Responsabilidad social y la construcción de ciudanía

 Por Rafael Natos Féliz:

A propósito del desarrollo

Siguiendo el tema iniciado anteriormente, ahora pasamos a evidenciar algunas acciones que son el resultado de los aprendizajes dirigidos y planificados en los centros de control ciudadano, para lograr ciudadanos apáticos, desencantados y clientelistas. Esos centros de control son, el Estado todo (Gobierno, ministerios, congreso, justicia, policía, guardia, marina, direcciones provinciales, alcaldías, etc., etc.), así como la mayoría de los empresarios que en coalición con el estado definen sus intereses económicos como las principales prioridades de la nación.

Tomemos como ejemplo la educación. Este tema es extremadamente importante para el desarrollo de un pueblo. Sin embargo, a la población se le ofrece una educación de muy mala calidad, pero dijimos en una ocasión anterior, se le da “comida” y ya eso “basta y es suficiente”. Además, hay “salidas” para sus precariedades y desesperanzas. Se le motiva a la búsqueda de refugio en las creencias y eso le conforta. A otros los motivan para refugiarse en las drogas (legales e ilegales), haciéndoles creer que eso es, el último grito de la moda.

Mientras eso ocurre, a los familiares y relacionados de los funcionarios se les ofrece una educación de calidad, e incluso a sus hijos les dan becas a todos los rincones del mundo con los recursos de los contribuyentes. Mientras en numerosos lugares de nuestra geografía nacional, hay escuelas de patios, en enramadas y muchas de las que se construyen tienen tan baja calidad, que se agrietan, se les caen paredes, se desploman techos, etc., y todo…sin consecuencias.

Otro ejemplo es la salud pública. Para la población existen hospitales con todo tipo de precariedades, y a los 9 hospitales regionales del país les han puesto el encargo de atender a más de 300 mil pacientes cada uno, recibiendo un pírrico presupuesto mensual (de 2 a 8 millones de pesos); gastándose la mitad en facturas del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) y en otros insumos y necesidades. Mientras que hospitales como Plaza de la Salud y Cedimat, que solo atienden a pacientes privados y extranjeros; les asignan mayor presupuesto que a los 9 regionales juntos.

El presidente del Colegio Médico, Wilson Roa, asegura que se trata de un postulado muy claro del neoliberalismo, (asumido por el gobierno), que apuesta a desintegrar las instituciones estatales (públicas) para fortalecer las privadas con financiamiento público.

Otro aspecto se refiere a la seguridad ciudadana. Esta es la burla más descarada en relación a la ciudadanía. Desde el estado se han hecho grandes esfuerzos para lograr los actuales índices de inseguridad, pues tanto la Justicia, como los cuerpos represivos (policía y organismos castrenses) gozan de la peor desconfianza entre los ciudadanos, ya que son los mejores aliados de la delincuencia, de las violaciones a las leyes y para ello se cubren con la impunidad.

Lo señalado precedentemente tiene su lógica en la idea que tienen los grupos de poder, de que la inseguridad ciudadana causa que la sociedad se cohíba y se prive de sus derechos fundamentales; por lo tanto se quiere un ciudadano temeroso, apático, desencantado y clientelista, que se ponga debajo de un funcionario en búsqueda de protección y de prebendas; lo que se traduce como “dame algo, dame lo mío”.

Otra temática de la construcción ciudadana está referida a la empleomanía, la gente ocupada en una labor productiva o de otra índole. Se pregona hasta la saciedad, la “cantidad de empleos creados”. Pero resulta que las nóminas del estado están cargadas con relacionados de los funcionarios (“botellas”) que no trabajan, pero cobran. Las estadísticas oficiales señalan que más del 55% de los jóvenes se encuentran desocupados y que el resto que ocupa un empleo, tiene 60% de informalidad. Igual ocurre con los adultos que están ocupados.

Esa informalidad, niega seguro médico, derecho de asociarse, etc., pero les garantiza ser cesanteados en cualquier momento. De esta manera, estas personas se convierten en esclavos laborales para tener cierta “seguridad en su empleo”; de ahí vienen los acosos y todas las violaciones. Como ocurre y se ve ahora con la campaña política a destiempo, se les amenaza a los empleados del estado para que vayan a los mítines.

¿Y de los servicios públicos? Agua potable, electricidad, etc.…Hablar de eso da rabia….

Así se construye ciudadanía actualmente.

Por el Desarrollo Sostenible

rafaelmatosfeliz@yahoo.com

Leer más

Colombia: ¿Elecciones presidenciales entre la democracia representativa y el fascismo?

Por: Tony López R (*)

El próximo mes de mayo se desarrollaran las elecciones presidenciales en Colombia, la gran incógnita es quien será el próximo inquilino del Palacio de Nariño. Los resultados de las elecciones parlamentarias suponen un  indicador de quienes se perfilan como los  más opciones. Los resultados indican que las campañas  mediáticas y empresas encuestadoras, se inclinan a señalar a los candidatos  Iván Duque del Partido Centro Democrático y Gustavo Petro de la alianza Colombia Humana,  como los que se medirán en una segura segunda vuelta a la Presidencia.

En la opinión de este analista, está estrategia mediática  es  una de las sutiles trampas, con las que suele jugar el régimen político que impera desde hace muchos años en Colombia,  el objetivo es favorecer a uno de los candidatos afín  al sistema o régimen imperante. Porque esa campaña sugiere que se escogerá entre dos polos opuestos a saber: derecha o izquierda. Puesto en estos términos y con la eficiente y multimillonaria  propaganda y manejo sicológico de la opinión pública, Petro representaría a la izquierda y ello quiere decir que de ganar la presidencia  se instauraría en Colombia un sistema “castro chavista” donde se impondría un sistema socialista o comunista.

Nada más lejos de la verdad, pero es la forma de influir en el electorado e introducir el pánico y el terror que desde hace decenas de años han formado en la mentalidad de nuestros pueblos, víctima de la ya conocida “guerra  fría”  que con mucha intencionalidad fue y es  promovida por Estados Unidos y la derecha criolla.  Se aprovechan  del desconocimiento o ignorancia  de los votantes,  también se vinculan a las viejas prácticas clientelistas, a la compra de votos, pero sobre todo se montan sobre las campañas de los medios de comunicación defensores a ultranza del modelo  que actualmente, ha empobrecido al país, acabado con la industria nacional y el campo y enriquecido una pequeña elite colombiana que son además los propietarios de esos medios de difusión.

Las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo, mostraron también el injustificado incumplimiento  de la Registradora  Nacional  Electoral  al no proveer, que se conozca,  en más de 20 puesto en toda Colombia la Tarjeta Electoral al votante, lo cual fue denunciado, incluso por sectores de clase alta de Medellín y una denuncia  en la capital antioqueña, donde sí había boletas de izquierda de sobra lo que ocurría era que los jurados se negaban a entregarlas. “Así lo denunció Juan Manuel Sepúlveda, líder comunal, a quien en el colegio León de Greiff no le quisieron entregar la  papeleta para votar por Petro,  según conoció el diario argentino Página 12, la denuncia llegó hasta el sistema Uriel, plataforma oficial del gobierno colombiano donde quedarán registrados uno a uno los casos documentados con las fallas que tienen en vilo el buen nombre de la Registraduría.

Según el Registrador  Nacional  Juan Carlos Galindo, existe un debate si él país cuenta con los recursos para atender estas consultas electorales, precisando que el Ministro de Hacienda no les otorgó todo el dinero solicitado para imprimir los 36 millones de boletas. Para el Procurador General, Fernando Carrillo “la democracia colombiana vive una dura prueba por la contingencia con las tarjetas de Consulta, asegurando que es hora de la madures de las instituciones y los Partidos, los medios de comunicación y los ciudadanos en respetar los resultados no sin dejar de hacer las investigaciones correspondiente”  Este señalamiento del Procurador alerta muy seriamente sobre lo sucedido en estas elecciones parlamentarias, porque no solo no tenían las tarjetas, el tema es más preocupante, es negarse a entregar, teniéndolas, las tarjetas de los candidatos de izquierda y el ingreso al Congreso de personajes vinculados al crimen organizado, narcotráfico y corrupción.   .

La gran prensa y los dirigentes de la derecha del país están muy contentos con los resultados electorales del 11 de marzo de 2018, los tiene sin cuidado que hayan sido elegidos, paramilitares o familiares de estos, como también personajes corruptos o sus esposas e hijos, investigados y algunos con condenas por paramilitarismo y corrupción. La importancia de la justa electoral fue la derrota de las FARC, ya estas no son un peligro, el Castro Chavismo dejó de ser una amenaza.

Según informó el diario argentino Página 12  el Partido Cambio Radical es quien tiene mayor cantidad de candidatos cuestionados  con siete, seguido por el Centro Democrático, el Partido de La U, Opción Ciudadana, y el Partido Conservador, todos con cinco candidatos familiares de los que hoy están tras las rejas. Los partidos de izquierda, entre tanto, salieron limpios en este listado pero lograron muchos menos votos que la derecha y el centro cuestionados. Datos proporcionados por la prestigiosa Fundación de Paz y Reconciliación y cuyo sub director ha sido amenazado  por la familia Suárez Mira, municipio de Bello, Antioquía al denunciar que estos actuaban al amparo de las mafia del narcotráfico.

Mientras que en los Departamentos de Nariño y en Tumaco fueron sorprendidos dirigentes del Partido Oficialista de la Unidad Nacional, comprando votos, aseguró el diario bonaerense. Todos estos hechos demuestran la poca transparencia de las elecciones en Colombia y la comisión de posibles fraude.

Las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo puede decidir en primera vuelta quién será el próximo ciudadano en ocupar el sillón de la Casa de Nariño, la derecha apuesta a ganar, pero los resultados parlamentarios no le fueron favorables al senador Álvaro Uribe, mentor de candidato ultraderechista Iván Duque y aunque logró 5 millones en la consulta está muy por debajo de lo logrado en la pasadas elecciones cuando Iván Zuluaga conquistó 6,9 millones de votos. No hay dudas de que en Colombia se irá a una segunda vuelta, más allá de la campaña contra Petro y las debilidades del Partido Oficialista de la U,  el Partido  Liberal  y los Conservadores.

Solo la unidad de la centro izquierda en una segunda vuelta, sin dejar por fuera a ninguna de las fuerzas políticas, desde Sergio Fajardo hasta Petro,  incluso con el sector progresista del Partido Liberal, pudieran lograr la elección presidencial, lo grave en Colombia  es que la izquierda siempre se divide para ganar pequeños cotos, mientras que la derecha se une y es ahí donde el candidato Duque puede ganar está contienda, que significará un negro nubarrón en el cenit, o las camisas pardas en Colombia, las declaraciones pre-electorales del candidato de Uribe Vélez así lo indican, cuando declara que se acabará con la impunidad, si ello fuera cierto, al primero que habría que someter a la Corte Penal es al ex presidente Uribe acusado por dicha Corte por los llamados falsos positivos donde más de 3000 jóvenes fueron asesinados impunemente por sectores militares, que también deben ser sometidos a dicha Corte. Pero cuando Duque hace está declaración está pensando en llevar a la cárcel o a la extradición a los comandantes de la desmovilizadas FARC.

Un escenario como ese puede ser fatal para el país, porque además si nos atenemos a lo que está sucediendo con los incumplimiento de los Acuerdos de La Habana y así lo han señalado en muchas ocasiones los representantes del Centro Democrático las consecuencias serán fatales y la guerra del campo se extenderá a las ciudades y a su periferia. Las FARC ha sido muy seria en sus compromisos, incluso entregando sus armas y concentrando fuerzas antes de que se cumplieran los acuerdos, esto la pone en una posición muy débil y se demostró con los ataques a su campaña electoral que tuvieron que suspender. Esas acciones son demostrativas de que este país se debate entre la “democracia representativa y el fascismo. Será al electorado colombiano a quien le tocará decidir si volver a un escenario de guerra en las ciudades y campo  o a la paz y la reconciliación.

(*)  Periodista, Politólogo  y analista internacional

jorgarcia726@gmail.com

Leer más

La paz exige desmarcarse de la política de terror

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:

Sin la política del terror impuesta por los financistas globales a los estados bajo el nombre de seguridad y de la imposición de la guerra preventiva a partir del 9/11 de 2001, las rentas de las elites no crecerían tanto como quieren, ni la sociedad podría ser controlada como pretenden. De manera que en ningún lugar del planeta y en el siglo que vivimos, se puede esperar que estén dispuestas a cambiar su manera de existir. La fuerza motriz de la sociedad son sus prácticas y cambiarlas no es un asunto de buenas intenciones de la clase en el poder, ni de esgrimirle papeles firmados, ni de adecuar al momento e interés coyuntural las categorías con las que se explica lo que ocurre en la realidad.

El orden de las transformaciones sociales indica que sin la presión, la revuelta, el alboroto organizado y el sonido de tambores y de arengas en las calles no hay solución a las demandas de paz, trabajo, alimento, vivienda, educación o salud, de un pueblo eternamente desconocido y maltratado. Primero van los cambios en la realidad material y después sì de las categorías que la explican. En eso va la tensión entre la inmensa Colombia que hace tiempo construye paz desde abajo, con decenas y decenas de experiencias de resistencia, rebeldía, desobediencia y levantamientos que han cambiado  la realidad y permitido que por lo menos exista lo poco que existe, entre adversidades, persecuciones, asesinatos, desapariciones, amenazas, hostigamientos y falsedades y; la escasa población agrupada en elites que ostentan poder y capital y se niegan a ceder aunque sea el más mínimo de los privilegios que obtuvieron de manera legal o fraudulenta en medio de la guerra.

Corresponde al gobierno Santos radicalizar sus posturas para defender la paz firmada, salirse del camino trazado por las huestes guerreristas y homogeneizadoras que impiden la pluralidad política. Hasta hoy resultan confusos sus movimientos (bandazos) entre las aguas de la paz y las de continuación de la guerra, aunque sea de otra manera o en guerras ajenas. Es pequeño el espacio que queda para llenarlo de confianza, cuando al tiempo se cruzan las palabras y llamados a la paz con honestidad, sin corrupción, sin cizaña, sin odio ni venganza en la reconciliación que vino a promover el papa Francisco a creyentes e incrédulos para sellar la paz firmada y los llamados a mantener la polarización, las salidas de fuerza y la defensa de las políticas de terror que propondrá Netanyahu, el primer ministro de Israel, después de celebrar la muerte de civiles en la acorralada Palestina, y en evidente continuación de las acciones que hace menos de un mes vino a proponer el vicepresidente Norteamericano Mike Pence, que con solo una charla de estado logró irse con el botín de cinco mil soldados listos para enviar a combatir a corea del Norte y a defender de la extinción el mismo planeta que ellos cínicamente depredan sin límite y a escalas incuantificables cada día.

Promover la modificación de las prácticas sociales que tienen el espíritu y letra de la guerra, y ponerse del lado del pueblo (y del papa), comienza porque el estado se desmarque con urgencia de la política exterior norteamericana en ejercicio de la libre autodeterminación e independencia, y se salga del marco del terror que le proponen continuar, a su costa con recursos de la riqueza nacional, de los impuestos y los empréstitos para la muerte.

Es en la vida práctica que el gobierno, a la cabeza del estado, debe implementar hechos de paz, no basta con llenar auditorios, ofrecer cursos, seminarios, diplomados, especializaciones y proyectos descontextualizados de la realidad de las víctimas y en general de la sociedad desarmada. No basta con recubrir (o encubrir) con retoricas de paz y convivencia lo mismo que se hacía en la guerra, ni tampoco es suficiente con crear en las instituciones comités de derechos sin antes comprender que en su nombre también se agencia el horror y la masacre. Las prácticas militares no pueden seguir siendo de guerra, ni las policiales de control y restricción de libertades y derechos en nombre de dios y de la patria, ni las de las instituciones pueden seguir acentuando desigualdades. Universidades, escuelas, fabricas, empresas e instituciones, ministerios, alcaldías, fiscalía, procuraduría, contraloría, cortes de justicia y legisladores, están llamadas a ratificar sus compromisos éticos y de incorruptibilidad y abandonar la competencia por tratar cada una de ser la mejor en solitario y de crear su propio monopolio del hacer o del saber para venderse mejor en nombre de la paz.

Es urgente eliminar estigmatizaciones, discriminaciones, racismos, homofobias, misoginias, prejuicios morales y religiosos y maneras clientelistas, corruptas y mercantiles de gobernar. Basta de correr acríticamente detrás de metas e indicadores abstractos que impiden ver la realidad y que en cambio de mejorar la convivencia generan angustia y dolor (como lo fueron los falsos positivos movidos por indicadores), y que invalidan la solidaridad y limitan el reconocimiento del otro como un ser humano a secas, antes que verlo y contarlo como una categoría o un instrumento del capital. La guerra ha destituido el sentido y el valor de los derechos conquistados y es un compromiso conjunto de pueblo y estado recuperarlo. La realidad que va de la guerra a la paz, no se cambia modificando letreros y avisos, ni con publicidad renovada, ni incorporando las palabras de moda. Urge derribar las bases de las contradicciones, mover de su lugar a las elites y diseñar en colectivo y con sentido de nación otros poderes y formas de ser humanos.

mrestrepo33@hotmail.com

Leer más