Por Jesús A. Rondón:
“Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo
contrario” es lo que dice el artículo cuarenta y nueve, numeral dos, del
capítulo tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
relativo a los derechos civiles y que está inserto en el tercer título
denominado: de los Derechos Humanos y Garantías.
Los procesos jurídicos se desarrollan en nuestro país con la
premisa contraria a la que acabamos de aludir, es decir, se es presuntamente
culpable hasta que se demuestre lo contrario. Con un agravante, se expone al
escarnio público a muchas de las personas acusadas, de tal manera que su
reputación queda comprometida irremediablemente, independientemente del
resultado del proceso.
Este comportamiento en nuestro sistema judicial no es nuevo,
es una herencia de la cual no nos hemos desecho. Así observamos de manera
recurrente que se procesan a personas, sin el apego al debido proceso. Las
denuncias de estos hechos son un grito que queda en el vacío y en otros casos
forma parte de la retórica política de la oposición y hasta de quienes apoyan
al gobierno bolivariano.
Al examinar el sistema de justicia, encontramos una
innegable verdad, este depende de tu condición, si eres empresario o político
tus problemas serán menores, por el contrario si eres un trabajador o una
trabajadora es una pesadilla que requerirá un largo aliento. En palabras del
salvadoreño Arnulfo Romero el sistema judicial sigue siendo una serpiente que
muerde a los que van descalzos.
De diferentes formas y otros momentos se ha recordado que la
revolución bolivariana no está solvente, con esa deuda que es dotarnos de un
sistema de justicia con otra dinámica, otros sujetos y al servicio de los
intereses del pueblo. Hemos visto cambios en la legislación, en los discursos,
pero que no transcienden suficientemente al desempeño institucional, de tal
manera que el macabro proceder se mantiene y es caldo de cultivo de la
impunidad.
Para la revolución bolivariana lo más saludable es un
sistema de justicia orientado a establecer responsabilidades, en el marco del
respeto de los derechos civiles y humanos, que no propicie el llenado de
depósitos de personas esperando ser juzgados, como ocurre en la actualidad. Que
desaliente a quienes deshonran a otros, solo por el hecho ser acusados. Un
sistema de justicia bajo un fuerte escrutinio popular.
jesusalbertorondon@gmail.com
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