Por Sergio Ortiz:
El gobierno presentó el jueves 16 su oferta a los fondos
privados. Supone un fuerte recorte de intereses y uno más leve de capital.
Igual los bonistas lo rechazan y hablaron por boca de Clarín. Por boca de
ganso, perdón de buitres.
Argentina no puede pagar absolutamente nada, dijeron Alberto
Fernández y el ministro Martín Guzmán en la conferencia de prensa de Olivos. El
presidente admitió que estamos en default virtual, o sea real pero no
declarado. Esa caída del telón, dolorosa, podría llegar el 22 de mayo si no se
paga un vencimiento de 500 millones de dólares el 22 de abril. Además de eso,
si no hubiera acuerdo con lo ofertado por Argentina, posibilidad grande si se
atiende a las reacciones de los interlocutores.
Los fondos de inversión privados, titulares de 68.000
millones de dólares en bonos de moneda extranjera, no hablaron por sí mismos.
Usaron sus voceros Clarinete, Desinfobae y Gaceta Ganadera, entre otros medios
afines. El tono, contenido y títulos de esos medios concentrados descalificaron
la propuesta de «muy agresiva», «amarrete», etcétera.
De esa manera trataban de crear opinión pública favorable a
BlackRock, Greylock, Fidelity, Templeton y demás fondos, como si fueran las
«víctimas» de esta historia. Los victimarios o verdugos serían las autoridades
argentinas que propusieron una «abultada quita» de una deuda muy poco
transparente (ni hablar del trámite ilegítimo que tuvo el empréstito de
Mauricio Macri con el FMI de 2018).
El Frente de Todos está negociando porque así lo autorizó el
Congreso, al aprobarse la ley de reestructuración de la deuda. Es lo que
debieron hacer todos los gobiernos según el artículo 75 de la Constitución
Nacional pero muy pocos lo hicieron.
En función de eso se dispuso a negociar 68.000 millones de
dólares atesorados por los fondos privados. Se dijo que el 31 de marzo se
presentaría la oferta. La aparición del COVID-19 demoró eso unos días y aquella
se conoció el 16 de abril. Todo en regla.
Guzmán quiere un período de gracia de tres años: no pagar
capital ni intereses, y reiniciar los pagos en 2023.
Propone un leve recorte del 5,4 por ciento en el capital,
ahorrando 3.600 millones de dólares; a los intereses, en cambio, la guadaña
quiere rebajarlos 62 por ciento, para dejar de abonar 37.900 millones. Sobre
esa base se reanudarían los pagos en 2023, con cinco títulos nuevos que
reemplazarían a los 21 actuales (17 de Macri y 4 del canje anterior, 2005). La
tasa de interés sería del 0,5 por ciento anual y aumentando hasta llegar a 2,33
por ciento. Actualmente la tasa es del 8 por ciento anual, promedio.
En líneas generales, esta propuesta sería un alivio para el
país, aunque no quiere decir que sea suficiente ni muy patriótica. Pero para
los voceros de los nuevos buitres es una brutal agresión a los acreedores, que
serían unos santos como Teresa de Calcuta.
Sin auditoría, mucha plata.
La propuesta tiene de rescatable, además de venir de un
gobierno legitimado no sólo por las urnas sino también por la opinión pública
en pandemia, que en tres años no se pagará nada. Esto por supuesto depende de
un acuerdo con los acreedores, que en sus primeras reacciones negativas pone
duda un final feliz de la transacción.
El primer límite a la oferta es que de movida legalizó la
deuda externa, sin auditarla para ver sus grandes componentes ilegales,
ilegítimos y odiosos. Fernández desde antes de ser electo presidente había
manifestado esa postura errónea: es deuda exigible, dijo. La contrajo un
gobierno democrático, en referencia al macrista.
El movimiento plural Auto convocatoria por la Auditoría y
suspensión de los pagos de la deuda externa, liderado por Adolfo Pérez Esquivel
y Nora Cortiñas, cree que se debió estudiar la deuda. En caso de internarse en
las cavernas del fondo monetarismo, los auditores deberían ponerse no sólo
barbijos sino toda la parafernalia de los médicos que auscultan a enfermos de
Covid-19. Tal es el grado de putrefacción de los negociados financieros de
aquella runfla internacional (los fondos mencionados, Christine Lagarde y sus
socios de Cambiemos con DNI argento).
Respecto al período de gracia de tres años es algo, y el
viejo dicho afirma que «algo es algo, peor es nada». Sin embargo, a fuer de ser
sincero, es un lapso corto. El 2020 está absolutamente perdido y el país
quedará en su PBI 5,7 por ciento abajo según los cálculos nada
antiimperialistas de Kristalina Georgieva, la búlgara que reemplazó a madame
Christine. Con mucha suerte, dudosa, en el 2021 se podría volver a subir un
poco y empardar el nada glorioso punto en que Argentina se hallaba al finalizar
2019. Y si sigue la buena racha, también improbable porque el mundo ha entrado
en la crisis más profunda desde la de 1929-1930, entonces en 2022 los números
argentinos podrían tener algún resto positivo. ¿Con eso será suficiente para
comenzar a pagar 8.000 millones de dólares o más de deuda externa?
Lo más justo sería que no. Que en ese momento lo que se
disponga de ahorros se use para seguir poniendo de pie lo caído y destruido en
los cuatro años de macrismo y en el año del coronavirus, cuyas consecuencias
negativas no se agotarán en un año calendario.
Ese es el límite de la gracia de tres años. Parecen mucho,
pero son relativamente poco.
Haber descontado sólo el 5,4 por ciento al capital adeudado
a esos fondos especulativos es un recorte módico. Todo el mundo, incluso ellos,
esperaban una poda mayor.
El descuento en los intereses, en cambio, del 62 por ciento,
luce mucho más ajustado a la necesidad y la realidad. Es una tajada importante de
lo nuestro, que no se lo llevarían los especuladores de afuera, y en ese
sentido es una parte positiva de la oferta. Esto merece apoyo social a
condición que los 37.900 millones de dólares que se ahorrarían tengan un
destino correcto.
No sea cosa que Techint, Fiat, Molinos, Arcor, las
petroleras de Vaca Muerta y otros monopolios nucleados en la UIA consigan
llevarse buena parte de esa plata como «subsidios para las empresas». Esa
película de terror ya la vimos los argentinos.
Dura lucha política.
Hasta el más ingenuo sabe que la oferta argentina tiene más
posibilidades de rechazo que de aceptación por los bonistas. Lo han dicho antes
y después de su formalización el jueves 16. Sobre todo, han hablado por boca de
columnistas y conductores de programas radiales y televisivos, alineados
incondicionalmente con Washington y Wall Street.
La fracción más contemporizadora de esos militantes del pago
a como dé lugar dice que Argentina debe estirar su propuesta hasta llegar a un
valor de bonos de 50 centavos de dólar.
Los más beligerantes apuestan a que sus patrones presenten
el pleito ante la jurisdicción de Nueva York. Como primera medida quieren
amasar un rechazo a la oferta que la torne inviable. En un bono que vencía en
enero en Buenos Aires, Fidelity le dobló el codo a Axel Kicillof. Creen que
pueden hacer lo mismo con Fernández. Luego irían a Nueva York, donde tendrán
que pagar un plus a sus estudios jurídicos porque es el centro mundial de la
pandemia.
Hay que reconocer que en el anterior gobierno de CFK los
«fondos buitres» se salieron con la suya al final. Pleitearon en EE UU y
gracias a la momia que se llamaba Thomas Griesa, la Corte de Apelaciones del
estado y la Corte Suprema que desestimó el caso argentino, Paul Singer y demás
delincuentes se alzaron con 13.000 millones de dólares mal habidos, sumando
bonos, intereses, comisiones, honorarios de abogados, etcétera. Macri lo hizo.
Griesa ya no está entre los vivos. El matiz es que BlackRock
no es exactamente igual a Elliot NML, el fondo de Singer. Y que el Fernández
hoy en Olivos no es el mismo que la expresidenta, quien se metía en batallas
muy justas sin tener en cuenta qué diría Héctor Magnetto.
La pelea es política y económico-financiera: ¿hay que pagar,
¿cuánto y cuándo? ¿Quiénes están primero entre beneficiarios, BlackRock o Juan
Pueblo? Con una propuesta mejor, de auditar la deuda y suspender el pago, o con
la de Fernández-Guzmán, en ambas hipótesis, hay que contar no tanto con plata
sino con «cash» político. Hace falta una masa crítica de gente con decisión
patriótica, pensando ante todo en los 16 millones de pobres que la están
pasando verdaderamente muy mal. No tienen reservas monetarias ni alimentarias y
en algunos casos ni físicas. Vienen extenuados por cuatro años de sufrimientos
causado por el neoliberalismo. Y encima, el coronavirus.
Ahí se nota otra falla presidencial importante. Cree que
tener sentado muy cerca a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (como
Sergio Massa con el jefe del interbloque de Cambiemos, el energúmeno Mario
Negri), y llamar a los popes de la industria y el comercio, sería suficiente
espalda para aguantar y ganar la tensa negociación con los acreedores.
Error. Esa derecha y grupos concentrados juegan del lado de
los acreedores. No sólo en la deuda sino también con la buena iniciativa
oficial del impuesto a las grandes fortunas, aunque limitada a una única vez.
Para resistir a los acreedores de una deuda inmoral, y cobrar impuestos a sus
socios internos, habría que formar un gran frente que tenga adentro a Milagro
Sala y no al gobernador de Jujuy; a los mayores de 70 en CABA y no al jefe de
Gobierno que los pone en prisión domiciliaria.
ortizserg@gmail.com
