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miércoles, 17 de abril de 2019

Es posible una solución política en Venezuela



Por Damián Alifa:

A partir del 10 de enero, la oposición junto a los EEUU, iniciaron una escalada política que le arrebató la agenda al gobierno y lo arrinconó durante 45 días. Evidentemente esta estrategia implicaba un rápido derrocamiento del gobierno de Maduro, suponiendo una sublevación de los rangos medios con mando y conducción de tropas (“COMACATES”) de las Fuerzas Armadas venezolanas.  En este sentido, la Comunidad Internacional, el chavismo y la oposición, pusieron sus miradas sobre los cuarteles, los militares tenían la última palabra.


La estrategia que permitiría un “quiebre” en las Fuerzas Armadas se basaba en: 1) la amenaza de entrar en una confrontación con los EEUU u alguna fuerza extranjera multilateral 2) la advertencia de sanciones personales a militares y sus familiares. 3) la existencia real de efectivos militares y policiales descontentos o ideológicamente asociados a la oposición 4) la negociación tras telones de la Embajada Americana con militares. No obstante, los rangos medios opositores no pudieron articularse debido a un esquema de labores de inteligencia militar interna en la institución armada.

Llegado a la mitad de los 45 días y habiendo alcanzado en “punto de máxima presión” –Trump dixit-, la desconcertante ausencia de respuesta efectiva por parte de los militares venezolanos, llevó a los EEUU a replantear su esquema. Elevan la presión internacional y centran su llamado en el Alto Mando Militar. La estrategia norteamericana quedaba en manos de la respuesta de Padrino López, Remigio Ceballos, Suárez Chourio, entre otros. Para promover esto, generan un incentivo y dos amenazas.

El incentivo consistía en la Ley de Amnistía que prometía el “perdón” por crímenes cometidos a los militares que se colocaran del lado del gobierno paralelo. Por otro lado, la primera amenaza suponía que si el Alto Mando Militar no dejaba pasar la “Ayuda Humanitaria” estarían cometiendo un crimen de lesa humanidad y serían juzgados en la CPI como violadores de Derechos Humanos. La segunda amenaza, insistía en una opción de fuerza por parte del aparato militar norteamericano.

El Alto Mando no responde como esperaban. La amnistía, lejos de un incentivo, implicaba condiciones inaceptables, incluso para un jefe guerrillero con dos mil hombres a su cargo, mucho menos, el Alto Mando Militar iba a entregar a un gobierno hecho a su medida bajo estos preceptos. En consecuencia, los militares detienen el ingreso de la “ayuda humanitaria” en claro desafío a los Estados Unidos. Después de semejante reto y de las constantes amenazas, el gobierno norteamericano tenía su turno en la jugada ¿cumpliría la amenaza de una intervención militar? Elliot Abrams contesta varias semanas después, ante el espaldarazo ruso al gobierno venezolano, que “es prematuro” hablar de eso.

Hasta este momento, a pesar de tener amplias movilizaciones, la oposición había jugado con las cartas de los EEUU, se había embarcado en la autoproclamación de Guaidó y dependía totalmente de las decisiones de los EEUU. Por su parte, el chavismo retoma la iniciativa, detiene a Marrero, inhabilita a Guaidó, convoca a movilizaciones, invita a gobiernos y partidos extranjeros, logra una posición un tanto más moderada de Europa, quien en un principio, se había sumado a la estrategia de los EEUU y la izquierda latinoamericana propone el mecanismo de Montevideo e ingresa públicamente tropas rusas en calidad de cooperación militar dentro territorio nacional.

Ahora la oposición se encuentra en la siguiente encrucijada de opciones inciertas: 1) la vía propuesta por María Corina Machado, Diego Arria y Ledezma, que implica la aprobación del artículo 187, lo cual le daría ciertas herramientas al Lobby de Florida para presionar hacia una intervención militar. 2) aceptar ir a una negociación política con el gobierno o 3) ganar tiempo y esperar a ver los efectos reales de las últimas sanciones económicas sobre el escenario político.

Las tres opciones poseen grandes contratiempos y en todos se ve gravemente afectado el liderazgo de Guaidó. La primera (intervención) resulta poco probable que el stablishment de los EEUU reaccione favorablemente a la “presión” de la oposición venezolana o a las gestiones que pueda hacer Rubio y su gente, si los EEUU vuelven a quedarse sin respuesta, el liderazgo de Guaidó se desmoronaría. La segunda opción, es complicada: 1) la negociación es mal vista por un sector de la oposición 2) la oposición estaría aceptando una negociación, no en el punto de “máxima presión” y escalada de sus fuerzas, sino, en el marco de un reflujo y perdida de la iniciativa política, por tanto, tendría que rebajar considerablemente sus expectativas de lo que pudiera ceder el gobierno y es importante recordar que la oposición se puso la vara muy alta “cese de la usurpación” como única negociación posible. 3) si la oposición acepta un acuerdo de ir a unas elecciones que no sean generales, corre el riesgo de que el desmoronamiento interno sea tan grande que la pierdan 4) la autoproclamación como presidente de la República saca a Guaidó de las condiciones de negociación, pues no será reconocido como tal por el gobierno, diferente, si pudiese acudir como presidente de la Asamblea Nacional, ya es algo tarde para eso.

Por último, el ganar tiempo y esperar a ver el resultado de las sanciones, coloca en tela de juicio la efectividad del liderazgo de Guaidó, aviva las pugnas internas y termina por postergar la misma disyuntiva actual: Negociación o Salida Militar.

El gobierno va al diálogo buscando hacer control de daños, especialmente después del informe de Bachelet, intentando bajar las tensiones con Europa y lavar un tanto su imagen ante el mundo. Ya cedió ante el ingreso de la ayuda humanitaria por la Cruz Roja Internacional y podría estar dispuesto a ceder en liberar algunos presos políticos. No obstante, no está aún planteada una presión suficiente como para permitir un cambio de CNE. Ante esto, el gobierno preparará unas elecciones parlamentarias, autorizará toda la participación internacional posible, pero no accederá a cambiar al árbitro. Si la oposición va a esas elecciones, se fraccionará y no garantizará la mayoría. Si la oposición no va a las elecciones, corre el riesgo de perder la Asamblea Nacional y continuar la senda de su desmoronamiento.

Es claro que por ahora no están las condiciones para un acuerdo político en Venezuela. Los términos del gobierno prevalecen en el corto plazo y no se sabe si la oposición pueda mantenerse unida para el cambio de las condiciones en el mediano plazo (efecto de las sanciones). Continua lo que llaman algunos el “empate catastrófico”, con variaciones en la escala e intensidad en las próximas semanas. Aunque nos embargue el deseo de entendimiento entre las partes, paz y solución política concertada para el país, está tendrá que esperar. Elliot Abrams será el encargado de replantear la estrategia de los EEUU, tiene el turno en la jugada de ajedrez, ¿habrá un cisne negro que no estaremos viendo?
daalifa@gmail.com

martes, 15 de agosto de 2017

Sobre las posibles sanciones económicas de Trump

Por Damián Alifa

El pasado 17 de julio el presidente Donald Trump anunció la aplicación de “fuertes sanciones” económicas contra Venezuela si ésta lleva a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Las declaraciones de Trump resultan similares a las emitidas por Colin Powell y de Condoleezza Rice, ambos Secretarios de Estado en la primera y segunda Administración Bush respectivamente. Asimismo, nos recuerda al infame decreto presidencial del 2016, en donde el ex presidente Barack Obama declara a nuestro país como “una amenaza inusual y extraordinaria” para los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, las declaraciones de Trump se suman a la política injerencista del establishment norteamericano contra el gobierno venezolano.


A solo días de los comicios electorales en Venezuela el Departamento del Tesoro ha sancionado a trece altos funcionarios del gobierno bolivariano. Este tipo de sanciones ya fueron aplicadas durante la gestión de Obama. Sin embargo, la amenaza de emprender nuevas sanciones, esta vez económicas contra el país, amerita que valoremos a profundidad la situación actual de las relaciones comerciales entre ambos países y cómo afectarían a Venezuela de cumplirse las amenazas injerencistas de Trump.

Para nadie es un secreto que las exportaciones petroleras representan nuestro ingreso más importante. En este sentido, muchos analistas consideran que las sanciones económicas contra Venezuela estarán orientadas en esta área. Es importante tomar en cuenta que según el informe de junio 2017 de la Monthly Energy Review Venezuela le suministra a los Estados Unidos un promedio de 764.000 barriles diarios. Esto convierte a Venezuela en la tercera fuente de importaciones petroleras para los EEUU. Asimismo, es necesario indicar que alrededor del 60% de las exportaciones venezolanas están destinadas al vigoroso mercado del continente asiático, particularmente para China e India.

No obstante, es bien sabido que una parte importante del petróleo enviado a China está destinado a cubrir las cuotas del servicio de deuda contraída con esta nación. En consecuencia, el mercado norteamericano al cual se le vende alrededor del 20% de nuestras exportaciones juega un papel neurálgico para la economía venezolana. En otras palabras, el flujo de caja de la industria petrolera sostiene una relativa dependencia con respecto a las ventas en el mercado del norte. Si las sanciones de los EEUU se hiciesen efectivas de inmediato las consecuencias serían catastróficas para la ya crítica situación económica nacional. 

Por su parte, para la Administración Trump tampoco parece ser sencillo sustituir de buenas a primeras las importaciones petroleras del país. De los 8.794.000 b/d que importaron los Estados Unidos en julio el 9,74% fue crudo venezolano. Aunado a esto, se debe indicar que en este mes hubo un aumento del 10,86% de las exportaciones de crudo venezolano a los EEUU.  A pesar de las fuertes declaraciones del Senador ultraconservador Marco Rubio, en donde señala que los Estados Unidos pueden sustituir fácilmente las importaciones petroleras de Venezuela “aumentando las importaciones de México y Canadá”, otros analistas son más moderados al respecto. Por ejemplo, en una entrevista al director de Caracas Capital Markets, Russ Dallen, es notorio que a pesar de que el entrevistado recomienda a los EEUU disponer de la venta de sus Reservas Estratégicas de Petróleo para imponer las sanciones contra Venezuela, cuando es interpelado por la periodista sobre las causas de la tardanza en la aplicación de las sanciones, el asesor de la Casa Blanca responde “porque nadie quiere ser el político que suba el precio de la gasolina”.  Resulta previsible que una suspensión abrupta de las importaciones petroleras provenientes de Venezuela tendría consecuencias negativas en el corto plazo para los EEUU.

Se debe destacar que aun cuando las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han deteriorado notablemente en estos últimos diecisiete años, las relaciones comerciales se han mantenido relativamente estables, con cambios graduales y para nada sorpresivos. Debido al crecimiento de las tensiones diplomáticas EEUU-Venezuela estos países han buscado reorientar su política en cuanto a la sensible área para ambos: el petróleo. Venezuela en su condición de exportador petrolero ha buscado penetrar nuevos mercados y los Estados Unidos en su condición de importador han encontrado nuevas fuentes de suministro.  Los siguientes datos son ilustrativos al respecto:
Cifras exportaciones de petroleo y derivados venezolanos a EEUU.

Un análisis concienzudo de la política energética de las últimas dos Administraciones de la Casa Blanca podrá comprender las tendencias que llevaron a estos cambios que encuentran su punto de inflexión en el 2008. El presidente G. W. Bush llega al poder en medio de una crisis energética que ponía en peligro la seguridad de los EEUU (declinación de su producción doméstica, alta dependencia al petróleo de la zona en conflicto del Medio Oriente y crisis de la industria petrolera mexicana) ello permite comprender la campaña militar emprendida en función de controlar el Medio Oriente, política expresada por uno de los asesores de Bush como “ponerle la mano al grifo”. Para la gestión Bush era una necesidad inminente garantizar fuentes seguras de suministro a los EEUU, para poder garantizar la supremacía del país frente a sus emergentes competidores China y Rusia.

En este contexto, a pesar de la clara participación del gobierno norteamericano en el Golpe de Estado del 2002 y del paro petrolero del 2003 las relaciones comerciales entre ambos países se mantuvieron estables. Sin embargo, la Crisis Financiera Internacional en el año 2008 afectó intensamente la economía norteamericana, la cual tuvo que enfrentar una drástica reducción de la demanda de hidrocarburos debido a sus altos precios.

El 20 de enero del 2009 Barack Obama asume la presidencia de los EEUU sumido en la más poderosa crisis económica que ha vivido el país desde la Gran Depresión y bajo la preocupación de que nuevos competidores le arrebataran la supremacía económica a su país. Esto llevó a Obama a reformular ampliamente su política energética de cara a los siguientes años. Amparados en la idea del Trilema Energético, la Administración Obama se enfoca en una cambio de la matriz energética sustituyendo el petróleo por otras fuentes de energía allí donde fuera posible. En este sentido, Obama se esforzó por disminuir el consumo petrolero de los Estados Unidos a la par que aumentaba su producción doméstica  no convencional, por medio del método de fracturación hidráulica. La meta era hacer de Estados Unidos un país autoabastecido energéticamente para el año 2017. Aun cuando los cambios en la matriz energética norteamericana dieron resultados positivos en sectores económicos residenciales y comerciales, el sector industrial y el transporte siguen siendo ampliamente dependientes de la energía petrolera. Aunado a esto, la producción doméstica, si bien ha crecido en inmensas proporciones, no ha logrado abastecer la ingente  demanda nacional.

En el An American First Energy Plan (propuesta petrolera del actual presidente de Donald Trump, en su campaña electoral) la meta de un país autoabastecido se replantea para el año 2025. Es importante destacar que la política energética de la Administración Trump se diferencia de la implementada por la Administración Bush, ya que no se trata de un esquema de crisis energética y declinación de la producción doméstica, sino de un “reconocimiento del inmenso potencial de reservas de energía doméstica (…) en los Estados Unidos”. Asimismo, la Administración Trump marca distancia con la política energética de Obama en tanto que no se trata de un cambio de matriz energética que favorezca y estimule la aplicación de energías limpias y renovables en la economía norteamericana, sino que el Republicano Trump plantea  “eliminar políticas perjudiciales e innecesarias, de tales como el Plan de Acción Climática y las regulaciones sobre el Uso de las Aguas en Estados Unidos” e impulsar el consumo nacional de la contaminante industria del carbón. La gestión de Trump se basa principalmente en las esperanzas de un gran crecimiento de la producción interna de petróleo y carbón.

Sacamos a colación todos estos elementos por la necesidad de comprender que los EEUU llevan tiempo tras la meta de prescindir del petróleo extranjero, no solamente del venezolano. El reciente anuncio de las sanciones económicas sobre el país  debe  servirnos como excusa para analizar a mediano plazo las condiciones de la industria petrolera venezolana en el mercado norteamericano.

Ahora bien, si los Estados Unidos disponen de aplicar sanciones inmediatas contra Venezuela debido a la próxima instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno nacional y la industria petrolera necesitará buscar con la mayor celeridad posible nuevos mercados o extensiones de cuotas en los mercados donde ya suministra, para intentar hacer un pronto control de daños para evitar agravar la delicada situación económica nacional.

Por otro lado, mucho se ha hablado de un posible embargo a la empresa venezolana CITGO en los Estados Unidos, que cuenta con más miles de trabajadores y un capital estimado por la Torino Capital en más de mil millones de dólares. En consecuencia, el poderoso y ultraconservador Lobby petrolero de los Estados Unidos, financista principal de la campaña de Donald Trump, ha visto con preocupación el ingreso de Rusia en el mercado petrolero nacional. Las modestas importaciones de petróleo ruso que surte el mercado estadounidense con 300.000 b/d y la compra de acciones de CITGO de la petrolera Rosneft, tiene bastante inquieto a los empresarios del fracking, los cuales pudieran estar presionando a Trump para aprovechar la oportunidad y embargar a Citgo.

En otros aspectos de la economía, es importante recordar que las importaciones  petroleras de Venezuela ascendieron en el año 2015 a 5.816.000 millones de dólares. Estas importaciones son sumamente importantes para mantener activa nuestra industria petrolera. Según cifras del BCV el 80,1% de las importaciones no petroleras fueron de bienes de consumo intermedio y un 20% de formación bruta de capital fijo. Parte importante de estas importaciones se hace a los EEUU. Una suspensión de la venta de estos insumos por parte de los EEUU podría entorpecer el buen funcionamiento de la industria petrolera nacional. Aunado a esto, Venezuela, en el mismo año importó aproximadamente 22.162.000 millones de dólares en rubros no petroleros. Aunque no se encuentran publicados los datos oficiales sobre las importaciones no petroleras provenientes de los EEUU, durante el 2015, sabemos que en el 2013 Venezuela importó, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, 10.539.764.433 US$ FOB, lo que significó un  23,34% de las importaciones totales.

Según la página de la Office of the United States Representative los Estados Unidos exportaron a Venezuela en el 2016 productos agrícolas por el monto de 651 millones de dólares, distribuidos en rubros como maíz, trigo, harina de soja y aceite de soja. Asimismo, los Estados Unidos surtieron a Venezuela en productos químicos y maquinarias. Por su parte, Venezuela no solo le vendió petróleo a los Estados Unidos, también les suministro Aluminio por 113 millones de dólares, productos químicos en 114 millones de dólares y algunos productos agrícolas por 4 millones de dólares, entre otros negocios.

En nuestra opinión, no es conveniente para ninguno de los dos países la suspensión de relaciones comerciales. Para Venezuela los efectos pudieran ser devastadores, debido a que el país enfrenta una grave crisis económica y sus Reservas Internacionales van en picada, descendiendo por debajo de los 10.000 millones de dólares.  Por su parte, para los Estados Unidos las sanciones económicas a Venezuela conllevaría odioso aumento de la gasolina, que afectaría a los trabajadores norteamericanos y contribuiría al ya iniciado desplome de popularidad del presidente Donald Trump, quien en apenas seis meses de gestión ha tenido que enfrentar fuertes protestas populares y que está teniendo un breve lapso de estabilidad política.

Si existe un ápice de sindéresis en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, los anuncios sobre sanciones económicas a Venezuela no pasaran de haber sido unas declaraciones airadas del excéntrico y desmesurado presidente. Sin embargo, la sindéresis no ha sido una de las características de la Administración Trump. En consecuencia, si priva la prudencia entre los decisores de Miraflores, emprenderán de inmediato planes contingentes y de mediano plazo para buscar otros destinos para la producción petrolera que se le destina a los EEUU y otros productores que puedan surtirnos de los bienes y servicios que le importamos al gigante del norte. La decisión de ser soberanos amerita comprender la seguridad nacional de manera integral.
daalifa@gmail.com