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miércoles, 29 de agosto de 2018

El jefe del Pentágono vino a ultimar los detalles de la intervención militar en Venezuela


Por Carlos E. Lippo

“Vengo en paz. No traje artillería. Pero con lágrimas en los ojos, les digo esto: si me fastidian,
 los mataré a todos”.
James “perro rabioso” Mattis en una reunión con iraquíes, durante la invasión de 2003.

No tengo duda alguna en relación a que de toda la caterva de sociópatas a los cuales Trump ha entregado la dirección del área de seguridad de su grotesca administración, el más “impresentable” es James Mattis, el actual secretario de defensa. Y ello a pesar de que en dicho equipo se ha asignado papeles protagónicos a personajes de la calaña de: John Bolton (asesor de seguridad nacional), uno de los principales forjadores del “falso positivo” sobre la existencia de armas de destrucción masiva en el Irak del 2002 que sirvió de pretexto para la invasión del año 2003, que aún se mantiene vigente; Mike Pompeo (secretario de estado y exdirector de la CIA), defensor a ultranza de los métodos de interrogatorio basados en torturas así como también de sus ejecutantes, de los cuales ha llegado a decir con el mayor desparpajo: "… estos hombres y mujeres no son torturadores, son patriotas"; y Gina Haspel (directora de la CIA), una experta del espionaje y de las misiones encubiertas, con más de 30 años de experiencia en esa agencia y con severos señalamientos que la vinculan con las operaciones de tortura de prisioneros, dentro y fuera del territorio de los Estados Unidos.

Intentando una breve semblanza de este actual jefe del Pentágono, designado en 2017 en violación de una ley que prohíbe la designación para ese cargo de quienes hayan prestado servicio en las fuerzas armadas estadounidenses durante los siete años anteriores, ya que se retiró del servicio activo en el 2013, habremos de decir que se trata de un laureado oficial del “Cuerpo de Marines” con muy destacada actuación en la “Guerra del Golfo” (1991) y con altísimas posiciones de comando tanto en la invasión a Afganistán (2002) como en la de Irak (2003). La mediática gringa, tan dada a endilgarle apodos a todo el mundo, tanto amigos como enemigos, le ha bautizado con el de “perro rabioso” (mad dog), apodo que consideramos que está más que justificado en este caso si se toman en consideración muchos de sus cínicos y petulantes señalamientos como aquel de: “Sé cortés, sé profesional, pero ten un plan para matar a todos los que conozcas”, pronunciado durante la ocupación de Irak en el 2003, al igual que el otro irrepetible señalamiento que da inicio a estas notas (1).

Es a este guerrerista, mezcla de sociópata con sicópata, a quien Donald Trump ha confiado la tarea de consolidar bajo la amenaza de las armas el “patio trasero” suramericano, una vez que haya atado todos los cabos sueltos dejados en los primeros meses de este 2018 por sus anteriores enviados a la región (Rex Tillerson, Mike Pence y Mike Pompeo), quienes privilegiaron la aplicación de presiones de naturaleza económica y diplomática para el logro de los fines que les fueron encomendados.

Como es sabido por todos la gira suramericana del jefe del Pentágono tuvo lugar entre los días 12 y 17 de agosto, contemplando reuniones con los ministros de defensa d
e los dos “pesos pesados” suramericanos (Brasil y Argentina), y siendo recibido además por los presidentes de los más arrastrados cipayos o “socios confiables”, como ellos prefieren ser llamados (Chile y Colombia); siendo precedida por la visita a los mismos países del almirante John Richardson, jefe de operaciones navales de la armada estadounidense, y por la visita a Colombia de Nikki Haley, embajadora gringa en la ONU.

Dejando de lado todo eufemismo, el almirante Richardson fue enfático en señalar en todos los países visitados que las fuerzas armadas estadounidenses, y en particular la marina, querían asegurarse de que el país angloamericano fuese el "principal socio en materia de seguridad” de Latinoamérica; reconociendo que en esa materia, algunos funcionarios locales decían estar listos para la cooperación militar interamericana, desde misiones humanitarias, hasta misiones en ciberseguridad (2). Así mismo, en declaraciones a la Voz de América (VOA), señaló: “ queremos ser ese equipo estable, constante y comprometido que no deja de prestar su apoyo a la hora de la verdad”. Y todos sabemos lo que significa para los gringos “la hora de la verdad”, así como el hecho de que el equipo estable constante y comprometido del que está hablando es con toda seguridad la fuerza multiestatal invasora de nuestro país.

Por su parte la “glamorosa” señora Haley, a la usanza de las giras efectuadas en sus momentos por la secretaria de estado Clinton a países invadidos, como Afganistán, Libia e Irak, se hizo presente el 09 de agosto (tres días antes del inicio de la gira de Mattis) en el primer consejo de seguridad del presidente Duque celebrado en el Tibú, a escasa distancia de nuestra frontera, visitando luego la zona como si se tratase de los suburbios de alguna ciudad invadida de Siria o Somalia. En dicha reunión que muchos consideramos como la preparación político-diplomática de la gira del jefe del Pentágono, no se limitó sólo a solicitar a la comunidad internacional la acción de “aislar” al presidente Maduro, quien a su juicio debe “pagar un precio” por lo que ella considera es la “crisis humanitaria en la frontera” (3), sino que llegó al extremo de ungir como líder del movimiento regional en contra de Venezuela y a nombre de su gobierno, al recién estrenado presidente colombiano, al señalar de manera enfática y sin recurrir a sus frecuentes eufemismos: “… Estados Unidos apoya que el presidente Iván Duque lidere un movimiento regional contra el Gobierno de Venezuela” (4).

Entrando de lleno en los detalles de la gira es necesario decir que el jefe del Pentágono visitó en seis días cinco ciudades suramericanas en cuatro países: Brasil, Argentina, Chile y Colombia, en cada uno de los cuales al reunirse con sus ministros de defensa y/o presidentes, trató diferentes temas  (autorización de uso de bases militares, préstamos para adquisición de armamento, firma de convenios de cooperación militar, coordinaciones varias, etc.), destinados todos a incrementar la dependencia militar del imperio de dichos países. El único tema tratado de manera recurrente en todos los países fue el de Venezuela, ya que países que durante años recibieron nuestra solidaria ayuda humanitaria al haberle dado asilo a una cantidad importante de sus nacionales desplazados por sus conflictos internos (guerras civiles o cruentas dictaduras militares), se quejan ahora amargamente de que se hayan invertido temporalmente los flujos migratorios a causa de la guerra de cuarta generación que nos viene aplicando el imperio desde hace ya años; al mismo tiempo que con ello buscan impúdicamente congraciarse con el imperio que desde hace años ha venido planteando que sólo intervendría militarmente en Venezuela si fuese necesario para solventar una “crisis humanitaria”.

Es evidencia de lo anteriormente dicho el siguiente señalamiento emitido en Bogotá, el día viernes 17, por Sergio de la Peña, subsecretario adjunto de defensa de EE.UU. para asuntos del hemisferio occidental: "El caso de Venezuela es preocupante para toda la región, porque el flujo de refugiados fuera de Venezuela es significativo" (5); señalamiento que deliberadamente oculta que al menos en el caso de Colombia, más del 70 % de esos supuestos refugiados son ciudadanos colombianos o de nacionalidad venezolana-colombiana, representando una pequeña parte de los más de 6 millones que han vivido entre nosotros desde que comenzaron a llegar a mediados de los años sesenta, desplazados a causa de su terrible conflicto interno.

A una semana de finalizada la gira de este nefasto halcón debo decir responsablemente que estimo que ya ha sido acordada la integración de las fuerzas armadas de los países visitados a la fuerza multilateral que buscaba conformar el imperio para intervenir militarmente en Venezuela invocando supuestas razones de carácter humanitario, tal como lo hicieron en la Yugoeslavia de Milosevic en 1999; digo esto, basándome en los siguientes razones:

             Resulta muy poco verosímil que el jefe del Pentágono haya accedido a realizar una tarea en la cual previamente habían fracasado estrepitosamente el vicepresidente Pence y dos secretarios de estado (Tillerson y Pompeo), sin que antes se subiese logrado al menos un preacuerdo a ese respecto.

             Unas declaraciones del almirante John Richardson, jefe de operaciones navales de la armada estadounidense ofrecidas a la “Voz de América” (VOA), el servicio de radio y televisión internacional del gobierno de los Estados Unidos, poco antes de la llegada de Mattis, según las cuales algunos funcionarios locales de los países visitados decían estar listos para la cooperación militar interamericana, en especial para ejecutar operaciones “humanitarias” conjuntas.

             La suscripción con el gobierno de Colombia de un acuerdo que contempla el envío de un buque hospital de la marina estadounidense a la costa colombiana para apoyar y asistir a los llamados "refugiados" venezolanos que se encuentran en ese país. Una medida que resulta cuando menos redundante si se toma en consideración que para el mismo propósito ya se encuentran actuando los “Cascos Blancos” argentinos (6) y (7). Siendo oportuno señalar además que mientras una inmensa cantidad de medios internacionales han señalado que este hecho representaría la primera incursión militar estadounidense en la crisis de Venezuela, el jefe del Pentágono insiste ladinamente en señalar que: “Es absolutamente una misión humanitaria. No enviaremos soldados, enviaremos médicos (...). Están desbordando la frontera" (8). Inquietantes frases en boca de quien acostumbra incurrir en violentos excesos verbales sin preocuparse en modo alguno por las consecuencias de los mismos, ya que a diferencia de lo que dice el viejo refrán, este “perro” ladra, pero además muerde.
            
Ahondando un poco en el tema del buque hospital es necesario decir que el Comfort, que es el buque al que nos estamos refiriendo, es un auténtico centro clínico flotante que puede ser equipado para transportar a unos 1.215 efectivos médicos militares; tiene capacidad para realizar 12 cirugías simultáneas; cuenta con 1.000 camas clínicas; y está dotado de helicópteros artillados para el transporte de las bajas (9) (¿!). Como partiría del puerto de Norfolk, en la costa este norteamericana es bastante obvio que habría de ser fondeado en alguno de los puertos del Caribe colombiano pues sería ilógico que lo hiciesen pasar por el Canal de Panamá para fondearlo en alguno de los puertos del Pacífico. También se ha hablado de enviar el barco hospital Mercy, de similares características que el Norfolk cuyo puerto de origen se encuentra en San Diego, California, sobre el Pacífico norteamericano. No se precisa tener grandes conocimientos de la geografía colombiana para abordar a la conclusión de que ambos buques, siendo absolutamente inútiles para atender a unos supuestos refugiados venezolanos que tendrían que ser transportados centenares de kilómetros para poder ser atendidos, ni serán fondeados en los sitios que han dicho, ni serán tripulados exclusivamente por personal médico, sino que serán con  toda seguridad la vanguardia encubierta del dispositivo militar invasor. Recordemos que no sería la primera vez que tanto los Estados Unidos como Colombia utilizan el camuflaje de la Cruz Roja para sus acciones militares encubiertas.

Tal como titulásemos estas notas el jefe del Pentágono vino a ultimar los detalles de la intervención militar en Venezuela y efectivamente lo hizo; la fecha más probable de ocurrencia de este infausto evento que en caso de darse comportaría el riesgo de convertir a nuestro país y a toda la región en un gigantesco Vietnam, será en el lapso comprendido entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre, coincidiendo como tantas veces hemos dicho, con la ejecución de las Maniobras Navales UNITAS LIX, en las costas del Caribe colombiano.

Aún no han acordado la forma de justificar tamaño exabrupto, ya que la justificación por vía de la existencia de una supuesta crisis humanitaria se les hace y se les seguirá haciendo cada vez más  cuesta arriba, sobre todo después de la entrada en vigor de las medidas de carácter económico, financiero, monetario y cambiario puestas en vigencia por el gobierno revolucionario durante los últimos días.

Es claro que evaluarán la utilización de otros motivos para justificar la invasión, entre los cuales habrá de estar el de la generación de un falso positivo militar en la frontera, que serviría para presentarla como una respuesta solidaria conjunta a supuestas violaciones de la seguridad interior de Colombia y el de la espuria solicitud de invasión por parte de un gobierno venezolano paralelo a ser montado en Colombia, donde ya funciona un ilegal tribunal supremo de justicia desde las instalaciones del mismísimo congreso colombiano. Al análisis de estos escenarios dedicaremos nuestro próximo trabajo.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(1)    http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/19/la-gira-de-mattis-el-perro-guardian-del-hemisferio/
(2)    https://dialogo-americas.com/es/articles/us-wants-remain-partner-choice-south-america
(3)    https://www.laiguana.tv/articulos/314273-fragatas-corbetas-submarinos-venezuela/
(4)    https://celippor.blogspot.com/2018/08/laoligarquia-colombiana-pretende.html
(5)    https://www.efe.com/efe/america/politica/china-y-venezuela-grandes-protagonistas-de-la-gira-mattis-por-suramerica/20000035-3723365#
(6)    http://celippor.blogspot.com/2018/06/quehan-venido-hacer-los-cascos-blancos.html
(7)    http://celippor.blogspot.com/2018/07/alertaa-los-cascos-blancos-argentinos.html
(8)    https://www.efe.com/efe/america/politica/china-y-venezuela-grandes-protagonistas-de-la-gira-mattis-por-suramerica/20000035-3723365#
(9)    https://www.aporrea.org/tiburon/n329979.html

celippor@gmail.com

viernes, 21 de abril de 2017

Lo fallido no es la sociedad si no el estado

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 En Colombia el ejercicio del poder político en democracia, ha sido paulatinamente destruido, corroído o sencillamente violentado por el afán de quienes consideran que por derecho propio o quizá divino, pueden ir tomar las instituciones para actuar sin límite alguno, pero imponiendo límites a la sociedad a la que consideran una masa amorfa compuesta de súbditos. Esta situación da para entender que la sociedad permanece expuesta a la intervención de una clase social concreta que ocupa el aparato de estado, sus instituciones y redes para promover su beneficio particular.


La democracia en Colombia no está funcionando como un modo político de organización social que orienta el destino común para vivir en paz, basada en reglas construidas en colectivo, en tanto su constitución y normas han sido reiteradamente ajustadas por la clase en el poder y en contravía de lo constituido socialmente. Tampoco han llegado al gobierno de los poderes públicos y sus instituciones los más honestos y justos, sin importar si son blancos, negros, mujeres, hombres, indígenas, mestizos, campesinos jóvenes o viejos. Ni las leyes han sido la referencia de equilibrio, imparcialidad y aplicación de justicia sin distinción. Lo que ocurre da cuenta que la democracia ha sido  violentada y es rehén de prácticas de poder no democráticas. 

 La naturaleza política de la democracia, puede mirarse a través de tres elementos generales, sobre los que cualquier persona al pasar una plantilla hace su propio ejercicio de validación: lo primero que la democracia exige es que todo su engranaje tenga como base el reconocimiento de los derechos humanos y estos cuenten con plenas garantías para su realización, pero a la vez que sirvan como limite al poder del estado; lo segundo que haya una efectiva separación e independencia de los poderes públicos y que las leyes no sean usadas como arma política; y lo tercero que la representatividad, las autoridades tengan legitimidad y atiendan y actúen siguiendo las demandas de los diversos grupos sociales y su discurso aliente la elevación de la conciencia política y social de la ciudadanía.

La democracia en Colombia dista de esos principios, es decir, no ha sido un fin del proyecto histórico de los gobernantes, pero si una estrategia de supervivencia sostenida con una seductora y manipulada retorica al presentarse como la democracia más sólida de América o la más incluyente. A diferencia del cono sur (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia) donde las atrocidades fueron lo sustancial de las dictaduras del último cuarto del siglo XX, en Colombia la barbarie ha ocurrido en democracia. No se han interrumpido elecciones, ni alterado destituido gobernantes, ni clausurado el congreso, ni sellado el poder judicial. Lo ocurrido es una articulada tragedia en democracia. Un proceso de cooptación de la representación de la sociedad y de los poderes del estado, por parte de un grupo de poder, que estando unido o temporalmente disperso sigue la misma línea ideológica y actúa en consecuencia, aunque se manifieste de diferentes maneras. Lo común es que sabe combinar, todas las formas de lucha, incluida la criminal, sin interrumpir el curso de la democracia formal.

 En democracia y en menos de seis décadas, se han cometido las más abominables expresiones de violencia, primero la guerra civil liberal-conservadora con saldo de 300.000 muertes cuando gobernaban los parientes cercanos de los mismos que gobiernan hoy; y después la guerra contrainsurgente, cuyas manifestaciones de odio terminaron con las más crueles masacres de las que América entera tenga noticia (el Aro, el Salado, Santo Domingo, Trujillo, la Rochela, Mapiripan, Pueblo Bello, Montes de María) que ya tienen fallos condenatorios al estado por la Corte Interamericana de derechos humanos. También ocurrió en democracia el más grande genocidio contra  la UP, un partido de izquierda con más de cinco mil militantes asesinados; el más alto número de presos de conciencia y de inocentes prisioneros producidos con falsas denuncias y pruebas para eliminar adversarios; y un desbordado monto de recursos invertidos para sostener la tragedia, mientras escaseaba la comida, el empleo, la salud y la educación y en contraposición crecía la acumulación de capital en manos prestigiosos empresarios y políticos, que siguen gobernando.
 La democracia en Colombia es hoy un propósito común truncado por las elites, lo que no es equivalente a creer que hay una sociedad fallida. Lo que está en descomposición no es la sociedad, es el estado, sus gobernantes, su clase política y sus filiales de negocios con ramificaciones de corrupción, de compra venta de conciencias y de votos y cuyos centros de mando experimentan con seres humanos debilitados, empobrecidos, a quienes usan como víctimas o verdugos.

El Comienzo de la Última fase de descomposición
El estado comenzó su última fase de descomposición con el régimen Uribe, que se salió del marco de las reglas y encarnó al más nefasto ejercicio de poder sin democracia, pero en nombre de la democracia. Las zonas grises, fueron hábilmente convertidas en escándalos mediáticos de corta duración para impedir ver la tragedia y hacer valer la palabra del poder como palabra sagrada y verdadera. La sociedad fue conminada a ponerse del lado del gobierno y acatar sus programas sin objeción, mientras el terror alimentaba a la seguridad democrática y esta se extendía con odio entre la población arrasando todo pensamiento y acción critica, hasta romper la línea de separación que distinguía entre población civil y combatientes, con lo cual la sociedad entera quedo bajo sospecha, entró en pánico y fue obligada al silencio.

El estado recibió el primer impacto con el cierre del Ministerio de la Justicia y del Derecho fusionado con el Ministerio de Gobierno, y la creación del Centro Nacional de Inteligencia inspirado en la CIA; a las Cortes de Justicia se les persiguió, espió y en su debilidad fueron tomadas por clientelas que convirtieron al Derecho Penal en un instrumento de venganza que afectó los juicios del derecho y alentó tanto los falsos judiciales para eliminar opositores, como la ampliación del populismo punitivo, sin sentido de justicia ni racionalidad en las penas y; por ultimo el poder legislativo al decir de los mismos jefes paramilitares quedó bajo su control, disponible para acomodar las leyes, favorecer la impunidad y legalizar sus actuaciones incluidas sus nuevas propiedades y capitales. La puesta en retroceso a los derechos se justificó alegando que alejaba la confianza inversionista y empezó el ataque a tres tipos de considerados enemigos: los teóricos de los derechos, las ONG y sus defensores y, los opositores. Y así ocurrió y no ha cesado de ocurrir. Ya sin obstáculos restaba cambiar las reglas de juego y para ello se implantó en la columna vertebral de la constitución política la figura tenebrosa y fatídica de la reelección.

Estar o no en democracia, no se define entonces por resultados de encuestas, ni rankings del marketing privado, ni indicadores de felicidad (que felizmente en 2017 muestra al país en un puesto más real el 36), ni tampoco por el número de eventos electorales controlados, ni por la cantidad de votantes. La democracia colombiana, esta vaciada de contenido democrático, igual que los derechos y el ejercicio del poder vaciado de soberanía y de voluntad popular. Los poderes públicos, dan cuenta de un estado fallido, saqueado, con instituciones dirigidas con autoritarismo, engaño, verdades a medias, gobernantes de alta y baja escala sin legitimidad, sin ética ni política y con primacía de la voluntad del gobernante. El sistema central de poder se reproduce en los ámbitos institucionales locales y regionales y las mayorías son desplazadas por minorías de poder electoral, que deciden sobre sus vidas, conductas y bienes materiales. El miedo continúa sometiendo la participación y la ciudadanía no logra elevar su conciencia. El horror se pasea por campos y ciudades de la mano de solidas estructuras paramilitares que intimidan, asesinan y producen desplazamientos para defender las tierras, mantener las conductas impuestas y asegurar los bienes arrebatados a sus víctimas, pero lo que los hace fuertes no es su capacidad de destrucción material basada en el alcance y potencia de sus armas, si no su proyecto de poder defendido desde adentro del mismo estado, del congreso, las cortes, las empresas, los directorios y las instituciones.

 La paz, representa por ahora el principal bien común a defender, que sirva para reconfigurar la democracia, ajustar las estructuras del estado arrebatándoselas a los de siempre y recuperar el sentido de humanidad, de seres humanos con derecho a vivir y disfrutar de los derechos. Paz y Democracia exigen ser defendidas de la clase en el poder, por ser conquistas colectivas, no del estado, ni de sus gobernantes, sino de un pueblo cansado de la guerra, del odio y de la muerte, que puso sus demandas a debate y pactó la ruta a seguir, como resultado político de un acuerdo para la paz estable y duradera, entendida como un asunto político (no jurídico) que no puede ser tratado con desdén, ni ser irrespetado como paso previo para traicionar el camino trazado por una sociedad que quiere y apuesta y trata de aprender a vivir de otra manera, alejada del terror, el miedo y la miseria.
 mrestrepo33@hotmail.com


sábado, 10 de septiembre de 2016

Derecha venezolana intento la toma de Caracas

 Oposición a Maduro quería golpe de nock out y no lo consiguió
La Mesa de Unidad Democrática lanzó su plan desestabilizador con la “Toma de Caracas”. Supuestamente iba a poner allí un millón de personas. Quedó abajo de ese número. Y sobre todo, no pudo asestar un golpe de nock out al presidente.

Por Emilio Marín
La excusa de la movida opositora venezolana era presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que apure el plebiscito que podría revocar el mandato de Nicolás Maduro. En el fondo, lo que se jugaba la MUD este jueves era asestar un golpe mortífero a aquél y forzar su renuncia o más directamente poner en colapso a su gobierno para que caiga. Si de relleno se podían apurar los tiempos del revocatorio, tanto mejor. Y a primera vista, los resultados no han sido los mejores para ese conglomerado variopinto. 


Allí conviven elementos de derecha como el gobernador de Miranda y dos veces derrotado candidato presidencial, Henrique Capriles, junto con otros ubicados más a su derecha, como el socialdemócrata Henry Ramos Allup, titular de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero pasado; Jesús “Chuo” Torralba, secretario ejecutivo de la MUD, y los más violentos, algunos presos con causas judiciales, como Leopoldo López, de Voluntad Popular y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, de Bravo Pueblo.

No alcanzaron sus mayores objetivos. La multitud que esperaban reunir, superior al millón de personas, no fue tal. No es por menospreciar su capacidad de movilización, que por cierto la tienen, pero la cosecha fue menos de la mitad de aquella cifra. Y no pueden echarle la culpa al gobierno, que por supuesto movilizó a los sectores que lo apoyan e hizo su acto en el centro de la Caracas.

La oposición marchó desde todo el país y entró por tres avenidas a la capital, lógicamente con controles policiales y militares, pero pudo realizar su acto sin represión. Torralba leyó un documento consensuado donde insistieron en el reclamo del plebiscito y aseguraron que volverían a marchar el 7 de setiembre hacia la sede del CNE para exigir celeridad en aquel mecanismo constitucional.

No reunieron todas las voluntades y no pudieron alegar represión gubernamental. Leopoldo López habrá visto lo ocurrido desde el penal de Ramo Verde. Capriles se quedó en Miranda. Ramos Allup se habrá enterado que Maduro prometió denunciarlo penalmente por su campaña en favor de la violencia. Y Torralba tuvo su minuto de fama leyendo la proclama. Si esperaban generar actos de violencia y dar pie a la represión de la Guardia Nacional Bolivariana, con lo cual acumular material para invocar la intervención norteamericana y de otros países, patrocinada por la OEA, no lo consiguieron.

Maduro realizó un acto masivo en el centro de la capital. Denunció las maniobras golpistas y entre otras novedades aportó el desbaratamiento de un grupo de paramilitares colombianos en cercanías del palacio de Miraflores listo para cometer atentados. Reiteró que está haciendo consultas pero tiene listo el decreto para quitar la inmunidad de los legisladores, un derecho que sólo debe existir para su labor política, pero no para atentar contra la Constitución.

Las truchadas

En Argentina se las llama “truchadas”. Es lo que la MUD hizo con las firmas para reclamar el revocatorio. Ese derecho, vale la pena reiterarlo, fue establecido en la Constitución parida por Hugo Chávez y permite que transcurrida la mitad del mandato del presidente se pueda pedir su alejamiento si se reúne determinada cantidad de firmas del padrón. Si se juntan las cantidades estipuladas antes de cumplirse los cuatro años del mandato presidencial, se debe llamar a nuevas elecciones. Y si se logran después de cumplidos esos cuatro años, entonces no hay nuevos comicios sino que el presidente que deja el cargo nomina al vicepresidente para completar mandato.

La oposición siempre fue alentada por la ley que votó contra Venezuela el Senado norteamericano en diciembre de 2014 y validó Barack Obama en marzo de 2015 y otra vez en 2016. Se calificó al gobierno bolivariano como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU”. Venezuela era responsable de “la erosión de las garantías de los Derechos Humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de libertades de prensa, el uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales”.

Como podrá apreciarse, las acusaciones son idénticas a las que formulan la MUD, la patronal Fedecámaras y los medios privados desde Caracas, Luis Almagro desde la OEA, Mauricio Macri desde el gobierno argentino, la Sociedad Interamericana de Prensa desde Miami y los diarios afiliados, como Clarín y “La Nación”.

El manejo de la oposición fue fraudulento. La ley les exigía entregar en primer término 195.000 firmas, el 1 por ciento del padrón. Y en junio logró que la CNE le diera por válidas 399.412. Pero el 2 de mayo había entregado 1.959.000 firmas, de lo que se ufanaba. Sin embargo, la CNE le validó en junio 1.350.000 firmas porque detectó que 600.000 eran truchas. A continuación, ese Consejo presidido por Tibisay Lucena habilitó las máquinas busca huellas para comprobar la identidad de los firmantes. Y sólo 399.412 estaban bien. Además de las 600.000 inventadas, habían metido fallecidos, menores, encarcelados y otras personas no válidas.

Para que el lector advierta la enormidad de la maniobra: de 1.959.000 firmas presentadas en mayo, en junio quedaban, limpias y válidas, algo menos de 400.000. Si eso es transparencia de procedimientos, entonces la MUD puede equiparse con Simón Bolívar.
La oposición pro norteamericana tiene dos carreras contra reloj.

La primera es que necesita que el plebiscito sea convocado y se vote antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato de Maduro. Si lo consigue antes, tendrá nuevas elecciones. De lo contrario, y suponiendo que consiga el plebiscito y vencer, Maduro no se iría a su casa sin antes nominar a su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

La MUD tiene que cumplir con el segundo requisito constitucional: el 20 por ciento del padrón, 4 millones de firmas, para que se llame al plebiscito. Entre el 9 y 11 de setiembre quieren habilitar las mesas para reunirlas. Y por eso llaman a una segunda Toma, ahora de Venezuela, para el 7/9, ante la CNE. Esto podría degenerar en violencia como sucedió con sus guarimbas o disturbios en 2014, con un saldo de 43 muertos.

Para terminar con esta historia de números, resta decir que para ganar el plebiscito la oposición necesita 7.587.532 votos, más uno, la cosecha de Maduro en 2013.
La oposición se pone violenta pero es quien provoca las demoras. La CNE le dio por válidas 400.000 firmas iniciales, pero ordenó investigar 1.326 fraudes con firmas y eso demora todo. El gobierno bolivariano y su partido sostén, el PSUV, denunció ese fraude del procedimiento. El alcalde de Caracas y dirigente chavista, Jorge Rodríguez, dijo que el plebiscito está muerto legalmente.

La otra carrera opositora es contra sí misma, pues si hubiera elecciones anticipadas se desatará una durísima pulseada por ver quién es el candidato. No le será fácil a Capriles ser el aspirante por tercera vez. El titular de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, querrá estar allí. Y quien se viste con las ropas de “mártir”, López, querrá terciar o al menos colar a su mujer, Lilian Tintori.

Carrera de Maduro

Los medios afines a la SIP difunden encuestas de Delphos donde Maduro sólo tiene el 25 por ciento de popularidad. Dicen que si se votara el plebiscito, él perdería con el 65 por ciento en contra. Son estimaciones a tomarse con pinzas, pero después de la derrota oficialista en diciembre tampoco pueden descartarse a la ligera, con un optimismo cándido, a lo Pangloss.

La situación económica es difícil, por la caída de los precios petroleros, renglón principal de los ingresos del Estado. Lo social está delicado, por la inflación del 500 por ciento anual, que el FMI proyecta hasta el 720 por ciento este año, y por el desabastecimiento que provocan los empresarios.

Maduro ha propiciado remedios que hasta ahora han dado resultados módicos, aunque pueden mejorar, como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en manos del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Busca atacar el desabastecimiento y evitar las colas para adquirir alimentos y otros bienes de primera necesidad, que escasean. Y algunos golpes se vienen dando a empresarios de Fedecámaras, presidida por Lorenzo Mendoza. El dueño de la cadena alimentaria Polar se quejó que en un procedimiento en locales suyos el gobierno le había incautado 14.000 kilos de mercaderías.

El gobierno tiene que curar, y no es nada fácil, el burocratismo que socava sus bases de sustentación. El presidente lo puso como blanco en su discurso del 1 de setiembre. Es un enemigo interno y corrosivo, alimentado por la boli-burguesía, o sea la burguesía que posa de bolivariana pero especula como la que más.

Si no conjura la inflación y la escasez, y si no logra un mejor funcionamiento de su gobierno, Maduro podría sufrir derrotas, electorales o golpes. La ola conservadora en la región muestra combinaciones fatales de recetas que el “gran chef” Washington viene probando con éxito.