Paraguay de nuevo el ejercito

Por José Antonio Vera Arena:

Las cárceles del país, donde hay alrededor de 20 mil personas encerradas, apenas un cuarto condenadas, coexistiendo en penosas condiciones por excesivo hacinamiento, malos tratos, pésima alimentación, y falta de material y espacios básicos de higiene y sin ningún programa de formación profesional, desde el pasado fin de semana están bajo custodia militar, con armamento de guerra y vehículos blindados, en un dispositivo que anuncia controles más severos de la población.

EL Parlamento paraguayo, con aplastante mayoría colorada, debería tratar esta semana un proyecto de ley presentado por el presidente Mario Abdo Benítez, para que las fuerzas armadas tomen a su cargo la seguridad ciudadana, es decir, ocupen las calles, para impedir las protestas contra el gobierno, y también de los edificios públicos y privados que escojan las autoridades estatales, en comunión con las unísonas cámaras empresariales.

La presencia militar, junto con una secundona policía, desde hace más de una década, es protagonista en la ocupación de las regiones campesinas donde hay más resistencia a la política rural del Estado, con un colosal acaparamiento de tierra que mantiene el 85 por ciento de los 400 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, en manos del apenas 2.5 % de la población, de siete millones de residentes, con cerca de tres millones más emigrados a diversos países, es especial Argentina y España.

Ambiente espeso, sembrador de miedos, rememorando los horrores de la tiranía de 35 años del General Alfredo Stroessner, de quien es confeso admirador Abdo Benítez, homónimo e hijo de quien fue un cuarto de siglo secretario privado de ese tenebroso socio de la Operación Cóndor, asociado con los sátrapas Pinochet de Chile, Videla de Argentina, Banzer de Bolivia, Álvarez de Uruguay y muchos brasileros y otros criminales y ladrones que ensangrentaron Suramérica entre 1964 al 1998.

La expulsión policial violenta, con apoyo de fiscales, de miles de familias asentadas en tierras públicas, que carecen de títulos de propiedad privada, constituye un trauma social desde hace muchos años, en particular en los departamentos más rebeldes a la tenencia ilegítima de la tierra por personeros del régimen, drama que se ha ido trasladando a la periferia de Asunción después del derrocamiento de Fernando Lugo, en junio del 2012, fenómeno peligroso, cuya agravación es inminente, porque el parlamento acaba de eliminar una normativa que permitía cierta tolerancia con los humildes ocupantes.

Seis militantes políticos de izquierda, suman 13 años de cárcel en dos períodos, con breve paréntesis, acusados de un secuestro que siempre han negado. Su impotencia ante los tribunales judiciales que poca amistad tienen con la justicia, los impulsó a refugiarse en Argentina desde donde fueron repatriados bajo los gobiernos de Cristina Fernández y Fernando Lugo.

Entre los miles de presos, no hay ningún delincuente importante, pero sí muchos humildes, jóvenes hijos de familias campesinas expulsadas de sus chacras, heredadas de sus padres o abuelos, que hoy pueblan los cordones de miseria de las ciudades.

Por obra de cientos de ciudadanos que conforman el movimiento “escrache” que durante meses vienen denunciando en sus propios domicilios a narcotraficantes, contrabandistas y a parlamentarios con influencia en los estrados judiciales para proteger sus fechorías, un diputado y tres senadores han perdido sus bancas. Ninguno de ellos está condenado, al igual que jueces y fiscales probadamente implicados. Varios más están denunciados, pero todavía logran mantenerse lejos de los tribunales, fruto de la probidad del Poder Judicial.

La mayoría de presos, sin condena y por hechos de poca monta, también deberían ser considerados presos políticos, pues son víctimas del sistema político y económico, injusto y desigual que impera. Cuando salen, sin dinero y sin profesión, no encuentran posibilidad de reinserción y buen porcentaje reinciden. El antecedente policial les dificulta hallar empleo, en medio de una acelerada desocupación laboral y empobrecimiento general.

Otra injuria estronista, llamada oficialmente reforma agraria, que enarbolan los acólitos del régimen como uno de los grandes aportes al desarrollo nacional de Stroessner, en asociación con el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, fue la entrega de miles de hectáreas (la Comisión Verdad y Justicia enumeró hace 20 años entre nueve y doce millones) a las familias más allegadas al tirano, cuyos herederos, entre ellos Abdo Benítez, conforman el tejido latifundista actual.

Los campos de la Patria registran un tenebroso historial del accionar de los uniformados, y son numerosos los testimonios que confirman el horror de los abusos cometidos por agentes al servicio de los potentados contra el campesinado pobre y pueblos nativos desde la mitad del siglo pasado, crímenes prolongados en la década y media última, con la incursión de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), asesoradas por expertos de Colombia, EE.UU., Israel y de algunos otros países y servicios de inteligencia extranjera, con la misión de combatir la guerrilla, el narcotráfico y el contrabando.

Abundan las denuncias de las organizaciones campesinas y de aborígenes, contra el comportamiento de grupos militares y policiales que irrumpen en las viviendas para sembrar terror y robarles los pocos animales que poseen e, incluso, comidas y otras pertenencias, además de consignarse violaciones de mujeres y el asesinato de más de cien dirigentes, mayoría jóvenes emergentes, sólo en los últimos 30 años. En los 35 del totalitarismo que condujo Stroessner, suman miles.

El costo diario de las FTC, con su arsenal de guerra, burocracia, prostitución y fraudes administrativos,  absorbe un elevadísimo porcentaje del presupuesto nacional de la nación y, a través de los años y de los cambios de gobiernos, transita por el más absoluto fracaso, salvo para el grueso de sus jerarcas que engrosan sus cuentas bancarias, muchos travestidos en jefes paramilitares, protectores de los geófagos y de las diversas organizaciones narcotraficantes, mezcladas con el contrabando más diverso.

El poder de esas fuerzas delictivas ha llegado con su matonaje a Asunción y a otras ciudades importantes del país, convertidas en teatros de asesinatos entre hampones, que superan la vocación de poder de los cabecillas del Estado y de su propio arsenal de guerra, lo cual no aparece en la interpretación de Abdo Benítez y su argumentación ante el parlamento al presentar el proyecto de librar el control ciudadano al Ejército.

Aparato “ocioso”, dice, olvidando que esas tropas bien podrían efectuar obras sociales, en primer lugar, alfabetizarse, y cultivar los miles de hectáreas que las FFAA poseen, buena parte alquiladas a extranjeros, que bien deberían servir para cosechar alimentos para esa misma masa uniformada. Numerosas escuelas y hospitales se caen a pedazos.

La realidad desmiente los informes oficiales, los discursos del enjambre jerárquico del país y de la prensa funcional, cuando hablan de combatir la lucha armada, en referencia al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), entelequia guerrillera que no pasó de una ilusión hace década y media y hoy sólo sirve como pretexto para mantener presos y cubrir las fechorías de la delincuencia institucionalizada, que lo utiliza como una mecha que le da lumbre mediático o apaga, según ordene  la Embajada de Estados Unidos.

Por lo demás, el contrabando, al igual que el narcotráfico, gozan de muy buena salud, alimentando un grosero lavado de dinero que permite llenar el país de vehículos suntuosos, con escasísima venta, como se observa en los miles playas de venta que hay por todos los terrenos, de lujosas e inmensas torres de apartamentos y locales comerciales, vacíos, de small, convertidos en paseos familiares y de expendedores de combustible, cada 500 metros, donde jamás hay una fila esperando atención.

Un informe del Banco Itaú, difundido desde su sede en San Paulo, Brasil, ha revelado en las últimas horas que la economía paraguaya está en -1.5 (0-1.5), la más baja caída desde el 2000, agravando esa situación un generalizado descreimiento ciudadano de la política, de cuyos actores oficialistas no esperan ninguna solución, abriéndose paso la idea de que la salida del caos nacional sólo será posible si el pueblo se organiza, al menos para frenar esta escalada partidaria irresponsable, absolutamente insensible al hambre de cientos de miles, en un país con inmensas riquezas.

Esa distorsión de la realidad social aparece en cuanto discurso pronuncian los voceros del Banco Central que citan 1.5 por ciento de crecimiento del PIB y, como no van nunca a las góndolas de los supermercados, niegan la tremenda inflación del costo de los productos básicos, cuyos propietarios, un pequeño número, casi todos dueños, además, de las empresas de comunicación, se benefician con la ausencia de control ministerial de precios y de calidad de las mercaderías, buena cantidad ingresada ilegalmente.

Junto a unas decenas de familias oligárquicas, el único sector que, más o menos, acepta la política del gobierno, aunque le exigen extremar las medidas para aumentar sus ganancias, es el que está empotrado en el agronegocio, en particular las transnacionales exportadoras de soja y otros transgénicos, exoneradas de impuestos, y los grandes ganaderos, sobresaliendo poderosos capitalistas extranjeros, mayoría brasileros que, según diversas fuentes cuasi oficiales, ya estarían ocupando 33 por ciento del territorio nacional.  A nivel de restaurantes y otros negocios, conviene falar.

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