Por Juan Pablo Cárdenas S.:
En la hora actual de Chile puede ser útil mirar al pasado.
Recordar ese estallido de protestas sociales que provocaron el término de la
dictadura de Pinochet, las que fueron horriblemente agredidas por el terrorismo
de estado. Toda una agitación que llevó al Tirano a sacar a las calles en una
de estas protestas a 18 mil efectivos militares, imponer el Estado de sitio, el
toque de queda, la proscripción de los medios disidentes, las detenciones
arbitrarias, la tortura y la muerte de centenares de jóvenes, trabajadores y
otros múltiples combatientes. Al contrario de lo que muchos temieron, el mismo
atentado frustrado contra su vida fue un efectivo acicate al cambio y al
posterior Triunfo del NO.
Al igual que ahora, las jornadas de protesta fueron
convocadas por la sociedad civil, por los referentes unitarios de estudiantes,
sindicatos y pobladores, así como por las organizaciones de DDHH.
Movilizaciones que, incluso, fueron entorpecidas por los partidos políticos y
su incapacidad de superar sus desavenencias históricas y propósitos
hegemónicos. De esta forma es que surgió, entonces, la Asamblea de la
Civilidad, una instancia integrada por los más diversos referentes, como los
colegios profesionales, las federaciones estudiantiles, los dirigentes del
cobre, de los pequeños y medios comerciantes, entre otros múltiples actores.
Además de ese amplio mundo de organizaciones culturales, religiosas e
intelectuales.
Esa generosa mancomunidad consolidada bajo el común anhelo
de derrotar al régimen castrense, promover una nueva Constitución y abrir los
cauces democráticos tuvo como efecto la confianza y el respaldo de la
población; con multitudinarias protestas y ese arcoíris de expresiones de
disidencia y descontento a lo largo de todo el país. Así como la convicción de que
sin movilizaciones unitarias y constantes no sería posible derrotar al régimen
opresivo.
Ante el éxito de esa Asamblea de la Civilidad es que la
Moneda decidió querellarse contra toda la plana mayor de sus dirigentes y
voceros, al mismo tiempo que desde los Estados Unidos se le exigió al propio
Pinochet y a los partidos políticos opositores converger en un diálogo y una
salida negociada, de manera de “evitar un desenlace como el de la Revolución
Cubana”, a confesión del Embajador de la Casa Blanca en Chile.
Encarcelados los principales líderes sociales, y sin que los
referentes partidistas tuvieran tan alto descrédito popular como el de ahora,
les resultó relativamente fácil a estas colectividades opositoras montarse por
sobre las organizaciones sociales y ofrecerse como interlocutores ante el
Gobierno Militar. En la propia cárcel de Capuchinos pudimos comprobar cómo las
directivas políticas concurrieron a este penal a presionar a los más validados
líderes sociales a fin de que se subordinaran a los partidos y abandonaran
también la idea de una coordinadora política y social unitaria como aquella
fugaz iniciativa de la Intransigencia Democrática, o un referente tan sólido
como el Grupo de Estudios Constitucionales (o de los 10) que exigía una
Asamblea Constituyente para que el país se diera una Carta Fundamental
plenamente democrática, como el mismo expresidente Frei Moltalva lo voceara en
ese histórico acto realizado en el Teatro Caupolicán, previo al plebiscito y el
Triunfo del NO.
Después de tres décadas es curioso observar cómo, otra
vez, las movilizaciones sociales han
surgido espontaneas, masivas y radicalizadas nada más que por el enorme
descontento de la población, sin mediar liderazgo partidista alguno y en la
arraigada idea de la amplia mayoría del pueblo, en cuanto a lo que ahora lo que
hay de derribar es la dictadura neoliberal,
su profunda inequidad social, la corrupción del conjunto de la clase
política, las groseras colusiones y abusos de los grandes empresarios como,
desde luego, la corrupción que envenena el actual régimen institucional, a las
Fuerzas Armadas y de Orden, incluyendo
el sistema electoral.
Mucho más que ayer, hoy las grandes movilizaciones no
exhiben banderas ni símbolos partidistas, y solo muy pocos de sus dirigentes se
atreven a sumarse a las marchas y concentraciones. Es más, lo que se hace
evidente, ahora, es que Piñera y su gobierno lo que quieren es dialogar y
contemporizar rápidamente con los parlamentarios y partidos opositores. En la
desesperada búsqueda de una solución a un conflicto nacional que se les ha
escapado de las manos y en que, tal como ayer, ya no le sirven los militares y
policías reprimiendo si no es para conseguir una ira y caos mayor, todavía, de
lo ya observado. Se recurre muy tardíamente a una batería de iniciativas
legales que dormían en el Congreso o en los anaqueles de los ministerios a fin
de salvar el desprestigio de la política y distraer nuevamente a la población
con cambios cosméticos y promesas que le den aliento a un sistema incapaz de
resolver las justas demandas de justicia social, igualdad y genuina democracia.
Lo que vemos, como hace treinta años, es una clase política
que perdió la convocatoria y el control de la sociedad civil. Proceso que se
empezó a evidenciar con la llamada apatía social, los altos índices de
abstención electoral y la deserción masiva de los militantes de los partidos.
Con senadores y diputados que en su ensimismamiento, nunca percibieron los
niveles de descontento y frustración ciudadana, encantados de derecha a izquierda
con el modelo económico y las cifras, por ejemplo, de nuestro alto ingreso per
cápita que, a final de cuentas, lo único que ha representado es la profunda y
grosera brecha en la calidad de vida de los chilenos. Es decir, entre el puñado
que más gana y la angustiosa realidad de la inmensa mayoría de trabajadores
condenados al ingreso mínimo, a una jubilación bochornosa, así como sometidos a
financiar el alto costo de los servicios más básicos en manos de empresas
privadas y extranjeras.
Para colmo, cómo no constatar que los estipendios de
gobernantes y legisladores compiten con los de los países más ricos de la
Tierra, tanto así que de ellos mismos ha surgido rápidamente, ahora, la
iniciativa de rebajárselos. Al constatar, además, que tenemos el sistema de
locomoción colectiva más caro de América, cuya alza en los pasajes el Metro
gatillara la protesta más multitudinaria de nuestra Historia, con más de tres
millones de chilenos movilizados en Santiago y regiones. Y en la voluntad de
concurrir cotidianamente a las calles hasta que no se perciba un cambio
fundamental en los sistemas de previsión, salud, en las políticas salariales y
los accesos a todos los derechos fundamentales conculcados por el capitalismo
más salvaje implementado en el mundo.
Por eso es que la rápida e indignada reacción a un alza de
30 pesos en el pasaje del Metro fuera alentado, además, por la soberbia de un
mandatario que se creyó con derecho a ningunear y darle recetas a nuestros
países vecinos y buscar afanosamente un liderazgo mundial cuando desde hace
tanto tiempo era evidente que nuestro exitismo económico estaba sentado sobre
un verdadero polvorín social.
Qué duda cabe que las manifestaciones sociales han apuntado
al régimen que nos rige y al conjunto de sus administradores en La Moneda, el
Parlamento, los tribunales y el conjunto de los organismos fiscales. Pero
también a aquellas instancias patronales, sindicales y otras que se han hecho
cómplices de la desigualdad y los privilegios más irritantes. Entre ellos, el
dispendio y la malversación de los presupuestos castrenses. Millonarios
recursos administrados con toda impunidad por los cancerberos del sistema.
Pensamos que, como ayer, debieran confluir en una
organización unitaria entidades tales como NO+AFP, los gremios fiscales, lo
colegios profesionales e integrantes del ancho mundo de la salud, la cultura,
la educación y de las vindicaciones medioambientales, como de los que luchan
por la dignidad de nuestros pueblos originarios, la igualdad de género y los
derechos de los consumidores. Consolidar rápidamente una nueva Asamblea de la
Civilidad que ya no pueda ser manipulada por los partidos y los falsos
representantes de la sociedad chilena, juramentados a respetar la Constitución
de 1980, a la que rinden pleitesía al momento de apoltronarse en sus curules
legislativos, edilicios y gubernamentales.
Necesitamos un referente supra social que sume como
objetivo, además, recuperar el papel rector del Estado, recobrar nuestras
riquezas básicas y soberanía nacional, en un país que de cordillera al mar se
enseñorean las empresas transnacionales. Una asociación ciudadana que exija,
como condición de paz, una Asamblea Constituyente, promesa burlada por todos
los gobiernos y parlamentos de la postdictadura.
Una Asamblea de la Civilidad que obligue a los actuales
moradores de La Moneda a definir una salida política con ésta y con la
definición de una batería de soluciones económico sociales para terminar
efectivamente con los sueldos de hambre, las pensiones indignas y los costos
oprobiosos de la movilización pública, del agua potable, el gas y la
electricidad. Y que, por supuesto, condone las deudas asumidas obligadamente
por los jóvenes y sus familias por el derecho a educarse. Junto con ponerle
freno a la usura bancaria y, especialmente, de los abusivos créditos
habitacionales.
En uno de los países más ricos de nuestra región, como lo
reconoce ahora el conjunto de la clase política y empresarial acorralada por
fin por el pueblo y su esperanzador retorno a las “anchas alamedas”.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
