Por: Tony López R. : (*)
La decisión del
presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, de impedir el
ingreso a los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC) al recinto del Congreso de la Nación, no solo viola un derecho ciudadano
amparado por la Constitución, sino una bofetada a los Acuerdos de Paz firmados
por el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente del nuevo Partido,
integrado por militantes y simpatizantes del antiguo movimiento guerrillero
FARC-EP.
Está decisión vista aisladamente pareciera que se trata de
una contradicción al interior de la oligarquía y al sistema neoliberal que
representa Lara Restrepo, como
integrante del partido Cambio Radical.
Partido que formaba parte del gobierno
desde el segundo mandato de Santos Calderon y la respuesta del ministro del Interior Guillermo Rivera,
adversando al presidente Lara Restrepo, no es más que él juego que ha venido
haciendo el Gobierno, para cubrir la forma y justificarse.
Sin embargo, si tomamos en cuenta los actuales incumplimientos en los que el
Gobierno viene incurriendo con los Acuerdos de paz, y las trampas que tendieron
desde que comenzaron las conversaciones en febrero del 2012, podemos colegir
que no se trata de contradicciones, sino de un pacto a la sombra, donde el
Gobierno y sus delegados aparecieron como conciliadores y hombres de paz y los
“opositores a la paz” liderados por el
senador Álvaro Uribe Vélez, montando el escenario mediático de que Santos y su
gobierno estaban entregando el país a la guerrilla y al castro-chavismo.
La primera pregunta que me hice cuando se hizo público que
el Gobierno colombiano había iniciado conversaciones con las FARC allá por agosto del 2012, fue: ¿Cuál será el objetivo de que el
Gobierno colombiano está tan interesado
en hacer la paz con las FARC? Mis
conclusiones fueron dos: a) Los grandes
inversionistas agrarios y minero-energéticos estadounidenses, europeos y colombianos, presionaron al Gobierno para que iniciara un
proceso de paz, no podían invertir sin garantías de seguridad y no estaban en condiciones de pagarle impuestos a la
guerrilla por los secuestros y los riesgos. b) La guerrilla colombiana en
este caso ELN y FARC son un gran impedimento ante la hipótesis, hoy más
creciente, de una intervención militar gringa en Venezuela, la insurgencia se le
convertía en la retaguardia segura a la Revolución Bolivariana, había que
eliminar ese obstáculo.
El impedimento al ingreso al Congreso, es un fuerte mensaje
de los opositores a la paz, acompañado a
una cada vez más peligrosa escalada del Gobierno, en contra del movimiento popular y directamente
contra líderes comunales,
afrodescendientes e indígenas y de
organizaciones sociales y de derechos humanos, el asesinato de 35 excombatientes de la guerrilla, 16 familiares
de los guerrilleros y 116 líderes comunales, el crecimiento del
paramilitarismo, el incumplimiento de la
amnistía a los presos políticos, la masacre de Tumaco, la represión en el
Catatumbo y otras regiones del país, la detención de jóvenes y líderes
estudiantiles como la del joven Mateo Gutiérrez León, preso en la Cárcel Modelo de Bogotá sin que
se hayan aportados pruebas de los delitos políticos que le atribuyen.
Se está aplicando desde la firma de esos acuerdos, lo que
los manuales de la CIA y el Pentágono distribuyeron a las Fuerzas Militares y
de Seguridad en nuestra región, y poner
en práctica una de las modalidades de la “guerra de baja intensidad”. O golpe de Estado o manejo de los
instrumentos que dotan las Constituciones de los países con herramientas que
defienden al sistema político burgués.
(Casos Lugo en Paraguay y Dilma
en Brasil) irrespetando a 54 millones
de electores en Brasil
y en Honduras Golpe Militar.
Las FARC aceptó este camino, “sin vencedores ni vencidos” por
cansancio e inaceptable costo pero todos saben quién ganó. La ecuación de la
negociación en la doctrina de guerra de baja intensidad es ganar-perder. 56
Salvedades o temas estratégicos algunos de ellos para lograr cambios
estructurales, no se incluyeron nunca, a pesar de que se acordó que “nada está
acordado hasta que todo esté acordado” en realidad, el Gobierno admitía pero
nunca aceptó ese principio, debía ganar tiempo, el referendo era clave y su
resultado respaldó el abandono de ese acuerdo, quedando absolutamente relegados
los temas que fueron la fuente originaria para el nacimiento de la guerrilla de
las FARC en 1964.
Santos es un maestro en la guerra de baja intensidad y ha coordinado todo el proceso
con expertos en este tipo de negociación. El movimiento de Uribe su NO al
referendo fue un manejo soterrado de la oligarquía para quitarle a las FARC lo que el Gobierno
le concedieron en la negociación de La Habana y además para demostrarle a la
opinión pública nacional e internacional que no tenían el apoyo de la
población. Allí perdió las FARC, no el Gobierno, a pesar de que las FARC
siempre estuvieron en desacuerdo con el referendo y no lo avalaron.
Tampoco el gobierno de Santos hizo política electoral para
que ganara el SI era una forma muy sutil de favorecer lo que estratégicamente
le favorecía, la derrota para el gobierno era coyuntural, para la guerrilla no,
tal es así que hubo de volver a La Habana a modificar acuerdos y eliminar
otros, a pesar de que el referendo que se había realizado no era vinculante, pero no fue así, los
ganadores del referendo con los millones
de votos de respaldo, exigieron cambios y modificaciones.
Todo es una gran operación política de la oligarquía, ahora
se pondrá en práctica un paso más en la
estrategia que deja descolocada a las FARC, cuando la Corte Constitucional deje
sin efecto el próximo mes, la aprobación por el Congreso de los acuerdos con el
método del Fact Track. Un argumento absolutamente jurídico lo invalida,
mientras que en realidad es un tema
político y de interés nacional y como se sabe que aplicando un análisis
individual articulo por articulo y someterlo al pleno de ambas cámaras, muchos
de estos pueden o no ser aprobados o modificados. Aunque según la Corte
Constitucional estos no pueden ser modificados.
La aceptación en la Mesa de los diálogos de La Habana, de que los Acuerdos de Paz, no fueran
llevados a la refrendación por una Asamblea Nacional Constituyente, los dejo
desprotegido y que no se consideren como
una política de Estado.
Más aún, están contra el tiempo y si no se acelera la
aprobación de los Acuerdos de La Habana, estos pasaran a ser tratados el
próximo año, un año electoral y con la espada de Damocles sobre ellos, porque
las pitonisas auguran el triunfo de un candidato y una composición en el Congreso poco favorable a la gestión de
paz del gobierno de Santos. Hay que señalar que ese pacto oligárquico llevó a
Santos a perder en lo táctico, pero ganó en lo estratégico, al lograr
concentrar a la guerrilla, desarmar a la más grande y poderosa
organización insurgente y sentar en la
mesa de dialogo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuyo final es aún incierto..
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario