Por Juan Martorano:
Recientemente, algunas amistades me preguntaron mi opinión
respecto a la decisión del pretendido presidente autoproclamado, Juan Guaidó,
quien ha señalado que para el día martes 09 de julio de 2019, la Asamblea
Nacional (En desacato e insubordinada) aprobaría el reingreso de Venezuela al
denominado Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR), y después se
solicitaría a la OEA ese reingreso. Todo esto formaría parte de la generación
de condiciones para la legitimación de una invasión militar, de tipo
“humanitario” sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Pero este anuncio del parlamentario no se puede ver fuera de
contexto con la reciente divulgación del informe de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, me refiero a la ex presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, y de la cual, ha habido algunos analistas que se han
pronunciado al respecto.
Tal y como lo señaló la camarada Secretaria de Organización
del partido “Patria Para Todos”, diputada de la AN y diplomática de carrera,
Blenia Medina, Mal puede catalogarse de informe el papel que leyó Bachelet el
pasado 4 de julio de 2019. Y el referido documento, ha sido rechazado por
múltiples personalidades e instancias, una de ellas, la de Alfred De Zayas,
investigador independiente quien realizó un informe muy objetivo sobre la
situación de Venezuela, y uno de los más vehementes críticos del documento de
Bachelet.
Lo primero que hay que señalar sin ambages, es que la
“Bachelet” no escribió el referido documento; el cual estaba redactado desde el
mes de marzo del presente año, cuando la avanzada que ella envió (y que es el
mismo equipo de su antecesor, el príncipe jordano Zeid Raad Al Hussein, quien
es muy amigo del dirigente opositor de la Revolución Bolivariana, Diego Arria)
en su visita al país durante ese lapso comprendido. Entre otras cosas, hay
algunos eventos que no se refieren en el documento de 18 páginas, como es el
magnicidio en grado de frustración contra el Presidente Maduro del 4 de agosto
de 2018, y el sabotaje eléctrico sufrido a partir del 07 de marzo de 2019 y
durante todo ese mes. Los que han tenido la oportunidad de leer el precitado
documento antes señalado, entenderán muy bien a lo que me refiero.
Sin embargo, me permitiré referirme a algunos ítems del
referido documento, el cual en lo personal no me sorprendió en lo más mínimo, y
que amerita una respuesta bien fundamentada por parte de diferentes
organizaciones promotoras de Derechos Humanos con visión crítica y
contrahegemónica, organizaciones políticas y sociales que deseen pronunciarse
con respecto a ese documento que no dudo en catalogar de “panfleto”.
Importante es de señalar que, en el mundo entero, ningún
Estado cumple al 100% con los Derechos Humanos, y siempre se registran de
alguna u otra manera violaciones a los mismos. También las nuevas concepciones
de Derechos Humanos señalan que no sólo los Estados son susceptibles de cometer
violaciones a los Derechos Humanos, sino que también personalidades del sector
privado pueden cometer este tipo de infracciones. Esto, evidentemente los que
defienden los Derechos Humanos con visión hegemónica no lo señalan en sus
argumentaciones.
En el ítem II del referido “informe” en el que se refiere a
los derechos económicos y sociales, se sostiene que “la crisis económica y
social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía
siga contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos
disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo.
La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas
violaciones de sus derechos económicos y sociales”.
Llama poderosamente la atención este análisis simplista y
totalmente descontextualizado de la realidad que afronta el país. Porque
evidentemente las violaciones de los derechos económicos y sociales de la
población vienen producto de una política de exterminio promovida desde las
administraciones Obama-Trump en el contexto de la imposición de medidas
coercitivas unilaterales ilegales contra el Estado- Nación venezolano. Estas
medidas, de acuerdo al estatuto de Roma, puede perfectamente configurar el
delito de genocidio contra la población venezolana, en la cual, el Gobierno y
Estado venezolano pueden perfectamente accionar.
Resulta curioso que en el documento leído por la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos, nada señale
que en buena medida, la privación de Derechos Sociales y Económicos se debe a
la manipulación del tipo de cambio tendiente a propiciar la merma del poder adquisitivo
de nuestro signo monetario, el bolívar, y a tratar de imponer una dolarización
de facto de la economía venezolana, elemento este que golpea de manera
considerable a los sectores más vulnerables de la población al negársele el
acceso a alimentos y medicamentos. Y esto proviene de sectores privados de la
economía venezolana en coordinación con operadores políticos y conglomerados
mediáticos vinculados a la administración Trump, y no al Gobierno que encabeza
Nicolás Maduro Moros.
Señala el referido panfleto que “el desvío de recursos, la
corrupción y falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la
subinversión han tenido como resultado violaciones al derecho a nivel de vida
adecuado, entre otros, al deterioro de los servicios básicos como el transporte
público y el acceso a electricidad, agua y gas natural. A partir de septiembre
de 2018, miembros del Gobierno comenzaron a hablar de las consecuencias de la
crisis económica y a reconocer ciertos aspectos de la situación humanitaria,
principalmente respecto a la escasez de alimentación y de los medicamentos. El
Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión social”.
Ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien
iniciándose el período constitucional presidencial 2019-2025, en la
juramentación de su nuevo período para el cual fue reelecto, ante el Tribunal
Supremo de Justicia el pasado 10 de enero de 2019, que solicitó ante la
Asamblea Nacional Constituyente la modificación y ajustes a la Ley contra la
Corrupción, a los fines de castigar de forma ejemplarizante delitos cometidos
por algunos funcionarios públicos durante su administración. No en balde,
durante la presente administración de Nicolás Maduro, cerca de 4.000
funcionarios públicos y funcionarias han sido procesados y detenidos por la
comisión de delitos contra la cosa pública.
Y evidentemente, ante el asedio que se promueve desde el
gobierno de Estados Unidos, si nos consta que el 75% de la inversión social se
destine a las Misiones Bolivarianas y a establecer todo un sistema de
protección del pueblo, sobre todo dirigida a los sectores más vulnerables de la
población, rompiendo con la ortodoxia de las políticas neoliberales referidas a
las políticas de “ajustes estructurales”, donde siempre resultan perjudicados
los más débiles. Esto no es reconocido en el pretendido “informe” de la señora
Bachelet.
En el referido pasquín se ataca al programa Clap promovido
por el Ejecutivo Nacional, al catalogarlo que el mismo “no cubre las
necesidades nutricionales de la población y que el Gobierno no ha demostrado
que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización
progresiva del derecho a la alimentación ni tampoco que hubiere buscado, sin
éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias. En los
últimos meses, el Gobierno ha solicitado y aceptado ayuda, aunque ha sido
insuficiente para cubrir las necesidades de la población”.
Es evidente que la posición de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para Derechos Humanos, se alinea con posiciones que hemos leído
en portales web y de conglomerados mediáticos nacionales e internacionales.
Cuando se señala que “según las personas entrevistadas le habrían señalado una
falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios
inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente,
y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día
y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos
tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales
encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un
promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales
reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar
comida por sexo”, se demuestra una posición sesgada y totalmente parcializada,
lo que de hecho ya descalifica el mencionado documento.
Resulta temerario responsabilizar de manera exclusiva al
Estado venezolano de la actual hiperinflación y contracción de la economía
venezolana y a las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última
década, como responsables del debilitamiento de los sistemas de producción y
distribución de alimentos, “aumentando la cantidad de personas que dependen de
programas de asistencia alimentaria”. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura reportó que 3.7 millones de venezolanos/as se
encuentran en estado de desnutrición y la ONG Caritas (financiada por la NED y
la USAID) confirmó particularmente altos niveles de desnutrición entre niños/as
y mujeres embarazadas .
Así como se usa a la ONG Cáritas como una de las fuentes de
este informe, el basamento de muchas de sus informaciones de ONG como el
Observatorio Venezolano de Prisiones de Humberto Prado, Espacio Público de
Carlos Correa o Foro Penal Venezolano de Alfredo Romero, con una posición
políticamente claramente alineada con sectores de la oposición venezolana y que
constan en numerosos archivos de haber recibido financiamiento de agencias de
inteligencia de Estados Unidos, son algunas de las razones que nos motivan a
rechazar el pretendido informe.
Se obvia en el mismo que desde la imposición de medidas
coercitivas unilaterales desde el 9 de marzo de 2015, y desde esa fecha hasta
el presente se han dado no menos de 150 rondas de imposición de medidas
coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, lo cual
no aparece reflejado en el referido informe.
Se busca destacar en el documento una supuesta persecución,
judicialización y criminalización a la disidencia política de actores políticos
al Gobierno de Nicolás Maduro, así como de la supuesta “represión selectiva”,
pero nada se señala de la muerte de Orlando Figuera, por parte de simpatizantes
de la oposición, sólo porque éste parecía “chavista”; o las muertes de Robert
Serra, Eliécer Otaiza, o los constantes llamados a la violencia y al
derrocamiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas; o al
magnicidio en grado de frustración cometido en contra de la persona del Jefe
del Estado y de altas personalidades de las ramas del Poder Público Nacional el
04 de agosto del año 2018, lo cual tampoco aparece reflejado en el referido
papel de trabajo.
En el panfleto antes mencionado, se ataca la labor de la
Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al catalogarlas como sustitutas de las
denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM). Importante es de destacar que estos cuerpos
de seguridad e inteligencia han ejercido una labor de contención democrática de
las amenazas, en el marco de guerra híbrida, multidimensional y multiforme que
vive la República Bolivariana de Venezuela, desde la asunción del comandante
Hugo Chávez en la Presidencia de la República, y la cual ha escalado luego de
su desaparición física el 05 de marzo de 2013.
Muy importante señalar que, nuestra política de seguridad
ciudadana, y de seguridad y defensa de la Nación, están sustentadas en lo
preceptuado en el artículo 326 del texto constitucional, concatenado con el
artículo 59 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad
de la Nación. Este último artículo, nos permitiremos transcribirlo,
textualmente:
“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un
Sistema de Protección Popular para la paz, en el cual se integren todos los
Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles político-territoriales, con
el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, con el fin de
promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la
consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas
externas e internas a la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y
los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema al que se refiere
este artículo, deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la
protección del pueblo, las autoridades encargadas para su coordinación y los
mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, así como las instancias de gobierno comunal y pueblo
organizado”.
Es decir, las referidas instancias, conjuntamente con el
pueblo organizado y las instancias del Poder Comunal, son las que definen las
políticas de seguridad ciudadana, así como la política de Defensa y Seguridad
de la Nación.
No ha sido política de Estado, ni en el gobierno de Hugo
Chávez ni ahora con el presidente Nicolás Maduro la promoción sistemática y
violación de Derechos Humanos. Y aquellos funcionarios y funcionarias de
cuerpos policiales o de inteligencia implicados en estos delitos, han sido
puestos y llevados ante el sistema de administración de justicia.
De hecho, ha sido el propio Primer Mandatario Nacional quien
ha pedido investigaciones sobre la comisión de estos hechos punibles. Además de
los denodados esfuerzos por establecer una Comisión de Justicia y la Verdad, la
cual no solo es descalificada en el documento, sino minimizada en su labor de
diálogo y paz con todos los sectores del país.
De ahí que sería muy interesante, que la cancillería
venezolana le exija a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, no sólo que exprese la verdad de Venezuela, sino un informe completo
sobre la situación de Derechos Humanos en la frontera sur de EEUU. Cada día
mueren migrantes de las caravanas provenientes de países centroamericanos como
Honduras, México, Guatemala, presos en campos de concentración donde los
mantiene hacinados, sobre todo a niños y adultos, en condiciones infrahumanas.
O la situación en Colombia, donde se han asesinado a más de 300 líderes
sociales, ex guerrilleros de las FARC-EP, por sólo citar dos ejemplos
emblemáticos.
A esta trama de desestabilización y de tratar de generar las
condiciones para una intervención directa, en alineación con el panfleto de
Bachelet, Guaidó se activa y ahora pretende que el parlamento apruebe el TIAR
para Venezuela, a fin de activar, lo que sectores de la oposición han
realizado, una interpretación tergiversada del artículo 187 numeral 11 del
texto constitucional, para legitimar la invasión gringa en Venezuela.
“Ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro para el
mundo que Venezuela vive una dictadura. Por eso, asumo mi responsabilidad en
las acciones que vamos a liderar en todos los mecanismos que estamos
ejerciendo, como parte de una sola estrategia, para conquistar el cambio”,
señaló Guaidó.
Guaidó comunicó que “cumpliendo los pasos requeridos”, la AN
aprobará el TIAR, y una vez que esté aprobado, “tocará construir el respaldo de
los demás países de la región para que este mecanismo cuya aprobación final
pasará por la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Es clara la hoja de ruta
del títere imperial.
Por ello, es que Guaidó decidió enviar a su delegación y
“sentarse” con la del Ejecutivo que lidera Nicolás Maduro. Al respecto de este
tema, señaló: “tanto en Oslo, como en el Grupo Internacional de Contacto y
todos los espacios de presión, nuestro objetivo es el mismo: lograr una
solución definitiva a la crisis de nuestro país”. Es decir, Guaidó entiende la
jornada de diálogo de esta semana como el ultimátum que quiere darle a Maduro,
antes del despliegue de la cartilla que le han dado sus amos, los gringos.
Sin embargo, Maduro le picó adelante, y no solo con la
ratificación de Vladimir Padrino López como titular de la cartera de Defensa y
Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz; A Ceballos
Ichaso como jefe del CEOFANB, y modificaciones parciales en el Alto Mando
Militar. Sino que ha ordenado ejercicios militares a partir del 24 de julio del
presente año, a la par que Caracas se reunirá la izquierda mundial en el Foro
de Sao Paulo, hasta el 28 del corriente mes. Son algunas muestras de la
estrategia de Maduro.
Y una carta que se jugaría, para que en caso de que la
representación guaidonistas se levante de la mesa para tratar de generar
violencia. Maduro la tiene como desencadenante histórico muy similar a la
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo el 1 de mayo de
2017. Pero no me corresponde a mí anunciarla, ya que es algo así como: “En caso
de incendio, rompa el vidrio”.
Ahí se las dejo.
¡Leales Siempre! ¡Traidores Nunca!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
jmartoranoster@gmail.com
