Por Carlos Flanagan:
La violencia que sigue instalada en Colombia desde hace
décadas y la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, sindicales y ex
combatientes de la guerrilla luego y a pesar de los acuerdos de paz firmados,
violentan toda conciencia democrática y de justicia.
En lo que a mi respecta, me duelen particularmente; ya que a
algunas y algunos de ellos los pude conocer en instancias de encuentros
internacionales en las últimas décadas.
La realidad colombiana vuelve a estar en las noticias a raíz
del anuncio hace pocos días de Iván Márquez y algunos otros dirigentes de las
FARC (Jesús Santrich y Hernán Darío Velázquez) de que, ante los incumplimientos
por parte del gobierno de muchos aspectos de los acuerdos de paz y los
reiterados asesinatos, retomaban la lucha armada (defensiva) nuevamente como
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP).
Por otro lado, Rodrigo Londoño continúa presidiendo el
partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) creado en
agosto del año 2017, luego de la firma de los acuerdos de paz en 2016, que
rechazó enfáticamente la decisión hecha pública por Iván Márquez y reafirmó la
apuesta por la paz y el cumplimiento de los compromisos emergentes del Acuerdo
de Paz firmado.
El contexto histórico, formas y contenidos
Colombia es el país en nuestro continente con mayor
continuidad democrática en el plano institucional con partidos políticos muy
antiguos, como el Liberal (1848) y el Conservador (1849). Sólo tenemos partidos
de similar antigüedad en Estados Unidos: Demócrata (1824) y Republicano (1854)
y Uruguay (Colorado y Nacional ambos en 1836).
Sin embargo, desde hace muchas décadas esa “continuidad
democrática pactada” de carácter formal, convive con una realidad social con un
contenido de violencia inusitado.
Un caso emblemático fue sin duda el magnicidio de Jorge
Eliécer Gaitán; parlamentario que encabezó el ala de izquierda del Partido
Liberal, siendo candidato presidencial en las elecciones de 1946 y seguramente
próximo ganador de las siguientes elecciones en 1950.
El 9 de abril de 1948 es asesinado (un plan orquestado por
la CIA). La respuesta fue el alzamiento popular llamado el “bogotazo” y de ahí
en más se abre un capítulo histórico denominado “la violencia” en el cual en
una década se estima que murieron entre 200.000 y 300.000 personas y emigraron
más de 2 millones de personas (casi la quinta parte de la población de esa
época).
En el ámbito rural imperaba la violencia de los
terratenientes contra los campesinos, con el consiguiente desplazamiento
forzoso y la usurpación de sus tierras.
Como respuesta a esta situación surgen a lo largo de los
años distintas organizaciones de autodefensa campesina de diversos signos
políticos; desde liberales hasta comunistas.
Por ende, el establecimiento de muchas zonas rurales
liberadas, como la Marquetalia de Manuel Marulanda, “Tirofijo” o el nacimiento
de las propias FARC en 1966, no es fruto de una casualidad, sino que por el
contrario es una consecuencia histórica de todo este largo proceso de
violencia.
Los acuerdos de paz; un largo proceso
Por los motivos arriba esbozados, el proceso de
conversaciones fue largo y complejo.
Se inició con una ronda de diálogos entre la delegación del
gobierno presidida por Juan Manuel Santos y la delegación de las FARC-EP que se
dio en llamar Encuentro Exploratorio y tuvo lugar en La Habana entre el 23 de
febrero y 26 de agosto de 2012.
Ese día se firmó un Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ante delegados de la
República de Cuba y el Reino de Noruega que de ahí en más se constituyeron en
garantes del proceso.
La agenda pautada en este Acuerdo General indicaba la
constitución de una Mesa de Conversaciones. La misma comenzó a sesionar en Oslo
el 18 de octubre de 2012, para luego pasar a funcionar en La Habana durante
cuatro años. En ese lapso se fueron abordando todos los puntos de la agenda de
negociaciones para así llegar a la firma del “Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” el día 24 de
agosto de 2016.
Se estableció que este Acuerdo debía ser sometido a
ratificación mediante plebiscito, previsto para el 2 de octubre siguiente. El
triunfo del no a su ratificación obligó a renegociar y volver a redactar
algunos de sus artículos. Finalmente, el 24 de noviembre se procedió a la firma
de las modificaciones realizadas. Y entre el 29 y 30 de noviembre fue aprobado
el Acuerdo definitivo por la Cámara de Senadores y de Diputados.
A partir del 1º de diciembre de 2016 dio comienzo el proceso
de desmovilización y entrega de las armas a la ONU que finalizó el 26 de
setiembre de 2017 cuando la Primera Misión de Verificación de ONU culminó sus
actividades. De esta forma se estaba en condiciones de iniciar la
reincorporación social, económica y política a la vida civil por parte de los
ex combatientes.
El cumplimiento de los Acuerdos
En agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación
Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz emitió el primer informe al
Congreso. Es un extenso documento de 344 páginas en el cual se aborda y analiza
el estado de situación de seis puntos:
1) Reforma
rural integral.
2) Participación
política.
3) Fin del
conflicto.
4) Solución
al problema de drogas ilícitas.
5) Sistema
integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición.
6) Implementación,
verificación y refrendación.
Se puede afirmar que en general los resultados obtenidos en
los puntos mencionados han sido claramente insatisfactorios; sea por motivos de
insuficientes recursos presupuestales dotados por el gobierno para la
implementación de las medidas, la ausencia de informes periódicos de la
implementación física y financiera de los términos del Acuerdo que diera por
resultado hojas de ruta claramente definidas, la ausencia de indicadores en el
PMI (Plan Marco de Implementación) o la descoordinación entre distintas
instancias institucionales del Estado.
Sólo a modo de ejemplo en la reforma rural existe una gran
lentitud en el otorgamiento de tierras a los solicitantes.
En la participación política los partidos de oposición
consultados denunciaron amenazas a sus
miembros. No se dieron espacios adicionales en medios de comunicación por parte
del Consejo Nacional Electoral según lo acordado. Es uno de los puntos que
presenta mayor retraso en su ejecución.
Por su parte el partido político FARC (Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común) tuvo una baja votación en las elecciones
parlamentarias de 2018 (52.092 votos para la Cámara de Senadores y 32.636 para
la Cámara de Representantes) que de por sí no le otorgaba ninguna banca. Sin
embargo, por lo establecido en el Acuerdo de Paz, le correspondieron 5 bancas
en cada Cámara.
Desde la firma del acuerdo a la fecha del informe, 134 ex
integrantes de las FARC fueron asesinados. El 70% de esos asesinatos se
perpetraron en territorios en donde se implementan programas para la seguridad
producto de los Acuerdos de Paz.
En lo que respecta al encare del problema de las drogas
ilícitas, se fracasó en la política de disminución de áreas de cultivo y de
apoyo a las familias que decidieron abandonar esos cultivos.
En conclusión, los resultados hasta ahora en la
implementación concreta de las disposiciones del Acuerdo de Paz son totalmente
insuficientes. La violencia paramilitar continúa y sigue impune.
Una dolorosa escisión
El 29 de agosto, Iván Márquez – quien fuera jefe de la
delegación de las FARC – EP durante el proceso de negociaciones para el Proceso
de Paz, Senador designado en la cuota de 5 que le correspondía al Partido FARC,
con paradero desconocido desde hacía un año, aparece en un video anunciando que
junto a un grupo de dirigentes (Jesús Santrich, Romaña, el Paisa entre otros) y
ante los incumplimientos del gobierno de los compromisos del Acuerdo de Paz
decidieron retomar las armas (esta vez en una lucha defensiva) como FARC-EP.
El mismo día el Consejo Político Nacional del Partido FARC
emitió un comunicado por el cual rechaza la decisión de esos exdirigentes,
manifestando que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye
una equivocación delirante” y que “los firmantes de la alocución rompieron
públicamente con nuestro partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las
consecuencias de sus actos.”
Afirman que “es cierto que el cumplimiento de los Acuerdos
por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos
pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan
importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado.
Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente
la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el
camino.”
Tal como lo señalamos en el capítulo anterior, del propio
detallado informe de la Procuraduría General de la Nación Delegada para el
Seguimiento al Acuerdo de Paz surge de manera inequívoca y por diversos motivos
explicitados en él, la lentitud en el cumplimiento de los planes emergentes del
Acuerdo.
Si bien podría entenderse que ante este panorama de
incumplimientos un grupo de ex dirigentes guerrilleros, agotada su paciencia,
hayan entendido que no hay más alternativa que volver a las armas, la gravedad
del tema en cuestión y sus posibles consecuencias ameritan un análisis sereno y
detenido.
Lo primero a considerar es que es un diferendo doloroso
entre compañeros; militantes revolucionarios honestos y convencidos en sus
posturas.
Muchos medios de la derecha no tardarán en catalogar de una
forma aparentemente simplista (pero maquiavélica en el fondo) este diferendo
como “entre malos y buenos”.
Consideramos que la actitud de volver a empuñar las armas
puede entenderse, pero no justificarse, por varias razones.
Luego de décadas de enfrentamiento armado tanto el gobierno
colombiano como las FARC-EP llegaron a la conclusión de que ninguno de los dos
podía llegar a triunfar por la vía militar; lo que evidenció la necesidad de
iniciar un diálogo conducente a un proceso de abordaje de una agenda temática
hacia un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades y abriera las perspectivas
de paz con reinserción social y política.
Cabe preguntarse entonces, ¿a quién beneficia políticamente
esta decisión de volver a las armas?
Sin duda alguna al presidente Iván Duque y a toda la
oligarquía colombiana.
Duque es un títere de Álvaro Uribe Vélez quien con el apoyo
de Estados Unidos mueve los hilos de su política guerrerista y de apoyo a los
paramilitares con objetivos muy claros:
• que
Colombia sea, encabezando el Grupo de Lima, el contrapeso de derecha funcional
al imperialismo de todo gobierno progresista en el continente. Una suerte de
Israel en América del Sur.
• Ser la
plataforma de lanzamiento de una provocación armada contra Venezuela,
posiblemente en la zona fronteriza. Duque ya está preparando el terreno cuando
no perdió tiempo en acusar al presidente Nicolás Maduro de encubrir al grupo
guerrilleros de Iván Márquez. No sería de extrañar que mediante el expediente
de “falsos positivos” - método que tanto conocen y aplican los servicios
colombianos – les dé el pretexto para ingresar en territorio venezolano.
Para ello posiblemente cuenten y contarán con el silencio
cómplice de la OEA y en particular de su Secretario General Luis Almagro.
El deber de defender la paz.
Será tarea de los países democráticos y progresistas
plantear en los organismos internacionales la necesidad de que el gobierno
colombiano acelere y garantice el cumplimiento de las tareas previstas en el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera y ofrecer los buenos oficios de acompañamiento de la
comunidad internacional para ello.
Ahora bien; hay una tarea que es materia privativa del
pueblo colombiano: la paciente construcción de la unidad.
Por un lado, la unidad del movimiento social, del movimiento
sindical.
Pero además trabajar duro en pos de un acuerdo de unidad de
todos los partidos de izquierda y progresistas en base a un programa mínimo de
consensos políticos contra el neoliberalismo, por la justicia social, una
política exterior soberana y en defensa del proceso de paz.
Es la hora de que las fuerzas políticas se den la
oportunidad de debatir fraternalmente sobre lo que los une a corto y mediano
plazo en aras de poder caminar juntos.
Y por una vez hacer el ejercicio de dejar de lado por un
momento las eternas discusiones sobre diferencias filosóficas de corte
finalista a las que la izquierda lamentablemente ha sido y es tan afín en todo
tiempo y lugar.
Sólo así podrán acumular fuerzas y afrontar juntos próximas
instancias electorales con posibilidades de lograr el triunfo que el pueblo
colombiano espera y merece. -
carlos.flanagan@gmail.com
