CIDH culmina visita a Uruguay:
31 de mayo de 2019 Washington, D.C. / Montevideo – La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de
trabajo a Uruguay, entre los días 27 y 29 de mayo de 2019, con el objeto de
obtener información relativa a la situación de los derechos humanos en el país,
en particular en relación con la situación del tema de memoria, verdad y
justicia; personas privadas de la libertad y niñas, niños y adolescentes; así
como los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. La delegación estuvo compuesta
por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH y
Relatora sobre los Derechos de la Niñez, por la Comisionada Antonia Urrejola
Noguera, Relatora de País sobre Uruguay, y por especialistas de la Secretaría
Ejecutiva de la CIDH.
Presidenta de la Comisión Interamericana de DDHH Esmeralda
Arosemena y Comisionada Dra. Antonia Urrejola.
(Foto: Sudestada)
La Comisión reconoce el importante liderazgo de la Republica
Oriental de Uruguay en la consolidación de la independencia y autonomía del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, agradece al Estado
toda la asistencia brindada en la organización y realización de la visita, así
como la apertura y el apoyo de las autoridades desde el más alto nivel para
abordar los temas de interés de la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece el
esfuerzo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de
periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos y de las víctimas
de violaciones de derechos humanos y de sus familiares para presentarle
información y testimonios.
En el marco de esta visita la Comisión Interamericana
sostuvo reuniones de trabajo con diversas instituciones del Estado, incluyendo
encuentros con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
con representantes de organizaciones de la sociedad civil; con sectores
académicos de Uruguay; y con personas víctimas de violaciones de sus derechos
humanos.
Con ocasión de la visita, la CIDH participó del seminario
organizado por el Estado uruguayo en cumplimiento del acuerdo de solución
amistosa firmado en el caso David Rabinovich (Petición No. 1224-07). El
seminario se realizó con la finalidad de difundir los hechos del caso, promover
el mecanismo de solución amistosa y los estándares interamericanos en materia
de libertad de expresión y acceso a la información pública como medida de no
repetición. El evento contó con la participación de diversos actores relevantes
en la protección del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
La Comisión valora la apertura de las partes para el alcance de un acuerdo de
solución amistosa en este caso tan importante.
Como señaló la CIDH en su Informe Anual 2018, Uruguay
continúa siendo uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad
de derechos humanos en la región. En este sentido, la Comisión reconoce los
avances emprendidos por el Estado mediante la creación de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); conformación de
la Comisión por Verdad y Justicia, la instalación de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Lesa Humanidad; y la creación de espacios de memoria. Asimismo,
valora la sanción de leyes de protección y reconocimiento de derechos de
adultos mayores y personas LGBTI.
En cuanto a la garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la Comisión toma nota con satisfacción de las políticas públicas
implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de
violencia y el maltrato infantil. Sobre el tema, la CIDH fue informada de la
elaboración de un protocolo de atención a las situaciones de violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes (NNA), además de la adopción de cambios
legislativos para prevenir su revictimización en el marco de procesos
judiciales. La Comisión también recibió información sobre las iniciativas del
Estado que buscan el empoderamiento de las niñas y las adolescentes a partir de
una perspectiva de género para la prevención de la violencia. Además, la CIDH
valora las acciones de participación de NNA promovidas por el Estado, en
cumplimiento de los estándares internacionales sobre el derecho del niño y la
niña de ser escuchados y que sus opiniones sean consideradas en las decisiones
que les afectan. Según la Presidenta de la CIDH y Relatora para los Derechos de
la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, “Los esfuerzos del
Estado en el sentido de institucionalizar un sistema de protección integral de
los derechos de NNA son valiosos, pero es importante que el sistema cuente con
un ente rector del mas alto nivel y que todos los actores que lo conforman
estén efectivamente articulados”.
Durante la visita de trabajo, la Comisión recorrió un centro
de cumplimiento de medidas socioeducativas de privación de libertad de
adolescentes y constató que su infraestructura mantiene el carácter carcelario
y no cuenta con condiciones adecuadas para la custodia de los adolescentes. Por
otro lado, la Comisión se complace con la intención del Estado de sustituir las
unidades actuales por nuevas en modelo estructuralmente adecuado y también la
adopción de una Hoja de Ruta 2020-2025 que prioriza el cumplimiento de
recomendaciones de órganos de monitoreo, además de la adecuación del sistema de
aplicación de medidas socioeducativas a los estándares internacionales
correspondientes.
La Comisión destaca los avances observados respecto de los
derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en relación al uso
la prisión preventiva. Sin embargo, la CIDH insta a que el Estado continúe a
disminuir las cifras, recordando que la prisión preventiva es una medida
excepcional. La CIDH también recibió información sobre la necesidad de mejorar
las condiciones de detención de las cárceles, así como la necesidad de generar
una política integral de medidas alternativas. En ese sentido, la Comisión hace
un llamado al Estado a continuar avanzando en materia de los derechos de las
personas privadas de la libertad, a fin de garantizar sus derechos de
conformidad con estándares internacionales en la materia.
La Comisión toma nota y felicita el importante esfuerzo
brindado por el Estado en la investigación y sanción de los casos de violencia
de género en Uruguay. En ese sentido, la CIDH destaca que, en 2018, se dictó la
primera sentencia aplicando el agravante de "femicidio" en el caso
del asesinato de Valentina Walter, una niña de 9 años. El fallo establece como
motivación el odio, desprecio o menosprecio debido a la condición de mujer de
la niña. Sin embargo, la Comisión subraya la alarmante información de que la
violencia doméstica es el delito más frecuente en el país después del hurto.
Sobre eso, la Comisión insta al Estado continuar avanzando para disminuir y
erradicar la violencia de género por medio de la inversión de recursos
adecuados para reforzar los servicios de atención a los casos de violencia, así
como a tomar medidas preventivas y brindar una educación que tenga la
perspectiva de género.
Sobre los derechos de las personas LGBTI, la CIDH destaca
los importantes avances en lo relativo al reconocimiento de la identidad y/o
expresión de género en Uruguay por medio de la promulgación la Ley Integral
para Personas Trans, que garantizó el derecho a la identidad de género basada
en los estándares interamericanos, así como la creación de una categoría de
identidad de género en el censo nacional y la reparación a víctimas de
persecuciones estatales basadas en la identidad de género en el periodo de la
dictadura. Sin embargo, la Comisión tomó conocimiento de la preocupante
información de que la Corte Electoral aprobó un pre-referéndum para derogar
dicha ley. Al respecto, la Comisión reconoce el gran valor democrático que
tienen los referéndums y plebiscitos. Por otra parte, la CIDH reitera que la
identidad de género es un elemento esencial del derecho humano a la
personalidad jurídica e identidad de las personas. A la CIDH le preocupa a la
eventualidad que un derecho humano sea objeto de mecanismo de consulta popular.
Por otra parte, en materia de memoria, verdad y justicia, la
CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el
Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la
imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo
de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la
impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan
justicia y reparación a las víctimas. Al respecto, la Comisión recuerda al
Estado su obligación de dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte
Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay, la cual estableció que “no son
admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y
el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos”.
Por consiguiente, la Comisión llama al Estado, especialmente
al Poder Judicial, a cumplir con su deber de aplicación del control de
convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos previstos en las decisiones de la Corte Interamericana y de la
Convención Americana. La Comisión subraya que subsiste una deuda del Estado con
todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de
justicia y verdad. Según la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Uruguay
y para la Memoria, Verdad y Justicia, “Durante la visita, fue particularmente
doloroso conocer los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual
durante ese periodo”.
En relación con las reparaciones establecidas en la ley para
las víctimas de la actuación ilegitima del Estado, la CIDH recuerda que, de
acuerdo con los estándares interamericanos, estas reparaciones obedecen a su
calidad de víctimas por las graves violaciones a los derechos humanos de las
cuales el Estado es responsable. Estas reparaciones no son incompatibles, ni
sustituyen los ingresos propios, ni subsidios o pensiones de la seguridad
social. Por lo tanto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para
ajustar su legislación interna para permitir adecuadamente este aspecto de
reparación de las víctimas.
Por otra parte, la Comisión toma nota y agradece la
información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la
identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo
autodenominado "Comando Barneix" en contra de autoridades, operadores
de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el
proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante la dictadura en Uruguay. La CIDH urge al Estado continuar
invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables.
La Comisión expresa su reconocimiento sobre el admirable trabajo de los
defensoras y defensores de derechos humanos para dar efectividad a los derechos
humanos de la región y, por lo tanto, reitera que dichas amenazas deben ser
esclarecidas.
La Comisión agradece a las autoridades del Estado, las
organizaciones de la sociedad civil, las agencias internacionales y al pueblo
uruguayo su colaboración en el desarrollo de esta visita. Los insumos recibidos
serán importantes para fortalecer el trabajo de la CIDH no sólo en Uruguay sino
también en la región. Asimismo, la presente visita de trabajo fue realizada
gracias al valioso apoyo del Gobierno de Canadá en el marco del proyecto
"Combatiendo la discriminación y la violencia contra las mujeres, las
niñas y adolescentes en la América Latina y el Caribe". La CIDH continuará
dando seguimiento a los esfuerzos del Estado en el cumplimiento de sus
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana
tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la
región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está
integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o
residencia.
No. 135/19
www.crysol.blogspot.com
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