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viernes, 25 de septiembre de 2020

Juicio en Londres para ver si lo extraditan o no a EEUU

 

 Por Sergio Ortiz:

La víctima es Julián Assange y la libertad de prensa. Desde el 7 de septiembre pasado se reanudó el juicio de extradición de Julián Assange en Londres. Estados Unidos quiere extraditarlo, juzgarlo y condenarlo a 175 años de cárcel.

Aunque es un personaje conocido internacionalmente, vale la pena recordar quién es Julián Assange. Tiene 49 años de edad, australiano y en 2010 se hizo muy conocido porque su sitio WikiLeaks publicó centenares de miles de cables secretos del Ejército norteamericano. Esa info dejaba en claro las matanzas cometidas por esas fuerzas en Irak y Afganistán, las torturas en esas cárceles secretas y en la que usurpan en Guantánamo (Cuba).



También, sin tanta sangre derramada, una parte de lo filtrado correspondía a lo que las embajadas de EE UU alrededor del mundo enviaban al Departamento de Estado, con las informaciones de sus tratos con los respectivos gobiernos y las oposiciones en cada país. Aunque no viene estrictamente al caso del juicio, varios políticos de Argentina quedaron escrachados por sus obsecuencias ante los embajadores de USA en Buenos Aires. Uno de los más arrastrados, Sergio Massa (ver el libro ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell).

Las masacres cometidas por los estadounidenses en aquellos frentes de guerra correspondieron en su mayor parte a administraciones republicanas como la de George W. Bush. También fueron continuadas por la otra rama bipartidista, demócrata, de Barack Obama.

Eso se reflejó en que la demanda norteamericana por encarcelar de por vida al periodista australiano fue un deseo compartido de republicanos y demócratas. En 2010 estaba Obama en la Casa Blanca y ya venía incumpliendo su promesa de cerrar la cárcel ilegal de Guantánamo. En ese tiempo comenzó la persecución contra Assange, con una denuncia por supuesto abuso sexual formulada por dos mujeres en Suecia. Como el denunciado vivía en el Reino Unido, Suecia motorizó la primera demanda de extradición, pero el verdadero motor de aquel pedido era Washington. La idea era que Londres lo deportara a Suecia y de allí se lo fletaran a la seudo democracia del Norte.

En ese momento Assange fue brevemente detenido y concedida su libertad condicional. Luego, ante el fallo de la Corte británica para su extradición, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. El entonces presidente Rafael Correa le concedió el asilo en junio de 2012. Incluso esa Revolución Ciudadana le otorgó la ciudadanía, pero ni así consiguió Assange que el Reino Unido de los sucesivos gobernantes conservadores David Cameron y Theresa May le dieran permiso para viajar a Quito. Tampoco lo habría hecho Boris Johnson, asumido en 2019, cuando el asilado ya había sido retirado por la policía británica de aquella embajada, el 11 de abril de ese año.

¿Qué había sucedido? Que el traidor “Kautsky” Moreno recibió el 11 de marzo de 2019 un crédito de 4.000 millones de dólares del FMI y unos días después revocó el asilo a Assange y permitió que la policía lo detuviera. En esa embajada londinense el periodista estuvo encerrado, controlado y espiado por casi 7 años. Delicias del capitalismo del Primer Mundo y sus democracias occidentales y cristianas.

El juicio

Las causas truchas abiertas en Suecia fueron cerradas dos veces, la última en noviembre de 2019. Y quedó en pie la verdadera e interesada extradición: la yanqui. En junio de 2019 el gobierno británico había aceptado ese pedido de extradición y transcurrieron varios meses de recursos y preparación del juicio. Assange aguardó preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, con un estado de salud muy precario por tantas injusticias sufridas y duras condiciones de encierro.

En febrero de este año comenzó ese juicio, donde EE UU reclamaba la remisión del prisionero argumentando la comisión de 18 delitos, como violación de la ley de espionaje y seguridad nacional. James Lewis, funcionario judicial estadounidense, fue designado fiscal en este juicio por el procurador de Justicia de Trump, William Barr.

El proceso había comenzado en febrero pasado, pero se suspendió por el Covid-19. Se reanudó el 7 de septiembre presidido por la jueza Vanessa Baraitser, derechista y conservadora, y durará hasta el 25 de septiembre. Cualquiera sea el fallo, habrá apelaciones que llegarán hasta la Corte Suprema británica, por lo que el desenlace sería en 2021.

Pocos días antes que recomenzara este proceso, el procurador yanqui Barr presentó nuevos cargos de intrusión, que agravan los 18 preexistentes. ¿Será que los 175 años de cárcel serían insuficientes para este Donald Trump recargado?

Lo bueno es que los primeros testigos en el juicio hablaron alto y claro a favor del periodista.

Primero testimonió por la defensa Mark Feldstein, profesor de periodismo de la Universidad de Maryland. Dijo que las acusaciones contra el informático tienen motivaciones políticas y que su extradición constituiría una barbaridad. Abundó con que en EE UU no existían precedentes de que un periodista hubiese sido juzgado por publicar información clasificada y se amparó en la Primera Enmienda de la Constitución.

Luego fue el turno de Daniel Ellsberg, un exanalista de las Fuerzas Armadas de EE UU que en 1971 filtró los “Papeles del Pentágono”. Gobernaba Richard Nixon cuando él envió 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y al Washington Post. Esos papeles demostraban que Nixon sabía que no ganaría la guerra, pero la continuó con el resultado previsible de miles de muertos propios.

Este testigo habló a favor de Assange acusado y defendió a su fuente, la ex soldado Chelsea Manning. También refutó al fiscal yanqui Lewis, quien había hablado de un “buen Ellsberg y un mal Assange” respecto a poner en riesgo a informantes secretos. Dijo que él también en 1971 puso en riesgo a un agente porque optó por dar todo el material y no alterarlo.

Un buen argumento de la defensa de Assange, donde está el exjuez Baltasar Garzón, es que las denuncias de WikiLeaks no provocaron la muerte de nadie. Más aún, se desenmascaró cómo un imperio y sus tropas causaron en Irak y Afganistán 37 millones de refugiados y más de un millón de muertos. Y todo por la búsqueda del control del petróleo iraquí, con acusaciones falsas de armas de destrucción masiva y otras mentiras. Todo eso fue desenmascarado por Assange. Ahora se lo están haciendo pagar en vida.

Este caso divide aguas. Unos 167 políticos del mundo firmaron una carta reclamando la libertad de Assange; entre otros Correa, Lula da Silva, Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Alberto Fernández, Adolfo Pérez Esquivel y muchos más. No busquen las firmas de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro: son amigos de Trump y están junto a EE UU.

También Assange divide aguas en el periodismo. Jorge Lanata supo ser un periodista de investigación. Desde que degeneró con Clarín, no firma por estas causas.

ortizserg@gmail.com

 

viernes, 11 de septiembre de 2020

Colombia Álvaro Uribe Vélez, acusado de narco-paramilitar



Por Tony López R (*):
Cuando en días pasados la prensa de los Estados Unidos publica documentos desclasificados, que el gobierno estadounidense sospechaba desde hace 20 años de los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el narco paramilitarismo, es considerar, que los colombianos y latinoamericanos somos idiotas. Todo un gran show mediático. Hace 40 años que se le hizo la primera acusación a Uribe de estar vinculado al narcotráfico.

En el año 1981 el ex gobernador del departamento de Antioquia, Iván Duque Escobar, “denunció ante el entonces presidente Julio César Turbay Ayala, que Álvaro Uribe Vélez nombrado por él como Director de Aeronáutica Civil, había otorgado una licencia al conocido narcotraficante Jaime Cardona, con el fin de trabajar la ruta aérea Medellín- Turbo, así como la construcción de pistas de aterrizaje para aviones de la mafia”.  Turbay no tomo medidas y Uribe duró en el cargo dos años. (1)


Desde entonces la sindicación de que Uribe Vélez estaba vinculado al Cartel de Medellín y a la familia Ochoa, a quien le unen lazos familiares, había sido denunciadas, tal es así, que cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenó una investigación sobre Aeronáutica Civil, comenzaron a salir informaciones sobre el tema.

El periodista colombiano Fabio Castillo en su libro “Los Jinetes de la Cocaína” dio a conocer que “Uribe le otorgo licencia a muchos pilotos de los narcotraficantes cuando era director de Aeronáutica Civil”.
El ministro Lara ordenó paralizar 30 aeronaves a los Ochoa, 10 a Pablo Escobar, 10 a Gonzalo Rodrigue Gacha “El Mexicano” y 4 a Carlos Lehder Rivas, que habían sido beneficiadas con dichas licencias.

Información aportada por el diario El Tiempo el 8 de septiembre de 1983, en la pagina 17 A, da cuenta de lo siguiente: “El Consejo Nacional de Estupefacientes, solicitó ayer a la Aeronáutica Civil suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas, propiedad de Pablo Escobar y Carlos Lehder”

Ya desde esa fecha, 8 de septiembre de 1983, en su primera página el diario El Colombiano, daba a conocer que “el gobierno de los Estados Unidos señalaba a Carlos Lehder, Pablo Escobar y Jorge Ochoa como cabecillas del cartel de la cocaína”. El 21 de abril del 2002 la unidad investigativa del periódico El Tiempo señala “que durante la gestión de Uribe comprendida desde marzo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se otorgaron 562 licencias”. “La administración Uribe de Aeronáutica también otorgo licencia de operación a 95 pistas privadas”.

Mientras que “el ministro Lara Bonilla, daba una batalla en la Cámara de Representante, para que se aprobara la ley que permitía la extradición, y denunciaba que el parlamentario Pablo Escobar, poseía tres hangares y una flotilla de aviones para transportar drogas”.

Como es sabido, el enfrentamiento del ministro de Justicia Lara Bonilla a los carteles de la droga, le costó la vida, Pablo Escobar ordenó su asesinato.

Acerca de la noticia de los vínculos de Uribe Vélez con el narco-paramilitarismo, que ahora desclasifica el gobierno de Estados Unidos, cabe preguntarse: ¿Porque en todos estos años, sí el secretario de Defensa de EE: UU Donald Rumsfeld, conocía estos vínculos mafiosos, los gobiernos de Bush y Obama, le dieron total apoyo e incluso se sirvieron de él al aceptar Uribe la entrega de su territorio para establecer 7 bases militares de EE: UU en Colombia?

Se desprende de esa conducta de la Casa Blanca: ¿complicidad o chantaje? ¿Porque ahora desclasifican y publican documentos que prueban los vínculos del ex presidente y ex senador Uribe Vélez con el narco-paramilitarismo? Es acaso una jugada electoral de Trump para presentarse como defensor de los derechos humanos y enemigo del narcotráfico, cuando la realidad ha venido demostrando una política de complacencia o tolerancia, empleando una hábil y tramposa defensa de Uribe Vélez.

Todo lo que está sucediendo es muy oscuro, el encarcelamiento domiciliario de Uribe y la maniobra de salir de la jurisdicción de la Corte a la Fiscalía, con una maniobra de Uribe al renunciar a la curul y así pasar a la justicia ordinaria quien lleve el caso, a mano  del Fiscal Francisco Barbosa, quien por su dependencia y relaciones política con Uribe fue recusado por el senador Iván Cepeda y  pese a estar recusado el  Fiscal  nombro Fiscal  para el caso de Uribe,  al Fiscal  Gabriel Jaime,  que llevó al senador Iván Cepeda a  reiterar la ilegalidad cometida por el  Fiscal Barbosa,  quien en el proceso de Uribe  debe abstenerse de actuar.  Es público que el Fiscal Jaime está señalado de uribista y por sus relaciones con el exgobernador del Magdalena, Trino Luna y sus vínculos con el paramilitarismo.

Por otra parte, el escándalo con el incumplimiento de la orden judicial del tribunal de Cundinamarca al gobierno de Duque porque desconoció al senado, como manda la Constitución de ingreso de tropas militares extranjeras a territorio colombiano. Lo cierto es que el gobierno sigue incumpliendo y el senador Iván Cepeda denuncia que siguen ingresando tropas estadounidenses, sin la aprobación del senado y violando la Constitución.

La negativa de Estados Unidos en extraditar al capo narco-paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, con el argumento de que hubo errores de procedimiento en la solicitud de extradición del gobierno de Colombia y que por esa razón fue extraditado a Italia, cuando era conocido que Mancuso había manifestado su disposición a declarar todo lo que conocía del comprometimiento de Uribe con el paramilitarismo y las masacres cometidas en Colombia.

El gobierno de Donald Trump será señalado de cómplices   al apoyar y admitir la impunidad con la que el gobierno de Iván Duque está actuando en el caso del ex presidente Uribe Vélez, en un tema tan sensible como el paramilitarismo y el narcotráfico, lo que se agrava con las 43 masacrases que se han cometido en lo que corre de este año, que involucra en algunas de ellas a las FF: MM. Por cierto, no es descartable que los líderes del partido demócrata pueden utilizar estos elementos en la campaña contra Trump.

A este escándalo se enfrenta el gobierno colombiano en medio de una crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia que azota a la humanidad y que en Colombia ha cobrado la vida de más de 22 mil fallecidos y los más de 600 mil infestados por una negligente e insensible política del Presidente Duque, que se ha dedicado a buscar salida, como bien se dice, en el argot mafioso colombiano, al caso de su patrón.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

Biografía no autorizada de Álvaro Uribe. Ed Oveja Negra 2002. Pag 7-8 y 15. Josef Contreras y F. Garavito.
jorgarcia726@gmail.com