Vieira de Mello y Bachelet: cara y cruz de lo que debe ser un funcionario de la ONU

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:

En días recientes pude ver en Netflix la película “Sergio”, que muestra los últimos años de vida del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello quien estuvo 34 años al servicio de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  Hoy 19 de agosto, se cumplen diecisiete años de su muerte en Bagdad junto a otros 20 miembros del personal de la ONU tras el alevoso atentado terrorista perpetrado por Al Qaeda cuando representaba a la organización como Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Representante Especial para Irak.

Vieira de Mello se incorporó a la ONU en 1969, en la oficina del Alto Comisionado  para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra, cumpliendo misiones para esa agencia en Bangladés, Chipre, Mozambique y Perú, hasta que fue enviado a Líbano  entre 1981 y 1983. En los años finales del siglo pasado fue designado para cumplir misiones de limpieza de minas que habían dejado los conflictos de Camboya y posteriormente de Yugoslavia. Dando continuidad a su profusa labor humanitaria, participó como enviado de la ONU en el manejo de la crisis de los refugiados en África central como asistente del alto comisionado para los refugiados en 1996. Este extraordinario curriculum en favor de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz y la reconciliación entre países y pueblos en conflicto, lo llevó a ser designado vicesecretario general de Naciones Unidas.

En 1999 fue elegido por su organización como enviado especial a Kosovo, tras la secesión de esta provincia de Serbia. En 2002 fue nombrado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos  al mismo tiempo que administraba de manera provisional la oficina de Naciones Unidas en Timor Oriental en momentos en que este pueblo daba los últimos pasos para expulsar la ocupación indonesia de su territorio.

En mayo de 2003, Viera de Mello fue designado como Representante Especial de Naciones Unidas en Irak, lugar donde encontró la muerte ese fatídico 19 de agosto después de la explosión causada y reivindicada por Al Qaeda en el hotel Canal donde funcionaba la oficina de la ONU.

¿En un artículo publicado el 3 de octubre de 2005 por el escritor y periodista angloestadounidense Christopher Hitchens en el portal Slate bajo el título de Why ask why? se señala que: “De Mello había sido el más devoto y humano de los funcionarios públicos del organismo mundial y se había ganado opiniones de oro en Camboya, Líbano, Sudán y los Balcanes. Pero fue su papel como supervisor de la ONU de la transición en Timor Oriental lo que lo marcó de muerte. Un comunicado de Al-Qaeda se regocijaba por el final del ´representante personal del esclavo criminal de Estados Unidos, Kofi Annan, el enfermo Sergio de Mello, amigo criminal de Bush`”. En el comunicado de Al Qaeda con el que pretende justificar su acción criminal se señala la presencia de Vieira de Mello en países de mayoría musulmana como Líbano, Kosovo, e Irak, pero sobre todo por su activa participación en la independencia de Timor Oriental que Al Qaeda consideró extraída de “la tierra islámica” al referirse a la ocupación indonesia.

La vida y la entrega plena de Sergio Vieira de Mello a la causa de la paz y los derechos humanos es un motivo de reflexión. Debo confesar mi repulsa hacia una gran cantidad de burócratas funcionarios de organismos internacionales en particular de la ONU que consumen más recursos que los que se destinan a las misiones que cumplen, generando una sangría financiera indetenible y un desprecio hacia su propia función, cuando la esencia de su trabajo es abandonada a favor de la obtención de logros propios, en términos de dinero, poder y subordinación a las grandes potencias.

Conocer la vida y el trabajo de Sergio Vieira de Mello es una muestra excepcional de lo que debería ser un trabajador a favor de los derechos humanos cuando se está convencido de la tarea que se cumple y cuando se está dispuesto a entregar la vida, como él lo hizo, para construir un mundo mejor.

No deja de ser grotesco recordar que el cargo que ostentaba Vieira de Mello, es el que hoy tiene Michelle Bachelet, quien llegó a éste –y al anterior en la ONU- no por una trayectoria de servicio público nacional o internacional en favor de los excluidos y desposeídos sino como dádiva por su ciega subordinación al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En la película “Sergio” se puede percibir la sensibilidad del diplomático brasileño en su relación con las personas más humildes receptoras de los beneficios de su trabajo y su colosal esfuerzo por mantener la independencia de la ONU de las presiones de las potencias, en particular de Estados Unidos.

Contrasta con la actitud miserable y servil de Bachelet quien incluso en una conversación privada en Santiago de Chile sostuvo que respecto de Venezuela no podía hacer nada que molestara a Estados Unidos por el riesgo de que dejara de financiar a la ONU.

De la misma manera, quien fuera brutal represora del pueblo mapuche durante sus dos períodos presenciales mostró su verdadera faceta autoritaria cuando fue increpada por una humilde mujer, mientras caminaba por las calles de Ginebra, en Suiza donde vive, amenazando incluso con llamar a las fuerzas de seguridad para impedir que la mujer la siguiera emplazando.

Cuando la señora le consultó su opinión sobre la situación de los comuneros mapuche en huelga de hambre en su país, Bachelet argumentó que desconocía esa situación lo cual resulta extraño cuando fue ella quien ordenó la ejecución de la  Operación Huracán  operativo represivo realizado por la policía chilena  bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuche supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile.

Bachelet adujo que ella hoy está encargada de velar por temas de todo el mundo y que desde la ONU le han pedido no involucrarse en profundidad en Chile. Dijo textualmente que: “Naciones Unidas te dice ‘usted ya no es un funcionario chileno [sic, ella no es funcionaria sino funcionario], usted es un funcionario del mundo, o sea usted no se puede meter mucho en los temas de su país, porque si no está perdiendo su objetivo`”

Como si Chile fuera un país de otro planeta y no de este mundo sobre el que ella tiene jurisdicción. En cualquier caso, esta es una deleznable explicación que asume que los ciudadanos somos imbéciles a los que se puede engañar fácilmente. 

Ante la insistencia de la valerosa mujer, en relación a si conocía lo que estaba sucediendo en Chile, Bachelet le respondió: “Te juro que no sabía. Yo cuando puedo, me meto a ver El Mercurio y no aparece nada de eso, y otros diarios chilenos, porque no tengo otra fuente de información”. O sea que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se informa por El Mercurio, y si este pasquín no lo dice -como es habitual en este tipo de noticias- entonces acepta sumisamente que tal o cual hecho no ha ocurrido.

Me preguntó entonces ¿por qué en el acuerdo entre el Machi Celestino Córdova y el Estado chileno aparece entre los garantes la oficina regional para América Latina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Sabía o no sabía lo que estaba pasando? O habrá que concluir que encima de toda su despreciable actuación, además es mentirosa. ¿Qué pensaría Vieira de Mello al ver esta actuación de su sucesora?  

Por suerte Bachelet es un etcétera en Chile y en su familia. Su padre y su madre fueron ciudadanos de honorable e impecable actuación pública, reverenciados por varias generaciones de chilenos y chilenas, y su hija fue recientemente detenida en Santiago cuando protestaba por la brutal represión del gobierno chileno contra los mapuches, en una situación que su madre desconocía. Hay que decirle entonces, a la alta Comisionada que, si desearía estar informada, bastaría con un simple whatsapp a su hija para que le explicara lo que está ocurriendo.

sergioro07@hotmail.com

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Plata hay, pero falta voluntad

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

El gran mérito del estallido social chileno es que obligó a la clase política a abrir las arcas fiscales celosamente selladas durante toda la postdictadura. De no ser por los millones de chilenos movilizados, Sebastián Piñera habría seguido en la senda de sus antecesores; esto es favoreciendo a esa ínfima cantidad de habitantes (el 1 o 2 por ciento) que vive en la más descarada opulencia, mientras la amplia mayoría de la población enfrenta todo tipo de carencias. Tanto así que vuelve a reconocerse que al menos un 20 por ciento permanece en la indigencia, en la precariedad más extrema.

En mérito de la rebelión popular, el Gobierno y el Parlamento están acordando reajustes en algunas pensiones, condonaciones de deudas y la entrega de bonos (como los que daba Michelle Bachelet), a fin de aplacar el descontento y enfrentar los costos que demandará la reconstrucción más urgente de la infraestructura pública y privada. A objeto de que el país recupere rápidamente su rostro exitista, cuanto para restablecer la confianza de los inversionistas privados y extranjeros.

Por cierto, se trata solo de discretos paliativos, algo así como un placebo para calmar las agitadas aguas de la irritación social. Nuestro Estado deberá endeudarse para cubrir esos gastos, lo que es absurdo e innecesario si se consideran las abultadas cifras de nuestras reservas en moneda dura en la banca estadounidense. Claro; por ningún motivo la Moneda acepta que recaiga en los grandes empresarios el costo de reparar las injusticias sociales y compensar la expoliación por tanto tiempo de nuestros recursos humanos y naturales. Ni siquiera porque algunos de ellos hayan aceptado su insensibilidad y manifestado la intención de apretarse algo el cinturón de sus acaudaladas barrigas a fin de que todo “vuelva a la normalidad “. Esto es al imperio del mercado, la codicia, la usura, la explotación laboral y las más diversas formas de discriminación.

Para vergüenza de los últimos gobiernos, el país comprueba que dinero había de sobra para satisfacer tantos derechos esenciales, como los de la educación, la salud, el salario digno y una pensión mínima decorosa. Que no había necesidad de transferirle a entidades extranjeras la las empresas de servicio básicos que han encarecido tanto su suministro, que no habría que haber pactado contratos tan abusivos con las administradoras de las autopistas, del Metro y la locomoción colectiva. O que jamás debió implementarse un Crédito con Aval del Estado (CAE) para permitir el acceso de los jóvenes a las universidades y, de paso, lograr que pulularan entidades educacionales dispuestas a lucrar a expensas de los escuálidos ingresos de la clase media. Vulnerando el mismo Pinochet y los que lo sucedieron la Ley que prohibía expresamente. Siempre con la anuencia cómplice de las superintendencias y tribunales.

Es indiscutible que Piñera paga por los platos rotos de los gobiernos y partidos supuestamente de centro izquierda, incluida su propia administración anterior. Repudiada ciertamente por la extrema derecha debido a sus similitudes y coincidencias con los gobiernos concertacionistas.  Se entiende, entonces, que el actual mandatario le dé curso, ahora, a una agenda social cocinada a todo vapor con los parlamentarios oficialistas y de “oposición”, mutuamente interesados en que el descrédito no los arrastre a todos. Ello explica que proyectos de ley que dormían por años en el Congreso sean desempolvados rápidamente “antes que el malestar derive en revolución”, como la ha advertido Mike Pompeo desde la Casa Blanca.

No importa que el gobierno anterior haya contado con una amplia mayoría parlamentaria. Nada realmente se avanzó en lo que podría haber sido una agenda social acordada por los demócratas cristianos, socialistas de varios pelajes, liberales de izquierda y otra suerte de denominaciones. Ni siquiera se dieron pasos sustantivos respecto de una nueva Constitución y Asamblea Constituyente, cuando ahora solo en solo un día y una noche toda la coalición gobiernista y los nombrados arriban a un acuerdo en esa dirección. Aunque se trate de un contrato muy bullado, pero con leonina “letra chica”, puesto que amarra a una mayoría de dos tercios cualquier reforma a nuestra institucionalidad, previo paso de preguntarle a los ciudadanos si, de verdad, quieren una nueva Carta Fundamental. Como si la masiva expresión callejera y las contundentes encuestas no les bastara para asumir el deseo del pueblo.

Imagino la vergüenza que deben sentir los gobernantes concertacionistas y de la Nueva Mayoría por haberse excusado de cumplir lo prometido. Los imagino sonrojados por estar recibiendo a perpetuidad más de 12 millones de pesos mensuales. Esto es, más de 30 veces el salario mínimo que obtienen tantos millones de trabajadores.

Al menos uno de ellos ya no puede hablar, otra calla y ella lo está inhibida por su alto y bien remunerado cargo en las Naciones Unidas. Pero sí lo hace impúdicamente el promotor y autor el Transantiago, del CAE, de las concesionarias viales. Haciendo caso omiso de una gestión como la suya tan salpicada por los más graves escándalos de corrupción y falta de probidad administrativa. Por haber pretendido, también, engatusarnos con un Carta Básica (2005) que, en lo fundamental seguía siendo la misma de la Dictadura, salvo unos tenues retoques pactados con el Poder Legislativo.

¡Cómo se comprueba en estos días que los gobiernos del falso “Retorno a la Democracia” en realidad terminaron encantados con el régimen neoliberal responsable de tantas inequidades! ¡Además de haberse dejado seducir por el mismo orden institucional heredado del Dictador, con el puño y letra del ultimado fundador de la UDI!  El que en su hora se ufanaba de que el Texto Fundamental de 1980 estaba llamado a perpetuarse gracias a la serie de candados que se le amarraron a su redacción para que nunca más en Chile hubiera un gobierno siquiera progresista.

Felizmente, desde la misma clase política se escuchan algunas voces en cuanto a que los 5 mil millones de dólares del Fisco y otros pocos recursos más que se le inyectarán indefectiblemente al gasto social no serán para nada suficientes. Que no bastará con abrir tan frugalmente la billetera fiscal para aplacar la ira del pueblo y sus justas demandas. Que será necesario repatriar todavía muchos más recursos si se quiere elevar el indecente salario mínimo, garantizar una pensión justa, como sistemas públicos de salud y educación de calidad y gratuitos. Además de implementar una política que resuelva efectivamente la demanda de las organizaciones de los “sin casa”, de los gremios de pescadores, transportistas y tantas otras organizaciones sociales del Chile que ya despertó.

Posiblemente en su terror a ser desplazados del Gobierno, del Poder Legislativo, los municipios y de otros múltiples organismos públicos, los miembros de la clase política consentirán en otras migajas más del presupuesto fiscal para su agenda social, además de establecer algunos nuevos impuestos en beneficio de la recaudación fiscal. Pero, no hay que engañarse en esto: lo que hay que impulsar son reformas sustantivas, sino revolucionarias, al sistema económico social. Tales como proponerse la intervención de las administradoras de fondos previsionales (AFP), nacionalizar los servicios básicos (luz, agua gas), además de recuperar para satisfacción y recaudo de Chile la producción minera más estratégica, la propiedad de todas las reservas acuíferas, cuanto la soberanía económica del mar. Junto con cuestionarse la legitimidad de una serie de tratados de libre comercio francamente abusivos y agraviantes para nuestra dignidad patria, ratificados por gobiernos y legisladores abyectos.

Cuestiones todas en que el pueblo chileno tiene una gran oportunidad de alcanzar si es que sigue movilizado y sale a oponerse con fuerza a las decisiones que La Moneda y los parlamentarios están pactando para criminalizar sus protestas o para resguardarse de la furia policial. Una nueva ola de terrorismo de estado que no ha trepidado en matar, arrancar ojos, violar y consumar toda suerte de transgresiones a los Derechos Humanos. Lo peor sería bajar los brazos y ceder a las excusas de las autoridades, las que además son favorecidas por las acciones vandálicas que hemos conocido. Acometidas o estimuladas, como nos tememos, por los propios agentes policiales, tan cual lo hacían en el pasado.

Al respecto, cabe señalar que el país después de esta crisis debe ser capaz de cuestionarse la existencia del actual Cuerpo de Carabineros de Chile y promover el desarrollo, como en otros países, de distintas instancias de orden y seguridad, para que no todo quede centralizado en un solo mando. Menos después de comprobarse cómo su alta oficialidad ha incurrido en tantos actos de corrupción.

Que no nos digan más que no hay plata, cuando con las utilidades solo de las AFP se podrían financiar varias agendas sociales. Como, asimismo, con un alza a nivel de los impuestos que cobran los países de la OCDE a las empresas, se podría garantizar sueldos dignos y pensiones solidarias. En hay países mucho más pobres que el nuestro en que la salud y la educación, por ejemplo, están garantizados gratuitamente para todos. A condición, por supuesto, que se prohíba la extrema riqueza, el Estado deje de ser subsidiario y al capital extranjero se le prohíban sus prácticas abusivas.

En definitiva, tiene razón Mike Pompeo: la oportunidad nos llama a la “revolución”. Aunque este término irrite tanto hoy a la derecha y a los conversos o “reciclados políticos” que alguna vez fueron tan radicales como para motejar el ideario de Salvador Allende de “reformista”.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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La doble moral de la corrupción

Por Juan Pablo Cárdenas S.:

Estoy seguro que estas líneas van a incomodar a no pocos lectores. El tema de la corrupción disgusta siempre al poder, a la política y a las instituciones públicas y privadas involucradas en esta lacra que hoy se extiende por muchos estados y gobiernos de distinto signo. Especialmente en nuestra región y, por supuesto, en Chile.

A las dictaduras militares de nuestro continente se les acusó especialmente por sus crímenes, sin asociar que la tortura, los campos de concentración, los ultimados y, en general, todas las violaciones de los Derechos Humanos son parte también de la corrupción de quienes los acometieron o se constituyeron en sus cómplices pasivos. Sin embargo, lo que más afectó la imagen de Pinochet y otros tiranos fue el descubrimiento de sus robos y enriquecimiento ilícito. Lo más imperdonable para tantos fueron sus asaltos al erario nacional y la forma en que éste favoreció también a sus colaboradores más estrechos.

En el llamado “servicio público” se reconocen muchos delincuentes. Los que legislan para proveerse de abusivas remuneraciones, los que otorgan las concesiones fiscales y los que recaudan dineros para sostener sus campañas políticas y su eternización en los cargos públicos. Precisamente lo que pasa con buena parte de nuestros últimos gobiernos, con los parlamentarios y las autoridades comunales, haciendo gala de esa expresión mexicana en cuanto a que “un político pobre es un pobre político”. Muchos piensan que la mejor oportunidad de negocios coincide con la posibilidad de tener acceso al poder ya sea en forma directa o indirecta.

En Chile y muchos de sus países vecinos, diversos jefes de estado están siendo investigados, procesados y condenados por corrupción. Por sus ilícitas redes con los empresarios que los sobornan y los partidos que representan. Por mucho tiempo se afirmó pretensiosamente que nuestra nación escapaba al fenómeno de la corrupción argentina, por ejemplo, pera ya sabemos que hoy estamos muy a la par con lo sucedido en esta materia allí y en otros países, igualmente involucrados en prácticas deleznables como las coimas, los abusos cometidos con los gastos reservados y de representación, pero además penetrados por las mafias de narcotraficantes y su aparato de impunidades gracias a los jueces y tribunales que les son abyectos.

Desde muchísimos años, las internacionales ideológicas y los países ricos “donan” millonarios recursos para financiar a la política de los países con abundantes recursos naturales, a fin de granjearse buenos negocios con ellos cuando corresponda exigírselos. Así como evitar la acción de quienes se propongan en estas naciones administrar soberanamente sus recursos naturales y consolidar su independencia. El Golpe Militar de 1973 es consecuencia, por cierto, de la nacionalización del cobre, de la reforma agraria y otras grandes iniciativas repudiadas por los Estados Unidos que terminaron financiando la desestabilización del gobierno de Allende y su consecuente régimen cívico militar.

Habría que ser ingenuo como para pasar por alto la forma en que el imperialismo intervino, también, en la postdictadura. En los millonarios recursos para “mojar” a quienes llegaron a La Moneda después del régimen de facto. Tarea en que se logró dividir a los disidentes y opositores para, posteriormente, interpelar al Dictador para que abandonara el poder, antes que en el Cono Sur de América pudiera triunfar otras revoluciones como la cubana. Tal como se lo escuchamos reconocer, por lo demás, al embajador norteamericano de la época, empeñado en alentar una concertación política que excluyera a las fuerzas marxistas y más radicales, cuanto exigir para los militares una salida bien negociada para ellos y los intereses transnacionales en nuestro país.

Es así como llegarían nuevos recursos bajo la condición ahora de extender la Constitución del Dictador (con algunos retoques), el sistema económico neoliberal y la coincidencia forzada de nuestra Cancillería con la política exterior estadounidense.

 Con el tiempo, a lo anterior se sumaría el “dejar hacer y dejar pasar” en la política chilena, siempre que respetaran estos paradigmas y la camisa de fuerza institucional que todavía nos rige. Situación que consagraría a las Fuerzas Armadas como la gran cancerbera de nuestro nuevo régimen, para la cual habría que garantizarle todavía más privilegios y recursos que antes. Por algo en la última Parada Militar salieron los oficiales y soldados a lucir todavía más engalanados y fachosos uniformes, lo que habla del grosero presupuesto que tienen a expensas de todas las carencias sociales del país. Cuando, para colmo, gran parte de sus ex comandantes en jefe y generales están imputados por la Justicia por diversos dolos de orden financiero.

Es un lugar común el reconocimiento de que todos los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría metieron sus manos en las alcancías fiscales y recibieron onerosos recursos de la empresa privada, como desde sus referentes extranjeros. Allí están los bullados casos de Penta, el MOPgate y la actuación de algunos lobistas de otrora radical apostura política. Los que empezaron a lucrar con su tráfico de influencias, sus privilegiados vínculos con las nuevas autoridades y loa generosos emolumentos de las grandes empresas.

En los tribunales peruanos, argentinos y brasileños se ventilan, por fin, los aportes ilegítimos de ciertos consorcios económicos a la política. Corrupción que también ha tocado a nuestro país y dejan al descubierto actualmente nuevas denuncias sobre recursos recaudados para solventar la millonaria campaña presidencial de Michelle Bachelet. Pero no hay que tener mucha confianza en la verdad y la justicia al respecto después de que diversas figuras de derecha, de centro o izquierda estén librando de condenas mediante preconcebidos resquicios legales o en virtud de la prescripción que suele ser especialmente generosa con este tipo de delitos. Concesiones viales, puentes y otras obras que a los pocos años, para colmo, demuestran sus flaquezas, pero que han dejado la huella de las millonarias donaciones recibidas por los altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y algunas bancadas legislativas.

Para empatar este tipo de escándalos resulta propicio para los denunciados alardear otra vez por los viejos y nuevos sucesos vinculados al enriquecimiento de Sebastián Piñera, las contribuciones de Soquimich y a la forma en que los intereses de nuestras grandes empresas terminaron hasta redactando la nueva Ley de Pesca que tanto favorece los intereses de solo nueve familias en desmedro de los miles de pescadores artesanales del país. A pesar de que ya sabíamos que la derecha y sus representantes en el gobierno actual tenían cimentada su fortuna personal con las privatizaciones de la Dictadura, la evasión tributaria y otros fraudes, cuyos casos más emblemáticos resultaran el de Julio Ponce Lerou, yerno de ex Dictador, como la proliferación irresponsable de las universidades privadas, la condonación por el Estado de sus multimillonarias deudas bancarias y los lucrativos negocios de las AFP y las isapres. Además de las colusiones de las farmacias y las grandes tiendas en contra del bolsillo de los consumidores.

No es una novedad que la izquierda y la derecha unidas han sido mutuos cómplices de los más diversos desfalcos, cuestión que desgraciadamente se reconoce poco todavía. De allí que, en sus reproches cruzados y más descarados, el oficialismo y la oposición prefieran aludir más bien a lo que ocurre el extranjero antes de lo que sucede a vista y paciencia del pueblo chileno. Está claro que a la derecha le acomoda más acusar a Lula, a los Kirchner, a Daniel Ortega o a Maduro, mientras los otros las emprenden contra los escándalos de los Macri, Bolsonaro y algunos otros gobernantes del presente y del pasado.

Es lamentable que haya tan pocas voces nuestro país y en el mundo que condenen por igual cualquier forma de descomposición de la política. Como si los corruptos fueran solo los adversarios políticos y no se encontrarán también en sus propias guaridas. Desconociendo o negando cuestiones que ya están asentadas en nuestra memoria histórica, como la de aquel gobernante soviético cuyo hobby era coleccionar autos de lujo; o como el de tantos dictadores latinoamericanos de derecha enriquecidos en la zaga poder en Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Colombia y otras naciones.

Triste papel juega los medios de comunicación sesgados en esta materia, que no quieren reconocer en la corrupción un proceso transversal y que debe ser condenado sin cálculos electorales. Porque se trata de una lacra que se alimenta en el gobierno omnímodo de una misma casta política u oligarquía animada fundamentalmente por servirse del poder más que servir al pueblo. Que se favorece de la impunidad y tanto explica, ahora, el creciente fenómeno de la delincuencia social. La violencia y el crimen cotidianos que asola a todas nuestras poblaciones.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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¿Es creíble el informe Bachelet sobre Venezuela?

Por Marcos Roitman R:

Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos. Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos humanos: el gobierno.

Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes no adelantamos nada.

Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido.

Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso, debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.

Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en su visita al país. De hecho, se fotografió con el autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú.

Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país.

Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no aplican a la violación de los derechos humanos.

Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Tomado de La Jornada de México

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El Panfleto de Bachelet y la aprobación del TIAR de Guaidó.

Por Juan Martorano:

Recientemente, algunas amistades me preguntaron mi opinión respecto a la decisión del pretendido presidente autoproclamado, Juan Guaidó, quien ha señalado que para el día martes 09 de julio de 2019, la Asamblea Nacional (En desacato e insubordinada) aprobaría el reingreso de Venezuela al denominado Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), y después se solicitaría a la OEA ese reingreso. Todo esto formaría parte de la generación de condiciones para la legitimación de una invasión militar, de tipo “humanitario” sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Pero este anuncio del parlamentario no se puede ver fuera de contexto con la reciente divulgación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me refiero a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de la cual, ha habido algunos analistas que se han pronunciado al respecto.

Tal y como lo señaló la camarada Secretaria de Organización del partido “Patria Para Todos”, diputada de la AN y diplomática de carrera, Blenia Medina, Mal puede catalogarse de informe el papel que leyó Bachelet el pasado 4 de julio de 2019. Y el referido documento, ha sido rechazado por múltiples personalidades e instancias, una de ellas, la de Alfred De Zayas, investigador independiente quien realizó un informe muy objetivo sobre la situación de Venezuela, y uno de los más vehementes críticos del documento de Bachelet.

Lo primero que hay que señalar sin ambages, es que la “Bachelet” no escribió el referido documento; el cual estaba redactado desde el mes de marzo del presente año, cuando la avanzada que ella envió (y que es el mismo equipo de su antecesor, el príncipe jordano Zeid Raad Al Hussein, quien es muy amigo del dirigente opositor de la Revolución Bolivariana, Diego Arria) en su visita al país durante ese lapso comprendido. Entre otras cosas, hay algunos eventos que no se refieren en el documento de 18 páginas, como es el magnicidio en grado de frustración contra el Presidente Maduro del 4 de agosto de 2018, y el sabotaje eléctrico sufrido a partir del 07 de marzo de 2019 y durante todo ese mes. Los que han tenido la oportunidad de leer el precitado documento antes señalado, entenderán muy bien a lo que me refiero.

Sin embargo, me permitiré referirme a algunos ítems del referido documento, el cual en lo personal no me sorprendió en lo más mínimo, y que amerita una respuesta bien fundamentada por parte de diferentes organizaciones promotoras de Derechos Humanos con visión crítica y contrahegemónica, organizaciones políticas y sociales que deseen pronunciarse con respecto a ese documento que no dudo en catalogar de “panfleto”.

Importante es de señalar que, en el mundo entero, ningún Estado cumple al 100% con los Derechos Humanos, y siempre se registran de alguna u otra manera violaciones a los mismos. También las nuevas concepciones de Derechos Humanos señalan que no sólo los Estados son susceptibles de cometer violaciones a los Derechos Humanos, sino que también personalidades del sector privado pueden cometer este tipo de infracciones. Esto, evidentemente los que defienden los Derechos Humanos con visión hegemónica no lo señalan en sus argumentaciones.

En el ítem II del referido “informe” en el que se refiere a los derechos económicos y sociales, se sostiene que “la crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía siga contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”.

Llama poderosamente la atención este análisis simplista y totalmente descontextualizado de la realidad que afronta el país. Porque evidentemente las violaciones de los derechos económicos y sociales de la población vienen producto de una política de exterminio promovida desde las administraciones Obama-Trump en el contexto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales contra el Estado- Nación venezolano. Estas medidas, de acuerdo al estatuto de Roma, puede perfectamente configurar el delito de genocidio contra la población venezolana, en la cual, el Gobierno y Estado venezolano pueden perfectamente accionar.

Resulta curioso que en el documento leído por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos, nada señale que en buena medida, la privación de Derechos Sociales y Económicos se debe a la manipulación del tipo de cambio tendiente a propiciar la merma del poder adquisitivo de nuestro signo monetario, el bolívar, y a tratar de imponer una dolarización de facto de la economía venezolana, elemento este que golpea de manera considerable a los sectores más vulnerables de la población al negársele el acceso a alimentos y medicamentos. Y esto proviene de sectores privados de la economía venezolana en coordinación con operadores políticos y conglomerados mediáticos vinculados a la administración Trump, y no al Gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros.

Señala el referido panfleto que “el desvío de recursos, la corrupción y falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión han tenido como resultado violaciones al derecho a nivel de vida adecuado, entre otros, al deterioro de los servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre de 2018, miembros del Gobierno comenzaron a hablar de las consecuencias de la crisis económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria, principalmente respecto a la escasez de alimentación y de los medicamentos. El Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión social”.

Ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien iniciándose el período constitucional presidencial 2019-2025, en la juramentación de su nuevo período para el cual fue reelecto, ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero de 2019, que solicitó ante la Asamblea Nacional Constituyente la modificación y ajustes a la Ley contra la Corrupción, a los fines de castigar de forma ejemplarizante delitos cometidos por algunos funcionarios públicos durante su administración. No en balde, durante la presente administración de Nicolás Maduro, cerca de 4.000 funcionarios públicos y funcionarias han sido procesados y detenidos por la comisión de delitos contra la cosa pública.

Y evidentemente, ante el asedio que se promueve desde el gobierno de Estados Unidos, si nos consta que el 75% de la inversión social se destine a las Misiones Bolivarianas y a establecer todo un sistema de protección del pueblo, sobre todo dirigida a los sectores más vulnerables de la población, rompiendo con la ortodoxia de las políticas neoliberales referidas a las políticas de “ajustes estructurales”, donde siempre resultan perjudicados los más débiles. Esto no es reconocido en el pretendido “informe” de la señora Bachelet.

En el referido pasquín se ataca al programa Clap promovido por el Ejecutivo Nacional, al catalogarlo que el mismo “no cubre las necesidades nutricionales de la población y que el Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias. En los últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, aunque ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de la población”.

Es evidente que la posición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se alinea con posiciones que hemos leído en portales web y de conglomerados mediáticos nacionales e internacionales. Cuando se señala que “según las personas entrevistadas le habrían señalado una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, se demuestra una posición sesgada y totalmente parcializada, lo que de hecho ya descalifica el mencionado documento.

Resulta temerario responsabilizar de manera exclusiva al Estado venezolano de la actual hiperinflación y contracción de la economía venezolana y a las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década, como responsables del debilitamiento de los sistemas de producción y distribución de alimentos, “aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas (financiada por la NED y la USAID) confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as y mujeres embarazadas .

Así como se usa a la ONG Cáritas como una de las fuentes de este informe, el basamento de muchas de sus informaciones de ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones de Humberto Prado, Espacio Público de Carlos Correa o Foro Penal Venezolano de Alfredo Romero, con una posición políticamente claramente alineada con sectores de la oposición venezolana y que constan en numerosos archivos de haber recibido financiamiento de agencias de inteligencia de Estados Unidos, son algunas de las razones que nos motivan a rechazar el pretendido informe.

Se obvia en el mismo que desde la imposición de medidas coercitivas unilaterales desde el 9 de marzo de 2015, y desde esa fecha hasta el presente se han dado no menos de 150 rondas de imposición de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no aparece reflejado en el referido informe.

Se busca destacar en el documento una supuesta persecución, judicialización y criminalización a la disidencia política de actores políticos al Gobierno de Nicolás Maduro, así como de la supuesta “represión selectiva”, pero nada se señala de la muerte de Orlando Figuera, por parte de simpatizantes de la oposición, sólo porque éste parecía “chavista”; o las muertes de Robert Serra, Eliécer Otaiza, o los constantes llamados a la violencia y al derrocamiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas; o al magnicidio en grado de frustración cometido en contra de la persona del Jefe del Estado y de altas personalidades de las ramas del Poder Público Nacional el 04 de agosto del año 2018, lo cual tampoco aparece reflejado en el referido papel de trabajo.

En el panfleto antes mencionado, se ataca la labor de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al catalogarlas como sustitutas de las denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Importante es de destacar que estos cuerpos de seguridad e inteligencia han ejercido una labor de contención democrática de las amenazas, en el marco de guerra híbrida, multidimensional y multiforme que vive la República Bolivariana de Venezuela, desde la asunción del comandante Hugo Chávez en la Presidencia de la República, y la cual ha escalado luego de su desaparición física el 05 de marzo de 2013.

Muy importante señalar que, nuestra política de seguridad ciudadana, y de seguridad y defensa de la Nación, están sustentadas en lo preceptuado en el artículo 326 del texto constitucional, concatenado con el artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Este último artículo, nos permitiremos transcribirlo, textualmente:

“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un Sistema de Protección Popular para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, con el fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema al que se refiere este artículo, deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas para su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y pueblo organizado”.

Es decir, las referidas instancias, conjuntamente con el pueblo organizado y las instancias del Poder Comunal, son las que definen las políticas de seguridad ciudadana, así como la política de Defensa y Seguridad de la Nación.

No ha sido política de Estado, ni en el gobierno de Hugo Chávez ni ahora con el presidente Nicolás Maduro la promoción sistemática y violación de Derechos Humanos. Y aquellos funcionarios y funcionarias de cuerpos policiales o de inteligencia implicados en estos delitos, han sido puestos y llevados ante el sistema de administración de justicia.

De hecho, ha sido el propio Primer Mandatario Nacional quien ha pedido investigaciones sobre la comisión de estos hechos punibles. Además de los denodados esfuerzos por establecer una Comisión de Justicia y la Verdad, la cual no solo es descalificada en el documento, sino minimizada en su labor de diálogo y paz con todos los sectores del país.

De ahí que sería muy interesante, que la cancillería venezolana le exija a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no sólo que exprese la verdad de Venezuela, sino un informe completo sobre la situación de Derechos Humanos en la frontera sur de EEUU. Cada día mueren migrantes de las caravanas provenientes de países centroamericanos como Honduras, México, Guatemala, presos en campos de concentración donde los mantiene hacinados, sobre todo a niños y adultos, en condiciones infrahumanas. O la situación en Colombia, donde se han asesinado a más de 300 líderes sociales, ex guerrilleros de las FARC-EP, por sólo citar dos ejemplos emblemáticos.

A esta trama de desestabilización y de tratar de generar las condiciones para una intervención directa, en alineación con el panfleto de Bachelet, Guaidó se activa y ahora pretende que el parlamento apruebe el TIAR para Venezuela, a fin de activar, lo que sectores de la oposición han realizado, una interpretación tergiversada del artículo 187 numeral 11 del texto constitucional, para legitimar la invasión gringa en Venezuela.

“Ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro para el mundo que Venezuela vive una dictadura. Por eso, asumo mi responsabilidad en las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos ejerciendo, como parte de una sola estrategia, para conquistar el cambio”, señaló Guaidó.

Guaidó comunicó que “cumpliendo los pasos requeridos”, la AN aprobará el TIAR, y una vez que esté aprobado, “tocará construir el respaldo de los demás países de la región para que este mecanismo cuya aprobación final pasará por la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Es clara la hoja de ruta del títere imperial.

Por ello, es que Guaidó decidió enviar a su delegación y “sentarse” con la del Ejecutivo que lidera Nicolás Maduro. Al respecto de este tema, señaló: “tanto en Oslo, como en el Grupo Internacional de Contacto y todos los espacios de presión, nuestro objetivo es el mismo: lograr una solución definitiva a la crisis de nuestro país”. Es decir, Guaidó entiende la jornada de diálogo de esta semana como el ultimátum que quiere darle a Maduro, antes del despliegue de la cartilla que le han dado sus amos, los gringos.

Sin embargo, Maduro le picó adelante, y no solo con la ratificación de Vladimir Padrino López como titular de la cartera de Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz; A Ceballos Ichaso como jefe del CEOFANB, y modificaciones parciales en el Alto Mando Militar. Sino que ha ordenado ejercicios militares a partir del 24 de julio del presente año, a la par que Caracas se reunirá la izquierda mundial en el Foro de Sao Paulo, hasta el 28 del corriente mes. Son algunas muestras de la estrategia de Maduro.

Y una carta que se jugaría, para que en caso de que la representación guaidonistas se levante de la mesa para tratar de generar violencia. Maduro la tiene como desencadenante histórico muy similar a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el 1 de mayo de 2017. Pero no me corresponde a mí anunciarla, ya que es algo así como: “En caso de incendio, rompa el vidrio”.

Ahí se las dejo.

¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

jmartoranoster@gmail.com

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Michelle Bachelet radiografía de una impostora

Por Franklin Ledezma Candanedo:

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de DDDHH un avance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

“Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”, dijo Bachelet, sin aclarar el nombre del autor principal de esa crisis, que no otro que la bestia (666) imperialista genocida e intervencionista y los siervos del patio que siguen sus mandatos, aglutinados en el grupo de Lima.

El reconocido abogado estadounidense experto en el campo de los derechos humanos, Alfred de Zayas, fustigó el documento que calificó como "defectuoso y decepcionante".

Indicó, además, que "el informe debería haber condenado claramente la violencia de los líderes de la oposición de extrema derecha y los llamamientos a la intervención extranjera en Venezuela (...) está lamentablemente desequilibrado y no saca conclusiones que puedan ayudar al pueblo venezolano”.

Por su parte, el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende,  describió las razones por las que considera que el Informe de Bachelet es parcializado, deshonesto, cobarde y peligroso para Venezuela.

Radiografía de una impostora

Esta política chilena fue la primera mujer que alcanzó la presidencia de la República. Después de su primer mandato (2006-2010), presentó de nuevo su candidatura en los comicios presidenciales de 2013, siendo elegida para un segundo mandato (2014-2018).

Se decía y actuaba como una socialista convencida, por lo que recorrió un largo camino de dolor y muerte antes de llegar a la primera magistratura del país. Su vida estuvo profundamente marcada por la trayectoria de su padre, el general de brigada aérea Alberto Bachelet, un militar de ideas liberales, cercano a la masonería, que tras el golpe de estado de Augusto Pinochet (11 de septiembre de 1973), fue detenido y torturado hasta la muerte.

En 1970, concluida su formación secundaria en Santiago, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al tiempo que comenzaba su presunta militancia en la Juventud Socialista, para “apoyar” la Revolución a la chilena. Era el tiempo del gobierno de la Unidad Popular (UP), del que formaba parte su padre como encargado de la Oficina de Distribución de Alimentos, cuya función era contrarrestar el boicot que sectores de la derecha habían emprendido contra la gestión de Salvador Allende.

Michelle Bachelet y su madre, Ángela Jeria, el 10 de enero de 1975, fueron también arrestadas, cuando dos agentes de la DINA -la temida policía política de Pinochet- las llevaron a Villa Grimaldi, el lugar donde miles de chilenos fueron torturados durante la dictadura. Una vez recuperada la libertad, madre e hija viajaron como exiliadas a Australia.

En el campus universitario fue testigo del asalto militar al Palacio de la Moneda que el 11 de septiembre de 1973, derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. El mismo día del golpe de estado, el general Alberto Bachelet fue detenido acusado de traición a la patria. Apresado y torturado, murió seis meses después en la cárcel.

A partir de 1979, no abandonó convenientemente su activismo político y trabajó en una ONG de protección a la infancia, que ejercía labores específicas con los hijos de detenidos y desaparecidos en Santiago y Chillán.

Después de 17 años de férrea dictadura, regresó a Chile en 1998 y su nueva formación le permitió incorporarse como asesora al Ministerio de Defensa,

en tanto que, demagógicamente, fortalecía su ascensión en las filas del Partido Socialista. En 1995 fue elegida miembro del Comité Central y entre 1998 y 2000 formó parte de su Comisión Política.

Muy pronto olvidó la odisea mortal de su padre, a manos de los asesinos de Pinochet e, incluso sus propios sufrimientos y exilio, junto con su madre y otros familiares cercanos, para asegurarse, después de su último mandato, un bien remunerado cargo en el organismo mundial, y hacerle el “favor” al imperio neo fascista depredador de recursos estratégicos de países hermanos, entre otros, Irak, Libia y Venezuela.

Otros ejemplos más que retratan de cuerpo entero a la impostora:

Fueron continuas las violaciones de los Derechos Humanos y la brutal represión del pueblo Mapuche mientras fue presidenta de Chile. Por otra parte, durante la realización en agosto de 2007, de protestas convocadas por organizaciones sindicales y estudiantiles descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Léase al respecto, el bien logrado aporte  del Periodista Sergio Rodríguez Gelfenstein

 (https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2019/07/es-la-hija-del-general-bachelet-nada-mas.html).

Bajo ese disfraz de socialista militante y de progresista convencida, escaló, en dos períodos, la presidencia de la república de Chile, sin que jamás favoreciera la noble y justa causa de la Patria hermana de Bolivia, de una salida a su mar soberano, que siempre tuvo desde la época del Libertador Simón Bolívar.

Echó al tinaco de la basura las diáfanas palabras solidarias del Presidente Mártir, Salvador Allende, quien aseguró:

“Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia, Chile tiene una centenaria deuda y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima. Los escritores y todos los hombres y mujeres de buena voluntad deben venir a Chile y explicar sus anhelos, discutir, crear las condiciones objetivas y subjetivas en el pueblo chileno para poder llegar al feliz entendimiento” - Salvador Allende (Chile).

En el año 2004 el escritor boliviano Néstor Taboada Terán publicó el ensayo "Salvador Allende. ¡Mar para Bolivia!", como resultado de varias entrevistas realizadas en Chile durante los años 1969 -1970, sobre el tema marítimo a Salvador Allende, entonces candidato y después presidente de Chile.

Pablo Sepúlveda Allende, nieto de expresidente socialista chileno Salvador Allende, y coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, también aseguró que a Chile no le costaría nada darle una salida soberana al mar a Bolivia.

Este tema fundamental  nunca contó con el respaldo de la presunta lidereza socialista, que hoy derrama veneno sobre la Patria hermana de Venezuela, haciéndole el mandado a su patrón, la bestia (666) genocida imperialista, a secuaces de la peor calaña, el grupo de Lima y a apátridas corruptos internos y foráneos, quienes siguen ofendiendo al Libertador, su ideario inconcluso y atacando ferozmente a sus mejores y fieles discípulos, el Comandante Invicto, Fidel Castro Ruz, al Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y al compañero Presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Fraternal saludo y adelante siempre adelante (indoame08).

(*) El autor es miembro fundador v directivo de la Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos, Capítulo de Panamá, de la Red Bolivariana “Victoriano Lorenzo”, Héroe de la Revolución Libertaria, en Defensa de la Humanidad, del Comité Panameño “Mar para Bolivia”, del Círculo Literario “León A. Soto”, Periodista y Escritor, columnista de Opinión, agro ambiental y turístico, por el Desarrollo Sostenible de Panamá.

indoame08@gmail.com

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Venezuela y la Alta Comisionada

Por Eduardo Contreras:

La breve declaración sobre la situación en Venezuela formulada hace pocos días por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, resulta tardía, confusa, extraña. Ella no ha visitado ese país y basa sus opiniones en lo que le habrían adelantado algunos funcionarios de su dependencia respecto de una situación que ya se prolonga por varios meses.

Sin duda se trata de un episodio desafortunado lo que, de corroborarse su efectividad, sería un grave error que obviamente lamentamos quienes la conocemos, la respetamos y apreciamos.

Mucho más cuando la llamada crisis venezolana es una situación absolutamente clara, con acciones y señales que evocan los trágicos sucesos de Chile en el año 1973. Entonces, el imperio norteamericano – ansioso de recuperar el Cobre nacionalizado por el presidente Allende - había decidido derrocar su legítimo gobierno. Tal como hoy el mismo imperio, ansioso de quedarse con el Petróleo venezolano, ha decidido derrocar al legítimo gobierno del Presidente Maduro. El apoyo a los golpistas reaccionarios, la confiscación ilegal de recursos del Estado venezolano, el desabastecimiento de alimentos y de fármacos, la campaña del terror, etc., etc. son capítulos del mismo Libreto, del mismo programa desestabilizador, cada cual, con sus especificidades, elaborado por los estrategas de la CIA y los otros servicios de inteligencia y militares del gobierno de Washington.

Nadie que haya vivido esos años podrá olvidar, por ejemplo, que al día siguiente del golpe en nuestro país reaparecieron por arte de magia, remedios y alimentos que repletaban las bodegas de los acaparadores.

La Cámara de Diputados y la Corte Suprema de la época, ambas entidades controladas por la oposición golpista, declararon “ilegítimo” al gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, a pesar que no tenían facultades para ello. Fui diputado en ese período y me constan personalmente esas burdas maniobras antidemocráticas que concluyeron con la deleznable actitud de los altos mandos de los institutos armados de dar el criminal golpe e instaurar la dictadura militar más cruel y asesina de toda la historia de América Latina.

Y que llegó al extremo de encarcelar, torturar y asesinar, a aquellos jefes militares demócratas y antifascistas como fueron, entre muchos otros, los casos de los generales René Schneider, Carlos Prats y Alberto Bachelet, padre de nuestra ex presidenta.

El caso venezolano es la reiteración de aquello, pero con  una diferencia esencial como es el patriotismo y sentido democrático de sus Fuerzas Armadas tan distantes del clasismo reaccionario y de la dependencia ideológica que signa a las nuestras.

¿Dictadura en Venezuela? Si la hubiera, ¿se permitiría que un monigote de la CIA se autoproclamara presidente encargado sin que le pasara nada? ¿Habría podido suceder esto en el Chile de Pinochet? Suma y sigue: Nicolás Maduro fue electo presidente con la misma institucionalidad jurídica, procedimientos y organismos fiscalizadores, con los que Guaidó fue electo diputado. ¿Dónde está lo irregular o ilegítimo?

Es más, las elecciones en que triunfó el presidente Maduro fueron hace un año, sin que durante ese tiempo ni Guaidó ni nadie objetaran nada.  ¿Por qué ahora? Y agreguemos que, en esas elecciones presidenciales, hubo candidatos opositores. Siguen siendo opositores y no han reclamado sobre ese proceso electoral

Pese a todo lo cual Guaidó se autoproclamó y de inmediato le apoyaron los gobiernos, instituciones y partidos políticos que responden a las órdenes del gobierno que hoy encabeza Donald Trump.

Quienes así actúan – como Sebastián Piñera y su Canciller, o el llamado grupo de Lima, por ejemplo – violan abiertamente las normas del Derecho Nacional e Internacional sobre la materia.

Desde luego la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone claramente a quienes se puede considerar como representante de un Estado y específicamente alude al reconocimiento a los jefes de Estado y a los representantes acreditados por los Estados ante Organismos Internacionales. En este caso al reconocer a Guaidó no se ha respetado requisito alguno atropellando así, de modo grosero la Convención de Viena ya citada.

Y algo específicamente decisivo, fundamental. Se trata del Artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, que especifica concretamente cuando hay falta absoluta del Presidente o Presidenta de la Republica, y estas causas son sólo y exclusivamente la muerte, la renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo y con aprobación de la Asamblea Nacional y finalmente el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional así como la revocatoria popular de su mandato.

Nada de esto ha ocurrido en Venezuela. No existe falta del presidente de la Republica. Por lo que quienes, pese a todo, aceptando presiones superiores, han reconocido a Guaidó incurren en una grave violación del Derecho. De tal magnitud que, en el caso de Chile, por ejemplo, hace absolutamente procedente una acusación constitucional contra el primer mandatario.

Aclarado que legalmente en Venezuela no existe la “falta absoluta del presidente o presidenta”, corresponde agregar que en el caso de que la hubiera habido, que no la hubo ni la hay, Guaidó no cumplió entonces con convocar a una nueva elección para lo que tenía 30 días. Un tiempo que él ocupo en cumplir los mandados, paseándose por países a cargo de otros políticos proclives a cumplir lo que disponga EEUU.

En nuestro caso el apoyo del gobierno a un impostor viola - además de lo ya dicho la carta de Naciones Unidas, la carta de la Organización de Estados Americanos y la propia Constitución chilena. Contribuye además a prolongar una situación gravísima ya que es un hecho público que la decisión de Trump es terminar con la democracia en Venezuela aun al precio de una invasión armada. Esperamos que la Alta Comisionada tenga en consideración todos estos elementos objetivos que aclaran el sentido verdadero de esta provocada crisis humanitaria

Es preciso no olvidar un reconocimiento especial para los gobiernos de México y de Uruguay por su invariable posición de respeto al Derecho, a la Democracia y a la Soberanía del Pueblo. Desgraciadamente, y a pesar de nuestra trágica experiencia del 11 de septiembre de 1973, no es nuestra realidad.

 eduardocontreras2@gmail.com

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El premonitorio artefacto de Nicanor Parra

Por Juan Pablo Cárdenas S:

En uno de los “artefactos” de nuestro poeta Nicanor Parra podíamos leer uno que advertía que “la Izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”, acaso una profética más que humorística y provocadora aseveración del vate, porque de verdad las posiciones eran irreconciliables entonces entre unos y otros. Lo que posteriormente explicaría mucho nuestro quiebre institucional.

Sin embargo, después de la Dictadura pudimos observar que lo que se instaló en La Moneda y el Congreso Nacional fue la nefasta “política de los acuerdos”. En un tiempo que acortó drásticamente las distancias entre los golpistas y los que fueron proscritos durante el largo ejercicio del terrorismo de estado. Sucediéndose, como sabemos,  varios gobiernos de la Concertación que entre sí no mostraron mayores diferencias, pero en que luego vino el primer mandato de Sebastián Piñera y los nuevos ejercicios gubernamentales de Michelle Bachelet y el líder de la derecha sin que se apreciaran tampoco cambios fundamentales entre ambos. Porque, en general, todos han gobernado con la misma Constitución de Pinochet y  una idéntica estrategia económica neoliberal, sin que las brechas entre ricos y pobres hayan disminuido en absoluto.

Así como hasta ahora se perpetúa también el mismo sistema previsional que condena a los pensionados de la Tercera Edad a la miseria misma. Cuanto que las privatizaciones de nuestros recursos naturales y empresas incluso se han extendido y extranjerizado.

Cualquier cuenta que se haga demuestra que hoy los uniformados y los más poderosos empresarios son los grandes ganadores de la pos dictadura. Con licencia, además, para asaltar los bolsillos de los consumidores y el erario nacional, como lo demuestran las grandes colusiones entre las empresas farmacéuticas y del papel, o esa multimillonaria cantidad de recursos fiscales que los militares y Carabineros han distraído a favor de su peculio personal y bienestar familiar. Con centenares de pasajes aéreos para el turismo de coroneles y generales,  sumado a esa colosal estafa de la superioridad de Carabineros, despropósito que se ha asentado como el mayor y más prolongado fraude de nuestra historia.

El actual Presidente parece decidido a hacer algo para frenar los escándalos que se suceden a diario y nos promete una profunda reforma al sistema militar, advirtiéndonos a todos que la corrupción es “herencia del Gobierno Militar”. Muy probablemente en la idea de que si el propio Dictador evolucionó de asesino a ladrón, algo parecido debe estar sucediendo con sus herederos y subalternos. Los cuales acaban de manifestarse en  un caluroso homenaje a favor de quien fuera uno de los principales ejecutores de los crímenes de lesa humanidad. Un sanguinario oficial de origen ruso y pasado nazi que está recluido (Dios quiera para siempre)  en el penal de lujo de Punta Peuco.

No hay duda que la impunidad que nunca se soñaron los “hombres de negocios” y militares ha instado a éstos a acometer los actuales delitos, cuyos acontecimientos conmueven hasta a la prensa acostumbrada a proclamar aquella falacia de que pertenecemos a un país respetuoso del estado de derecho,  y que nuestros índices de probidad superan a todos los países vecinos. Aseveraciones que ya nadie tiene pruebas para probarlo. Como así tampoco se puede dar mucho crédito a la idea de que el crimen organizado es algo “puntual”, cuando los horripilantes asaltos cotidianos a la propiedad privada y la vida de las personas comunes y corrientes se instalaron en los principales titulares de nuestra televisión. En un país que ha evidenciado, además,  que bajo los últimos gobiernos centenares de niños abandonados, indigentes y al cuidado del Servicio Nacional de Menores, han sido muertos, torturados y violados al interior de sus recintos de acogida.

Todas las noticias de la corrupción de los uniformados y de los altos magnates se nutren y entrelazan, por cierto, con el cohecho transversal en la política. Así como ahora, con las fechorías de obispos, sacerdotes y encubridores dentro de la alta jerarquía eclesial  y de los grupos fácticos. Delitos que han abochornado tanto al propio Papa Francisco,  que en un comienzo se resistiera a creer que sus hermanos al otro lado de los Andes fueran capaces de tanta ignominia.

Se nos ocurre que los malos hábitos de las clases dirigentes, de los partidos, de las ramas de las Fuerzas Armadas y de las denominaciones religiosas, sindicales y otras explican también la laxitud ideológica, el que ya no se distingan mucho las diferencias entre progresistas y reaccionarios. Que la reconciliación haya arrasado también con los valores de la justicia, en la peregrina creencia de que somos un país homogéneo y unido a pesar del conflicto  de la Araucanía y del cada vez más acentuado malestar estudiantil. Con las discriminaciones que siguen sufriendo las mujeres, o los millones de chilenos condenados al sueldo mínimo, mientras la clase política nada hace para rebajarse sus escandalosos sueldos y prerrogativas. Tanto, así,  que los jóvenes parlamentarios que prometieron ascotar sus dietas al resultar elegidos, parecen verdaderamente hipnotizados con el poder adquisitivo que obtuvieron de la noche a la mañana: Incluso antes de obtener sus licenciaturas universitarias.

Derechistas y otrora izquierdistas confluyen en el centro y se mimetizan. Pueden destriparse en las campañas electorales, para luego reencontrarse en las instituciones del Estado y en los directorios de los bancos y sociedades anónimas, donde muchos concluyen luego de haber practicado la política competitiva. No hay que olvidarse que Pinochet fue rescatado por sus vociferantes partidarios, pero sobre todo por los socialistas, pepedés y demócrata cristianos en el gobierno. Tampoco eludamos que la propia derecha parlamentaria consistió en aprobar una rápida ley que salvara a los falangistas de quedar fuera de los comicios parlamentarios, a causa de que sus representantes llegaran a destiempo al Servicio Electoral atrapados como estaban en sus rencillas. Ni menos nos olvidamos de esa cantidad de cargos públicos que no solo se reparten entre los oficialistas, sino también entre La Moneda y las bancadas parlamentarias “opositoras”. Como ocurre con los consejeros del Banco Central, los miembros del directorio de la Televisión Nacional, los mismos jueces de la Corte Suprema. Así como se reparten armoniosamente las notarías, algunas embajadas y aquellos cargos internacionales en que el llamado fair play les impone compartir. Todo un cuadro que demuestra como el común denominador de todos es simplemente el acceso a las ubres del poder. En ausencia de proyectos históricos, programas y vocación de servicio público.

De allí que resulten tan graves los “cantos de sirena” de algunas figuraspolíticas preocupadas de que se produzca una nueva alternancia en el poder, y que los sectores vanguardistas centrifugados de su hegemonía confluyan con ellos en una alternativa electoral común para “atajar a la derecha”. Esto es,  para evitar que Piñera pueda continuar en La Moneda mediante uno de los suyos;  así sea haya pedirle a la señora Bachelet que abandone su alto y bien remunerado cargo en las Naciones Unidas para postularse por tercera vez a La Moneda. Porque, entre paréntesis,  en Chile se critica mucho a los gobernantes extranjeros que buscan perpetuarse en el poder, cuando aquí solo se dan un corto recreo los que por décadas vienen dominando la escena pública.

Se repite mucho que la solución a muchos de nuestros problemas es procurarnos más democracia; una aseveración de la boca hacia el viento,  sin querer asumir que ésta sigue siendo solo una mera promesa en nuestra nación oligarca y desigual, en que las herencias de la dictadura reconocidas, ahora, por  Sebastián Piñera siguen tan vigentes. Férreamente consensuadas entre sus fieles seguidores y sus reciclados adversarios. Tanto que el propio Tirano lamentó no haber conocido antes a algunos de ellos para haberlos hecho parte de su gobierno.

juanpablo.cardenas.s@gmail.com

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Vean por qué Michelle Bachelet fue designada

Por: Iván Oliver Rugeles:

Alta Comisionada de los Derechos humanos de la ONU… 

Reemplaza en el cargo a un  primo del rey de Jordania…

Michelle Bachelet se hizo acreedora  al cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, a fuerza se acumular puntos que pudieran garantizar que en su desempeño en ese puesto bajo ningún respecto se le va a ocurrir lanzar señales que pudieran colocar en entredicho las conductas criminales atroces de los gobiernos imperiales del mundo occidental y cristiano en el tema de los derechos humanos y, sobre todo, que llegara a pedir cuentas y exigir la directa intervención del Tribunal Internacional de Justicia, dado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, para sancionar, como debiera ser, al de los Estados Unidos y al de Inglaterra por las matanzas de cientos de miles de seres humanos en Afganistán e Iraq y también al de Francia.

Para el caso de los crímenes en Libia, dejando muy en claro que no han sido solamente esos casos, sino que son muchos más si nos ponemos a relacionar los sucedidos a partir de uno de los más espantosos que ha cometido hasta ahora los Estados Unidos, como lo fue el que provocó las bombas atómicas que lanzó en agosto de 1945 sobre dos centros urbanos en Japón, Hiroshima y Nagasaki, a casi cuatro meses después de que Hitler se suicidara en su bunker de Berlín y que Mussolini fuera ajusticiado por su pueblo, dejando un saldo de no menos 250 mil seres humanos muertos en fracciones de segundos…

¿Y cómo hizo, -ciertamente- esta señora chilena, hija de un general asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet, quien ejerció en dos ocasiones la presidencia de su país, para llegar a tan alto cargo, en el cual, -se supone- que ha asumido la tremenda responsabilidad de vigilar el respeto absoluto de los derechos humanos en esta única nave espacial que tenemos y que por ello deberá darle cuenta a toda la humanidad, cuando en sus dos oportunidades que tuvo de ser la primera mandataria en su propio país de Chile y por un lapso total de diez años, no se atrevió a proponer con la fuerza y el coraje debidos, una nueva constitución, para sustituir a la que dejó el dictador Pinochet?

Pero hay más y sobre esto que sigue el pueblo chileno también se lo reclama con la dureza que corresponde: Tampoco se atrevió a cerrar el hotel cinco estrellas que los partidos de la concertación desarrollaron como cárcel para los represores de la dictadura, conocido como "Punta Peuco", ubicado a sólo 50 kilómetros de la capital del país, Santiago y si no lo creen que es realmente muy lujoso, vean esta foto*, en donde los criminales y torturadores, es decir los muy pocos  que han sido juzgados hasta ahora por una “democracia” que en ese tema de la defensa de los derechos humanos en ese país deja mucho que desear, son tenidos como los llamados clientes premiun y, por supuesto, disponen allí de la televisión en sus habitaciones, de celulares, de la Internet y de visitas de familiares y amigos cuando así ellos las dispongan.

Vale acotar que dicho penal se construyó durante el gobierno de Eduardo Frei Tagle, en 1995, cinco años después del “retorno” a la democracia, así como que el padre de este presidente fue Eduardo Frei Montalva, quien ejerció la presidencia del país entre 1964 y 1970 y que no obstante haber sido alto dirigente de la Democracia Cristiana que respaldó con el mayor fervor y activismo el golpe militar contra el Presidente Salvador Allende en 1973, fue asesinado por envenenamiento durante una intervención quirúrgica con talio en 1982, cuyas investigaciones no dejan duda alguna de que ese crimen fue ordenado por Pinochet, pero las que poco avanzan, -precisamente- porque aún pesa y mucho en la vida “política” chilena, el legado del dictador...(**)

Y para acumular más puntos de los necesarios que ya los tenía a buen resguardo y a fin de evitar que otro aspirante al cargo se le colara por los palos, la Señora Michelle hizo a su país parte del coro de los “perritos falderos” de Washington, llamado Grupo de Lima, para conspirar y planear estrategias dirigidas, junto al Almugre de la OEA, para derrocar al Presidente Nicolás Maduro Moros, a quienes decidieron, en ese grupo, calificarlo de dictador…!!!

 (*)  Para más información sobre el penal, hacer clic aquí:http://www.gamba.cl/2013/09/gendarmeria-exigio-cerrar-las-carceles-de-lujo-donde-cumplen-condena-los-torturadores-y-asesinos-de-la-dictadura/

(**)  https://www.izquierdadiario.es/Muerte-de-Frei-Montalva-2-agentes-de-la-DINA-y-4-medicos-acusados-por-asesinato

rioliverr@gmail.com

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