La receta del FMI provocó grandes ajustes en el país
hermano. A diferencia de Argentina de hoy, la revuelta popular tuvo gran
envergadura. Allá hubo un traidor llamado Moreno, ojalá acá no lo haya desde
diciembre próximo.
Mauricio Macri pedía a la población en 2018 que se enamorara
de Christine Lagarde, directora gerente del FMI. Su enamoramiento tenía razones
dinerarias y no del corazón. El organismo había firmado un préstamo stand-by
por 50.000 millones de dólares para Argentina, ampliado a 57.000 millones tras
incumplimientos iniciales del deudor.
Ese regreso de la entidad de ominoso prontuario en
Argentina, la región y el mundo fue muy negativo, más allá de los nombres de
uno y otro lado del mostrador. Entonces estuvieron madame Lagarde y Nicolás
Dujovne, luego reemplazado por Hernán Lacunza con varios cambios en el Banco
Central. Sigue Macri, aunque su mandato tiene fecha cierta de finalización y la
nueva jefa fondomonetarista es Kristalina Georgieva, búlgara a la que tocará
negociar con Alberto Fernández.
El Fondo y Fernández ya han tenido reuniones muy amables en
Buenos Aires, en junio y agosto pasado. La mesa quedó servida para sí el 27 de
octubre las urnas confirman la victoria del Frente de Todos.
El board del Fondo radicado en Washington, con la
administración Trump como voz autorizada y mayoritaria a la hora de tomar
decisiones, tiene una política invariable al negociar préstamos en las
modalidades de stand by y de facilidades extendidas. Amén de asegurarse el
reembolso del capital prestado y los intereses correspondientes, impone
reformas internas a los deudores
.
Un clásico de esa liturgia es achicar el gasto público con
la demagogia del déficit fiscal cero. No importa que eso suponga un ajuste en
la plantilla de empleados estatales y sus salarios, el achicamiento del «gasto»
(en rigor inversión) en educación y salud, reformas previsionales a la baja de
los ingresos, con aumentos en las edades de percibir el beneficio. Y último,
pero no menos importante, reformas laborales para bajar el «costo laboral»,
dicho en lenguaje empresarial descarnado.
Argentina experimentó esas políticas fondomonetaristas desde
su membresía en 1956, con la «Revolución Fusiladora».
Esa triste fama llegó al estrellato en diciembre de 2001,
cuando el Titanic se hundió. Los argentinos vivieron en carne propia esa
experiencia. Es la que están sufriendo los ecuatorianos hoy, con el traidor
Lenin Moreno pactando con el FMI, que pidió reducir miles de millones de
dólares en subsidios estatales, el aumento del 123 por ciento de los
combustibles y el despido de miles de empleados públicos. Moreno tuvo que
implantar el estado de excepción por 60 días y reprimió las protestas, con un
saldo inicial de decenas de heridos y 300 detenidos. Ecuador está en llamas.
¿Argentina volverá a incendiarse?
Un poroto.
La gravísima crisis de Ecuador, con la mano injerencista del
FMI, es menor que la que padece Argentina. El aumento de los combustibles queda
muy atrás del producido al compás de las devaluaciones del gobierno de
Cambiemos. Desde diciembre de 2015 las devaluaciones sumaron un 600 por ciento,
teniendo de punto de partida un dólar de 9,75 pesos hasta hoy, de 60. Y eso se
trasladó a los surtidores. Quedó en la nada el decreto presidencial que
congelaba por 90 días el precio de las naftas.
Los despidos de empleados públicos en Ecuador, siendo
graves, no llegan al punto de lo que hizo la administración macrista, cuando
despidió a muchas decenas de miles de empleados públicos. Dijeron separar «la
grasa militante» (Alfonso Prat-Gay dixit). El cuchillo de carnicero lo tenía el
ex «ministro de Modernización» Andrés Ibarra.
Lenin Moreno vino endeudamiento a Ecuador, al contrario de
lo que ocurría con Rafael Correa. El actual acuerdo con el Fondo acentuará ese
lastre para el país sudamericano. Sin embargo, la deuda externa pública de
Ecuador es 47 por ciento más en el actual gobierno: ha llegado a 39.491
millones de dólares, lo que representa el 36,2 por ciento del PIB.
Esto es muy negativo, pero queda hecho un poroto comparado
con el endeudado serial Macri, que aumentó la deuda en 170.000 millones de
dólares. Actualmente, la deuda pública bruta total asciende a 307.000 millones;
araña el 100 por ciento del PBI, habiéndola recibido cuatro años atrás en el 35
por ciento.
En Quito y Buenos Aires se cuecen habas. Allá la policía y
el Ejército están implantando el estado de excepción dispuesto por Moreno,
reprimiendo a quienes cortan calles y rutas. Acá las fuerzas de represión bajo
el mando de la ministra Patricia Bullrich reprimieron brutalmente la protesta
de diciembre de 2017 en el Congreso. Así el oficialismo pudo hacer aprobar la
reforma jubilatoria, preparando el terreno para que posteriormente se
suscribieran acuerdos en postura de genuflexión hacia Lagarde.
Habrá que ver hasta qué punto asciende la rebeldía social
ecuatoriana; es muy auspicioso que se estén incorporando a la protesta los
pueblos originarios. Y también es muy bueno que el expresidente Correa y sus
partidarios estén llamando a elevar esa resistencia, reclamando la renuncia de
Moreno. Los formalistas de Argentina dirían que Correa hace muy mal en reclamar
eso, porque el mandato del traidor está vigente hasta el 2021.
Cuando un presidente electo democráticamente traiciona su
mandato y vende su alma al diablo del Fondo, está bien que la ciudadanía pida
su salida. Fernando de la Rúa tuvo que renunciar e irse en helicóptero. Con una
solución similar para MM, ¿cuántas vidas, empleos, fuentes de trabajo y
reservas se hubieran salvado desde junio de 2018 cuando entregó el cogobierno
al Fondo?
La calle, fundamental.
Si los hermanos ecuatorianos no ceden al autoritarismo y
represión pueden todavía torcer el brazo al ajuste y semi colonización. Aquel
país todavía está dolarizado y no tiene moneda propia, lo que lo convierte en
una presa más fácil para estos acuerdos-imposiciones de la entidad financiera
mundial. Rafael Correa debería hacer una reflexión autocrítica de los motivos
que le impidieron en diez años volver a tener una moneda nacional como el
sucre.
Esa reflexión viene a cuento de que, en medio de las
devaluaciones del peso, en nuestro país se alzaron algunas voces de la
ultraderecha neoliberal, por ahora aisladas, aconsejando ir a una nueva versión
de la dolarización impuesta en los tiempos de Domingo Cavallo, del 1 a 1
(economistas suyos de la Fundación Mediterránea cobraron muchos dólares en
Quito en el 2000 para implementar la dolarización).
En comparación con lo que los argentinos están haciendo hoy
en las calles contra el ajuste y las devaluaciones, los ecuatorianos llevan la
delantera. Han reaccionado más rápido y más activamente contra la agresión del
Fondo. En cotejo con lo heroicamente que se luchó en Argentina cuando la crisis
tocó fondo en el 2001, la protesta de Ecuador está aún atrás.
Si hoy no hay más huelgas y movilizaciones en las calles de
nuestro país no es tanto porque no haya voluntad de lucha de las bases.
Influyen mucho las direcciones sindicales que frenan, como lo hicieron los
capitostes de la CGT en estos cuatro años de Macri. Incluso otros gremialistas
que son bastante mejores que los de Azopardo 802, como Hugo Yasky, de la CTA,
desde 2017 viene diciendo que no es conveniente hacer paros porque era un año
electoral. Después vino 2018, se avecinaban las elecciones y tampoco eran
convenientes los paros activos.
Tras la victoria electoral de las PASO de agosto pasado,
hubo menos voluntad movilizadora en esa dirigencia de CTA, negociando como
estaba su reincorporación a la vieja CGT, un tema que se resolvió el jueves
pasado en un congreso en Lanús.
De acá en adelante es posible que la CTA en vías de
extinción y absorción por parte de la CGT tenga aún menos voluntad de lucha,
entre otras razones importantes porque es lo que viene pregonando el
presidenciable Alberto Fernández ante los gremios. «Los paros no convienen»,
pontificó ante el paro de pilotos de APLA.
El profesor de Derecho Penal e hijo de un juez, que pasea a
Dylan, exige a todos los gremios unificarse en la CGT, que tiene la jefatura de
Héctor Daer, con vistas al Pacto Social con la UIA. Daer está alejado de
luchadores como Agustín Tosco e inclusive de sindicalistas como Saúl Ubaldini.
De todos modos, por convicciones o sobre todo por necesidad,
habrá muchos sectores sindicales y sociales, cooperativas, desocupados, jubilados,
etc., que van a seguir ocupando las calles reclamando lo suyo.
Por ejemplo, en Ecuador algunas de las medidas de Moreno
fueron: «Vacaciones para empleados públicos bajan de 30 a 15 días al año.
Trabajadores de empresas públicas aportarán cada mes con un día su salario.
Reformas laborales regirán para nuevos contratos. Nuevas modalidades de
contratos laborales para quienes inician un emprendimiento. Nueva modalidad de
contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad y
enfermedades catastróficas. Facilidades para teletrabajo, etc.».
Ese libreto también lo querrán imponer en Argentina, ya no
con Macri sino con Fernández. Ante esas recetas de ajuste no habrá paz de los
sepulcros. Acá se conoce bien el prontuario del FMI y sus amigos: ojalá en
Argentina no haya otro Lenin Moreno, sino un Mariano.
ortizserg@gmail.com
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