Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
El desarrollo de los hechos va develando la trama, lo más
relevante es que se está sabiendo a través de las declaraciones de los propios
actores, los que por impericia, estupidez o arrogancia van dando a conocer
piezas del rompecabezas que es necesario ir armando.
El Plan Colombia por un lado, así como las gigantescas
ganancias producidas por el narcotráfico por otro, han mostrado una economía
colombiana ficticia, que solo tenía cierto respiro por estos dos factores, que
no podían ser contabilizados formalmente como parte del “esfuerzo nacional a
favor del desarrollo y el progreso”. Hay que recordar que la década de los 80
del siglo pasado, considerada como “perdida” para América Latina por los
economistas y las organizaciones internacionales, tuvo crecimiento negativo
para todos los países de la región, menos para Panamá, que tuvo crecimiento
cero, Cuba: un 3%, todavía integrando el Consejo de Ayuda Mutua económica
(CAME) conformado por los países socialistas y…Colombia, que creció 9%, algo
solo explicable, -según los economistas- por la gigantesca reinversión en el
país de los recursos de la industria del narcotráfico.
La última década del siglo pasado introdujo el Plan Colombia
en la realidad del país, como instrumento ilegal que violaba el artículo 341 de
la Constitución Nacional, al crear un documento paralelo al Plan Nacional de
Desarrollo, el cual según establece la Carta Magna debe ser elaborado por diferentes
instancias gubernamentales para ser sometido a la aprobación del Consejo
Nacional de Planeación. Así, al margen de la ley, y cediendo soberanía, (toda
vez que como contraprestación, Colombia debió aceptar la presencia de las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su territorio sin autorización del
Congreso) la oligarquía colombiana se entregó al festín que significaba recibir
miles de millones de dólares de Estados Unidos, la “ayuda” más alta de este
país a otro del hemisferio occidental y una de las de mayor cuantía en el
mundo. La realidad era que si Estados Unidos hubiera querido “apoyar” a
Colombia, hubiera suprimido su política proteccionista que impedía o
dificultaba la exportación de productos colombianos en un monto muy superior a
los recursos aportados por el Plan Colombia. Todo esto se producía durante los
primeros años del gobierno del presidente Chávez en Venezuela, cuando Andrés
Pastrana lo era en Colombia. Había comenzado la época del parasitismo
estructural de la economía colombiana que inició con la gigantesca inyección de
recursos del narcotráfico.
El Plan Colombia transformó al país y en especial a las
fuerzas armadas en devotos de los recursos, pero estos debían mostrar eficacia
en su uso para que el Congreso de Estados Unidos continuara avalando el alud de
capitales que comenzó a llegar y a modular el comportamiento de los receptores.
Así, bajo inspiración de Álvaro Uribe presidente y Juan Manuel Santos, ministro
de defensa, se diseñó la política de los “falsos positivos” que significaba
ponerle precio a la eficiencia bélica de las fuerzas armadas, cuantificada con
los muertos que se anunciaba como “guerrilleros dados de baja”, sólo que se
descubrió que tales combatientes insurgentes no lo eran, y que el parasitismo
financiero crónico condujo al asesinato de decenas de personas, solo por el
afán de obtener más recursos, poniendo en evidencia un acto de violación masiva
y continuada de derechos humanos solo permitida porque contaba con el aval de
Washington.
La reducción de los caudales internacionales para una guerra
contra el narcotráfico que acorde a la decisión de Estados Unidos no se libra
ni por un minuto en su territorio sino en los campos de los países productores,
que además de ser criminalmente regados con el glifosato asesino de plantas,
animales y el envenenamiento de las aguas que alteran la vida de campesinos que
solo obtienen el 0,4% del valor final del producto transformado en droga,
significó una alteración profunda en los mecanismos criminales del Estado
productor. Las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno colombiano
significaron una caída en el ingreso de las fuerzas armadas que recibieron otro
golpe cuando el tribunal de La Haya falló a favor de Nicaragua en la
delimitación de áreas marinas, y con ello, la ruta más importante de transporte
de la droga disminuyó ostensiblemente su funcionamiento, siendo esta vez la
marina colombiana, la que recibió el golpe. La economía se estremecía, la caída
en el gasto social fue brutal: pagaron los maestros, los miles de niños wayúu
de la Guajira muertos por inanición, los campesinos que vieron disminuidos sus
ingresos, los pobres de la ciudad y el campo que han visto extenderse la
pobreza extrema en las zonas urbanas y rurales hasta superar el 20%, las clases
medias y populares que se han hecho más pobres, todo lo cual ha sido falsamente
burlado con demagogia y con el apoyo de las noticias falsas emanadas de los
medios de comunicación como Caracol, RCN, el Tiempo y el Espectador, máximos
exponentes de la desinformación planificada desde el poder.
Cuando parecía que no había argumentos para explicar la
crisis y el incremento de la pobreza a partir de 2008 en momentos de una plena
expansión económica que no significó mayor equidad, el tema de Venezuela vino
en auxilio de la atribulada oligarquía colombiana, que imitando a su amo del
norte comenzó a tratar de superar por vía externa, la profunda inmundicia que
había creado al interior del país. Primero fue Uribe, quien en los estertores
de su mandato, se inventó unos inexistentes campamentos guerrilleros en
territorio venezolano, amenazando con una invasión para venir a combatirlos.
Sólo la firmeza del Comandante Chávez y la fortaleza de la unidad
cívico-militar en Venezuela impidieron esta locura. Las relaciones fueron
interrumpidas y el comercio bilateral seriamente afectado, creando gigantescas
pérdidas al sector productivo y exportador de Colombia con un consiguiente
desempleo y caída en los ingresos que la oligarquía no podía sostener. Por eso
desestimaron un posible nuevo período de Uribe y rechazaron a Arias quien era
el sucesor designado. Eligieron a Santos con la misión de recuperar las
relaciones con Venezuela y con Ecuador país que también había roto sus
relaciones tras ser invadido por las fuerzas armadas colombianas.
La guerra comenzó a dejar de ser un buen negocio, por eso se
le dio el mandato a Santos para que negociara la paz, había que aprovechar las
condiciones que emanaban de los TLC firmados con Estados Unidos y otros países
para incrementar ganancias, pero antes se debía modernizar el aparato
productivo y la infraestructura, sobre todo la de transporte que impedían
ampliar el comercio y las exportaciones. Desde el primer momento, Venezuela
apoyó las negociaciones de paz, no sólo eso: las incitó, las promovió, las
estimuló, sin embargo, a cambio solo recibió el desprecio de las élites
neogranadinas, todavía sedientas de poder, ganancia y sangre.
Por ello su ensañamiento con Venezuela, sobre todo el de
Santos que al igual que Obama han dedicado su Premio Nobel de la Paz a
desarrollar la guerra, como si ese fuera el sino de ese premio innoble. Y en
esa lógica, el actual gobierno colombiano encontró una nueva forma de auto
financiamiento: recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no para
pedir un crédito para su país como lo acaba de hacer Mauricio Macri, sino para
“rescatar a Venezuela”. Sin que nadie se lo pidiera, el ministro de Hacienda de
Colombia, Mauricio Cárdenas aseveró que este “plan de rescate” está pensado
“para los venezolanos (ya que) el día que Venezuela adopte las medidas
económicas correctas va a requerir una financiación adicional para poner la
casa en orden, y que la economía vuelva a funcionar”, porque “Nadie sabe cuándo
va a darse un cambio de gobierno en Venezuela pero tenemos que estar preparados
para eso”.
Si nadie sabe cuándo va a haber un cambio de gobierno en
Venezuela, uno podría preguntarse entonces ¿para qué está pidiendo esa enorme
cantidad de recursos?, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno que se
va en menos de tres meses, ¿será que necesitan dinero para la campaña
electoral? O ¿para pagarles a los maestros y campesinos burlados en
negociaciones en las que el gobierno nunca cumple? O simplemente ¿para
retirarse con un dinerillo en el bolsillo? El talante parasitario y corrupto de
la elite colombiano da para pensar cualquier cosa, sobre todo cuando sus
representantes se han dedicado a vociferar respecto de los 4 millones de
venezolanos que han huido del país, la mitad de los cuales se habrían
establecido en Colombia, para lo cual también han visitado Estados Unidos y los
organismos internacionales pidiendo recursos desesperadamente, dando lástima y
transmitiendo dolor, Cárdenas afirmó que “Hasta ahora Colombia lo ha hecho con
sus propios recursos y presupuestos, pero ya empieza a haber problemas
fiscales, porque estamos hablando de números muy grandes, que requieren
servicios de salud, educación, asistencia para su alimentación”. Es válido
entonces, preguntarse qué haría el gobierno colombiano si tuviera que
preocuparse y atender a los 5 millones y medio de conciudadanos que viven en
Venezuela y que contrario a lo que se dice siguen llegando desplazados por las
persecuciones, las masacres y el despojo de tierras a los que son sometidos por
los paramilitares bajo abrigo y protección de los organismos de seguridad y las
fuerzas armadas, mientras el gobierno de ese país se hace de la vista gorda
ante tales desmanes.
En todo caso, el FMI que –como se sabe- es una institución
conducida en los últimos años por directores gerentes corruptos (Rodrigo Rato,
Dominique Stauss-Kahn y Christine Lagarde), todos investigados por la justicia
y, manejado por Estados Unidos que tiene acciones suficientes para vetar
cualquier decisión, vive de hacer negocios a la segura con países en
dificultades severas, aplicando sus recetas de hambre y miseria, pero no corre
riesgos para satisfacer intereses privados, así sea de grupos poderosos de la
oligarquía de algún país. Por eso, El director del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner se apresuró a responderle al ministro de
Hacienda de Colombia, diciendo que era muy prematuro “hablar de cifras y
planes” para Venezuela.
Por otra parte, la falsedad de los números manejados por el
gobierno colombiano para justificar su demanda de recursos fueron puestos en evidencia y desmentidos por
funcionarios del propio Estado: Felipe Muñoz gerente para la frontera con
Venezuela y Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres de Colombia evidenciaron que el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos en Colombia arrojó que en el país hay 203.989
venezolanos, no dos, ni tres, ni cuatro millones como estos delincuentes han
dicho en su afán de esquilmar a las organizaciones financieras internacionales.
Como siempre, el objetivo real que se busca se termina
sabiendo, en Hungría, el presidente colombiano donde al parecer viajó a
“vender” a Venezuela a empresarios europeos, afirmó que "Con el cambio de
régimen —que se va a dar y que se va a dar muy pronto—, la economía venezolana
con un poco de buen Gobierno va a dispararse rápidamente y la oportunidad para
Colombia es enorme". En pocas palabras, se trata de ayudar a Estados
Unidos a reventar la economía venezolana, para instalar un gobierno que le dé
mejores oportunidades a la oligarquía colombiana de hacerse cargo del país a
fin de exprimir al pueblo de Venezuela como lo hace con el propio. El mismo
Santos explicó que Venezuela es “el país más rico en América Latina”. Visto
desde su perspectiva aviesa y corrupta debe estar pensando que “Venezuela es un
buen botín” por eso, dijo -el artífice de la invasión a Sucumbíos en Ecuador-
que si él tuviera que apostar, “le apostaría a Venezuela a futuro”. Sólo un
hampón mafioso puede ser tan descarado.
sergioro07@hotmail.com
