Un contrato social para vivir en Paz

Por Libardo García Gallego: 

Desde hace muchos siglos los líderes más humanistas, más solidarios con los de su misma especie, vienen haciendo intentos por construir una sociedad armónica, pacífica, donde todos los seres humanos vivamos felices. El último documento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre 10 de 1948. ¿Pero por qué no es posible llevarlo a la práctica?

Intentemos alguna explicación. 

Un sector ambicioso, egoísta, autosuficiente, de la población, autoproclamado como más capaz e inteligente que sus congéneres, basado en la teoría de la selección natural, según la cual en la sociedad humana sólo los más astutos, los más feroces, tienen derecho a una vida feliz y los demás deben ponerse a su servicio, se ha inventado sistemas socioeconómicos y políticos para hacer realidad esa concepción. Inclusive hay personas tan convencidas de ello que predican a todos los vientos el origen divino de la misma y que nadie tiene derecho a contradecirla. Así ha vivido la humanidad en el esclavismo, en el feudalismo y hoy en el capitalismo. Hobbes resumió tal situación en la oración: “El hombre es un lobo para el hombre” y Marx la expresó así: “La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”.

Para ese sector autocrático, si las personas no compiten entre sí es imposible el progreso de la sociedad, dizque porque hay individuos que, por genética, son perezosos, incapaces, no creativos ni emprendedores y, en consecuencia, éstos no tienen por qué gozar de los mismos privilegios. Los autosuficientes hablan de democracia, pero de acuerdo con su propia interpretación, con ventajismos de toda índole; también se enjuagan la boca con la palabra justicia, entendida como la garantía de la desigualdad, laxa para los de arriba y represiva para los de abajo. Por hacer populismo prometen igualdad social, pero todas sus acciones tienen como objetivo pisotearle los derechos a los más desprotegidos.

Los pertenecientes a este grupo actúan como si estuvieran autorizados para asesinar a las personas que no comparten sus ideas o a cualquier humano que consideren perjudicial para sus propósitos, autorizados también para arrebatarles las tierras a los campesinos mediante chantajes y amenazas; para fundar empresas industriales y financieras, comprando con migajas la fuerza de trabajo y cobrando intereses exorbitantes. En todo lo que hacen cuentan con el respaldo incondicional de los poderes públicos, sin necesidad de preguntar: ¿Y el poder para qué?

En la orilla opuesta estamos quienes pensamos que con algo de racionalidad podríamos construir un mundo feliz para todos, claro, sin extravagancias, sin excesos, sin malversación. ¿Por qué los países escandinavos lo pudieron hacer? Un contrato corto, pero eficaz y eficiente; no es necesario añadir y añadir cláusulas con el fin de enredarlo y no cumplirlo; una Constitución lacónica, como la Suiza, en la cual se establezcan deberes y obligaciones, tanto para los individuos como para el Estado. Ejemplos: el homicidio intencional o voluntario, sin justificación, debe penalizarse con trabajos forzados en una colonia penal por el resto de vida del homicida, pues quien sin ningún motivo justificable le quita la vida a un congénere no merece vivir; la misma pena deben pagar los que roban los dineros públicos, usurpan tierras y propiedades ajenas, los corruptos, quienes deben devolver a sus dueños todo lo robado; igual castigo para los violadores de niños. Los atracadores, apartamentos y rateros de carros, motos, bicicletas, carteras, celulares, deben pagar largas condenas y someterse a un proceso de resocialización, sin el embeleco ese de casa por cárcel.

El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos a toda su población, incluyendo los fundamentales (vida, educación, salud, empleo, vivienda, libre opinión, libre desarrollo de la personalidad, etc.), los sociales, económicos, culturales, colectivos y ambientales, y la omisión o violación de esta obligación también será penalizada con trabajos forzados para los responsables; la diferencia salarial entre un trabajador manual de bajo perfil y el de un intelectual del más alto rango no podrá ser superar a 15 veces; se fijarán límites a la magnitud de la propiedad privada tanto sobre medios de producción como de consumo. El Estado puede y debe poseer empresas productivas, cuyas utilidades vayan al erario público, es decir, a toda la población, en lugar de dejarlas en manos de particulares para su exclusivo beneficio. El Estado también estará obligado a crear empleos para aquellas personas que estando en edad económicamente activa se encuentran desocupadas.

El pluralismo ideológico, político y religioso tiene que ser respetado y garantizado; sin embargo, podemos ponernos de acuerdo en unas ideas fundamentales, cediendo ambiciones y privilegios desmedidos, principiando por aceptar que el primer derecho y objetivo primordial de todo ser humano es el derecho a su felicidad. El mundo necesita un pacto de convivencia equitativo y justo, y con uno que incluya puntos como los aquí propuestos, más otros similares que faltan, podríamos vivir pacíficamente bien entre los humanos y en armonía con la naturaleza. Sería la forma de empezar a terminar la lucha entre clases sociales antagónicas.

Armenia, 17 de enero de 2019

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