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miércoles, 1 de abril de 2020

Covid-19, el neoliberalismo y la destrucción de la salud pública



Por Aram Aharonian: 
El coronavirus ha dejado a la intemperie el drama social producto de años de neoliberalismo. La profunda crisis del sistema ha desempeñado su papel en la salud pública socavada por la política de austeridad que simplemente no puede con la enfermedad siquiera en los países europeos más “civilizados”.
Transitó el mundo occidental años de haber dejado de financiar la salud pública, de aceptar la coexistencia del sector privado -con la consecuente cofinanciación o subvención a las empresas privadas nacionales o trasnacionales- y haber transformado a los hospitales en empresas médicas, y la pandemia muestra los resultados inevitables.


El mundo globalizado de hoy está afectado no solo por el coronavirus sino por numerosas enfermedades de naturaleza económica y social, como las desproporciones desordenadas del “mercado libre”, la pobreza en gran escala, la creciente desigualdad social, el atraso crónico en el desarrollo, las enormes lagunas en la educación e, incluso, los rudimentos del fundamentalismo religioso junto a una corrupción constante.

La Organización Internacional del Trabajo prevé aumento en los índices de pobreza, desempleo y subempleo, como impacto de la pandemia y señala que 25 millones de personas podrían perder sus trabajos, superando las cifras de la crisis financiera del 2008-2009, que significó un incremento de 22% de desempleados. El impacto será devastador para los trabajadores que ya se encuentran o están cerca del umbral de pobreza.

Entre sanitaristas y privatistas
La crisis sanitaria actual paradójicamente  ha dado punto final al entrevero histórico  entre sanitaristas y privatistas. La evidencia es la propia realidad: ante una crisis sanitaria de   magnitud como la actual no se puede responder con mecanismos de transacciones de oferta y demanda, sino solo con una enérgica intervención pública.

Desde la década de 1980  el mundo ha vivido en un estado permanente de crisis. “Por ejemplo, la crisis financiera permanente se utiliza para explicar los recortes en las políticas sociales (salud, educación, bienestar social) o el deterioro de las condiciones salariales. Se impide, así, preguntar por las verdaderas causas de la crisis. El objetivo de la crisis permanente es que esta no se resuelva, señala Boaventura de Souza Santos.

Los objetivos – en favor del club de los más poderosos-  son los de legitimar la escandalosa concentración de riqueza e impedir que se tomen medidas eficaces para evitar la inminente catástrofe ecológica. “Así hemos vivido durante los últimos 40 años. Por esta razón, la pandemia solo está empeorando una situación de crisis a la que la población mundial ha estado sometida”, añade.

El  neoliberalismo desde la década del 1970,  centró su penetración ideológica en un discurso simple pero atractivo: la “libertad de elegir”, es decir  una economía de mercado sin restricciones guarda todos los secretos de eficiencia y justicia distributiva.

En forma complementaria el discurso neoliberal refirió otra simplificación explicativa: todos los crecientes problemas de las economías (desocupación, marginación, diferencias, polución,  abismales de ingresos, injusticias, inmovilidad social, sobre endeudamiento, etc.) serían debido a la presencia activa  del Estado en actividades .

Todas las actividades  “podrían ser hechas  mejor y con mejores resultados” por el sector  privado, sin pensar la existencia de contradicción alguna entre su afán de mayor lucro y los resultados sociales injustos o desbalanceados. Una de las áreas en las cuales puso la mira  vehemente pie la inversión privada en los últimos años fue el de la salud.

 El derecho básico universal a la salud pública fue bandera de los europeos y en América Latina, pero no así en EEUU, que no lo tiene siquiera reconocido. Hoy, el coronavirus expone las falencias del sistema de salud estadounidense, donde 30 millones de personas no poseen seguro médico y otros 40 millones sólo acceden a planes deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas.

Dispararon contra la salud pública
La pandemia se expande, así como el miedo a no poder pagar las costosas consultas y tratamientos. La última década dejó los sistemas sanitarios de Europa, otrora orgullosas joyas de la corona del Estado de bienestar en un estado muy precario: se perdieron y cerraron plazas, hospitales camas, médicos, se limitaron recursos, se dejaron pasar oportunidades, disminuyó la investigación y la inversión, aumentó la ganancia de las aseguradoras y los laboratorios trasnacionales.

Según la Organización Mundial de la Salud, las camas para casos agudos y cuidados intensivos en Italia se redujo a la mitad: en los últimos 25 años de políticas neoliberales, de 575 lugares cada 100.000 habitantes a 275 en la actualidad.

 Hoy EEUU no puede soportar una crisis no prevista. Bastante tienen con la gripe de cada año con la gente que satura los hospitales cada temporada de invierno. La UE naufraga ante una crisis no esperada y la impotencia de llevar a cabo una política social común, que  arruinará el poco crédito que le quedaba. Millones de trabajadores autónomos y pequeñas empresas se van a quedar sin nada.

 La campaña sistemática contra el derecho  a acceder a la atención médica garantizada tuvo otra arista siniestra y perversa no casual: la caída constante de los presupuestos de salud y de los ingresos y condiciones de trabajo de los profesionales y auxiliares de la salud, con la intencionalidad también de demostrar que la salud privada era mejor, al menos en apariencia (edificios más similares a hoteles que a hospitales, campañas de publicidad dirigida,  oferta de servicios diferenciados, etc.)  

La crisis sanitaria actual demuestra que es solo a través de la medicina pública que pueden priorizarse y volcarse los máximos  recursos a los que pueda tener alcance la sociedad . Ante un objetivo  tan elemental inmediato  como es el garantizar la salud, el fin y las prioridades no pueden ser el  lucro privado (vendo y compro lo que me conviene)  sino la atención de los enfermos y la superación de la epidemia. No se trata de un  negocio, se trata de la vida.

¿Acaso el virus nació en China? Según la Organización Mundial de la Salud, el origen del virus aún no se ha determinado. Por lo tanto, es irresponsable que los medios oficiales en Estados Unidos hablen del «virus extranjero» o incluso del «coronavirus chino», sobre todo porque solo en países con buenos sistemas de salud pública (EEUU no es uno de ellos) es posible hacer pruebas gratuitas y determinar con precisión los tipos de gripe que se han dado en los últimos meses.

La forma en la que se construyó inicialmente la narrativa de la pandemia en los medios de comunicación hegemónicos occidentales hizo evidente la intención de demonizar a China, insinuando su primitivismo (malas condiciones higiénicas en los mercados, extraños hábitos alimenticios, usados como muletilla por la prensa occidental). Subliminalmente, la ciudadanía  mundial fue alertada sobre el peligro de que China domine al mundo.

Lo que sabemos con certeza es que, mucho más allá del coronavirus, hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Desde el punto de vista de éste país, es urgente neutralizar el liderazgo de China en cuatro áreas: la fabricación de teléfonos móviles, las telecomunicaciones de quinta generación (inteligencia artificial), los automóviles eléctricos y las energías renovables.

Cambio drástico de vida
Pero la pandemia ha exigido cambios drásticos, imposibles que como por arte de magia se convierten en realidad: vuelve a ser posible quedarse en casa, tener tiempo para leer un libro o ver una película, pasar más tiempo con la familia, consumir menos y, sobre todo, huir de los centros comerciales en las grandes ciudades.

Se desmorona el imaginario colectivo impuesto por el hípercapitalismo y obliga a discutir alternativas, lo que crea mucha inseguridad en ese 1% de los dueños del mundo. La pandemia, al igual que la crisis ambiental demuestra meridianamente que el neoliberalismo mata.

 Estado de necesidad y deuda
En muchos otros países de la región,  esta enorme emergencia mundial es coincidente  con ahogo financiero. ¿Cómo volcar  mayores recursos públicos  cuando existe la presión  de  un endeudamiento público  altamente cuestionado? La consigna automática podría ser el no pago de la deuda externa.  Pero no surge automáticamente en la población la capacidad de vincular la deuda con la crisis sanitaria. 

El planteo para alcanzar mayor comprensión y adhesión  social  debe ser al revés: a partir de esta emergencia la prioridad absoluta del gasto público debe destinarse a atender la urgencia sanitaria y de garantizar las condiciones de vida de la población y todo otro gasto – incluido por supuesto las vinculados intereses o amortización de la deuda pública – pasa a estar condicionado al cumplimiento de lo primero.
Como ha ocurrido y ocurre en cualquier sociedad que afronta  catástrofes, una propuesta concreta urgente debe  hacer  referencia específica  a los gastos e inversiones  que deben realizarse sin demora: insumos y equipamientos médicos, mayor cantidad de plazas de terapia intensiva en los hospitales,  pago de salarios caídos a quienes no puedan trabajar, contratación de personal sanitario, garantizar el acceso a todos los medicamentos, etc., señala el economista y catedrático Jorge Marchini.

A contramano del manual de austeridad con que el organismo históricamente busca resolver todos los problemas mundiales, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, admitió que “será necesario un estímulo fiscal adicional para evitar daños económicos duraderos”. Pero pareciera que Georgieva solo hablaba de financiar la crisis sanitaria de los países europeos.

Inundados de notas, análisis y recomendaciones de expertos en algo, videos, memes; falsedades y verdades; estamos en estado de emergencia, en periodo quincenal de cuarentena obligatorio. Se cerraron las fronteras y están suspendidos algunos derechos civiles como a la libre circulación y reuniones sociales. Ha sido y es difícil asimilarlo. Con el Covid-19 llegó la hora de revivir los lazos de solidaridad y compromiso social.
Sólo se necesitó una pandemia mundial, como la del coronavirus, para revalidar el rol del Estado como reasignador de recursos. Un dilema clave en relación a los recursos financieros y en divisas que nuestros países precisan urgentemente para afrontar esta crisis sanitaria, sorprendente por lo rápida y virulenta, son los ajustes exigidos por el FMI y los fondos financieros que los han esquilmado… o la salud pública, señala Jorge Marchini.

Hay que elegir.

Aram Aharonian. 
Periodista y comunicólogo uruguayo. 


miércoles, 25 de octubre de 2017

Propuesta para acorralar y pescar corruptos

Por Iván Oliver Rugeles:
Mensaje al Señor Contralor General 

En los varios artículos que hemos publicado en este último tiempo sobre el tema de la corrupción y los mecanismos que deben ser implementados para erradicarla o minimizarla al máximo (1), como lo es, entre muchos otros, el rescate de la potestad del ejercicio del Control Previo al Gasto y al Pago en el ámbito de la Administración Central que hasta 1995 tenía establecida por Ley el Organismo bajo su rectoría desde su creación en 1936, y que nosotros, así como otras muchas voces, entre las cuales resaltamos la del reputado intelectual y profesor Luis Britto García, debe extenderse también a la Administración Descentralizada y por qué no decirlo -también- ahora, al resto de los estamentos de los demás Poderes del Estado (?), lo que hoy es, sin lugar a equívocos, a la luz de los extraordinarios adelantos de las técnicas de la informática, perfectamente posible y que descartan todo tipo de argumentación que pudiera esgrimirse para oponerse a esa idea, como lo sería ese viejo cuento de que ello entrabaría el funcionamiento de la burocracia pública


Volvemos sobre el tema, porque hemos querido sugerirle al Dr. Galindo Ballesteros, en aras de que, siguiendo el ejemplo del actual Fiscal General, Tarek William Saab, como buen sabueso que ya lo demuestra ser en apenas dos meses y días en el ejercicio de tan alto cargo, descubriendo marramuncias de todo calibre y que ya han sido encanados un numeroso grupo de importantes zánganos por muy diversas causas de corrupción (PDVSA, Cadivi, ConcoEx, Odebrecht, etcétera, etcétera)

Mientras nuestra Asamblea Nacional Constituyente haga las consultas necesarias sobre las reformas a la Ley de la Contraloría General, contestes como ya están sus integrantes de la necesidad del rescate del Control Previo, al menos los que hacen parte de la respectiva Comisión que tiene en sus manos el estudio del tema, tal y como lo hemos sabido oficiosamente y termine aprobando dicha reforma, que articule y ponga en actividad -a la mayor brevedad-, con carácter provisorio, un vasto plan que garantice con la más alta eficiencia, rigurosas gestiones de fiscalización dirigidas a hacer cumplir, de manera irrestricta, los mandamientos de la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en sus artículos del 35 al 38 (2), los cuales nos permitimos transcribirlos seguidamente de manera tal que nuestros lectores tomen nota de que nuestro planteamiento tiene total y absoluta  pertinencia:

"Artículo 35.

El control interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.

Artículo 36. 
Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente.

Artículo 37. 
Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de control interno. 

Artículo 38. 
El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales.
2. Que exista disponibilidad presupuestaria.
3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir el contratista.
4. Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras leyes.
5. Que se hubiere cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los casos que sea necesario, y las demás leyes que sean aplicables.

Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
2. Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos adicionales legalmente acordados.
3. Que exista disponibilidad presupuestaria.
4. Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios conforme a las leyes.

5. Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares." 
Estas disposiciones, como se  pueden apreciar, más parecieran ser parte del  Reglamento de la Ley; han sido redactadas en lenguaje muy llano, instruyen lo que hay que hacer y cómo ejercer en la práctica el control previo  tanto a los proyectos de compromisos presupuestarios como a las órdenes de pago, de manera que se trata de una tarea sumamente sencilla, que sólo falta la autoridad para obligar a que se acate y, por supuesto, para vigilar, con la rigurosidad debida, que se realice con la necesaria eficiencia y transparencia...

Por supuesto, Señor Contralor, debemos reiterarle que esta propuesta que le estamos formulando tiene sólo carácter provisorio, mientras, como ya lo consignamos, la ANC nos dote de una formidable y ejemplar Ley de Contraloría, porque sí tenemos muy en claro que un sistema de controles preventivos en manos de los propios administradores de los recursos públicos, por más vigilancia e inspecciones que se puedan implementar, nunca serán efectivos los esfuerzos para evitar las perversiones y le insistimos en que para nosotros esa opción que adoptaron los legisladores de 1995, fue errática y para no excedernos en los calificativos que bien le calzan, sólo decimos que la "ingenuidad" los hizo caer en la mayor de las ineptitudes y/o  estupideces, pues eso fue, para utilizar un símil muy popular, como “poner a zamuro a cuidar carne”...

Personalmente hemos adelantado algunas consultas oficiosas en varios entes públicos y hemos sacado como conclusión que esos controles previos sólo se quedan en la verificación de las respectivas disponibilidades presupuestarias y cuando mucho en la revisión de las garantías exigidas, pero nunca en la verificación de la razonabilidad de los precios de los bienes y/o servicios que serán adquiridos, sencillamente porque quienes deben cumplir tan importante gestión, alegan que carecen de la logística necesaria para contactarse con el mercado y poder así cumplir con esa fase del proceso y que nosotros siempre la hemos catalogado como la más importante de todas, sin quitarle -obviamente- la que también tienen el resto…

Nuestro último paso por un ente público (entre los años 2010 y 2012), nos puso en clara evidencia que esa es la cruda realidad que se vive en la burocracia pública sobre el incumplimiento real y para nada oculto de la ley en el tema del control previo. Las tres personas que encontramos para cumplir dicha gestión de contraloría cuando asumimos la responsabilidad de coordinarla, no tenían acceso con el mundo exterior porque su línea telefónica estaba bloqueada, tampoco disponían de la  Internet como herramienta muy valiosa a esos fines, así como negada totalmente la posibilidad de salir a la calle a sitios específicos para indagar los precios de la competencia. La revisión que le realizaban a los proyectos de compromisos y a las órdenes de pago, era tan solo un saludo a la bandera, como decimos en criollo, pero más aún, dentro una total perversidad, pues su gestión se limitaba a sólo verificar si la firma proveedora había actualizado en su expediente como Empresa Registrada esos precios que se proponían como razonables en la correspondiente contratación sujeta del control previo…¿Cómo les parece? 

Y terminamos resaltando lo que no es, ni ha sido un secreto para nadie: la mayoría de las trapacerías y robos a los dineros públicos se traman y se perfeccionan a través de los sobreprecios de los bienes y servicios que adquiere el Estado para su funcionamiento (ministerios, empresas e institutos autónomos, dependencias del poder judicial, del poder moral, del poder electoral, en las gobernaciones, en las alcaldías y, también en las comunas...), de manera que esta propuesta que le formulamos al ciudadano Contralor General hay que atenderla sin más dilación, si queremos ponerle YA un efectivo freno a la corrupción...

OTRO SÍ Y MUY IMPORTANTE: 
Por supuesto, como alguien nos hacía la observación, las prácticas para estafar en el Estado son muchas otras, como las “coimas” o “mordidas” que se exigen en multitud de áreas de su estructura burocrática para resolverles problemas a los venezolanos cuando reclaman por ineficiencias o por desperfectos no previstos en, por ejemplo, los servicios públicos en general, a las cuales hay que erradicarlas de raíz y eso tiene que ser con la mayor urgencia, por la vía de implantar mejores y más rigurosos controles en los procesos de supervisión…    

Notas
(1) Los enlaces de dos nuestros escritos más recientes sobre el tema:https://www.aporrea.org/contraloria/a252730.html yhttps://www.aporrea.org/contraloria/a253067.html
(2) ley orgánica de la contraloría general de la república - INE
(3)     Preso actor Manuel “Coco” Sosa por desfalco a PDVSA ‹ La Tabla .
 
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