Por Tony López R.:
Con la participación de 14 países latinoamericanos y
europeos concluyó el pasado jueves 7 de febrero la reunión del Grupo de
Contacto Internacional (GCI), convocado por México y Uruguay. Dicho cónclave
terminó con un llamado que provocó dos posiciones diferentes: La declaración
llamando a elecciones presidenciales libres, transparentes y creíble en el
menor tiempo posible y abogando por una solución pacífica excluyendo el uso de
la fuerza, firmado por la Unión Europea, Uruguay, España, Costa Rica, Alemania,
Italia, Portugal, Suecia, Francia, Países Bajos, Ecuador y el Reino Unido.
Mientras que México, Bolivia y los Países miembros del
CARICOM, no la suscribieron. El día anterior, miércoles 6, se había conformado
y aprobado el Mecanismo de Montevideo un instrumento cuyo eje central es el
diálogo sin condicionamiento entre las partes y a disposición de los actores
venezolanos como una alternativa pacífica y democrática. De la cual luego de
firmado se apartó Uruguay.
La representante de la Unión Europea Federica Mogherini, fue
enfática en sus posiciones, pero señaló que ambas iniciativas “no son
incompatibles una a la otra” y añadió que ambas pueden converger hacia el
objetivo de alcanzar un resultado democrático y pacífico de esta crisis”. Sin
embargo, la realidad, composición y objetivo de estas dos iniciativas, son
diferentes. La europea injerencista e inviable y la mexicana y caribeña
respetuosa de los problemas internos y de la soberanía e independencia de los
venezolanos.
Con la supuesta propuesta europea, Estados Unidos logró
introducir la división en los objetivos que se planteaban México y Uruguay y
que irónicamente y seguramente con la desaprobación popular uruguaya, el
gobierno de Tabaré Vázquez se alineó al
lado de la Unión Europea, también de Estados Unidos.
Esta postura uruguaya
abrió una brecha con México, nada saludable para el diálogo y la paz,
objetivo que se perseguía alcanzar para evitar una confrontación militar en
Venezuela, la que de no evitarse y oponerse unidamente a ella, el conflicto
militar puede extenderse a una buena parte de la zona suramericana y a la
desestabilización de toda la región que es en el fondo a lo que apuesta el
gobierno de los Estados Unidos, para lograr recuperar la influencia política y
económica de la cual gozaba en décadas anteriores.
La región suramericana, seriamente comprometidas, como es el
caso de Brasil, Argentina, la propia Venezuela, por la multipolaridad y los
acuerdos económicos y comerciales con grandes potencias, como lo son la
República Popular China y la Federación Rusa, es signo de preocupación en
Estados Unidos y así fue expuesta el 15 de febrero del pasado año por el jefe
del Comando Sur, Almirante Kurt W Tipp ante la Comisión de Defensa del Senado
en Washington. El alto Jefe Militar
afirmaba que la acción de su país contra Venezuela, era entre otras,
motivadas por las estrechas relaciones políticas, económicas y comerciales de
este país andino con Rusia, China, Turquía e Irán, lo que ponía en riesgo la
Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Un ejemplo claro fue la negativa a la propuesta del capitán-
presidente Jair Bolsonaro, cuando se planteó en su política exterior limitar
las relaciones comerciales con la República Popular China, el poderoso
empresariado brasileño se negó, porque la venta de productos de Brasil al
gigante asiático sobre pasan los 30 mil millones de dólares y Bolsonaro tuvo
que retirar su propuesta.
La señora Mogherini conoce perfectamente, que la propuesta
recogida en dicha declaración es inaceptable para el gobierno de Venezuela, la
cual ya fue diplomáticamente refutada por el presidente Nicolás Maduro, quien
se pronunció por el diálogo y la paz, y solo reconoció la propuesta mexicana y
del Caricom, el llamado Mecanismo de Montevideo. Debe tomarse en cuenta que la
posición venezolana no es ningún capricho, sino porque aceptar la declaración
del CGI viola la Carta Magna del país andino y el adelanto de elecciones
presidenciales, es admitir que las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron
fraudulentas.
Por otra parte, desde Washington el señor Elliot Abrams
criticó la cumbre convocada por iniciativa de México y Uruguay, y con total
desprecio señaló “no estamos interesados en unirnos al Grupo de Contacto y
llamó a la comunidad internacional a reconocer a Juan Guaidó como presidente de
Venezuela”.
¿Una posición soberbia y desafiante o una hábil fórmula para
lograr la propuesta intermedia? Abrams es especialista en esos engaños. Las
posiciones guerreristas de Estados Unidos
solo han tenido eco en un pequeño grupo de países subalternos a Estado
Unidos, como está sucediendo hoy con la Unión Europea, a pesar de las
posiciones anti europeas que ha desarrollado el presidente Donald Trump desde
que asumió la presidencia, denunciada por
el ex canciller sueco Carl Bildt quien ante la escandalizada élite
europea, tuiteó “ Nunca habría creído que un candidato a la presidencia de
Estados Unidos pudiera constituir una grave amenaza a la seguridad de
Occidente”.
En tiempo real y a través de sus tuits, Trump ha estado
reconfigurando la política exterior de Estados Unidos y socavando a la OTAN y a
las bases de las relaciones de Washington con la Unión Europea, también de una
buena parte de los tratados internacionales, como la ruptura de los Acuerdos de
Paris sobre el cambio climático y su última irracionalidad el rompimiento del tratado de no
proliferación de armas nucleares de medio y corto alcance, que recibió la inmediata respuesta del
gobierno de Vladimir Putin, al dar a conocer que comenzaran a reactivar su
industria en este tipo de armas.
Por último y para dejar claro que todo lo que ha venido
implementando Estados Unidos contra Venezuela, utilizando a su empleado en la
OEA, Luis Almagro, es una grave violación a la carta de la ONU y de la propia y
desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), en su artículo 19,
reza: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente a las fuerzas
armada, sino cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales
que lo constituyen”.
Venezuela puede solicitar una opinión Consultiva a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, para que respondan si las intervenciones
de Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea violan o no el Derecho
Internacional. Algunos de estos
gobiernos, pueden ser sometidos a una acción judicial en sus propios países por
violaciones al derecho internacional, como el caso panameño que en su artículo
4 de su Carta Magna obliga a Panamá a acatar las normas del Derecho
Internacional, la más importante de las cuales es la no intervención en los
asuntos internos de otros Estados.
Panamá no puede olvidar la criminal intervención gringa en su territorio
que costo decenas de miles de muertos.
Esperemos que el camino del diálogo y la paz reine en
nuestra región y que termine la farsa montada artificialmente por Estados
Unidos contra Venezuela y que los gobiernos latinoamericanos y caribeños se
unan para defender el derecho de no intervención en sus asuntos internos porque
a futuro no se puede predecir si alguno de ellos puede ser víctima de lo que
hoy sucede con el gobierno venezolano.
Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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