicho que surgió después de la II guerra mundial. Es decir, lo que pasó en el gobierno de CAP no puede ser que se le endose ahora al actual gobierno, menos que pague las consecuencias de ese hecho vergonzoso que igual pasó por debajo de la mesa de la Cidh como han pasado las situaciones que últimamente se han vivido en Chile, Colombia, Ecuador y México, a pesar que el litigante diga que si se está actuando para determinar responsabilidades en esos países.

Si bien un gobierno debe darle continuidad a las decisiones firmes que se emanen de un tribunal, precisamente los de la 4ta. república dejaron de cumplir con este deber. Por eso insistimos que el tema de la Cidh se está esgrimiendo de manera mediática.

A propósito, el trio de periodistas de Primera Página por Globovisión, por igual ha caído en la tentación, con sus gestos y expresiones rebuscadas, en dar a entender que la Cidh, escúchese bien, de la OEA,  tiene todo el derecho de venir a Venezuela a cuestionar las políticas del gobierno, lo que sin duda se constituye en una clara intromisión mediática de ese medio televisivo en un tema que está resultando escabroso, por sus implicaciones, y sobre todo para quienes lo aborden, menos si no son objetivos y equilibrados.

italourdaneta@gmail.com

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Por qué la Comisión de CIDH no debe visitar nuevamente a Venezuela

Por Ítalo Urdaneta:

Cualquiera pudiera pensar, debido a la manera como hemos titulado esta nueva entrega personal, que estamos apoyando que en Venezuela se violen los derechos humanos, pero valga la aclaratoria que no es así, por cuanto reconocemos que este es un principio universal que debe contar con el apoyo de cualquier ciudadano, indistintamente de sus creencias, raza o credo, así se encuentre en el más recóndito lugar del planeta.

Las razones que nos motivan a escribir estas nuevas líneas parte de la experiencia reciente que ha tenido Venezuela, por demás decepcionante, con los representantes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), apéndice de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezada por su presidenta, Michel Bachelet, quien de manera descarada alteró la realidad del informe que hablaba sobre este derecho individual e internacional, en relación con nuestro país.

Defensores del imperio, que opera y actúa con su primacía de poder desde el Norte, han pretendido hacer ver que el gobierno revolucionario de Venezuela está en contra de que nadie venga a supervisar al país en representación de la CIDH, porque recientemente se comprobó que no es así, una vez que la propia Bachelet dispensó una visita al país.

Recordemos que el propio presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro con la Bachelet a mediados del año pasado, pero para asombro del país, y por qué no decirlo, de las naciones más equilibradas del mundo, el informe final que presentó posteriormente la ex presidenta de Chile, quien gobernó incluso a su país con la misma constitución que dejó el dictador Augusto Pinochet, presentó un informe amañado, tergiversado y carente de la realidad, de lo que pasa en nuestro territorio.

Bachelet, recuérdese, mientras ignora, por ejemplo las barbaries que se cometen a diario en Colombia, (Van más de 200 dirigentes sociales asesinados entre ellos periodistas) y lo que recientemente acaba de pasar en Bolivia, Chile y Ecuador, con similares números de muertos, incluyendo también a Perú y al propio Brasil, busca por el contrario, con lupa en mano, cualquier vestigio o causa, por muy insignificante que sea,  que permita perjudicar a Venezuela y a su gobierno revolucionario en materia de derechos humanos, con el solo deseo de crear un ambiente o unas condiciones que permitan sancionar o promover una intervención armada en perjuicio de nuestra nación, auspiciada por el propio imperio.

Acabamos de ver por “Globo terror” a otro mediático tratando de tergiversar los hechos en materia de derechos humanos en Venezuela. Puso como ejemplo como la CIDH, apoyada también por la OEA, intervino en la dictadura de Rafael Trujillo, en Santo Domingo, y rememoró como el ex presidente y novelista Rómulo Gallegos, desde Venezuela, promovió la supervisión de este organismo en nuestro país, por cuanto había sido objeto de un claro golpe de Estado.

Nadie en su sano juicio, si es un verdadero demócrata, humanista y un amante de la paz, puede estar en contra de que exista la CIDH, pero cuando vemos que el propio organismo se presta para apoya al imperio para que precisamente viole los derechos humanos en perjuicio de pueblos vulnerables y prácticamente indefensos, como viene ocurriendo con el caso de Venezuela, la cosa cambia, y eso le da el derecho a nuestra nación a rechazar la representación que dirige Bachelet para que visite nuevamente nuestro territorio.

La Organización de Estados Americanos (OEA), entre tanto, sigue pretendiendo aplicar sus políticas en contra de Venezuela, solo por resguardar los intereses del gobierno norteamericano, a pesar que nuestro país renunció a ese organismo multilateral precisamente por su grotesca manera de actuar, mientras ignora los desmanes que el propio imperio promueve, dirige y planifica en perjuicio del pueblo venezolano, así como lo hace también en contra de otras naciones, con el apoyo de la CIDH.

Aquí cabe preguntarse: ¿Por qué la CIDH nada dice del bloqueo que le mantiene el gobierno norteamericano a Cuba desde hace más de 60 años, y ahora a nuestro país, que incluso evita que se abastezca de medicamentos?

¿Importa poco acaso que, en Venezuela, y en remotas excepciones, mueran niños, jóvenes y ancianos por desnutrición, solo porque el imperio evita que lleguen con regularidad nuestros alimentos?

¿No es violar los DDHH evitar que Venezuela no reciba los pagos ordinarios por concepto de ventas de petróleo, oro y otros insumos, que le reportan los recursos necesarios para comprar precisamente alimentos y medicamentos, todo por culpa del imperio?

Venezuela, vale aclarar, es autónoma, libre y soberana, para tomar decisiones propias y decidir -al mismo tiempo- lo que le convienen o no. Al igual que EE. UU u otra nación del mundo, nuestro país tiene todo el derecho de determinar quién entra e incluso quién debe salir de su territorio nacional.

La experiencia nos dice que la CIDH que dirige Bachelet viene actuando de manera desproporcionada, pero además actúa amañada, interesada, sin equilibrio, sin razón y alejada de la realidad, como lo hizo la vez pasada en contra de Venezuela.

Por ello hay razones más que suficientes para evitar que esa CIDH de nuevo pretenda visitar al país, incluso sin solicitar el debido permiso como corresponde, solo porque desea tenderle la sábana al imperio para que promueva una intervención armada, repetimos, en perjuicio de todos los venezolanos.

Es evidente que la CIDH se hace la desentendida y evita al mismo tiempo reconocer que precisamente los DDHH los viola desde hace rato EE. UU, con sus políticas coercitivas que lleva a cabo en perjuicio de Venezuela.

Vale destacar que ahora la CIDH que pretendía entrar al país, como “perro por su casa”, ha dicho que despachará para atender las denuncias de Venezuela desde Colombia. Opinamos, en este sentido, que sería bueno que esa misma Comisión, aprovechando su estadía en Colombia, mire hacia los lados para tratar los incontables casos de asesinatos que a diario se cometen en el país granadino en perjuicio de dirigentes sociales, incluyendo ex guerrilleros que se acogieron al tratado de paz, pero que el narco estado colombiano, representado por Iván Duque, ha violado flagrantemente.

Decimos, finalmente, que en mi casa entra quien disponga mi esposa, y sino que lo diga ella. 

italourdaneta@gmail.com

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La CIDH rechazó enérgicamente la impunidad

CIDH culmina visita a Uruguay:

31 de mayo de 2019 Washington, D.C. / Montevideo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Uruguay, entre los días 27 y 29 de mayo de 2019, con el objeto de obtener información relativa a la situación de los derechos humanos en el país, en particular en relación con la situación del tema de memoria, verdad y justicia; personas privadas de la libertad y niñas, niños y adolescentes; así como los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. La delegación estuvo compuesta por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, por la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora de País sobre Uruguay, y por especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Presidenta de la Comisión Interamericana de DDHH Esmeralda Arosemena y Comisionada Dra. Antonia Urrejola.

(Foto: Sudestada)

La Comisión reconoce el importante liderazgo de la Republica Oriental de Uruguay en la consolidación de la independencia y autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, agradece al Estado toda la asistencia brindada en la organización y realización de la visita, así como la apertura y el apoyo de las autoridades desde el más alto nivel para abordar los temas de interés de la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el esfuerzo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares para presentarle información y testimonios.

En el marco de esta visita la Comisión Interamericana sostuvo reuniones de trabajo con diversas instituciones del Estado, incluyendo encuentros con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de organizaciones de la sociedad civil; con sectores académicos de Uruguay; y con personas víctimas de violaciones de sus derechos humanos.

Con ocasión de la visita, la CIDH participó del seminario organizado por el Estado uruguayo en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa firmado en el caso David Rabinovich (Petición No. 1224-07). El seminario se realizó con la finalidad de difundir los hechos del caso, promover el mecanismo de solución amistosa y los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública como medida de no repetición. El evento contó con la participación de diversos actores relevantes en la protección del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. La Comisión valora la apertura de las partes para el alcance de un acuerdo de solución amistosa en este caso tan importante.

Como señaló la CIDH en su Informe Anual 2018, Uruguay continúa siendo uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región. En este sentido, la Comisión reconoce los avances emprendidos por el Estado mediante la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); conformación de la Comisión por Verdad y Justicia, la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad; y la creación de espacios de memoria. Asimismo, valora la sanción de leyes de protección y reconocimiento de derechos de adultos mayores y personas LGBTI.

En cuanto a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Comisión toma nota con satisfacción de las políticas públicas implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de violencia y el maltrato infantil. Sobre el tema, la CIDH fue informada de la elaboración de un protocolo de atención a las situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA), además de la adopción de cambios legislativos para prevenir su revictimización en el marco de procesos judiciales. La Comisión también recibió información sobre las iniciativas del Estado que buscan el empoderamiento de las niñas y las adolescentes a partir de una perspectiva de género para la prevención de la violencia. Además, la CIDH valora las acciones de participación de NNA promovidas por el Estado, en cumplimiento de los estándares internacionales sobre el derecho del niño y la niña de ser escuchados y que sus opiniones sean consideradas en las decisiones que les afectan. Según la Presidenta de la CIDH y Relatora para los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, “Los esfuerzos del Estado en el sentido de institucionalizar un sistema de protección integral de los derechos de NNA son valiosos, pero es importante que el sistema cuente con un ente rector del mas alto nivel y que todos los actores que lo conforman estén efectivamente articulados”.

Durante la visita de trabajo, la Comisión recorrió un centro de cumplimiento de medidas socioeducativas de privación de libertad de adolescentes y constató que su infraestructura mantiene el carácter carcelario y no cuenta con condiciones adecuadas para la custodia de los adolescentes. Por otro lado, la Comisión se complace con la intención del Estado de sustituir las unidades actuales por nuevas en modelo estructuralmente adecuado y también la adopción de una Hoja de Ruta 2020-2025 que prioriza el cumplimiento de recomendaciones de órganos de monitoreo, además de la adecuación del sistema de aplicación de medidas socioeducativas a los estándares internacionales correspondientes.

La Comisión destaca los avances observados respecto de los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en relación al uso la prisión preventiva. Sin embargo, la CIDH insta a que el Estado continúe a disminuir las cifras, recordando que la prisión preventiva es una medida excepcional. La CIDH también recibió información sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detención de las cárceles, así como la necesidad de generar una política integral de medidas alternativas. En ese sentido, la Comisión hace un llamado al Estado a continuar avanzando en materia de los derechos de las personas privadas de la libertad, a fin de garantizar sus derechos de conformidad con estándares internacionales en la materia.

La Comisión toma nota y felicita el importante esfuerzo brindado por el Estado en la investigación y sanción de los casos de violencia de género en Uruguay. En ese sentido, la CIDH destaca que, en 2018, se dictó la primera sentencia aplicando el agravante de "femicidio" en el caso del asesinato de Valentina Walter, una niña de 9 años. El fallo establece como motivación el odio, desprecio o menosprecio debido a la condición de mujer de la niña. Sin embargo, la Comisión subraya la alarmante información de que la violencia doméstica es el delito más frecuente en el país después del hurto. Sobre eso, la Comisión insta al Estado continuar avanzando para disminuir y erradicar la violencia de género por medio de la inversión de recursos adecuados para reforzar los servicios de atención a los casos de violencia, así como a tomar medidas preventivas y brindar una educación que tenga la perspectiva de género.

Sobre los derechos de las personas LGBTI, la CIDH destaca los importantes avances en lo relativo al reconocimiento de la identidad y/o expresión de género en Uruguay por medio de la promulgación la Ley Integral para Personas Trans, que garantizó el derecho a la identidad de género basada en los estándares interamericanos, así como la creación de una categoría de identidad de género en el censo nacional y la reparación a víctimas de persecuciones estatales basadas en la identidad de género en el periodo de la dictadura. Sin embargo, la Comisión tomó conocimiento de la preocupante información de que la Corte Electoral aprobó un pre-referéndum para derogar dicha ley. Al respecto, la Comisión reconoce el gran valor democrático que tienen los referéndums y plebiscitos. Por otra parte, la CIDH reitera que la identidad de género es un elemento esencial del derecho humano a la personalidad jurídica e identidad de las personas. A la CIDH le preocupa a la eventualidad que un derecho humano sea objeto de mecanismo de consulta popular.

Por otra parte, en materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas. Al respecto, la Comisión recuerda al Estado su obligación de dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay, la cual estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por consiguiente, la Comisión llama al Estado, especialmente al Poder Judicial, a cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos previstos en las decisiones de la Corte Interamericana y de la Convención Americana. La Comisión subraya que subsiste una deuda del Estado con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad. Según la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Uruguay y para la Memoria, Verdad y Justicia, “Durante la visita, fue particularmente doloroso conocer los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante ese periodo”.

En relación con las reparaciones establecidas en la ley para las víctimas de la actuación ilegitima del Estado, la CIDH recuerda que, de acuerdo con los estándares interamericanos, estas reparaciones obedecen a su calidad de víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales el Estado es responsable. Estas reparaciones no son incompatibles, ni sustituyen los ingresos propios, ni subsidios o pensiones de la seguridad social. Por lo tanto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para ajustar su legislación interna para permitir adecuadamente este aspecto de reparación de las víctimas.

Por otra parte, la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado "Comando Barneix" en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables. La Comisión expresa su reconocimiento sobre el admirable trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos para dar efectividad a los derechos humanos de la región y, por lo tanto, reitera que dichas amenazas deben ser esclarecidas.

La Comisión agradece a las autoridades del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias internacionales y al pueblo uruguayo su colaboración en el desarrollo de esta visita. Los insumos recibidos serán importantes para fortalecer el trabajo de la CIDH no sólo en Uruguay sino también en la región. Asimismo, la presente visita de trabajo fue realizada gracias al valioso apoyo del Gobierno de Canadá en el marco del proyecto "Combatiendo la discriminación y la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes en la América Latina y el Caribe". La CIDH continuará dando seguimiento a los esfuerzos del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 135/19

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