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viernes, 11 de enero de 2019

Monsanto-Bayer dominan la Política para despoblar el mundo


Por Norma E. Ferreyra:
Nadie puede imaginar, lo que hacen estos monstruos perversos, en los países del mundo pero muy especialmente, en Argentina y en México, que usaron como laboratorios de experimentación, para medir cómo podía realizarse el exterminio humano y reducir la población mundial, muy drásticamente.
Y voy a mirar a la Política, que fue operándose en Latinoamérica con las Mineras y los agronegocios, en especial Monsanto, quien se alió al coloso Bayer, para agregar a su negocio más poder y venenos.


Huerquen - Comunicación en colectivo del jueves 8 de noviembre de 2018, ha publicado que una nueva Ley de Semillas se cocinaba a espaldas de todos

En Argentina, para el martes 13 de noviembre la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar al tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año. Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Don Mario y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un agricultor utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc). Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Hasta ahora en nuestro país las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los hizo fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.

El “uso propio” consiste en el derecho de replantar las semillas obtenidas en las cosechas anteriores. Hasta ahora, cuando un agricultor compra una bolsa de semillas paga dentro del precio los derechos de propiedad intelectual (“derechos de obtentor”) que pudieran tener; no obstante puede reservar una parte de las semillas obtenidas en la cosecha para resembrar en el siguiente ciclo. Las corporaciones buscan cortar con este derecho, y pretenden una nueva ley que les garantice cobrar de regalías CADA VEZ que un agricultor utilice “sus” semillas. Si bien desde las organizaciones campesinas y de la sociedad civil decimos que es una aberración que las semillas puedan estar sometidas a alguna forma de propiedad intelectual (porque sostenemos que las mismas son patrimonio de la humanidad y deben estar al servicio de los pueblos) esta modificación busca avanzar en sentido opuesto profundizando aún más el control corporativo sobre las semillas que son la base de toda cadena agroalimentaria y agroindustrial.

La agricultura nace hace más de 10.000 años, cuando las comunidades campesinas y los pueblos originarios del mundo “domestican” semillas de plantas silvestres y las empiezan a transformar de distintas maneras. En ese vínculo se creó la enorme biodiversidad que nos alimentó por miles de años. Ninguna semilla agrícola sale de un tubo de laboratorio y cualquier “mejora” sobre la que las empresas pretendan cobrar derechos de propiedad intelectual se apoya en esos miles de años de mejoramiento fitogenético que hicieron las comunidades alrededor del mundo. Es decir, que se apoya en el trabajo de otros. Por eso cuando una empresa dice que una semilla es “suya” oculta un robo al patrimonio de toda la humanidad.

El Gobierno Nacional tomó la decisión política de avanzar con una nueva Ley de Semillas; y en este tiempo se sucedieron una serie de reuniones reservadas a un puñado de corporaciones (ASA, Aapresid, Aacrea, Arpov, SRA, CRA y Coninagro, que hasta 2016 venían teniendo desacuerdos sobre las características de la misma) junto con legisladores y funcionarios. Desde ya, que las discusiones entre ellos son sobre los márgenes de rentabilidad que cada sector busca mantener y no el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. De esta negociación fuimos excluídos la enorme mayoría de lxs argentinos, las organizaciones campesinas, las universidades nacionales, los pueblos originarios, las asociaciones de consumidores, los organismos de ciencia y técnica etc etc etc

 El contenido del “consenso” en este selecto grupo de actores trascendió a cuenta gotas a través de los medios de comunicación que, en su enorme mayoría, se dedicaron a instalar en la opinión pública los latiguillos con que las corporaciones buscan fundamentar su posición; lisa y llanamente “operando” para ellas.

En paralelo la Comisión de Agricultura de Diputados puso en agenda el tema y retomó los proyectos presentados hasta el momento (4 proyectos de distinta autoría, más el de Federación Agraria y el que presentó un conjunto de organizaciones campesinas y cátedras universitarias), pero el proyecto auspiciado por el Ejecutivo y que contiene los puntos de “consenso” entre las corporaciones nunca estuvo sobre la mesa. “Como corresponde” la comisión convocó a audiencias donde expusieron una serie de organizaciones, legisladores, y personalidades ligadas al tema, fundamentando en distintos sentidos, y una vez cumplido el trámite de “escuchar todas las voces” se dispone a dictaminar.

La maniobra: El martes 13 de noviembre la Comisión de Agricultura convoca a plenario de comisiones (agricultura, más la de presupuesto y la de legislación) para emitir dictamen y así pasar al tratamiento en la cámara de diputados, pero como el proyecto del ejecutivo y las empresas nunca se presentó como tal (sino que circuló en off) la maniobra puede ser la siguiente:

Poner en tratamiento los proyectos en danza y decir “que se unifican” aún cuando el texto resultante no tenga nada que ver con el de los proyectos presentados formalmente: ahí es donde el “borrador” del ejecutivo deja las sombras y aparece sobre la mesa, y su texto se transforma en la “síntesis” sobre la que dictaminar. Con el parloteo a favor, las empresas y el gobierno podrían lograr dictamen de mayoría en la comisión, y dejar las voces disonantes en un testimonial dictamen de minoría. Digna del Cirque du Soleil, una carambola que puede dejar la Ley de Semillas que pretenden las corporaciones lista para su votación en la Cámara de Diputados antes de fin de año.

Lo que está en juego es enorme. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan cosas tremendas: persecución de agricultores, criminalización del intercambio, destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios. Por este camino la humanidad ya perdió el 75% de la agro-biodiversidad que nos alimentó ancestralmente, es decir que tenemos 75% menos de tipos distintos de comida disponibles lo que en el contexto de cambio climático puede llegar a ser dramático. La propia FAO admite el aumento de la hambruna y la mala alimentación de 1.500 millones de personas en el mundo; y hace pocas semanas visitó nuestro país Hilal Elver, relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, y reconoció que el agronegocio no busca alimentar al mundo como dicen sino hacer negocios; y que si de alimentación se trata hay que apostar a la agroecología y a lo que ya hacen campesinos e indígenas que producen el 70% de lo que comemos.

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de lxs agricultores y ciudadanos de este país. Hay que alertar sobre estas maniobras y movilizarnos para impedirlas. Desde distintos espacios de articulación como la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas o el espacio de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que redactó el proyecto alternativo, sin dudas que nos manifestaremos denunciando todo esto y convocando a lxs argentinos a impedir que este saqueo se consume. Depende de todos nosotros.
NORMAEF10@hotmail.com

sábado, 3 de noviembre de 2018

La Dictadura de los Privilegios en las Falsas Repúblicas


Por Norma E Ferreyra: 
Voy a referirme a mi país, porque es el que más conozco, aunque no voy a hablar exclusivamente, del actual gobierno argentino, sino de todos los anteriores, que instauraron o toleraron en la Constitución Nacional, un sistema que podía vulnerar y autodestruir los derechos que decía proteger, cuando en realidad, los único que se protegían fueron los derechos de los ricos y  sus privilegios, con el beneplácito del propio pueblo, que culto o inculto, fue inoculado desde los claustros universitarios, con conceptos erróneos, que hoy ven caer sobre sus cabezas, con asombro, hasta los más expertos “intelectuales” salidos de estas “Universidades del Poder Mundial” que no sólo nos invadieron el territorio, sino lo que es peor, nuestras mentes. Y lo hago extensivo a todos los países del mundo que no son libres. A la vez, aprovecho para hacer un “mea culpa”, porque también me dejé engañar en esas aulas universitarias, en un momento ingenuo de mi vida.

Los ideólogos de la Revolución Francesa. en su afán de destruir la Monarquía, que era un sólido escollo para dividir al pueblo, a quien el Rey representaba para oponer su peso a los nobles, es decir a la oligarquía. Los Revolucionarios  traían entre las manos la trampa del “divide y reinarás” que fue el verdadero motivo planificado de la destrucción monárquica. El rey, vestía ropas lujosas, muy pesadas e incómodas y  a su palacio podía entrar el pueblo y permanecer allí para verlo.

Cuenta Carlos Puyuelo Salinas, en su magnífico libro” La Monarquía y la República” dijo,  que cuando María Antonieta dio a luz, tuvieron que romper una ventana de su cuarto, porque se asfixiaba, por la cantidad de gente que presenciaba el parto. Señaló que los palacios eran malolientes, debido a la gran afluencia de gente que siempre había, de lo que deducimos que ser el Rey no era algo muy agradable, si comparamos con la vida de los nobles. Por otra parte, dice que dichos reyes, no se defendieron de los revolucionarios, por no levantar el ejército en contra el pueblo, al que debían defender, cuya consecuencia fue que fueran decapitados. Por otra parte, todos sabemos lo que fue la tiranía dictatorial de Robespiere, que los sucedió, bajo la patraña de la igualdad, libertad, fraternidad y cuanta mentira fue sucediendo en el tiempo. Lo cierto  fue que el “dividir para reinar” era la causa para apoderarse del mundo  y eso,  fue efectivo hasta hoy. Y más aún, cuando inventaron el balotaje, ya que entre dos, todo es más manipulable, teniendo en cuenta que el hombre se vende por el oro y por monedas, según su precio.

Pero vayamos a las Constituciones de las Repúblicas, que se  fueron copiando de los EEUU, de Inglaterra, Francia, etc. Nunca de Países vencedores en Revoluciones como México, ni  Cuba, ni Venezuela, en fin, de los que acertaron en asegurarse ciertos derechos, para contrarrestar el poder invasor extranjero de los países dominantes. De modo que la oligarquía quedó asegurada, en lo que se llama, la parte pétrea e inamovible de las constituciones, como la nuestra, donde quedan salvaguardados los derechos de los ricos oligarcas en detrimento de la clase obrera, que genera la riqueza. Así, se le asegura al rico el derecho a heredar sin límites, tanto  propiedades como el dinero sus padres y parientes, su derecho a la propiedad privada, en detrimento de los derechos sociales. Por eso, están envenenando sin control a los argentinos, a causa de las Mineras y Monsanto, con las semillas transgénicas y sus tóxicos, aparte del flúor y cloro en el agua que bebemos y de metales pesados que contiene el aire.

La República nos trajo los partidos políticos, la división de Poderes que teóricamente, deberían  controlarse entre sí, pero que en realidad forman un complot perfecto, donde  se instalan en la Cámara de Senadores y en la  de diputados, pero donde jamás va un pobre.  Todo está tan desnaturalizado, que el ejército de la patria, se usa contra el mismo pueblo que debe defender, para reprimirlo. Los Jueces son prácticamente vitalicios, forman parte de uno de los  Poderes de Gobierno y por supuesto, nunca son justos, pues son dependientes del Poder Político. Un país con justicia inexistente, donde no es gratuita, como debería ser, porque el derecho a la Justicia, es el principal derecho humano, después del derecho a la vida.

La Legislatura tiene dos Cámaras, aunque con una basta porque el pueblo es uno, pero así postergan las leyes y las resoluciones, porque hay un quórum que se maneja a voluntad, donde se puede faltar a todas las reuniones manteniendo el cargo y donde se vota, con voto cantado, para que quien le paga el voto, sepa si votó como le dijo, cuando el voto de ese poder debe ser obligatorio y secreto con los que estén presentes. Y se deberían reemplazar después de 5 faltas.

Un poder Ejecutivo que puede vetar leyes  y  legislar, presentando proyectos,  cuando para eso está la legislatura y el pueblo. El ejecutivo sólo  debe ejecutar lo que el pueblo decida con sus legisladores. Los partidos políticos, son esos entes corruptos que mandan a los legisladores a votar de tal o cual forma.  O sea hay una partidocracia o corruptocracia.

Ni hablemos de la Publicidad de los actos de gobierno, los que deberían ser siempre grabados y emitidos en el acto por la web o por cualquier otro medio público. Hay medios  periodísticos, donde los ciudadanos no participan, sólo escuchan mentiras y más mentiras. Esto está previsto como delito penal para las personas, cuando se comete una estafa o fraude, mediante cualquier ardid o engaño. Diré que existe ese fraude, cuando se usa indebidamente e intencionalmente, un ardid para manejar el resultado final de una votación, mintiendo el resultado. o cuando las promesas electorales,, no se corresponden con las acciones cuando se asume el cargo. O  son contrarias a lo prometido en campaña.  Mucho más, cuando se asegura, como lo hizo Menem, que si decía lo que iba a hacer, no lo hubieran votado. Es terrible tener que admitir que Macri ha realizado el mismo ardid y engaño, para estafar a quien lo votó.

Los poderes de la Nación no tendrían que poder vender tierras a extranjeros. Las tierras agrícolas deberían tener un máximo de extensión para un solo dueño, siempre nacional. Las fumigaciones agrícolas no tendrían que ser realizadas por el agricultor sino por una empresa nacional que controle los tóxicos. Para ello, se debería prohibir su venta directa. Nadie tiene derecho a envenenar a las personas, los suelos y las aguas, cuyos controles que deberán estar en manos del Estado.

Otra pésima costumbre antidemocrática es que el Estado nombre  Ministros que el pueblo no elige  y que en la práctica, son los que realmente gobiernan, sustituyendo al presidente. O permitir que se vendan las empresas nacionales. Entre muchas otras cosas, que debemos modificar es que haya trabajos en empresas estatales, que cuando muere el titular, se ocupan por parientes  del muerto.(derecho sucesorio de injusto privilegio) Igualmente hay profesiones Universitarias (Escribanos) que se ingeniaron para tener un cupo reducido y los que se reciben, no acceden nunca a ejercer su profesión y donde, además, se puede acomodar a un pariente, un injusto privilegio  en detrimento de una profesión, que debería tener libre acceso.
 Esto y mucho más puede verse en una Republiqueta indigna y humillante, como la mayoría de Latinoamérica, donde nadie trata de modificar nada, salvo Venezuela, Cuba, Bolivia, que son un ejemplo en la región..

normaef10@hotmail.com

sábado, 8 de septiembre de 2018

Una guerra solapada


Por Carolina Vásquez Araya:

En América Latina se vive una crisis política peligrosa para las democracias.

En Guatemala, el presidente amagó un auto golpe al estilo Serrano Elías -frenado quizá por algún “poder superior”- dejando en el ambiente la certeza de que la débil democracia, conseguida después de 36 años de un sangriento conflicto armado interno, no tiene la suficiente fuerza para salir indemne de los constantes embates de gobiernos corruptos vinculados íntimamente a las fuerzas castrenses y grupos empresariales que han dominado durante décadas la vida de esa nación. Con un estilo imitado de otros dictadores, Morales se lanzó de lleno a defender su posición declarando abiertamente la guerra a quienes pretenden consolidar el estado de Derecho, fortalecer al sistema de administración de justicia, terminar con la corrupción y acabar con la impunidad. Su mensaje desde el palacio de gobierno y rodeado de oficiales de las fuerzas armadas afianzó la convicción de que el mandatario no es más que un peón controlado y sostenido por el ejército.


La respuesta de la ciudadanía ante el cuadro desolador de los poderes del Estado, transformados en reductos seguros para garantizar privilegios e inmunidad a quienes delinquen desde las instituciones públicas, no tiene siquiera la fuerza suficiente para provocar inquietud en esos círculos. La sociedad civil ha sido fragmentada a través de insidiosas campañas anónimas desde centros de control informático y desde medios de comunicación favorecidos por los políticos de turno. También ha tenido un efecto devastador el acoso, las amenazas y asesinatos contra líderes comunitarios y periodistas cuyo trabajo ha puesto en descubierto actos flagrantes de corrupción.

Es tan descarada la manera como los funcionarios se blindan contra la acción de la justicia que dejan pocas probabilidades de verse afectados por manifestaciones de protesta, la mayoría de ellas debilitadas por el miedo a las consecuencias y la pasividad de una parte importante de la población, por lo tanto carentes del impacto necesario para causar efecto.

Este cuadro no es exclusivo de Guatemala. Ya sucede algo similar en Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina y otras naciones en donde las democracias conquistadas a fuerza de grandes sacrificios y enormes pérdidas humanas, se debilitan aceleradamente en esta suerte de “neo guerra fría” en donde la influencia de las grandes corporaciones y los intereses geopolíticos de Estados Unidos constituye una marca de identidad largamente conocida en nuestro continente. Las consecuencias del perverso juego de poner y quitar dictaduras, negociar con los grupos económicos, romper acuerdos y crear otros más convenientes a sus intereses ha causado el empoderamiento de grupos criminales cuyos tentáculos en el cuerpo institucional de los Estados les ha convertido en un poder paralelo con trágicas consecuencias para las democracias latinoamericanas.

Lo sucedido en Guatemala durante los días pasados marca un regreso a las épocas más oscuras de las dictaduras de los años 80 en muchos los países del continente. Esta nueva guerra contra los derechos ciudadanos, con el ingrediente adicional de una renovada política represiva hacia grupos de mujeres, diversidad sexual, defensores del ambiente y pobladores opuestos a las explotaciones mineras que no dejan ningún beneficio, aumenta la presión del caldero y expone al país a una explosión social de nefastas consecuencias. Ante esto, la única respuesta posible es un movimiento de unidad ciudadana capaz de anular el efecto de las estrategias divisionistas de sus enemigos más cercanos y más peligrosos: sus propios gobernantes.

elquintopatio@gmail.com