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viernes, 27 de noviembre de 2020

Perú en resistencia (III)

 Por Oscar Rotundo*:

EL PUEBLO DE PERÚ RECLAMA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

La crisis de Perú, con toda su complejidad, enfrenta un desafío electoral y una urgencia constituyente para ajustar el contrato social a la necesaria refundación de la nación. La Constitución de Perú, con todas sus transformaciones, muestra que, el proyecto histórico de país, contenido en ella, no se adapta a la realidad; es por eso que el pueblo reclama nuevas reglas para una convivencia pacífica y en prosperidad.

Un nuevo sujeto social y político, desde las calles, llama a romper con el andamiaje político que ha manipulado la “Carta Magna” históricamente, poniendo por delante los privilegios de la minoría propietaria, sobre los derechos de la mayoría que con su trabajo y sus sacrificios ha construido el Perú.

La “Primera Ley” o “Norma Fundamental” de la nación, ha sufrido varias reformas constitucionales *[1], siendo la de 1993, una de las más polémicas por su origen, concreción y articulado.

En palabras de Patrick Henry*[2], “La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno”;  es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un Poder Constituyente; ahora, cuando ese Poder Constituyente es suplantado por una parodia que posibilita la realización de acuerdos entre facciones políticas de espalda al pueblo, la incongruencia entre el Poder Constituido y el Poder Constituyente, forman un cuerpo de contradicciones antagónicas que, tarde o temprano, destruye el contrato social y hace inviable la gobernabilidad.

De esto se trata la Constitución fujimorista que, desde hace 30 años, es cuestionada y desafiada por los sectores populares, por haberse convertido en la hoja de ruta para el saqueo y la corrupción en el país.

Según expresa la encuesta nacional de Datum Internacional*[3], el 56% de los consultados se mostró de acuerdo con cambiar la Constitución; un 27% respondió estar en desacuerdo con ello y un 17%, aún, no había tomado posición sobre el tema. 

El 25% de ese 56%, señala, “no podemos seguir teniendo la Constitución de Fujimori” y un 31% de los encuestados se pronunció a favor de mayor castigo para los corruptos; ahora, un 55%, de los que no están de acuerdo en cambiar la “Carta Magna”, “no confían en que los congresistas puedan elaborar una mejor constitución que la que existe”. 

Estos datos no son menores, porque los exterioriza el pueblo en las calles, bajo la consigna “que se vayan todos”; un estado de ánimo que evidencia la frustración de la sociedad sobre lo actuado por la clase política, teniendo en cuenta que, desde Alberto Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los presidentes, investigados, condenados, o separados de sus cargos por casos de corrupción. Una constante de inestabilidad política que durante tres décadas ha socavado la legitimidad de las instituciones. 

Esta realidad histórica, que se agravo con la pandemia del Covid-19, también se manifiesta en el escandaloso nivel de desigualdad social que vive Perú.

En una situación donde la sobrevivencia y el acceso a los medios subsistencia para los sectores más vulnerables, se vuelven cada día más difíciles, hallamos que, entre las personas más ricas del mundo para el año 2020*[4], figuran 6 peruanos; Carlos Rodriguez Pastor, con una fortuna estimada de 4.000 millones de dólares; Eduardo Belmont, con 2.000 millones de dólares; Vito Rodríguez, con 1.800 millones de dólares; Ana María Brescia Cafferata, con 1.500 millones de dólares; Jorge Rodríguez Rodríguez, con 1.400 millones de dólares y Eduardo Hochschild, con una fortuna de 1.100 millones de dólares. 

Estos ciudadanos, que se han capitalizado gracias a la situación del Perú, podrían contribuir impositiva y proporcionalmente a la dimensión de sus riquezas, si en la Constitución se contemplara una carga monetaria, para quienes llegan a ese escandaloso nivel de capitalización; para hacer que el Estado pueda, sumar ese aporte para solucionar los problemas sociales en general y mejorar así, la calidad de vida de las personas más necesitadas y de toda la comunidad. 

Al respecto, el jefe para América Latina y el Caribe, del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Sebastián Nieto, manifestó, "la recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades"… “el fisco en la región recauda un 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los países de la OCDE ese promedio alcanza un 34,4 por ciento” *[5]. 

Quienes están en contra de este tipo de medidas, plantean que un alza tributaria dañaría la inversión y la creación de empleos, haciendo más difícil la recuperación económica, y que esto, provocaría una fuga de capitales hacia países con menos impuestos, pero resulta ser que, de los 19 países de América Latina; Perú (16,1%),  es uno de los países que menos impuestos recauda, junto a Guatemala (12,6% del PIB), y República Dominicana (13,7%), según los datos recogidos  del informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por OCDE, CIAT, BID, CEPAL; siendo Cuba (41,7% del PIB), Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%), los lugares en los que más se paga impuestos*[6]. 

Otro elemento que desmiente los argumentos planteados por los sectores propietarios, es que el 22,9% de los jóvenes entre los 15 y 29 años, en Perú, ni trabajan ni estudian; sumando casi 2 millones de jóvenes (1.908.592), según un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERÚCÁMARAS; y, en cuanto a los que consiguen trabajo, el 83,4% de jóvenes menores a 25 años, tienen empleo informal; conclusión, pagan menos impuestos y no generan ni trabajo, ni bienestar para la sociedad. 

Perú tiene una tasa de informalidad laboral de más del 70% de la población económicamente activa, o sea, trabajadores sin ningún tipo de protección. 

En el informe de Unicef, “pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú; estimaciones2020-2021”, se señala que “En el plano económico, el Perú será uno de los países más afectados del mundo, con una contracción en el Producto Bruto Interno (PBI) de -12%, en el 2020, según el Banco Mundial (2020) y el Banco Central de Reserva del Perú (2020), aunque existen proyecciones más pesimistas, como la del Fondo Monetario Internacional (2020)” *[7]. 

Con este statu quo, la corrupción, la especulación y la manipulación, hacen que pocos se beneficien mucho y muchos se perjudiquen inevitablemente. 

Es por esto, que la gente visualiza que una nueva Constitución puede abrir las puertas a grandes soluciones que nivelen la situación general, pero lo importante, lo fundamental, es que la gente, que todos los sectores de la sociedad participen directamente en la conformación de la Carta Magna. 

Que la sociedad pueda elegir a sus representantes, más allá de los partidos políticos y que puedan ser constituyentes, los representantes de los campesinos, los indígenas, los trabajadores, formales e informales, los estudiantes, los profesionales, los artistas, los militares, las minorías étnicas y religiosas, de la diversidad de género, de las mujeres, etc. Que la sociedad se vea reflejada en el nuevo contrato social y que, a través de este cuerpo de leyes se construyan las herramientas para acompañar la gestión de gobierno mediante la complementariedad del Poder Constituyente y el Poder Constituido. 

Sólo así, la nación andina, encontrará el camino hacia su refundación soberana, en paz y con justicia social. 

Nota

*[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_peruano#

*[2] Patrick Henry (1736 –1799; Virginia, Estados Unidos). Figura prominente en la Revolución estadounidense, conocido y recordado principalmente por su discurso "Give me liberty or give me death" ("dadme la libertad o dadme la muerte"). Junto a Samuel Adams y Thomas Paine, fue uno de los más influyentes (y radicales) defensores de la Revolución americana y del republicanismo, especialmente en sus denuncias de la corrupción de los oficiales del gobierno y su defensa de los derechos del hombre.

*[3]https://redaccion.lamula.pe/2020/11/02/56-de-peruanos-a-favor-de-cambiar-la-constitucion/redaccionmulera/

*[4] https://www.rankia.pe/blog/mejores-opiniones-peru/2106459-quienes-son-personas-mas-ricas-peru-2020

*[5] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52686446

*[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-47572413

*[7] https://www.unicef.org/peru/informes/covid-19-impacto-pobreza-y-desigualdad-en-ninas-ninos-y-adolescentes-peru-estimaciones2020-2021

Para Periodismo Internacional Alternativo (PIA Global).

 rotundointernacional2020@gmail.com

miércoles, 18 de marzo de 2020

Crisis mundial de la economía capitalista y el coronavirus


Por Miguel Sorans:
El lunes 9 de marzo se desplomaron las bolsas del mundo. Nuevo “lunes negro” para la economía capitalista mundial. Wall Street detuvo sus cotizaciones por 15 minutos. El precio del petróleo cayó a 33 dólares el barril. En enero estaba a 63 dólares. La interrupción de la cotización es un movimiento de emergencia que Wall Street instauró durante la crisis de 2008 para tratar de evitar las ventas de pánico. Pero el pánico entre los capitalistas, el capital financiero y las multinacionales está instalado. Y no es solo por el coronavirus.


Wall Street sufrió la peor caída desde el 2008. Todas las bolsas del mundo cayeron. En México y Brasil se devaluaron las monedas. Muchos economistas y analistas patronales pretenden adjudicar el nuevo estallido y derrumbe de la economía capitalista a los efectos de la epidemia del coronavirus. Indudablemente las consecuencias del coronavirus tienen influencia. Pero el coronavirus no es la causa central del nuevo crack económico global. Desde ya que la epidemia del coronavirus es muy importante. Ya son más 110.000 de infectados en el mundo y cerca de 100 los países afectados.

El coronavirus vino a profundizar la ya existente crisis aguda de la economía capitalista mundial. El sistema capitalista-imperialista sigue sin poder superar la crisis económica aguda abierta en 2007/8. Los datos de la realidad así lo demuestran. “a economía capitalista mundial ya se había desacelerado hasta una 'velocidad de caída' cercana al 2.5% anual. Estados Unidos está creciendo a solo el 2% anual, Europa y Japón a solo 1%; y las principales economías emergentes de Brasil, México, Turquía, Argentina, Sudáfrica y Rusia están básicamente estancadas. Las enormes economías de India y China también se han desacelerado significativamente en el último año. Y ahora la cuarentena por el COVID-19 ha llevado a la economía china a un abismo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que representa las 36 economías más avanzadas del planeta, advierte sobre la posibilidad de que el impacto de COVID-19 reduzca a la mitad el crecimiento económico mundial este año en relación con su pronóstico anterior. La OCDE redujo su pronóstico de crecimiento central del 2.9 por ciento al 2.4 por ciento, pero advierte que un "brote de coronavirus más largo e intenso" podría reducir el crecimiento al 1.5 por ciento en 2020” (Michel Roberts, economista inglés, en Sin Permiso 7/3/2020).

El coronavirus le metió “más leña al fuego” a la crisis de la economía capitalista. El coronavirus surgió en China (ver “China: Coronavirus y dictadura”. http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/noticias-internacionales/2467-china-coronavirus-y-dictadura). China es el mayor exportador del mundo y la caída récord que ha registrado su producción industrial, por el cierre de las empresas, tiene ya un impacto negativo en todo el mundo capitalista. Ya trasciende los marcos de China. Se ve afectado, por ejemplo, todo lo relacionado con la industria del turismo. Caen la producción y los precios del petróleo. Se profundizará la crisis de la economía capitalista en curso desde 2007/08. Las multinacionales están preocupadas por sus enormes pérdidas de ganancias en China y en el mundo. Los juegos especulativos de las bolsas y de los precios del petróleo solo expresan la búsqueda de salvar las riquezas de los multimillonarios del mundo. El gran problema para la humanidad es que imperialismo y sus gobiernos van a tratar de profundizar los planes de ajuste y saqueo sobre la clase trabajadora y los pueblos.

También la sorpresiva aparición de la epidemia del coronavirus es expresión de la decadencia del capitalismo. El crecimiento de la pobreza, del hacinamiento, de los cambios ambientales y el colapso de los sistemas de salud pública del mundo, son el terreno propicio para el surgimiento y desarrollo de viejas y nuevas enfermedades.

La crisis capitalista y del coronavirus la deben pagar los capitalistas
Para peor la epidemia del coronavirus no se detiene en el mundo, aunque dicen que en China los casos habrían bajado. Al momento de escribir este artículo ya había en el mundo más 110.000 infectados, 3800 muertos y más de 100 países afectados. Italia declara al país en cuarentena.

El sistema capitalista-imperialista y sus gobiernos no garantizan una respuesta adecuada esta crisis humanitaria que está afectando a millones (ver “Coronavirus y el rebrote del dengue” http://www.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/16485-capitalismo-y-crisis-de-la-salud-publica-coronavirus-y-rebrote-del-dengue).Toman medidas como suspender eventos de deportivos o artísticos masivos. Fomentan el pánico para cubrirse de un mayor desastre sin ir a los problemas de fondo.
Los pueblos del mundo tienen que salir a reclamar a sus gobiernos verdaderas medidas de fondo ante la emergencia. Que los de arriba, los capitalistas, se hagan cargo. Hay que reclamar que se vuelquen fondos urgentes para aumentar sustancialmente los presupuestos de salud para atender la emergencia sanitaria. Fondos para, entre otras medidas, ampliar y mejorar las instalaciones sanitarias, dar aumento salarial a todos los profesionales de la salud, hacer nuevas contrataciones y que se den remedios gratuitos para todos. Que esos fondos salgan de altos impuestos progresivos a los grupos empresarios, al capital financiero y que se dejen de pagar las deudas externas. Por un sistema nacional de salud único y estatal, con consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector. Por la nacionalización de los laboratorios de especialidades médicas y que pasen a funcionar bajo el control de las y los trabajadores y científicos de la salud y la medicina.

Como decíamos más arriba, el imperialismo y sus multinacionales van a querer usar el coronavirus para lanzar nuevos intentos de mayor explotación sobre los pueblos. Ya se habla de centenares de miles de despidos y suspensiones en las empresas. Buscaran rebajar los salarios con mayores devaluaciones de la moneda en las semi colonias y un mayor saqueo con el mecanismo de la deuda externa.

La crisis capitalista y del coronavirus no la pueden pagar los trabajadores y los pueblos. Ningún despido ni suspendido. No al pago de la deuda externa. Plata para salud y trabajo. Que las empresas y los de arriba se hagan cargo de la crisis.

Las rebeliones de Chile, Francia, Líbano, Irak, Palestina y otras protestas sociales, que crecen en el mundo, muestran que la pelea contra los planes de ajuste y por la defensa de la vida de los pueblos continúa.

luchainternacionalista@gmail.com

miércoles, 24 de abril de 2019

China sigue siendo una economía prospera


Por Eduardo Andrade Bone:

A pesar de toda la campaña mediática y de la satanización de China, de parte de los Estados Unidos y las mafias de las grandes corporaciones de este país, lo cierto, es que la economía China sigue siendo una de las más prosperas a escala global y ya diversos medios de prensa a través de sus secciones económicas, califican al país asiático como la primera economía mundial, superando a Estados Unidos y la Unión Europea.

China se destaca entre otra cosa, por desplegar en diversas áreas, una serie de acuerdos comerciales (negocios) bilaterales con los más diversos países del globo terráqueo, contribuyendo al desarrollo de los países e incidiendo en la reducción del desempleo. Es la preocupación central del gigante asiático, el que además toma distancia de los conflictos geopolíticos promovidos por Estados Unidos y algunos de sus aliados más serviles de la Unión Europea y otros lugares del mundo.


Mientras Estados Unidos alienta los conflictos bélicos, impulsa la carrera armamentística, estrena y financia mercenarios y terroristas, instaura golpes de estado (Sudan) establece sanciones a los países que no se someten a sus dictados y busca desestabilizar democracias como la venezolana, China continua de forma gradual ocupando un lugar cada vez más relevante en el impulso de la economía mundial.  

Lo cierto es que la economía china a pesar de todas las defenestraciones de los Estados Unidos, supera las expectativas y crece un 6,4% en el primer trimestre, informo el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Lo que refleja que se mantiene el ritmo de crecimiento del último trimestre de 2018 y se superan las previsiones de la mayoría de los analistas del sistema capitalista, que apuntaban a un crecimiento del 6,3% de la ya primera y mayor economía mundial. Mientras que la economía estadounidense y de acuerdo con informaciones de marzo del presente año, esta comienza a ralentizar y solo crece a un 2,6% anual, con más reflujos que flujos.

En el caso de China, los últimos indicadores expresan un repunte de la producción industrial, la modernización del sistema agropecuario y una inversión de gasto en infraestructura, además de un mejoramiento cualitativo de los productos que proceden del país asiático. En concreto, el crecimiento de la economía china entre enero y marzo refleja un buen resultado producto de las acertadas medidas de estímulo aplicadas por Pekín, cuyo importe ronda los 4 billones de yuanes (528.000 millones de euros). El crecimiento económico también se vio disparado por la relajación de la política monetaria del Banco Popular de China, así como por el alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Como estaba establecido, el sector servicios fue el que más avance registró en este periodo, con un 7% (un 0,6% más). La industria avanzó un 6,1% y la agricultura un 2,7%. La BNE también destacó el crecimiento del consumo, que registró una contribución del 65,1% al crecimiento de la economía en los tres primeros meses del año.

Asimismo, se hicieron públicos otros datos, como las ventas minoristas, que aumentaron en China un 8,3% en el primer trimestre del año, o la producción industrial, que se incrementó un 6,5%.

El Gobierno chino estableció una meta de entre el 6 y el 6,5% como objetivo de crecimiento económico para el presente año en el que Pekín dio a conocer fuertes inversiones en infraestructuras entre otras políticas de estímulo para apoyar un mayor crecimiento, reducir las barreras a la financiación y garantizar una mayor liquidez.

De allí que el país asiático superó las expectativas de 2018 pese al pesimismo que rodeaba a una coyuntura económica marcada por la desaceleración económica mundial proveniente de Estados Unidos y Europa, la guerra comercial comenzada por EE. UU. y otros factores internos como la demanda doméstica, factores clave del modelo económico sugerido por Pekín.

A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los símbolos del capitalismo a escala global, le preocupa que el ciudadano de a pie solo pague un 1% de impuestos a la renta. Mientras que los que perciben ingresos altos y que trabajan en empresas privadas deben tributar por encima del 20%. En concreto, sólo las personas que ganan 14,5 veces el salario medio nacional en las empresas públicas y 23,5 en las firmas privadas son los que están sujetos al tipo impositivo más elevado, cuestión que es correcta e incluso debiera ser más alta, para que se note, que la torta se está repartiendo de manera más justa, pero que a los señores capitalista le cuesta aceptar. Lo cierto es que las previsiones de la OCDE eran menores y ahora se encuentran anonadados y sorprendidos ante los repuntes de la economía China.

Lo cierto es que la economía del país asiático y su proceso de crecimiento gradual, está al servicio del Estado, del país y sus ciudadanos, mientras que en el sistema capitalista mundial la riqueza obtenida solo la disfruta el 3% de la población de cada país. China en su camino económico silencioso, en el lapso de 30 años, ha sido capaz de sacar a 400 millones de sus habitantes de la pobreza y hoy la misma prensa al servicio del sistema habla ya, de la aparición de estratos socioeconómicos medios. Mientras que el sistema capitalista mundial, en 300 años de existencia, ha sido incapaz de derrotar la pobreza, el desempleo, el subdesarrollo y las grandes desigualdades sociales que hoy afloran con fuerza en muchos de estos países, desde Suecia hasta Haití.

Cabe destacar que el gigante asiático ha estado desplegando estímulos que le permitan asegurar un crecimiento en el rango de 6% y 6,5%, meta trazada por las autoridades del país. Los más recientes fueron los recortes de aranceles que entraron en vigor el pasado 9 de abril, dirigidos a una serie de productos como artículos deportivos, textiles, aparatos electrónicos y bicicletas, con el objetivo de impulsar tanto las importaciones como el consumo interno.

De allí, que ya no es raro que muchos países comienzan procesos de acercamiento con el país asiáticos y poder arribar a acuerdos comerciales bilaterales, ante el enorme mercado que significa China y sus más de 1300 millones de habitantes. Lo que también hace más relevante el papel que juega China en los BRICS, cuestión que genera confianza, como países prometedores en el futuro inmediato de la economía global.

Finalmente, nadie puede desconocer que lo alcanzado en materia económica por China, transformándose ya en la primera economía global más estable, obedece a la acertada dirección del Partido Comunista chino y que también ha tenido una incidencia de vital importancia, en el mejoramiento gradual de las condiciones de vida del pueblo chino.


Analista Político
aindoamericanap@gmail.com

domingo, 3 de febrero de 2019

En toda guerra hay muertos, los suyos y los nuestros




Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

El gobierno comete un error frente a la sociedad al pretender que esta valide sin objeción el ejercicio de la violencia que el produce y ejerce, pero que condene, sin ninguna reflexión, como hecho de terror cualquier otra violencia similar. Toda violencia es condenable, la del estado y la de los terceros. El resultado de validar solo un tipo de violencia es contrario al DIH y a la aplicación de los derechos humanos. En Colombia, a pesar del anhelo de paz nacional, aún tiene actores armados, a los que no se puede convertir por disposición normativa o voluntad de poder poner a secas en la condición de grupos armados delincuenciales. El afán por validar el ejercicio de la violencia del estado, está arrastrando al poder hegemónico a tratar de conquistar al precio que sea, voces, grupos, personas, personalidades y pueblo, que hagan eco de que la razón de estado es la fuerza y que está autorizado para usarla a su antojo y sin límite.



Usar la fuerza para sostener el poder y concentrarlo más, pero a la vez profundizar el modelo de despojo de la riqueza nacional y tapar escándalos de corrupción, ya dejo a su paso una estela de horror, más fracasos que éxitos y mas sangre y sufrimiento que cohesión social, y degradó la capacidad de los derechos humanos como limite al poder, porque terminó persiguiendo a los derechos y a sus defensores y metiendo a la sociedad en la inhumana disyuntiva entre seguridad o derechos, que reemplazaba la disyuntiva real que era entre muerte o vida.

La seguridad alineada con la violencia elimina libertades, fomenta la desigualdad, impide la resolución de conflictos y reinstala en la sociedad el ánimo de guerra y el destierro de los derechos, de lo que el presidente y su equipo de gobierno, hacen alarde con sus reiteradas apariciones mediáticas, a la manera de un tribunal militar, para señalar y emitir anuncios, que copan todos los párrafos con menciones a la necesidad de la fuerza (hacia adentro y hacia fuera) y así lo repiten el partido de gobierno, el presidente del senado, el fiscal, el canciller, los consejeros de paz y derechos y la vicepresidenta, convertidos en expertos para tensionar las relaciones humanas y someter a la gente a la dicotomía guerra-paz, cada vez más influenciada o al menos más visiblemente influenciada por el gobierno de los Estados Unidos, que ya no parece venir a Colombia, si no vivir en Colombia.
 
El estado y el gobierno, con algunas excepciones en las cortes de justicia, al mismo tiempo que invocan a la constitución de la paz y los derechos y reconocen que Colombia es un estado de derecho, posicionan a la violencia institucional como el fundamento de su existencia, desentendiéndose del carácter histórico, que trazo la ruta de que las actuaciones del estado deben basarse en la razón que es capaz de dubitar, meditar, interpretar y entender que toda muerte es un síntoma de fracaso del estado.

El pacto constitucional vigente, obliga al gobierno a privilegiar los derechos de la sociedad ante sus propias pretensiones y con ese serán juzgadas las acciones del poder. Si el gobierno se obstina en no reconocer el poder superior de la sociedad, se radicaliza en hacer prevalecer el monopolio de la fuerza y de usarla a la medida de sus propias intenciones e intereses sin atender limites, en no reconocer la soberanía de la nación como asunto colectivo, ni acatar el respeto a la autodeterminación de otros pueblos como principio universal y se niega a escuchar las voces contra el regreso a la violencia como única respuesta a los problemas del país, el fracaso del gobierno está asegurado.

Usar la violencia es invalidar los clamores de las victimas (cuya cifra supera al conjunto de víctimas de todo el continente), los jóvenes en movilización que dicen no a ninguna guerra, los partidos y movimientos de oposición que igualan al número de electores del presidente y en abierta afrenta propia de un gobierno de facto decide avivar el espíritu de guerra hasta lograr su materialización, el desastre será irreparable y el país que tenía como destino las metas de la OCDE será un país paria.

Los derechos humanos son un real y legal límites al poder y serán los encargados de servir de barrera para tratar de soportar los horrores de nuevas violencias incontenibles o incluso nuevas luchas revolucionarias y alzamientos armados, como ha ocurrido cientos de veces por cuenta de causas similares desde hace doscientos años, que dieron como resultado las luchas de independencia en Francia, Estados Unidos y la gran Colombia. El gobierno parece haber perdido la pista de su mandato respecto a tener en cuenta como principio de poder que “La configuración de los derechos fundamentales como límites al poder o como verdaderas obligaciones del Estado, y su consiguiente inclusión en normas jurídicas, no es una condición natural de las libertades, sino una condición histórica que atiende a una confluencia de circunstancias de índole económica, política y social” (Asunsolo-Morales, México 2015).

La obsesión por alentar la violencia llamando a la sociedad a condenar a los enemigos por hacer las mismas cosas que el gobierno hace, convencido que la violencia institucional es para salvar a la humanidad y la de los otro para destruirla, es absurda. En este afán frustra los anhelos paz y produce desesperanza por su no retorno. Se olvida la alianza en el poder, que, si arranca otra vez la espiral de violencia, esta no tendrá fecha de vencimiento y como en toda guerra los muertos no serán sus muertos, serán nuestros muertos.

Es un cruel mensaje pretender convertir a la sociedad en una prótesis del gobierno, para empoderarse a sí mismo de manera narcisista y cruel, porque rompe el equilibrio sociedad-estado que garantiza los límites y pesos y contrapesos necesarios de cualquier democracia real. La convivencia y la tranquilidad ciudadana se consiguen con la paz como garantía para los demás derechos, nunca con la violencia. Si el gobierno acosa a la sociedad, se instituye en participes por acción u omisión de la intimidación a sus organizaciones, la muerte de sus dirigentes y la negación del justo derecho.

Si el uso de la fuerza letal es la única carta de presentación del gobierno, como indica serlo, estamos ante un espectáculo de burla a la constitución y condenados a vivir con derechos de papel por falta de garantías, que los convierte en “asuntos” a discreción del estado, negándole toda opción de autonomía y soberanía a la sociedad y poniendo al descubierto la impotencia y nula legitimidad de los órganos internacionales, utilizados al antojo de los poderosos, que deciden cual crimen es producto del derecho implícito de unos a matar y de otros a morir sin posibilidad de reclamo y a merced y victimas del incumplimiento de los deberes del estados frente a individuos y pueblos.

mrestrepo33@hotmail.com

martes, 7 de agosto de 2018

Encrucijada y malas coincidencias del nuevo presidente

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez: 
I. Tomar partido o no intervenir he ahí el dilema

En el momento previo a la posesión del gobernante, la noticia criminal de llamado a juicio a Álvaro Uribe (AUV), opaca la lucidez de la toma de juramento del cargo, pero tendrá que comportarse y responder con grandeza como exige cualquier país de la OCDE, sea Islandia donde a nadie se le ocurre matar a otro o Finlandia, Austria, Canadá, Noruega, Alemania, donde un llamado judicial es una acción soberana de ese poder independiente, como ha ocurrido con el llamado a juicio del yerno del rey de España o al mismo Rey abdicado.


Son asuntos ajenos al fuero e intervención del presidente, sus ministros y los congresistas, que allí suelen decir cosas como que: es un asunto judicial; el gobierno respeta la decisión y no opina; esto no debe discutirse; el tema no entra a la agenda. Eso se espera después de haber vendido la paz afuera para conseguir victorias anticipadas, en beneficio de los huevitos de la confianza inversionista y de la seguridad jurídica, basados en  el respeto irrestricto por reglas iguales para todos, sean gobernantes, mensajeros, deportistas o traficantes. La ley es dura e imparcial para bien de la paz y la convivencia y, al gobierno corresponde ponerse del lado de la legalidad, acatando y ofreciendo garantías para que se cumpla la constitución en beneficio del estado de derecho y en contra de la captura de los aparatos de justicia por el espíritu del odio. 

Se firmó el acuerdo de paz, pero aun es frágil su implementación, no se evidencian mayores avances en el ajuste necesario en las instituciones y los enemigos de esa paz pasaron de estar agazapados a mostrar su artillería en todos los escenarios del poder, empezando por trivializar lo conquistado, desprestigiar la construcción de justicia, burlarse de la defensa de la vida y banalizar lo alcanzado, como si solo se hubiera ejecutado un trámite entre el gobierno y una insurgencia y el reconocimiento de victimas fuera para el fondo de un cartel. Aunque no haya grandes augurios, el compromiso de la paz es de orden estatal y compromete el desarrollo de la constitución, por lo que la real de afirmación de respeto a la vida, dignidad y realización de derechos, constituye la espina dorsal en la gobernabilidad del  nuevo presidente, llamado a responder sin vacilación a la esperanza de tener un país respetuoso de sus pactos, menos desigual, mas educado, menos violento y más humanizado.

Habrá obstáculos para el gobernante y para los defensores de paz y derechos, pero así mismo habrá respuestas organizadas del lado del poder y del lado de la gente. La primera prueba que se atraviesa en el camino del presidente, es que sobre su ofrecimiento de legalidad, tendrá que resolver como estadista la encrucijada de salir a defender la inocencia del jefe de partido y de la alianza de gobierno, llamado a juicio por una corte de justicia o tomar la opción de abstenerse de intervenir. El sistema de justicia pone a prueba la inocencia de Uribe, pero también la solidez del estado de derecho, por tratarse de un proceso penal de largo aliento, que no se resuelve en medios, ni con telarañas de desinformación y exige la aplicación estricta, imparcial y recta de las reglas del derecho.

No intervenir, lo pondrá en serios problemas con su partido, pero eso es lo propio en un estado de derecho y en un gobierno responsable. Solo respetando y respaldando las decisiones del poder judicial, sin intromisión, ni opinión lo pondrá en el lugar del presidente. El  buen estadista habla y actúa con prudencia y protege y respeta los derechos, tanto de sus seguidores como de sus opositores o contradictores y responde a las demandas de la sociedad con garantías, sin agotar el mandato con los acostumbrados autoritarismos y excesos belicosos y camorreros de su partido, que puedan conducir al abismo de otra guerra inútil y sangrienta, que no solo le impida gobernar, sino que lo exponga a pasar a la historia no como un destacado joven político, sino como un tirano más.

II. La mala hora en que llega una mala leche

En medio de los preparativos para el regreso de Álvaro Uribe (AUV) a palacio acompañando al presidente nuevo, el espectáculo mediático con nivel de escándalo, deja una estela de sombras, jalonada, a último momento por un señor de mala leche, que viene a defenderlo ridiculizando la inteligencia del sistema judicial y reviviendo engaños, antecedidos por relatos de terror de una crueldad sin límite organizada con la mezcla entre política y narcotráfico.

El señor de mala leche, fue gran amigo de Carlos Castaño, (máximo jefe paramilitar creador de las AUC), mandado a matar por su propio hermano Vicente, que lo acusó de querer entregarle a los Estados Unidos (USA) a los otros jefes metidos en narcotráfico. Este asesinato dejo claro que paramilitarismo y narcotráfico están mezclados y entre líneas descubre que USA desprecia lo que ocurra con la barbarie, pero castiga a discreción lo segundo, como lo demostró con juicios exprés a los jefes entregados en extradición por el presidente Uribe, a quien le deben haber sido eximidos de soportar juicio por sus atroces crímenes en Colombia. En esta historia está pendiente juzgar a los determinadores políticos, que podrían ser extraditados o en su defecto “extraídos”, a discreción por “razones de estado”.

El hombre de mala leche reaparece mágicamente para hablar por Santiago Uribe, procesado por organización, creación y operación de de grupos paramilitares y en particular del grupo los doce apostáteles y termina defendiendo a AUV, hermano de Santiago. Fue noticia por haber traicionado a su patrón asesinándolo en indefensión[1]. Como él decenas de victimarios hace más de una década, contaron con detalle algunos de sus atroces crímenes, para los que se prepararon para sobresalir como hombres perversos, malvados, efectivos para provocar horror y disfrutarlo, para ensañarse sobre los cuerpos cortándolos en pedacitos, tragándose partes de sus carnes vivas o “haciendo trizas” la vida y dignidad humana, en una competencia de barbarie por demostrar cual era el mejor, sin superar a sus patrones y aprendiendo a guardar respeto a los ilustres señores del poder político (congresistas, alcaldes, gobernadores, empresarios, otros) y también a desaparecer todo tipo de pruebas, que era la base de la reproducción y eficacia del modelo, que superó la cifra de cien mil asesinados.

 En algunos de los pasajes relacionados con el hombre de mala leche que llega al momento de asunción del poder, se puede leer “...Apuntaron con sus fusiles hacia el refrigerador donde estaba atrincherado Carlos Castaño. El otrora máximo jefe paramilitar, el símbolo de muerte y terror, se había quedado sin balas. Agarrado por los brazos por quienes hasta hace poco eran sus propios soldados, caminó unos cuantos metros hasta encontrarse cara a cara con ‘Monoleche’. El mensaje era inequívoco.... Antes de que Carlos pudiera maldecir o compadecer a su propio hermano, el emisario de la muerte descargó 12 tiros de pistola 9 milímetros sobre él.  ‘Monoleche’ tomó el radio y dio el parte de que la misión estaba cumplida. Después saqueó las pertenencias del fusilado.

Se llevó el computador portátil y un saco lleno de dinero (y dicen que la pistola de su patrón)... Una semana después, la Fiscalía venía en camino para buscar los cuerpos. Entonces algunos de los hombres que habían participado en el crimen fueron enviados a desenterrar los cadáveres -excepto el de Castaño- y llevarlos hasta la finca El Barro, propiedad de ‘Monoleche’. Para evitar que algún día fueran identificados, los picaron y después los incineraron.... La muerte de Castaño despejaba el camino para que narcotráfico y paramilitares quedaran unidos como un solo cuerpo en las negociaciones que se llevaban a cabo en Santa Fe Ralito (con el presidente Uribe) (26 de septiembre de 2008)”. En otros testimonios se lee: “alias ‘Monoleche’, quien en una primera confesión pública a mediados del 2006 reconoció ser el autor material del asesinato de Carlos Castaño, en enero de 2008 se retractó ante un fiscal de la Justicia y Paz y afirmó que había comandado el operativo, pero que no disparó” (abril de 2010). En 2009 fue vinculado a la desaparición forzada de un campesino y amenaza y desplazamiento de los familiares en la vereda Marsella de Arboletes, Antioquia (3 de marzo de 2009).

 En 2014, la fiscalía solicitó excluirlo del programa de justicia y paz por haber faltado a la verdad, respecto a que en diligencia de noviembre de 2003 admitió haber llegado hasta un predio con el fin de “usurpárselo a su propietaria....” y en diligencias del 24 de enero de 2008 y el 13 de agosto de 2009, “negó su participación en este despojo”, A estas retractaciones, se suma su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio de los hermanos Vélez Ruiz, y de un contador para apoderarse de unos predios de su jefe Vicente Castaño. No resulta benéfico que un hombre de traiciones, odios y motosierra para descuartizar opositores, coincida con el presidente defendiendo la inocencia de AUV, al inicio de su gobierno del que se esperan mejores tiempos de luz y de muy poca sombra.  

[1] www.verdadabierta.com. Tribuna pública que guarda la memoria de buena parte de los horrores señalado en versiones libres por los paramilitares. 
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