Por Juan Pablo Cárdenas S.:
En más de una semana de masivas protestas sociales lo más
relevante hasta aquí es que éstas ya han abarcado todo el territorio nacional
y, pese a la represión y el Estado de Sitio, se aprecian cada vez más masivas y
resueltas. Ya no se trata, por cierto, de oponerse a las tarifas del Metro: son
todas las demandas sociales las que han despertado en Chile con la desvergüenza
del alza de la locomoción colectiva. Y los impugnados, además de los
gobernantes, son las administradoras de los fondos de pensiones, las entidades
de la salud, los bancos, las cadenas de farmacias, los propietarios de las
eléctricas y otros servicios básicos, los hipermercados y grandes tiendas, como
en general todas aquellas empresas que han lucrado y abusado gracias el régimen
neoliberal impuesto por la Dictadura pinochetista y refrendado por los
gobiernos aparentemente democráticos que la siguieron.
Varias décadas en que la opinión de los ciudadanos no ha
sido escuchada, ni la sensibilidad de la clase política ha sido capaz de darse
cuenta de las profundas inequidades existentes en la población. De la colosal
concentración de la riqueza, las múltiples carencias de la gran mayoría de los
chilenos y la complicidad, como la corrupción, de la clase política. La que hoy
es igualmente impugnada, insistimos, como los actuales moradores de La Moneda.
Se hace evidente que la forma de encarar la explosión social
de parte de las autoridades fue, como siempre, darle curso al pillaje, los
disturbios callejeros y saqueos, imágenes que los canales de televisión, de
consuno, han privilegiado. La idea es que el pueblo se aterre, se encierre en
sus hogares, despeje las calles e, incluso, justifique la iniquidad y vergüenza
de recurrir a las Fuerzas Armadas y de Orden para hacer frente al descontento.
Avala lo que decimos algunas imágenes que se han visto más
fuera que dentro del país, en que los propios militares alientan a los
manifestantes a saquear algunas tiendas, o esos extraños incendios de buses de
la locomoción colectiva que estaban en desuso como, de nuevo, la pobrísima
capacidad de los carabineros para detener a los llamados delincuentes que, como
en otros históricos eventos de la protesta social chilena, finalmente se
comprueban como miembros de las propias policías y servicios secretos. Por el contrario,
muy poca cobertura mediática, sin embargo, para denunciar las violaciones a la
dignidad humana reconocidos por la propia vocera de la Fiscalía Nacional y la
Comisión Chilena de DDHH.
Pero han sido tan contundentes las movilizaciones que el
propio Piñera tuvo que hacer un giro en sus intervenciones y pasar de una
actitud desafiante a una impostura conciliadora, sin que, por ahora, contemple
renunciar a su cargo La Moneda, como crecientemente se le demanda en las calles
de todo el país. Dando cuenta de una crisis de la que por lo menos la Primera
Dama está consciente, según esa grabación en que confidencia ante un grupo de
amigas que las autoridades y las fuerzas represivas han sido sobrepasadas por
las movilizaciones y que deben
prepararse para acumular víveres y otras especies en prevención a lo que
puede venir… Convocándolas a realizar el mismo acaparamiento de alimentos que
la derecha y el empresariado chilenos propiciaron para favorecer el
derrocamiento y magnicidio del presidente Allende en 1973.
Es indudable que la situación chilena es muy grave y
angustiante si se considera especialmente su incierto porvenir. La ocupación
militar de nuestras calles ciertamente inquieta a toda la población. A las
poblaciones más pobres en que siempre la violencia castrense se ensaña, pero
también esta vez preocupa al boyante mundo empresarial, tan acostumbrado a
derivar sus groseros dividendos de la inicua explotación de los trabajadores y
de todas nuestras riquezas minerales, forestales, pesqueras y, sobre todo, de
la administración de las reservas del ahorro previsional (más de 20 mil
millones de dólares). Además de la propiedad de las generadoras de luz, gas y
agua potable que en Chile son privadas o extranjeras. Como también las
concesiones viales y las plazas de peaje.
La opinión pública mundial se pregunta por qué no han salido
a las calles el oficialismo, los partidarios de Piñera y de su gobierno como
ocurre en todos los países en que existe convulsión social. Pero la explicación
a ello no es otra que la altísima masividad del descontento, el despertar de
casi todo un pueblo que se siente vulnerado por las injusticias. Fenómeno que
en las últimas horas ha tenido el reconocimiento incluso de los más ricos, al
instalarse la protesta, también, en los barrios más pudientes de la Capital,
donde los manifestantes han llegado a reconocer y avergonzarse en estos días
públicamente de sus privilegios. Dispuestos a que se obre rápidamente en favor
de los pobres y marginados. Incluso de los mapuches según se descubren en
algunas banderas y pancartas enarboladas.
Por lo demás, ya están hablando las encuestas de la
estrepitosa caída en la popularidad de este gobernante acostumbrado a ufanarse
de su régimen, a minusvalorar a nuestros países vecinos y, lo más penoso de
todo, a liderar conciliábulos con Trump, Bolsonaro y otros impresentables jefes
de estado para impulsar el derrocamiento de Nicolás Maduro, burlarse de la
transparencia electoral boliviana, además de otros despropósitos en contra de
la libre determinación de los pueblos. Un enano presidente que tuvo, incluso,
algún éxito para codearse con presidentes europeos obnubilados por la falsa
prosperidad de nuestra economía o deseosos de hacer inversiones en nuestro país
donde la impunidad de las transnacionales parecía consolidada.
No podemos sino compadecernos de lo que ahora debe sentir
este megalómano personaje que con su ilegítimo enriquecimiento compró un cupo
en la política.
El riesgo, sin embargo, es que a Piñera le resulte una
solución cupular convocando a los jefes de partido, por ejemplo, que están tan
desacreditados como él para pactar un paquete de medidas que calmen a la
población, la ilusionen con un cambio que nunca van a producir. Porque no
olvidemos que los verdaderos gobernantes del país no son los Piñera y CIA. Para
lo que basta recordar los parlamentarios que, cooptados por las grandes
empresas, como Penta y Soquimich, que hasta les financian sus campañas
electorales para después dictarles algunas iniciativas legales, como ocurrió
con la Ley de Pesca.
No podemos dejar de rememorar como después del Triunfo del
NO en el plebiscito, salieron a las calles una buena cantidad de políticos para
disuadir a los millones de manifestantes que no avanzaran hasta La Moneda, “que
no asumieran riesgos innecesarios…” De lo cual se sucedieron los acuerdos
cívico militares posteriores, la consolidación hasta hoy de la Constitución de
1980, las impunidades más bochornosas y la llamada transición interminable.
Llegaremos a pensar que La Moneda se propone algo serio
cuando sean las organizaciones vivas de la sociedad las que ingresen al palacio
presidencial a pactar con él las reformas demandadas. Cuando sean NO+AFP,
algunos referentes laborales, estudiantiles, de los consumidores, de los
gremios profesionales, las organizaciones medioambientales los convocados a un
diálogo.
Sería una verdadera chacota darles legitimidad a voceros del
Parlamento y de las patronales empresariales y hasta sindicales involucradas en
la crisis actual tanto como Piñera y los mandatarios que lo precedieron.
Actores que, al demandar ahora la salida de Piñera, debieran hacer lo propio
con sus renuncias y alejamiento de la vida pública. Acabando por fin con el cinismo de
reconocerse interpelados por el pueblo, pero aferrándose con sus colmillos y
garras a sus cargos, estipendios y otros privilegios.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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