Por Sergio Ortiz:
Después de las negociaciones y concesiones de rigor,
diputados del gobierno y la oposición macrista votaron en alegre unidad la ley
para negociar y pagar la deuda pública en dólares. De investigarla, nada. Tudo
bem. Tudo legal.
Argentina sigue dando sorpresas. Era difícil pronosticar que
la apocalíptica Elisa Carrió votara a favor de la pomposamente llamada “ley de
restauración de la sostenibilidad de la deuda pública extranjera”. El proyecto
enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán fue recibido el martes 28 en
la Comisión de la Cámara Baja y con dictamen favorable pasó al plenario, que la
votó masivamente al día siguiente. Ese miércoles 29 hubo tres votaciones para
asuntos que tienen mucha vinculación entre sí.
Primero se avaló el Expediente 0073-S-2019, autorizando el
ingreso de tropas extranjeras y la salida de efectivos propios. La luz verde
fue para la entrada de 5.330 norteamericanos y un portaaviones, que sumarán
como reclutas a 130 locales en el ejercicio aéreo y naval “Gringo gaucho”. Y también
para que se realicen los operativos Unitas, igualmente navales, que EE UU viene
haciendo en la región desde poco después de la irrupción de la revolución
cubana. El sentido pronorteamericano de esas maniobras militares está a la
vista. Resultaría redundante decir que no apuntan a ejercitar a nuestra marina
con vistas a recuperar las Malvinas…
Esa autorización tuvo el voto favorable de 214 legisladores
de diversas bancadas, y solamente 2 se opusieron, del FIT. Si Nicolás del Caño
y Romina del Pla hubieran dicho “son lo mismo” no habrían faltado a la verdad.
Después de esta muestra de buena voluntad hacia Washington
en un tema estratégico, los legisladores analizaron la ley enviada por
Economía. Faculta la negociación y autoriza el pago de los bonos de la deuda
externa en moneda extranjera, para lo cual se utilizó un decreto de Mauricio
Macri del año 2017 convalidando la prórroga de la jurisdicción extranjera. Si
no hubiera acuerdo los acreedores llevarían el diferendo a la justicia
neoyorquina que tan mal nos trató con el juez Thomas Griesa y sus fallos a
favor de los “fondos buitres” de Paul Singer.
Otra vez se comprobó la vigencia del teorema de Baglini:
mientras los opositores más se acercan al gobierno, más se alejan de sus
propuestas más radicalizadas. En la campaña electoral de 2017 era común
escuchar a los candidatos de Unidad Ciudadana y a CFK cuestionar en duros
términos el endeudamiento externo. Y en la elección de 2019 hubo críticas más
duras del Frente de Todos, de Cristina y Alberto Fernández, contra el híper
endeudamiento macrista.
Sin chistar
Esas críticas fueron muy fuertes contra el crédito del FMI
en 2018 por 57.000 millones de dólares, que omitió los pasos administrativos y
legales. Esos fondos, de los que se entregaron efectivamente 44.000 millones,
sirvieron para la fuga de capitales y para financiar “la campaña electoral más
cara de la historia”, según cuestionó AF antes y después de las PASO de agosto.
En ese momento, Fernández involucró a las autoridades del
Fondo como corresponsables de esa deuda espuria. Las acusó que sabían que esos
fondos tendrían dos destinos: fuga y financiación de la reelección de Macri.
Como diputado nacional Axel Kicillof fue uno de los más
incisivos en objetar la forma y el fondo de aquel endeudamiento. A mediados de
2017, las críticas se habían mezclado con las burlas para con el bono a 100
años por 2.750 millones de dólares emitido por el ministro de Hacienda, Luis
Caputo.
En un giro copernicano, o baglinesco, el gobierno peronista
redactó la ley de título tan rebuscado y anudó las alianzas con la oposición
derechista para votarla. Y ese fue el resultado, pues la Cámara la sancionó con
224 votos a favor, sólo dos en contra, del FIT y una abstención, en tanto 29 se
ausentaron al momento de votar, entre ellos dos diputados del PCR-Frente de
Todos.
Cuando el Senado la convierta en ley, los acreedores
extranjeros tendrán despejada la duda central, si es que la conservaban: el
gobierno no investigará ni auditará ni menos repudiará parte alguna de la deuda
externa. E irá a negociar a Nueva York y Washington, con algunas paradas
previas en Buenos Aires, por ejemplo, con la misión del Fondo que vendrá el 12
de febrero. El gobierno pedirá suspender tres años el pago del capital y alguna
rebaja de los intereses que sí se pagarán, más una leve reprogramación de sus
vencimientos.
Si a juicio de los acreedores esos pedidos fueran muy
exagerados, tendrían dos cartas muy fuertes a jugar. Una es la amenaza de lo
que Fernández y Guzmán juzgan como catástrofe: la caída de Argentina en
default. La otra es ir con ese diferendo ante Loretta Preska, jueza de Nueva
York que en 2018 reemplazó al muerto Griesa.
Así los bonistas privados y organismos financieros
internacionales acorralan y ponen en jaque al presidente argentino, quien no
piensa patear ese tablero de ajedrez. Su plan es presentar un frente interno lo
más unido posible, incluyendo al macrismo, radicales y Carrió, como se vio el
miércoles a la hora de los discursos y en los números finales de la pizarra.
Esa sumatoria fue consecuencia de negociaciones previas entre Sergio Massa,
Máximo Kirchner, Wado de Pedro y otros operadores del gobierno, con los gobernadores
de la oposición como Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, el jefe de gobierno de
CABA Horacio Rodríguez Larreta y los referentes opositores Mario Negri y
Alfredo Cornejo, entre otros.
A cada uno lo suyo
Cada parte se llevó su tajada. El gobierno peronista tuvo el
voto opositor para exhibir ante el Fondo un respaldo “nacional”.
Los opositores festejaron la creación de una mesa de trabajo
para que las provincias negocien con Nación el vencimiento de sus deudas, que
buscan demorar hasta 2024. Y también se alegraron con la tercera votación de
ese miércoles: el Consenso Federal.
En 2016 Macri había firmado el Pacto Fiscal con los popes
del interior que debían bajar los impuestos brutos, al mismo tiempo que caerían
sus ingresos por la baja de impuestos como el IVA a los alimentos. Ahora los
gobernadores arreglaron con Fernández el Consejo Federal para anular lo pactado
con MM. El problema no era esa rebaja puntual del IVA, ya vencida, por lo que
los precios de alimentos volvieron a empinarse y proporcionar más plata a las
arcas provinciales. El tema era la baja de los Ingresos Brutos. Diputados votó
anular aquel compromiso y las provincias volverán a subir esos impuestos; esto
no significará mucha abundancia de recursos por lo súper endeudadas que están, en
particular algunas como Córdoba, con el 90 por ciento de su rojo en moneda
extranjera.
La votación sobre el Consenso Federal fue mayoritaria, pero
no tanta como en materia de deuda externa: 157 a favor y 54 en contra.
Entre esos últimos estuvo Carrió que insistió en bajar
Ingresos Brutos para favorecer supuestamente a las Pymes. En cambio, fue
memorable su discurso llamando a votar “por unanimidad” la negociación y pago
de la deuda eterna. Dijo la matrona del ARI-CC: “hay momentos de un país donde
todos debemos estar unidos. Como se dijo acá, el presidente está facultado.
Nosotros le tenemos que dar una fuerza conjunta al ministro de Economía, que
hoy está en Washington”.
Si la abrumadora mayoría de los 116 diputados del
interbloque de Cambiemos presidida por Negri, o sea los del PRO, radicales y
lilitos, engrosó semejante ley de negociación y pago de la deuda externa,
entonces es muy difícil justificar esa norma como nacional o patriótica. Habrá
que convenir en que ese sector político mantuvo cierta coherencia, al endeudar
al país y ahora favorecer una negociación de lo que consideraron una deuda
perfectamente legal. Ellos aplaudieron la “integración al mundo” y los acuerdos
con madame Christine Lagarde, que prestó la suma más importante de la historia
de la entidad por el supuesto prestigio del gobierno de Macri-Michetti.
En todo caso la incoherencia campea en el peronismo, que
denunció en todos los tonos ese endeudamiento y advirtió contra sus
consecuencias calamitosas para el país. Los últimos datos conocidos del INDEC
confirman esas denuncias, pues entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas,
sobre todo chicas y medianas. También se supo de la misma fuente oficial que se
perdieron 234.0000 empleos en el sector privado, de los que 170.000 fueron en
la industria.
Así las cosas, no se debía aceptar negociar y pagar sin
chistar ni auditar ni investigar una deuda denunciada política y judicialmente
de odiosa e ilegal.
En cambio, el ministro Guzmán prefirió los desayunos con la
banquera Susan Segal y 50 miembros del Consejo de las Américas, como Pablo
Golberg, del fondo Blackrock; Gerardo “Gerry” Mato, presidente para América
Latina de HSBC; Eduardo Eurnekian de Corporación América y representantes de
Bank of America y JP Morgan.
Todas las fichas se apuestan a giras presidenciales para
estrecharse en abrazos con Benjamin Netanyahu, y ahora con el Papa y las
autoridades italianas, alemanas, francesas y españolas, pidiendo auxilio.
Salvo el viaje a Israel, el resto de la diplomacia no es
objetable. El problema no son esas escalas europeas sino el destino final del
viaje: Washington, FMI y Casa Blanca. Ahí esta vez no aceptarán sonrisas ni
palabras. Querrán dólares.
ortizserg@gmail.com
