Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
La invasión a
Venezuela ya tiene fecha: 23 de febrero de 2019. Si no se llama así, ¿de qué
manera se puede denominar la entrada por la fuerza a un país en contra de la
voluntad de su gobierno, de sus fuerzas armadas y de la aplastante mayoría del
pueblo?, sobre todo cuando las operaciones en terreno las dirige el Almirante
Craig Faller Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y
cuando quien funge como comandante en jefe es el presidente del país
militarmente más poderoso del mundo, teniendo como lugartenientes a dos
personajes con dudosos pasados democráticos: el primero, Sebastián Piñera,
presidente de un país cuyo gobierno tiene su principal base de apoyo en un partido
pinochetista e Iván Duque, elegido con
el apoyo del partido del paramilitarismo, los falsos positivos, la represión y
la muerte en los últimos años en Colombia.
Si el plan de Estados Unidos se concreta (escribo este
artículo hoy viernes 22 de febrero), mañana se iniciará una guerra en la región
que como todos los conflictos bélicos se sabe cuando comienzan, pero no cuando
terminan, pero de lo que si se tiene seguridad es de que al final dejan un
reguero de cadáveres que poco importan a Estados Unidos, porque en tiempos
recientes no son sus hijos los que van a al combate.
Así, también, los promotores de la guerra contra Venezuela,
deben saber que una intervención armada en el país, estaría legitimando la
lucha armada en todo el continente si los latinoamericanos se hacen eco del
pensamiento bolivariano que sentenció que “La patria es la América”. La región
se transformaría en un gigantesco campo de batalla en la que las bases y el
personal militar de Estados Unidos se convertirían en objetivo bélico para las
fuerzas libertarias. Imagino que eso lo saben Piñera y Duque.
En lo que a Venezuela respecta, en virtud del artículo 337
de la Constitución, el presidente de la República podrá decretar un estado de
excepción, restringiendo temporalmente las garantías consagradas en la
Constitución “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de
incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la
información y los demás derechos humanos intangibles”. Esto lo deben saber los
señores de la oposición, que ya no podrán solicitar una intervención militar
extranjera con la libertad que hasta ahora lo han hecho. Debe quedar claro que
Venezuela no es Colombia y que la Constitución se respetará incluso en caso de
guerra.
Además, en virtud de lo que establece la Carta Magna en su
artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad
entre el Estado y la sociedad civil”, lo cual significa que el pueblo
organizado y armado en milicias asumirá responsabilidades en el mantenimiento
del orden interno y en la defensa de la Patria. Todos esperamos que el pueblo y
sus organizaciones actúen en el marco de la ley con paciencia y prudencia, sin
embargo, los enemigos internos y externos del país, deberán también asumir sus
obligaciones si actúan al margen del decreto de estado de excepción,
entendiendo que algunas de las libertades democráticas estarán suspendidas.
Este es un escenario probable, también lo es que toda la
parafernalia anti venezolana no pueda concretar la invasión ya preparada. Es
sabido (lo hemos dicho en artículos anteriores) que el objetivo más estratégico
del gobierno de Estados Unidos es avasallar el derecho internacional y el
sistema multilateral encargado de mantener la paz en el mundo, lo cual le
permitiría cometer todos sus desmanes sin mayor contrapeso en cualquier lugar
del planeta
Han tenido que salir los propios movimientos de la Cruz Roja
Internacional y la Media Luna Roja a explicar los fundamentos y principios que
regulan la imparcialidad, neutralidad e independencia de su accionar y las
características de la ayuda humanitaria, para hacer entender que la operación
militar organizada por Estados Unidos no constituye una misión de esas
características.
Ante la evidente manipulación mediática, el jefe del Comité
Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch se sintió
obligado incluso a salir en defensa del término cuya manipulación podría tener
incalculables repercusiones en el futuro. Harnisch expuso que para ellos era
“importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un
respeto para los principios, eso es fundamental” explicando que por esta razón,
no iban a participar en lo que para ellos no es ayuda humanitaria, al
considerar que “hablamos de una ayuda que un gobierno decide”.
Por otro lado, en términos cuantitativos el monto de dicha
“ayuda” es tan menguado que se puede comparar con el que concede el gobierno de
Venezuela en un solo día a través de sus habituales programas de subsidios para
la población más necesitada y acosada por el bloqueo económico. En el caso de
Chile, se ha llegado a un ridículo mayor, la “ayuda” del pinochetismo asciende
a alrededor de 150 mil dólares, un poco más que lo que costó la cancha de tenis
que el presidente Piñera se construyó en terrenos públicos usurpados al Estado
chileno. Tal vez hubiera sido mejor usar ese dinero para reparar el avión
presidencial que dos veces tuvo desperfectos en su trayecto hasta Colombia,
poniendo en riesgo la valiosa vida de personal militar y civil arrastrado a esa
aventura que Piñera emprende de la misma manera que hizo al rescatar los 33
mineros, cuando no importaba la vida de ellos sino el armado de un gran show
publicitario, que permita ocultar los desmanes cotidianos del pupilo de
Pinochet. Vale decir que ese generoso monto que el gobierno de Chile está
concediendo a Venezuela significa 0,0046 dólares para cada venezolano.
Sin embargo, hasta ahora no todo ha salido como Estados
Unidos lo había deseado. En primer lugar, las fuerzas armadas brasileñas
enfrentadas a Bolsonaro, se negaron a cumplir la orden de introducir la
mercancía a la fuerza en Venezuela por lo que el gobierno de ese país se vio
obligado a suspender la operación desde el estado de Roraima, fronterizo con
Venezuela. Otro tanto ocurrió con Curazao cuyo gobierno se negó a enviar la
“ayuda humanitaria” hasta que “las autoridades de Caracas” (entiéndase el
gobierno de Nicolás Maduro) conceda el permiso. Esto crea un escenario distinto
que dejaría a Colombia como plataforma única de la invasión y colocaría a ese
país como territorio incorporado al conflicto con todas las consecuencias que
ello tiene.
Estos presidentes irresponsables que no saben nada de la
guerra, la mayoría de los cuales incluso han evadido el cumplimiento de su
servicio militar y que en casi todos los casos son cobardes, quieren involucrar
a las fuerzas armadas y a sus pueblos en una aventura militar contra Venezuela
creando una situación bélica en toda la región, sin importarles cuántos
muertos, desaparecidos y mutilados puedan generar. Deben saber que tan pronto
suene el primer disparo contra Venezuela, deberán ser tratados y perseguidos
como criminales de guerra y enjuiciados en esa condición por los organismos
internacionales. Habrá mucho trabajo para los abogados.
Lo mejor sería que prevaleciera la sensatez, se evitara la
vía armada como supuesto mecanismos de “solución” de la situación de Venezuela
y el diálogo y la negociación se impusieran por sobre cualquier método
violento. Deben saber los opositores que no existen bombas tan inteligentes que
sean capaces de impactar solamente los apartamentos de los chavistas en un
edificio.
sergioro07@hotmail.com
