Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
El 15 de diciembre de 1999 ocurrió en Venezuela el peor
desastre natural de su historia, cientos de toneladas de piedras y árboles
cayeron desde la montaña hacia la costa oriental del Estado Vargas, causando
destrucción y muerte al paso de las aguas que bajaron con furia inusitada
después de un día en que los pluviómetros marcaron en un día la misma cantidad
de lluvia caída que la de todo un año normal. Se calcula que hubo alrededor de
25.000 muertos, aunque esa cifra nunca ha podido ser corroborada
Ese día también hubo elecciones: se votaba en referéndum
para aprobar la nueva Constitución que había sido redactada tras largos meses
de duro trabajo. Por ello, en cumplimiento del “Plan República” que conmina a
la Fuerza Armada a prestar apoyo y seguridad al ente electoral, los militares
estaban desplegados a lo largo y ancho del país. Fue un hecho providencial,
dado que el terrible impacto del desastre natural, pudo tener una respuesta
inmediata de parte de la institución castrense después de recibir la orden del
Presidente Chávez de volcarse en la ayuda de la población. Tal vez por primera
vez en la historia, la ciudadanía percibió que la institución armada era amiga
y cercana al pueblo. Este hecho marcó una pauta de futuro en la relación cívica
militaren el país.
Varios países amigos acudieron solidariamente en socorro de
Venezuela prestando asistencia material y humana, así mismo, casi de inmediato,
el gobierno de Estados Unidos presidido por Bill Clinton resolvió sin consultar
con su par venezolano, enviar barcos de su armada cargados de marines quienes no
se caracterizan precisamente por su carácter humanitario. El presidente Chávez
rechazó la intromisión estadounidense y no permitió que esos navíos atracaran
en los puertos del país, en una decisión que desató impúdicamente el feroz
repudio de una oposición acostumbrada a acatar la medida yanqui, aún cuando
esta fuera violatoria de la soberanía nacional.
Años después, en 2005, Naciones Unidas aprobó la “Doctrina
de la Responsabilidad de Proteger” como instrumento para “intervenir
humanitariamente” en aquellos países en que el Estado no tiene capacidad de
impedir que su población sea objeto de crímenes graves. En el papel, dicha
doctrina aparece como un paso adelante en el acto no solo de proteger a las
víctimas, también en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional
cuando la violación sistemática de derechos humanos puede conducir a la grave
alteración de la situación política de un país, incluso con el peligro de que
tal situación supere las fronteras nacionales. Hasta ahí, todo está bien, pero
cuando se vive en un sistema internacional bajo la égida dictatorial de las
cinco potencias que ocupan puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de la
ONU, tal instrumento solo sirve -como tristemente han demostrado los hechos-
para legitimar la injerencia y la intervención en los asuntos internos de los
Estados.
El caso más elocuente en este sentido ha sido el de Libia en
2011, pero aquí, en nuestra región, un año antes en enero de 2010, las fuerzas
armadas de Estados Unidos si lograron el propósito de instalarse en Haití,
incluso ocupando el derruido palacio de gobierno, y sembrando la muerte de
decenas de ciudadanos que pululaban por las calles de Puerto Príncipe clamando
por comida y atención médica. Los humanitarios marines estadounidenses no hallaron
mejor solución que disparar a mansalva “para eliminar el problema”. Pero los
grandes ganadores de la tragedia de Haití fueron el ex presidente Bill Clinton
(el mismo que había enviado sus barcos a Venezuela) quien junto a su esposa y
actuando como Enviado Especial de la ONU, colíder del Fondo Clinton-Bush para
Haití (junto al también ex presidente George W. Bush) y copresidente de la
Comisión Interina de Recuperación de Haití, un órgano semi gubernamental de
planificación de Estados Unidos hicieran el negocio de su vida, recaudando
cientos de millones de dólares que no llegaron a las víctimas del desolado país
sino a sus arcas personales, incluso recibiendo promoción (que posteriormente
se hizo pública) de su esposa, la en ese entonces Secretaria de Estado.
Ahora, cuando se ha producido una avalancha de violentos
huracanes que han afectado la región, Estados Unidos se vale de ello para
militarizar el Caribe, recomponiendo su aparato militar y aprovechando de
entrenar a sus tropas para futuras acciones intervencionistas. No por conocido,
el método de apelar a la “ayuda humanitaria” deja de ser pernicioso: primero,
la USAID acude al país devastado, una vez que constata la insuficiencia de su
capacidad, se solicita la presencia de las Fuerzas Armadas. Vale recordar que
el presupuesto de la USAID para América Latina en el año fiscal que comenzó el
pasado 1° de octubre sufrió un recorte del 60%, mientras que el del Pentágono
creció en un 10%.
En este caso 300 marines dislocados en Honduras, fueron
movilizados para “brindar apoyo” al Caribe. Aunque esta es teóricamente una de
las misiones del Comando Sur, en la historia y en el pensamiento de los pueblos
de la región está presente que la tal ayuda humanitaria es uno de los tantos
subterfugios de Estados Unidos para consolidar su posicionamiento militar en
regiones donde necesita establecer una presencia de carácter estratégico. El problema fundamental es que la estancia de
la armada de Estados Unidos en algunos casos no se justifica, cuando lo que
realmente se necesitan son médicos, rescatistas y personal de apoyo logístico
especializado, no tropas capacitadas para invasiones, ocupaciones, desembarcos
o incursiones como los son las fuerzas de infantería de marina de la Armada de
Estados Unidos. Por ejemplo, se ha informado que una de las unidades
movilizadas hacia Puerto Rico es la 101 División Aerotransportada (DAT) la que
junto a la 82 División Aerotransportada configuran las fuerzas de intervención
militar de élite. En sus 75 años de existencia la 101 DAT jamás ha cumplido una
misión de este tipo, mientras que si se le ha conocido por ser ariete de las
agresiones militares estadounidenses en Vietnam, Laos, Afganistán e Irak.
La aceptación de estas operaciones a través de las cuáles el
Pentágono se ofrece para conceder ayuda transitoria, se ejecutan a partir de la
instalación de Centros de Emergencia Regionales, que se transforman en la
mampara preferida para incoar e establecimiento de bases militares de tiempo
completo.
En el caso de Puerto Rico, además, el gobierno
estadounidense y los militares que controlan el poder en ese país, han decidido
desplegar aviones, helicópteros y barcos de la Armada, procedentes de doce
estados de la unión americana, destacando entre ellos el buque de asalto
anfibio USS Kearsarge, que se encarga de inspeccionar las costas para ubicar
probables puntos de desembarco, así mismo 20 unidades de aviación, infantería de marina y logística conforman el
contingente militar enviado a Puerto Rico ante las mermadas capacidades de la
USAID y los mecanismos civiles de real ayuda humanitaria.
La opinión pública puertorriqueña no ha tardado en
manifestar su preocupación por la probable temporalidad de la presencia de
estas fuerzas militares en la isla, y no han dudado en expresar la inquietud
que desata la posibilidad de una larga estadía del ejército imperial en este
país, colonia de Estados Unidos. La imagen de Haití tras el terremoto de 2010
está presente en el imaginario del pueblo borincano donde como recuerda
Francisco Santiago, Copresidente del Movimiento Independentista Nacional
Hostosiano (MINH) “estuvieron mucho tiempo dirigiendo el país”. Esta situación
acaecida en Haití, establece un paralelo con Puerto Rico donde ha sido
designado el Teniente General Jeffrey Buchanan a cargo de las operaciones para
el manejo de la emergencia, con lo que además del control financiero directo de
Estados Unidos al país, ahora ha sumado también un gobernante militar de facto
ejerciendo la supremacía sobre la sociedad boricua.
Estas operaciones, vienen a complementar una serie de
acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, que llegó incluso a
consumarse en la amenaza del presidente Trump de intervenir militarmente en el
país. Además de este despliegue bélico inusitado, en junio del presente año se realizó
en las cercanías de las costas de Venezuela el ejercicio militar y naval
Tradewinds 2017 con la participación de 18 países, bajo conducción del Comando
Sur de Estados Unidos, también presentado como "una maniobra multinacional
de seguridad marítima y respuesta a desastres en el Caribe”.
Sin embargo, la vida se encargó muy pronto y de forma
lamentable de demostrar que tras el paso de los huracanes Irma y María, la tan
cacareada ayuda humanitaria de Estados Unidos se ha reducido a publicidad en
las redes sociales, a un apoyo retórico que no se ha manifestado en la
práctica, y que además está totalmente alejado de las capacidades y las
potencialidades económicas del país del norte, desnudando con ello, su
verdadera catadura intervencionista y su desinterés en los pueblos de América,
si no es con ánimo agresivo y expoliador.
En el ámbito más amplio estas acciones se inscriben dentro
de la Operación Venezuela Freedom 2, elaborada e implementada por el Comando
Sur, la OEA y el grupo de países autodenominados “Perritos simpáticos en la
alfombra” constituido por 13 gobiernos de la región subordinados políticamente
a Estados Unidos.
sergioro07@hotmail.com
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