El Panfleto de Bachelet y la aprobación del TIAR de Guaidó.

Por Juan Martorano:

Recientemente, algunas amistades me preguntaron mi opinión respecto a la decisión del pretendido presidente autoproclamado, Juan Guaidó, quien ha señalado que para el día martes 09 de julio de 2019, la Asamblea Nacional (En desacato e insubordinada) aprobaría el reingreso de Venezuela al denominado Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), y después se solicitaría a la OEA ese reingreso. Todo esto formaría parte de la generación de condiciones para la legitimación de una invasión militar, de tipo “humanitario” sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Pero este anuncio del parlamentario no se puede ver fuera de contexto con la reciente divulgación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me refiero a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de la cual, ha habido algunos analistas que se han pronunciado al respecto.

Tal y como lo señaló la camarada Secretaria de Organización del partido “Patria Para Todos”, diputada de la AN y diplomática de carrera, Blenia Medina, Mal puede catalogarse de informe el papel que leyó Bachelet el pasado 4 de julio de 2019. Y el referido documento, ha sido rechazado por múltiples personalidades e instancias, una de ellas, la de Alfred De Zayas, investigador independiente quien realizó un informe muy objetivo sobre la situación de Venezuela, y uno de los más vehementes críticos del documento de Bachelet.

Lo primero que hay que señalar sin ambages, es que la “Bachelet” no escribió el referido documento; el cual estaba redactado desde el mes de marzo del presente año, cuando la avanzada que ella envió (y que es el mismo equipo de su antecesor, el príncipe jordano Zeid Raad Al Hussein, quien es muy amigo del dirigente opositor de la Revolución Bolivariana, Diego Arria) en su visita al país durante ese lapso comprendido. Entre otras cosas, hay algunos eventos que no se refieren en el documento de 18 páginas, como es el magnicidio en grado de frustración contra el Presidente Maduro del 4 de agosto de 2018, y el sabotaje eléctrico sufrido a partir del 07 de marzo de 2019 y durante todo ese mes. Los que han tenido la oportunidad de leer el precitado documento antes señalado, entenderán muy bien a lo que me refiero.

Sin embargo, me permitiré referirme a algunos ítems del referido documento, el cual en lo personal no me sorprendió en lo más mínimo, y que amerita una respuesta bien fundamentada por parte de diferentes organizaciones promotoras de Derechos Humanos con visión crítica y contrahegemónica, organizaciones políticas y sociales que deseen pronunciarse con respecto a ese documento que no dudo en catalogar de “panfleto”.

Importante es de señalar que, en el mundo entero, ningún Estado cumple al 100% con los Derechos Humanos, y siempre se registran de alguna u otra manera violaciones a los mismos. También las nuevas concepciones de Derechos Humanos señalan que no sólo los Estados son susceptibles de cometer violaciones a los Derechos Humanos, sino que también personalidades del sector privado pueden cometer este tipo de infracciones. Esto, evidentemente los que defienden los Derechos Humanos con visión hegemónica no lo señalan en sus argumentaciones.

En el ítem II del referido “informe” en el que se refiere a los derechos económicos y sociales, se sostiene que “la crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía siga contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”.

Llama poderosamente la atención este análisis simplista y totalmente descontextualizado de la realidad que afronta el país. Porque evidentemente las violaciones de los derechos económicos y sociales de la población vienen producto de una política de exterminio promovida desde las administraciones Obama-Trump en el contexto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales contra el Estado- Nación venezolano. Estas medidas, de acuerdo al estatuto de Roma, puede perfectamente configurar el delito de genocidio contra la población venezolana, en la cual, el Gobierno y Estado venezolano pueden perfectamente accionar.

Resulta curioso que en el documento leído por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos, nada señale que en buena medida, la privación de Derechos Sociales y Económicos se debe a la manipulación del tipo de cambio tendiente a propiciar la merma del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, el bolívar, y a tratar de imponer una dolarización de facto de la economía venezolana, elemento este que golpea de manera considerable a los sectores más vulnerables de la población al negársele el acceso a alimentos y medicamentos. Y esto proviene de sectores privados de la economía venezolana en coordinación con operadores políticos y conglomerados mediáticos vinculados a la administración Trump, y no al Gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros.

Señala el referido panfleto que “el desvío de recursos, la corrupción y falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión han tenido como resultado violaciones al derecho a nivel de vida adecuado, entre otros, al deterioro de los servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, miembros del Gobierno comenzaron a hablar de las consecuencias de la crisis económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto a la escasez de alimentación y de los medicamentos. El Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión social”.

Ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien iniciándose el período constitucional presidencial 2019-2025, en la juramentación de su nuevo período para el cual fue reelecto, ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero de 2019, que solicitó ante la Asamblea Nacional Constituyente la modificación y ajustes a la Ley contra la Corrupción, a los fines de castigar de forma ejemplarizante delitos cometidos por algunos funcionarios públicos durante su administración. No en balde, durante la presente administración de Nicolás Maduro, cerca de 4.000 funcionarios públicos y funcionarias han sido procesados y detenidos por la comisión de delitos contra la cosa pública.

Y evidentemente, ante el asedio que se promueve desde el gobierno de Estados Unidos, si nos consta que el 75% de la inversión social se destine a las Misiones Bolivarianas y a establecer todo un sistema de protección del pueblo, sobre todo dirigida a los sectores más vulnerables de la población, rompiendo con la ortodoxia de las políticas neoliberales referidas a las políticas de “ajustes estructurales”, donde siempre resultan perjudicados los más débiles. Esto no es reconocido en el pretendido “informe” de la señora Bachelet.

En el referido pasquín se ataca al programa Clap promovido por el Ejecutivo Nacional, al catalogarlo que el mismo “no cubre las necesidades nutricionales de la población y que el Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias. En los últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, aunque ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población”.

Es evidente que la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se alinea con posiciones que hemos leído en portales web y de conglomerados mediáticos nacionales e internacionales. Cuando se señala que “según las personas entrevistadas le habrían señalado una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, se demuestra una posición sesgada y totalmente parcializada, lo que de hecho ya descalifica el mencionado documento.

Resulta temerario responsabilizar de manera exclusiva al Estado venezolano de la actual hiperinflación y contracción de la economía venezolana y a las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década, como responsables del debilitamiento de los sistemas de producción y distribución de alimentos, “aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas (financiada por la NED y la USAID) confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas .

Así como se usa a la ONG Cáritas como una de las fuentes de este informe, el basamento de muchas de sus informaciones de ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones de Humberto Prado, Espacio Público de Carlos Correa o Foro Penal Venezolano de Alfredo Romero, con una posición políticamente claramente alineada con sectores de la oposición venezolana y que constan en numerosos archivos de haber recibido financiamiento de agencias de inteligencia de Estados Unidos, son algunas de las razones que nos motivan a rechazar el pretendido informe.

Se obvia en el mismo que desde la imposición de medidas coercitivas unilaterales desde el 9 de marzo de 2015, y desde esa fecha hasta el presente se han dado no menos de 150 rondas de imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no aparece reflejado en el referido informe.

Se busca destacar en el documento una supuesta persecución, judicialización y criminalización a la disidencia política de actores políticos al Gobierno de Nicolás Maduro, así como de la supuesta “represión selectiva”, pero nada se señala de la muerte de Orlando Figuera, por parte de simpatizantes de la oposición, sólo porque éste parecía “chavista”; o las muertes de Robert Serra, Eliécer Otaiza, o los constantes llamados a la violencia y al derrocamiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas; o al magnicidio en grado de frustración cometido en contra de la persona del Jefe del Estado y de altas personalidades de las ramas del Poder Público Nacional el 04 de agosto del año 2018, lo cual tampoco aparece reflejado en el referido papel de trabajo.

En el panfleto antes mencionado, se ataca la labor de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al catalogarlas como sustitutas de las denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Importante es de destacar que estos cuerpos de seguridad e inteligencia han ejercido una labor de contención democrática de las amenazas, en el marco de guerra híbrida, multidimensional y multiforme que vive la República Bolivariana de Venezuela, desde la asunción del comandante Hugo Chávez en la Presidencia de la República, y la cual ha escalado luego de su desaparición física el 05 de marzo de 2013.

Muy importante señalar que, nuestra política de seguridad ciudadana, y de seguridad y defensa de la Nación, están sustentadas en lo preceptuado en el artículo 326 del texto constitucional, concatenado con el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Este último artículo, nos permitiremos transcribirlo, textualmente:

“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un Sistema de Protección Popular para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, con el fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema al que se refiere este artículo, deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas para su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y pueblo organizado”.

Es decir, las referidas instancias, conjuntamente con el pueblo organizado y las instancias del Poder Comunal, son las que definen las políticas de seguridad ciudadana, así como la política de Defensa y Seguridad de la Nación.

No ha sido política de Estado, ni en el gobierno de Hugo Chávez ni ahora con el presidente Nicolás Maduro la promoción sistemática y violación de Derechos Humanos. Y aquellos funcionarios y funcionarias de cuerpos policiales o de inteligencia implicados en estos delitos, han sido puestos y llevados ante el sistema de administración de justicia.

De hecho, ha sido el propio Primer Mandatario Nacional quien ha pedido investigaciones sobre la comisión de estos hechos punibles. Además de los denodados esfuerzos por establecer una Comisión de Justicia y la Verdad, la cual no solo es descalificada en el documento, sino minimizada en su labor de diálogo y paz con todos los sectores del país.

De ahí que sería muy interesante, que la cancillería venezolana le exija a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no sólo que exprese la verdad de Venezuela, sino un informe completo sobre la situación de Derechos Humanos en la frontera sur de EEUU. Cada día mueren migrantes de las caravanas provenientes de países centroamericanos como Honduras, México, Guatemala, presos en campos de concentración donde los mantiene hacinados, sobre todo a niños y adultos, en condiciones infrahumanas. O la situación en Colombia, donde se han asesinado a más de 300 líderes sociales, ex guerrilleros de las FARC-EP, por sólo citar dos ejemplos emblemáticos.

A esta trama de desestabilización y de tratar de generar las condiciones para una intervención directa, en alineación con el panfleto de Bachelet, Guaidó se activa y ahora pretende que el parlamento apruebe el TIAR para Venezuela, a fin de activar, lo que sectores de la oposición han realizado, una interpretación tergiversada del artículo 187 numeral 11 del texto constitucional, para legitimar la invasión gringa en Venezuela.

“Ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro para el mundo que Venezuela vive una dictadura. Por eso, asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte de una sola estrategia, para conquistar el cambio”, señaló Guaidó.

Guaidó comunicó que “cumpliendo los pasos requeridos”, la AN aprobará el TIAR, y una vez que esté aprobado, “tocará construir el respaldo de los demás países de la región para que este mecanismo cuya aprobación final pasará por la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Es clara la hoja de ruta del títere imperial.

Por ello, es que Guaidó decidió enviar a su delegación y “sentarse” con la del Ejecutivo que lidera Nicolás Maduro. Al respecto de este tema, señaló: “tanto en Oslo, como en el Grupo Internacional de Contacto y todos los espacios de presión, nuestro objetivo es el mismo: lograr una solución definitiva a la crisis de nuestro país”. Es decir, Guaidó entiende la jornada de diálogo de esta semana como el ultimátum que quiere darle a Maduro, antes del despliegue de la cartilla que le han dado sus amos, los gringos.

Sin embargo, Maduro le picó adelante, y no solo con la ratificación de Vladimir Padrino López como titular de la cartera de Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz; A Ceballos Ichaso como jefe del CEOFANB, y modificaciones parciales en el Alto Mando Militar. Sino que ha ordenado ejercicios militares a partir del 24 de julio del presente año, a la par que Caracas se reunirá la izquierda mundial en el Foro de Sao Paulo, hasta el 28 del corriente mes. Son algunas muestras de la estrategia de Maduro.

Y una carta que se jugaría, para que en caso de que la representación guaidonistas se levante de la mesa para tratar de generar violencia. Maduro la tiene como desencadenante histórico muy similar a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el 1 de mayo de 2017. Pero no me corresponde a mí anunciarla, ya que es algo así como: “En caso de incendio, rompa el vidrio”.

Ahí se las dejo.

¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranoster@gmail.com