Por Oscar Rotundo:
Bolivia en resistencia (IV)
Estamos entrando en la recta final hacia las elecciones del
6 de septiembre en el Estado plurinacional de Bolivia y la derecha reaccionaria
que usurpó el poder, especula y maniobra para ahogar en sangre los derechos de
este valeroso pueblo. A medida que se acerca la fecha los conspiradores se
reúnen y organizan para impedir el retorno de la democracia mediante el triunfo
popular.
Entre el 6 y el 10 de noviembre del 2019, la democracia en
el Estado Plurinacional de Bolivia, fue interrumpida por un golpe
cívico-militar de características fascista, que, con la ayuda de la OEA y la
embajada de Estados Unidos de Norteamérica, comenzó a materializar un proyecto
estratégico privatizador y expropiador de los recursos naturales, acoplado a la
estrategia transnacional de la globalización.
Este plan de desmonte del gobierno popular, se ejecutó sobre
la premisa del deterioro de la influencia del líder del proyecto plurinacional,
Evo Morales Ayma entre los sectores populares y sobre la contradicción que
existía en la clase media, que perdía de vista la importancia estratégica de la
soberanía popular y la independencia económica y aspiraba a crecer en base a
las prebendas de un Estado liberal.
Concretada la usurpación del poder ejecutivo, la persecución
política, la represión policial y militar y el accionar de grupos paramilitares
como la “Unión Juvenil Cruceña”, que lidera Luis Camacho y la autodenominada
“Resistencia Juvenil Cochala”, (denunciada por La CIDH como un grupo armado que
participó en las masacres de Sacaba y Senkata, que dejó un saldo de 37 muertos
y 500 heridos), acorralaron al movimiento popular obligándolo a un repliegue.
La ineficiencia en el manejo de la cosa pública, la
corrupción de los gerentes que administraban los recursos del Estado y la
crisis económica y social desatada por el Covd-19, que se sumaba a los despidos
en masa y al desbarajuste productivo y comercial provocados por el golpe,
fueron acorralando a la burocracia gobernante, que, luego de aplazar las
elecciones que debían realizarse el domingo 3 de mayo, se vio obligada a
aceptar, junto a las fuerzas inscriptas para participar en los comicios, la
fecha del 6 de septiembre de 2020, para la realización de los comicios.
Faltando menos de dos meses para las elecciones, la clase
política tradicional comenzó a especular con la necesidad de postergar las
mismas, para una fecha próxima por motivos sanitarios, según las declaraciones
del candidato a vicepresidente por el partido "Juntos” (sigla que
representa al gobierno de facto), Samuel Doria Medina, que expresó a los medios
“Nosotros no vemos factible la realización de elecciones en septiembre, cuando
probablemente se registre el pico de la pandemia. Lo más razonable es
octubre".
A esas declaraciones se fueron sumando otros candidatos,
como Camacho, “Tuto” Quiroga y sin plantearlo directamente, Carlos Mesa,
segundo en las encuestas detrás de “Lucho” Arce del Movimiento al Socialismo.
Al conocerse esto, el movimiento popular, volvió a
expresarse en las calles acatando la convocatoria a la gran marcha nacional del
martes 14 de julio convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) bajo la
premisa de, “lucha por la democracia, defensa de los recursos naturales y la
estabilidad laboral”.
Juan Carlos Huarachi, miembro ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB) expresaba “Basta de improvisaciones, basta de lo que nos han
sometidos con decretos. Los trabajadores vamos a hacer cumplir que este 6 de
septiembre sí o sí se tiene llevar las elecciones nacionales”.
Pero este sentir del movimiento democrático y popular y este
anhelo por el rescate del proyecto patriótico, es antagónico con el proyecto
esbozado por la burguesía gobernante, que entiende la importancia estratégica
de haber llegado al gobierno y en función de esto, ha ido avanzando en la
arquitectura que le permita hacerse del poder total.
El candidato del MAS a la presidencia Luis Arce, ha
expresado certeramente que “la derecha ‘está muy golpeada’ ante la inminencia
de esos comicios, cuya fecha aún es inconveniente para los partidos de esta
última tendencia” y es cierto, pero hay algo más, el MAS, puede o no ganar en
primera vuelta, pero a esto, hay que sumar que también se eligen senadores y
diputados que pueden ampliar la influencia política del MAS en ambas cámaras,
condicionando la ejecución, o no, de determinados proyectos (como el ascenso de
militares, o la concreción de créditos que el ejecutivo requiriera de los
organismos financieros internacionales, etc).
En este sentido, es sugestivo que los ascensos a militares,
otorgados recientemente por el Decreto Supremo N° 4291, promulgado el 15 de
julio de 2020, que benefició a varios militares investigados por delitos de corrupción, ultraje a símbolos
patrios, e incluso trata y tráfico de personas, no hayan seguido el camino que
marca la constitución, pues al decir del ministro de Defensa Luis López, “ la
Asamblea Legislativa está contra el pueblo", por ello la presidenta
decidió actuar por decreto para "garantizar la seguridad nacional e
institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las
instituciones democráticas del Estado y mantener a las Fuerzas Armadas en el
grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su
misión".
Detrás de ese discurso esquizofrénico del ministro de
Defensa, Luis Fernando López, se puede observar otro obstáculo que impediría la
concreción de la estrategia golpista, que es, ni más, ni menos, que la propia
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.
La Constitución, es la columna vertebral de la arquitectura
jurídica en la que se sustenta la gobernabilidad del sistema de cambio que
transformó Bolivia y un antídoto contra todo anacronismo neoliberal.
Entre los beneficiados por el decreto del ejecutivo de facto
se encuentran, el General José Luis Salazar Escobar y el coronel Carlos Salinas
Águila (Ejército), acusados de cometer el delito de ultraje a los símbolos
patrios, previsto en el artículo 129 del Código Penal que expresa, “quien o
quienes injurien ofendan, desprecien ultrajen públicamente los símbolos del
Estado serán pasibles a la sanción de seis a dos años de cárcel”. El Artículo
N° 6 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a la wiphala como
símbolo patrio: “Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo
y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la
flor de la kantuta y la flor del patujú”.
La sanción a estos altos oficiales con manejo de tropa,
revela, que no solo han agraviado a la institución a la que pertenecen, sino,
también, que son portadores de un alto y repulsivo desprecio hacia la
Constitución y hacia las mayorías populares del País.
Algo similar podríamos decir del emblemático ministro de
Gobierno Arturo Murillo, que, en una entrevista realizada por el periodista
Carlos Valverde, expresa sin ningún pudor, que, “tienen gases (lacrimógenos)
para seis meses…” y elucubra la tesis de que el MAS generaría disturbios
denunciando un supuesto “fraude” si perdiera las elecciones, y plantea
claramente “…lo importante es lo que va a pasar el 6 de septiembre ¿ellos van a
aceptar la derrota? ¡no la van aceptar jamás! Necesitan convulsionar el país,
incendiar el país, que haya muertos en el país y volver por la fuerza al país,
porque saben que por las buenas es muy, muy difícil, porque no; les vamos a
cerrar todas las puertas, la “democracia” no se la puede perder y está en la
responsabilidad y en los hombros de todos nosotros, Carlos, incluidos ustedes,
los periodistas y comentaristas y todos; todos nosotros tenemos la
responsabilidad, así como tuvimos la responsabilidad y tuvimos los pantalones
de salir con nuestras “pititas”, también tenemos la responsabilidad de no
permitir que se vuelva a instalar, porque se está jugando este seis de
septiembre , si es que es el seis, los próximos treinta años de democracia, lo
que te estoy diciendo, toma nota, es así lo que va a pasar”.
Todos estos argumentos y movimientos acompañan la
información que surge de la inteligencia popular que sindica que, efectivamente
en la Fuerza Aérea se estarían elaborando planes para poder ejecutar un golpe
de Estado, conjuntamente con el resto de las fuerzas militares y policiales y
que se estarían gestando provocaciones para el enfrentamiento entre grupos
civiles que comenzarían a movilizarse para impedir la realización de los
próximos comicios.
Ante este escenario, que preanuncia la realización de un
plan represivo militar- paramilitar, para evitar el retorno a la Democracia y a
la Legalidad y que en su concepción evoca el accionar de las hordas fascista,
que en el caso del Estado Plurinacional, contemplaría la ejecución de un
etnocidio contra las mayorías populares de eses país, es imprescindible generar
una alerta para que los movimientos sociales, indígenas y políticos, los
organismos de derechos humanos, los medios de comunicación alternativa y los
trabajadores, estudiantes y profesionales del continente, tomen como propia la
defensa de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia, porque en estos
tiempos que corren, cada lugar en el que se levante un proyecto que beneficie
al pueblo y enfrente al fascismo, es una trinchera común en la que se juega el
futuro de todos.
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