Por Carlos E. Lippo:
"El sol de Venezuela sale por el Esequibo"
Consigna de la FANB
Con arreglo al conocido principio del “Utis Possidetis
Juris” (del latín: "como poseías de acuerdo al derecho, poseerás"),
la constitución venezolana de 1830, promulgada una vez desintegrada “La Gran
Colombia”, establecía que el territorio del Estado de Venezuela, nombre que se
daba por aquellos días a la actual República Bolivariana de Venezuela,
comprendía todo aquel que hasta 1810 se denominó Capitanía General de
Venezuela; estando plenamente establecido que la mencionada entidad colonial
limitaba por el este con la Guayana Holandesa, sirviendo de frontera natural
entre ambos territorios, el río Esequibo desde su nacimiento hasta su
desembocadura en el océano Atlántico. En prueba de lo anterior es posible
señalar que existe un mapa publicado en Londres en 1810, en el cual se muestra
el territorio de la Guayana venezolana y el de la holandesa, teniendo como
línea fronteriza el río Esequibo; el interés del citado mapa se centra en que
fue editado en una época en la cual Gran Bretaña no tenía oficialmente ninguna
propiedad sobre estos territorios y desde luego, en el hecho nada desestimable,
de que el mapa fue publicado en Londres.
Sin embargo es el caso que en junio de 1803, Gran Bretaña
invade la región situada entre los ríos Esequibo y Demerara y se mantiene allí
por la fuerza hasta que el 13 de agosto de 1814 logra firmar el Tratado de
Londres, mediante el cual Holanda se ve obligada a ceder sus establecimientos
de Demerara, Esequibo y Berbice, con una extensión aproximada de 51.700
kilómetros cuadrados. Con estos tres territorios cedidos por Holanda, todos
ellos situados al este del río Esequibo se conforma la "Guayana
Británica" el 31 de julio de 1831. Resulta totalmente claro entonces que
Gran Bretaña no tenía ni nunca ha tenido posesión alguna al oeste del río
Esequibo.
En marzo de 1845, al reconocer España la independencia de
Venezuela, se firma un tratado mediante el cual la antigua metrópoli reconocía
que el territorio venezolano era el que tenía la Capitanía General en el año de
1810, incluyendo allí la Provincia de Guayana, que limitaba al este con el río
Esequibo; territorio que Gran Bretaña estaba obligado a respetar, por extensión
del tratado de Utrecht de 1713, en el que ella se había comprometido a respetar
la integridad de los territorios españoles en América.
Pero como ningún imperio respeta sus compromisos, un joven
naturalista prusiano de nombre Robert H.
Schomburgk, que es enviado por el gobierno británico a explorar y delimitar las
posesiones holandesas cedidas a los británicos por el Tratado de Londres de
1814, asigna unos 4.920 Km2 de territorio venezolano al oeste del Esequibo, a
la Guayana Británica; despojo que es incrementado en años subsiguientes,
llegando a unos 141.930 Km2 en 1840, siendo necesario agregar que tal despojo
es apuntalado con la colocación de postes en sitio y la publicación de nuevos
mapas.
A pesar de las protestas oficiales de Venezuela y de su
propuesta de suscribir un acuerdo de límites, los abusos del imperio británico
continúan y a partir de la muerte del prusiano Schomburgk en 1865, todas las
alteraciones a los mapas de la región son efectuadas por el propio gobierno
británico; de manera que para 1877 aparece uno de esos mapas adulterados que
incluía ya unos 167.830 Km2 de tierra venezolana y para intentar legalizar el
fraude, en junio de 1886 se ordena rectificar la frontera de acuerdo a ello y
destruir las copias de los anteriores mapas.
Venezuela se mueve entonces en la dirección de solicitar un
arbitraje internacional para intentar solucionar el conflicto límites, a lo que
se niega el imperio británico en múltiples oportunidades.
La negativa de los británicos a someter la cuestión a
arbitraje obedece sin duda alguna a que se sabían sin derechos legales para
apoyar sus espurias pretensiones, tal como se desprende de estos fragmentos del
contenido de un memorándum del ministerio del exterior inglés, firmado por Sir
E. Hertslet: "… yo diría que nosotros no podemos presentar el caso a
arbitraje ni siquiera con pequeñas esperanzas de éxito, dadas las
contradictorias líneas que hemos reclamado, presentadas en los mapas públicos
ingleses...” y “… ha de considerarse que el argumento basado en razones de
estricto derecho no tiene salida alguna".
Previendo que más temprano que tarde tendrían que someterse
a un arbitraje, los ingleses se disponen a usurpar más territorios venezolanos
y es en el desarrollo de esta ilegal política que toman por la fuerza las Bocas
del Orinoco en el año 1884. Oportuno es reiterar que fuera de estas ocupaciones
ilegales, Gran Bretaña no tenía ninguna posesión efectiva al oeste del río
Esequibo, como así lo demuestran los escritos de connotados hombres de ciencia
británicos de la época tales como: Mr. C. Barrington Brown, geólogo del
gobierno inglés, en 1875; Sir Clements R. Markham, en 1876; Mr. Thurn, que los
leyó en la Real Sociedad Geográfica de Londres en 1892; así como Mr. Rodway,
que los publicó en un manual editado en 1893.
También es oportuno señalar que en el marco de su accionar
para intentar repeler lo que a todas luces era una invasión de los británicos,
el gobierno venezolano invocó en mayo de
1887 la aplicación de la Doctrina Monroe, a pesar de que tres años antes el
gobierno estadounidense había manifestado que no consideraba procedente su
aplicación en un caso como el de Venezuela, decisión que encierra una flagrante
contradicción, pero que tenía un funesto precedente en el caso de la invasión
británica a Las Malvinas Argentinas, en 1833.
El continuado avance del invasor inglés y su renuencia
someter a arbitraje la delimitación de las fronteras obligó al gobierno
venezolano de la época a romper las relaciones diplomáticas con el imperio
británico en febrero de 1887 pero a pesar de ello, los ingleses ocupan la
margen derecha del río Cuyuní en 1894.
Finalmente, en febrero de 1897, los gobiernos de los Estados
Unidos de Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, firman un
acuerdo, por el cual ambos países consienten en arreglar, amistosamente, el
problema de límites entre Venezuela y la Guayana Británica.
Para tal fin, sometieron la disputa a un arbitraje, siendo
necesario señalar que el tribunal arbitral, propuesto por el gobierno de los
Estados Unidos, quedó integrado por: dos jueces norteamericanos; dos jueces
británicos; y un quinto juez, de nacionalidad rusa, harto conocido por su
dependencia del alcohol, que fue nombrado presidente. ¿Cómo podría administrar
justicia un cuerpo colegiado como éste, en el cual al menos dos de sus miembros
son manifiestamente jueces y partes?
Tan agobiado estaba nuestro país ante las presiones de los
dos colosos, que decide nombrar como abogados para que nos asistieran ante el
tribunal arbitral, a un grupo de personalidades del foro angloamericano, entre
los cuales se encontraban Benjamín Harrison, ex presidente norteamericano
Severo Mallet-Prevost. De nada sirvieron los alegatos y contra-alegatos de este
brillante cuerpo de juristas; el 3 de octubre de 1899, en Paris, los jueces en
forma totalmente arbitraria sentenciaron a favor de Gran Bretaña, permitiéndole
usurpar 159.500 Km2, territorio que abarcaba, y abarca, nuestra Guayana
Esequiba.
Es imprescindible hacer notar que Benjamín Harrison, al
iniciar su exposición de los argumentos venezolanos, afirmó enfáticamente que
"le era difícil convencerse que cualquier inglés pudiera servir de árbitro
imparcial en un asunto en que se tratase de la soberanía sobre tierras
reclamadas por Inglaterra como suyas"; así como también que el abogado
Severo Mallet-Prevost, en su testamento señaló, como muestra inequívoca del
flagrante despojo del que fuimos víctima:
“Si bien es cierto que en la decisión el tribunal le dio a Venezuela el
sector en litigio más importante desde el punto de vista estratégico, como lo
es la desembocadura del Orinoco, fue injusta para Venezuela y la despojó de un
territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en
mi opinión, la menor sombra de derecho”.
Ante la presión generada por la ONU a causa de una
reclamación hecha por Venezuela en 1962, Gran Bretaña accede a reunirse con
Venezuela y ambos gobiernos suscriben el 16 de febrero de 1966 el llamado
“Acuerdo de Ginebra”, que declara nulo e írrito el “Laudo Arbitral de Paris” y
establece que se designaría una comisión mixta que debía actuar durante cuatro
años y presentar informes a ambos gobiernos cada seis meses. Si al cabo de los
cuatro años no se llegaba a una solución satisfactoria del problema, éste debía
resolverse por los medios pacíficos previstos en la Carta de las Naciones
Unidas.
Sabiendo que le sería imposible demostrar la titularidad
sobre un solo centímetro cuadrado de los territorios usurpados, la corona
británica opta por conceder la independencia a la Guayana Británica, creando la
República de Guyana, adscrita por supuesto a la Comunidad Británica de
Naciones. Tres meses y nueve días después de la firma del "Acuerdo de
Ginebra", la colonia inglesa Guayana Británica, que es parte del tratado,
conjuntamente con Venezuela y el Reino Unido, se independiza. Ese mismo día, 26
de mayo, el Gobierno de Venezuela le otorga su reconocimiento, pero haciendo
clara reserva de su reclamación de la Guayana Esequiba, en los siguientes
términos: el reconocimiento "que Venezuela hace del nuevo Estado de
Guyana, no implica por parte de nuestro país renuncia o disminución de los
derechos territoriales reclamados, ni de ninguna manera afecta los derechos de
soberanía que se desprenden de la reclamación surgida de la contención
venezolana de que el llamado Laudo Arbitral de París de 1899 sobre la frontera
entre Venezuela y la Guayana Británica, es nulo e írrito”.
Es más que evidente que se trataba de una “independencia” que
buscaba desviar la atención del “Poderoso Imperio Ingles invadiendo un
territorio venezolano”, para colocar el asunto limítrofe en manos de “débiles
colonos libres”, aunque sometidos a la autoridad de la reina de Inglaterra,
quien es a todo efecto su jefe de estado.
La nueva República de Guyana, trató de evadir la negociación
y de obstaculizar las gestiones, según lo establecido en el “Acuerdo de
Ginebra”; por esta razón y por considerar que el momento no era propicio para
la aplicación del mismo, en 1970 Venezuela negoció y suscribió con Guyana el
denominado “Protocolo de Puerto España”, el cual acordó en ese momento congelar
las negociaciones entre ambos países por un lapso de doce años.
En diciembre de 1981, el gobierno de Venezuela anunció al
gobierno de Guyana su decisión de no seguir aplicando el “Protocolo de Puerto
España”, el cual cumplía los doce años el 18 de junio de 1982. En consecuencia,
la controversia volvió nuevamente a regirse por el “Acuerdo de Ginebra” y por
los medios de solución pacífica de la Carta de las Naciones Unidas.
Con apego a dicho acuerdo, Venezuela propone iniciar
negociaciones directas entre ambos países, pero Guyana se niega proponiendo tres opciones: Asamblea General
de la ONU, Consejo de Seguridad o Corte Internacional de Justicia; Venezuela
rechaza estas opciones.
Siempre dentro del espíritu del “Acuerdo de Ginebra”,
Venezuela propone y Guyana acepta, el método de los“Buenos Oficios”, que se
mantiene vigente hasta el 2014, bajo la conducción de tres “buenos oficiantes
diferentes”, designados de común acuerdo por ambas naciones.
Es necesario y oportuno apuntar que la República Cooperativa
de Guyana, bajo la evidente tutela del gobierno del Reino Unido, no sólo ha
tratado de hacer fracasar cualquier iniciativa de arreglo enmarcada en el
“Acuerdo de Ginebra”, sino que lo ha violado flagrantemente en lo atinente a no
otorgar concesiones de exploración y explotación en los territorios en
reclamación desde 1993; siendo prueba evidente de ello: las otorgadas en 1999 a
las empresas petroleras CGX Energy, Exxon Mobil, Shell y Anadarko, para
exploración y explotación costa afuera y la concedida en el 2000 a la Beal
Aerospace Technologies Inc., para la construcción de una base para el
lanzamiento de satélites. Todas ellas rechazadas por Venezuela por medio de los
medios diplomáticos establecidos.
Pero las actividades derivadas del otorgamiento ilegal de
concesiones por parte de Guyana se mantienen, produciéndose en el 2013 una
incursión ilegal en aguas jurisdiccionales venezolanas del buque de
investigación oceanográfica RV Teknik Perdana, que al ser apresado por las
autoridades genera una injustificada protesta por parte de Guyana. También se
incrementan en el 2014 las actividades del Prospector, de la empresa CGX
Energy, para realizar estudios geológicos en el bloque Demerara; así como las del
buque Deepwater Champion en el bloque Stabroek, ilegalmente adjudicado a las
empresas Exxon Mobil y Shell, la primera de las cuales ha anunciado el
descubrimiento de un muy importante yacimiento en la zona.
En el 2015 se llevan a cabo las elecciones generales en la
República Cooperativa de Guyana, resultando ganador, con el apoyo de Estados
Unidos, el candidato de la oposición David Arthur Granger, un militar formado
en las escuelas gringas, una de cuyas primeras acciones como presidente electo
fue visitar la plataforma petrolera Deepwater Champion de la Exxon Mobil. Ese
mismo año ante las reiteradas negativas de Guyana de ponerse de acuerdo para
nombrar un nuevo oficiante, Venezuela solicita a Ban Ki-moon la convocatoria de
Guyana para proceder a nombrarlo de común acuerdo.
En enero del 2018 Antonio Guteres, nuevo secretario general
de la ONU que estuviese desempeñándose como buen oficiante desde la salida de
Ban Ki-moon recomendó acudir a la Corte Internacional de Justicia, algo que fue
denunciado por Venezuela por constituir una extralimitación de sus funciones
así como una violación del “Acuerdo de Ginebra”.
Señalando apoyarse en esa recomendación es a finales de
marzo del mismo 2018, Guyana introdujo unilateralmente una solicitud para
dilucidar el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
contando para ello con el apoyo financiero, público y notorio y comunicacional,
de la Exxon Mobil (1); solicitud que según el comunicado emitido oportunamente
por nuestra cancillería violenta el preámbulo del “Acuerdo de Ginebra” de 1966,
el cual establece, taxativamente, que la controversia debe ser “amistosamente
resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”, al mismo tiempo que
vulnera su Artículo I, dado que no conduce a “soluciones satisfactorias para el
arreglo práctico de la controversia”. En otro aparte dicho comunicado a la vez
que insta al gobierno de Guyana a retomar la senda del Acuerdo de Ginebra, le
señala enfáticamente que recurrir al arreglo judicial para dirimir la
controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República
Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente
con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de
ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias
que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte.
El conflicto se mantiene pendiente y resulta imposible dejar
de considerar que los últimos movimientos de Guyana constituyen una
manifestación más del ilegal y terrible asedio que el imperio norteamericano y
sus aliados de la OTAN tienen montado a la Revolución Bolivariana.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
http://luisdallanegra.bravehost.com/veneseqa.htm
http://laguayanaesequiba.blogspot.com/2015/07/breve-resena-historica-sobre-nuestra.html
(1)
https://venepress.com/article/Guyana_elevo_a_la_Corte_de_La_Haya_disputa_con_Venezuela_por_el_Esequibo1522425705976
(2)
https://www.aporrea.org/tiburon/n322985.html
celippor@gmail.com
