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miércoles, 11 de septiembre de 2019

Masacre de Pergamino: Cara a cara con los asesinos de los pibes

Por Leandro Albani:


El lunes comenzó el juicio contra los ex policías imputados por la muerte de siete detenidos. Las audiencias finalizarán el 7 de octubre.

Pergamino todavía no salió a la calle. Es lunes, siete de la mañana, y el frío cala en los huesos. Por la avenida de mayo cruzan algunos autos. El cielo empieza a clarear y el sol apenas asoma formando vetas anaranjadas entre nubarrones oscuros. Frente a la plaza San José, sobre la calle Pinto, el juzgado de la ciudad se despierta temprano: ya hay varias personas colgando banderas, tomando mates, charlando y fumando para tratar de olvidar la temperatura que no supera los tres grados. Son los familiares de los sietes pibes, víctimas de la Masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017 en la comisaría primera de la ciudad.

Ese lunes, cuando se cumplen dos años y medio de la masacre, comienza el juicio oral y público contra los seis ex policías imputados: Alberto Donza, Brian Carrizo, Sergio Rodas, Carolina Guevara, Alexis Eva y Matías Giulietti. Los ex uniformados están acusados de abandono de persona seguido de muerte y podrían recibir penas de entre cinco y 15 años.
                                       (Imagen: Luis Angió, para El Diario del Juicio)

Afuera del juzgado, los minutos transcurren entre conversaciones, nervios, algunos llantos y mucha expectativa. También hay emoción, sobre todo cuando llega Carmenza Claros y su hija Lorena, madre y hermana de Jhon Claros, el cantante colombiano que murió en la masacre. Carmenza y Lorena arribaron al país el domingo y muchos familiares recién las vean ahora. El calor de los abrazos y besos que les dan corta un poco el frío y la tensión.

Quienes esperan que a las diez de la mañana comience la primera audiencia del juicio, que durará hasta el próximo 7 de octubre, saben muy bien qué pasó en la comisaría primera: un pequeño fuego iniciado por los internos en la celda 1 se transformó en un infierno debido a la inacción policial. Ese día fatídico, los uniformados estuvieron una hora, desde las 18 a las 19, viendo cómo se expandía el fuego y se llevaba las vidas de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Juan José “Noni” Cabrera, Alan Córdoba, Federico Perrota, Franco Pizarro y Jhon “Chilito” Claros. Lo que denuncian los familiares no es un capricho: la investigación realizada por el fiscal Nelson Mastorchio, basada en los testimonios de 12 sobrevivientes de la masacre, de los bomberos voluntarios (a quienes los policías entorpecieron su labor), de los familiares de los pibes y de los propios policías, además de las pericias y las actas oficiales, deja pocas dudas al respecto.
Durante 18 audiencias que se realizarán lunes, martes y miércoles, los jueces Guillermo Burrone, Miguel Gáspari y Danilo Cuestas, del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, escucharán a cien testigos relatar lo que ocurrió el 2 de marzo de 2017.

En la plaza San José el tiempo pasa. El puñado de personas que llegó a las seis de la mañana a colgar las banderas, ahora creció. En sus ojos y gestos se repite la palabra “justicia”.
El juzgado está ubicado en el centro de la ciudad. El edificio, blanco y de grandes ventanales, ocupa una manzana. Hace muchos años ahí funcionaba el hospital público. A los costados de la entrada también hay banderas y sobre una ventana están los rostros de los chicos asesinados por la policía bonaerense. Al pasar la puerta principal del juzgado, se despliegan dos pasillos hacia los costados. En medio del edificio hay un patio interno. Para quien no conoce el lugar, caminar por el juzgado puede terminar en una fácil desorientación entre tantos pasillos y recodos. Al final del pasillo de la izquierda, está la puerta que lleva al tribunal donde se realiza el juicio, custodiado por un grupo de efectivos de la policía federal. Unos minutos antes de la diez de la mañana el pasillo se llena de familiares de los pibes. Hay tumulto y nervios. Personal del juzgado y los uniformados tratan de acomodar a las personas. Por otra puerta, que da al patio interno, ingresan los familiares de los ex policías imputados.

La sala de la audiencia es demasiado pequeña. Los abogados de los familiares de los siete pibes solicitaron que el juicio se desarrolle en el Concejo Deliberante. Sabían que mucha gente iba a querer presenciar las audiencias. La defensa de los policías rechazó este pedido. Los jueces también, argumentando cuestiones técnicas y de seguridad. La sala es un rectángulo claro, con tres ventanas altas con cortinas blancas y bordó. Hay dos hileras de bancos: a la izquierda se acomodan los familiares de los chicos y al costado los de los policías exonerados. Los separa un pasillo angosto y de unos pocos metros, que desemboca en una silla y un micrófono, donde se sentarán los testigos para declarar. A los costados, se ubican los abogados de cada parte. Enfrente de los testigos, está el estrado para los jueces, flanqueado por las banderas argentina y de la provincia de Buenos Aires.

Todo el lugar está bañado por una fuerte luz blanca. Cuando una puerta lateral de la sala se abre, un silencio profundo se apodera del lugar.
Un grupo de policías federales sale por la puerta, pertrechados para la guerra. Dos se acomodan al fondo de la sala, otros dos se ubican detrás de donde se sentarán los testigos. Aparecen más policías y entre ellos llegan, esposados, los imputados. Todos y todas los miran. El juez Burrone solicita que le saquen las esposas. Algunos imputados sonríen y guiñan los ojos hacia donde están sus familiares. Donza es el que más sonríe. Una oficial de la federal le retira las esposas a Guevara. Después la mira, le acaricia un brazo y le sonríe. Los imputados se sientan detrás de sus abogados, Carlos Torrens y Federico Mastropierro (defensores del ex comisario), y Gonzalo Alba y Gabriel Castro Capria (que representan al resto de los ex policías). Los federales forman una pared entre los imputados y el público. En un lugar tan reducido, los fusiles y escopetas de los policías parecen un exceso.

El juez Burrone le pide a los imputados que se identifiquen. Muchos de los familiares de los chicos es la primera vez que escuchan sus voces. Los ex policías hablan en tono monótono pero firme. Sus caras no dicen nada. O, tal vez, muestren la frialdad con la que actuaron ese 2 de marzo de 2017.
Los magistrados se recuestan sobre los sillones de madera y cuero. Burrone es el primero en hablar y explica que durante las audiencias se van a escuchar testimonios que quizá “no van a gustar”, por eso exige a los presentes “el mayor de los respetos”. “Cualquiera que haga algún comentario o exclame algo, será expulsado de la sala”, asevera el juez. Después le pide al fiscal Mastorchio y a los abogados de las partes que lean los lineamientos de la causa.

El fiscal relata lo que sucedió en la comisaria primera, basado en la investigación que encabezó. Mastorchio remarcó el período de tiempo desde que “comenzó el primer foco ígneo y que se produjo la muerte de los chicos”, donde los entonces policías no hicieron nada. Por eso, asegura que los imputados cometieron el delito de “abandono de persona seguida de muerte”. Para el fiscal, los ex uniformados no hicieron caso a los gritos y pedidos de ayuda de los 19 detenidos que se encontraban ese día en la seccional. Además, entorpecieron el trabajo de los bomberos, que fueron avisados cuarenta minutos después de iniciado el fuego, y también se negaron a abrir la reja que comunica con las celdas.

Los abogados y las abogadas de las familias respaldan la investigación del fiscal. Además de sumar nuevas descripciones sobre la inacción de los ex policías, el abogado Maximiliano Brajer, que representa a la hija de Fernando Latorre y Mariana Noguera, resume que “los policías violentaron la función que era inherente a su responsabilidad”. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), acota que en el juicio se van a probar las responsabilidades inmediatas de la masacre, pero que no descarta que se produzcan pruebas que permitan avanzar sobre las responsabilidades políticas.

En la sala nadie se pierde una sola palabra pronunciada. Mientras los abogados hablan, casi todos miran a los ex uniformados responsables de la masacre. Donza, el ex comisario que estuvo prófugo durante 400 días, clava su mirada en algún punto perdido entre el estrado y un rincón de la sala. ¿Qué pasa por la mente de los ex policías? Es difícil desentrañarlo. Tal vez se pueda armar una idea real cuando, si no se niegan, declaren ante los jueces.

En los bancos donde están los familiares de los chicos, Alicia –la mamá de Franco Pizarro- baja la cabeza, cierra los ojos, se lleva una mano a la cara y respira. Para Alicia estos dos años y medio fueron muy duros. Todos los días, ella pone en la mesa de su casa el plato para Paco; todos los días espera que su hijo entre a su casa y la salude con un abrazo. Ahora los ojos de Alicia brillan entre tanto dolor.
Jorgelina Ferreyra, la madre de Federico Perrota, está sentada más atrás. En las manos sostiene un cartel con la cara de su hijo. Por un instante, clava los ojos en los ex policías. Jorgelina baja la cabeza. En ese momento, donde los términos jurídicos cruzan la sala, sabe que los temas que cantaba Fede solo viven en su memoria.

Abigail tiene 11 años y es la hija mayor de Paco Pizarro y Anabel Delmas. Desde que se conoció la fecha del inicio del juicio, dijo que quería estar. A Abi, como le dicen todos, no le importa lo que opinen jueces, abuelos y abuelas, amigos y amigas. Ella quiere estar para ver a los responsables de la muerte de su papá. Abi está sentada al lado de su abuelo Alberto. Los dos hacen fuerza para no llorar y parecen diminutos en esa sala desbordada. El miércoles, cuando le tocó declarar a su mamá, las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le pidieron al juez que Abi pudiera presenciar la audiencia. Ese día, antes de entrar en la sala, espera con su tía y su madrina, a quien le dice que vayan para adelante así ingresan a la sala. Abi quiere estar ahí, porque entiende que ella y sus hermanos Pilar y Bastián son el pedacito de luz más grande que dejó Paco en esta tierra.

Los ex policías imputados, ¿saben que Abi está en la sala? La hija de Paco y Anabel escucha atenta, hace fuerza para retener las lágrimas, no puede quedarse quieta en el banco, la bronca se le escapa desde lo más inocente de su pecho. ¿Qué piensan Donza, Carrizo, Guevara, Giulietti, Rodas y Eva? Sus caras, en una sala blanca y respetuosa, destilan indiferencia.

Carlos Torrens toma la palabra en representación del ex comisario Donza. Dice que lo que ocurrió en la comisaria primera fue un hecho “infrecuente” y que la decisión que se tome tiene que estar alejada de “todo tinte político”. Como lo hizo cuando Donza se entregó a la justicia, Torrense argumenta que su defendido siempre estuvo dispuesto a colaborar –pese a sus 400 días en calidad de prófugo-, y que realizó varios pedidos a sus superiores para que se mejoren las condiciones en la seccional. Torrens aporta la primera novedad del juicio: afirma que no hubo dolo en el accionar de Donza y que podría tratarse de un delito culposo, abriendo la posibilidad de que a su defendido lo condenen por una pena menor.

Cuando es el turno de Gonzalo Alba, el abogado no anda con vueltas: asegura que en este caso existe “una ritualización del expediente”, defiende la “absoluta inocencia” de sus representados, acusa la fiscalía de presentar una investigación con “un relato difuso, genérico, sin autoría”, y asegura que su objetivo es “derribar” la acusación contra los ex policías. Mientras habla, el abogado gesticula y mueve las manos con exageración. A primera vista, con su traje impecable y sus modales sobreactuados, parece un yuppie desfasado llegado de décadas pasadas. “¿Necesariamente tiene que haber un responsable”, lanza Alba y en la sala se siente el estremecimiento. “El derecho penal no se puede interpretar según la coyuntura”, dispara. Con una dicción acelerada y que pretende ser perfecta, finaliza: “Se va a demostrar que esta causa ni siquiera se tendría que llevar a juicio”.

Cuando el juez llama a cuarto intermedio hasta el martes, los familiares de los siete pibes salen conmovidos de la sala. Los ex policías son retirados por los efectivos de seguridad y no pierden la oportunidad de sonreír otra vez e intercambiar algunas palabras con sus familias.
Los abogados y las abogadas de los familiares de los pibes remarcan las diferencias de las posturas de las defensas de los ex uniformados. En los pasillos del juzgado alguien dice: “Alba es un desmesurado, se comió el personaje”.

En las dos audiencias restantes de la primera jornada del juicio declararon 12 testigos: Silvia Rosito (madre de Fernando Latorre), Cristina Gramajo, Andrea y Diego Filiberto (mamá y hermanos de Sergio Filiberto, respectivamente); Juan Carlos y Milagros Pizzaro (padre y hermana de Franco); Anabel Delmas (pareja de Franco Pizarro), Daiana Brunel (hermana de Federico Perrota); Lorena González (hermana de John Claros); Laura González y Julio Daniel Cantoni, (tíos de Franco) y Camila Gamarra (amiga de “Noni” Cabrera).

En sus testimonios recordaron cómo se enteraron lo que estaba sucediendo en la comisaría, en qué momento llegaron a la seccional, lo que les decían los policías (todos y todas coincidieron en que cuando le preguntaron a algún uniformado, las respuestas fue que los chicos estaban bien), las paupérrimas condiciones edilicias y de salubridad que veían en la comisaría cuando iban a las visitas y quiénes eran los pibes que murieron.

Los testigos que ese 2 de marzo se cruzaron con algunos de los ex policías imputados, coincidieron que ninguno de ellos tenía manchas de hollín o las caras tiznadas. En los relatos también apareció el policía Eduardo Hamué, que todavía sigue en funciones, y llegó a la comisaría cuando el fuego ya estaba desatado. En los testimonios se pudo reconstruir que Hamué entraba y salía de la comisaría, hablaba con algunos de los familiares que estaban en la calle y hasta fue el encargado de recolectar las esposas que tenían los policías locales que se encontraban en la puerta de la seccional formando un cordón de seguridad. Hamué es muy conocido por los familiares de los chicos. A los pocos días de la masacre, fue uno de los policías que subió imágenes ofensivas hacia los siete pibes y sus familiares en las redes sociales, por lo que fue suspendido durante un tiempo de la bonaerense.

Otro uniformado que apareció en algunas declaraciones es Brian Ciro, miembro de la policía motorizada, que también se encontraba en la comisaría durante la masacre. Camila Gamarra, amiga de “Noni” Cabrera, contó sobre los mensajes de audio que le llegaron y que Ciro enviaba desde la seccional. En esos audios, que están en la causa, Ciro habla de los “negros de mierda”, de que hay fuego y que va a haber balas y muertos. Gamarra además recordó haber escuchado disparos de armas de fuego que provenían de la comisaría.

Cristina, la madre de Sergio, afirmó que en una de sus visitas a la comisaría vio una heladera llena de cerveza. “Eran latas amarillas”, dijo. Cristina agregó que en la seccional no ocurrió “un infortunio”, sino que “hubo una intencionalidad” por parte de los policías.

Daiana, la hermana de Federico, contó que en una de sus visitas su hermano le pidió que contactara a una persona que le iba a entregar dos tabletas de pastillas y que al otro día, a las siete de la mañana, se las tenía que entregar en la esquina de la comisaría a “Rojitas”. Así le decían los detenidos a Brian Carrizo, por ser oriundo de la ciudad de Rojas.

Lorena Claros, la hermana de Jhon, recordó que cuando le avisaron llamó a un celular que tenían los presos en las celdas y cuando la atienden escucha gritos y los ruidos de los golpes contra los barrotes. Aunque pidió hablar con su hermano, ya era tarde.

El miércoles se proyectó en la sala un video de cuarenta segundos, filmado con un celular por uno de los detenidos en la comisaría. En la imagen se ve una pequeña bola de fuego en el piso, cómo las personas de una celda golpean los barrotes y se escucha una voz que dice “acá nos estamos muriendo”. El video no pudo terminar de proyectarse. Los familiares de las víctimas rompieron en llantos y algunos se descompusieron. El juez llamó a un cuarto intermedio de 15 minutos. Los ex policías, sentados de frente a la pared donde se veía el video, tampoco demostraron misericordia por lo que acababan de ver.

leandroalbani@gmail.com

sábado, 1 de diciembre de 2018

Masacre en una comisaría del terror en Esteban Echeverría

Por Leandro Albani:


La policía dejó que los calabozos de la Comisaría Tercera de Transradio ardieran con el fuego, algo que le costó la vida a ocho de los 27 detenidos que había en el lugar.

“Ahora se van a quemar como las ratas que son”, dijo uno de los policías que observaba el fuego que arrasaba las vidas en los calabozos de la Comisaría Tercera de Transradio, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El fuego, desatado por alguno de los detenidos como única forma de protesta, se enroscaba en los cuerpos. Ni los gritos ni los pedidos desesperados de auxilio eran escuchados por los uniformados que, como sucedió hace casi dos años en la Comisaría Primera de la ciudad de Pergamino, se limitaron a cortar el agua de los calabozos, observar y disfrutar de la masacre.


En la madrugada del 15 de noviembre, algunos de los 27 detenidos de la comisaría comenzaron a prender fuego colchones y frazadas, porque los agentes policiales habían cortado la luz para que, de esa manera, no pudieran escuchar música. Mucho antes de esa madrugada fatídica, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, con sede en Monte Grande, había ordenado la clausura del establecimiento. En la resolución emitida por el tribunal, se exigió al Ministerio de Seguridad y al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que desalojara de “manera urgente” los tres calabozos del lugar y trasladara a las personas privadas de libertad a otras dependencias. Ante este pedido, teniendo en cuenta el déficit edilicio y la precariedad en que se encontraba la comisaría, “ninguno de los funcionarios dio respuesta a la grave situación”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el mismo día de la masacre.

Ese 15 de noviembre, la policía bonaerense logró otro récord en su lista de tropelías: ocho de los detenidos murieron, transformando el hecho en la masacre más grave que conoció el país cometida en una comisaría. Walter Barrios, Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez, Juan Bautista Lavarda, Miguel Ángel Sánchez, Elías Soto y Juan Carlos Fernández son los nombres de las nuevas víctimas de la temible Bonaerense.

Un lugar horrible
La comisaría era un lugar “horrible”, asegura a La tinta Melany, la novia del fallecido Elías Soto. La joven relata que la seccional contaba con las celdas 1 y 2, y otro calabozo más que todos conocían como El Buzón. “En la celda 1, donde estaba mi novio, eran 15 más o menos. En la otra, eran siete u ocho, y, en El Buzón, eran cuatro. Sinceramente, adentro era horrible: no tenían cómo dormir, dormían en el piso”, recuerda Melany.

La primera denuncia realizada por la CPM con respecto a la Masacre de Transradio fue una verdad conocida por todos, pero de la que ninguna estancia estatal se responsabiliza: la superpoblación en las comisarías y la prohibición legal de mantener detenidos en esas seccionales. La Comisaría Tercera no sólo debía tener clausurado los calabozos, sino que su capacidad era para alojar a diez personas, pero, el día de la masacre, esa cifra ascendía a 27.
“La primera vez que entré, me puse a llorar, porque el lugar era horrible. No me esperaba eso”, resume Melany.
Juana, la hermana del también fallecido Juan Carlos Fernández, describe las condiciones de la comisaría como “deplorables”. “No era un lugar para tener mucha gente –explica Juana-. Pero era un grupo (de detenidos) que se cuidaba, se compartían las cosas, no eran conflictivos. Eso te dabas cuenta en las visitas. Era un grupo unido, no se peleaba, se compartían la comida”.

Ni fuga ni motín
Como sucedió también en la masacre de Pergamino, la primera versión de lo ocurrido -pergeñada por la policía y difundida por los grandes medios- fue que los presos habían encabezado un motín. Sin dar respiro a las noticias, se conoció otra versión que apuntaba que algunos detenidos habían intentado fugarse, algo que los familiares de las víctimas descartan.
“Para mí, no hubo un intento de fuga ni un motín ni nada –asevera Melody-. Cuando estábamos en las visitas, estaban las puertas abiertas y tranquilamente se podrían haber escapado en ese momento, y no hubiesen esperado hasta esa madrugada. No creo que fue un intento de fuga como dijo la policía y los medios”.

Sobre estas versiones, Juana es enfática al manifestar que “nada que ver a lo que dicen: que se peleaban, que fue un motín, eso es todo mentira”. Al describir el interior de la comisaría, la hermana de Juan Carlos Fernández rechaza que algún detenido pudiera fugarse. “Para salir de los calabozos, tenías que pasar cuatro puertas de hierro. ¿Te parece que con una lima pueden cortar el hierro? Con una lima, como supuestamente dicen los policías. Es imposible. En cuanto limaron una de las puertas, ya tienen encima a la policía en la otra puerta”. A esta descripción, Juana agrega: “De la comisaría hasta las celdas, había un pasillo de un metro de ancho, más o menos. Y ahí empezaban las celdas. Imagínate que se quemó la celda. Si se hubiesen querido fugar, como dijeron, algunos de los detenidos quemados tendrían que haber estado tirados en el pasillo. Y murieron todos adentro de las celdas”.

Recuerdos
Melany ahora recuerda la última vez que estuvo con Elías, el miércoles anterior a la masacre. “Estaba feliz, estaba bien –dice-. Era una persona amorosa, amable, a pesar de los errores que tuvo, siempre fue respetuoso, ayudando a los demás. Fui su primera novia, estábamos juntos desde los 15 años. Desde que nos pusimos de novios, nunca nos peleamos. Me quedo con un gran recuerdo de Elías. Él se llevó una gran parte mía”.

La novia de Elías también tiene un recuerdo amargo: el momento en que se enteró de lo que sucedía en la comisaría. Por supuesto, los familiares conocieron lo ocurrido de casualidad, porque los policías de Transradio nunca se comunicaron para avisarles lo que sucedía. “La tía de Elías fue al hospital Santa Marina, donde los detenidos fueron trasladados, y como ella justo tenía turno con el médico, se enteró que la Comisaría Tercera se había prendido fuego. Ahí les avisó a los padres de Elías y fueron a la comisaría. De la comisaría nunca llamaron”.

El recuerdo doloroso de Juana es similar al de Melody: “El jueves a la mañana, nos enteramos por Facebook, que habían publicado que la comisaría se había prendido fuego. Me informé sobre eso, prendimos la tele y vimos que había gente en la comisaría. Cuando llamamos a la comisaría, nos dijeron que mi hermano estaba en un hospital, pero estaba en otro, entonces nunca lo encontramos”. “Nos estaban pelotudeando –remarca Juana sobre lo que los policías les comunicaban-. Nunca nos avisaron, jamás. Cuando nos enteramos del rumor, llamamos a la comisaría y nos dijeron que mi hermano estaba en el hospital Italiano de Lanús, que nunca habíamos escuchado. Me tomé un remís con mi hermano y mi hermana, y el chofer nos dijo que no sabía dónde quedaba ese hospital. Nos comunicamos otra vez a la comisaría, hablé yo con toda la angustia y le dije que quería saber en qué hospital estaba. Ahí me dijeron que estaba en otro. No me dijeron ni siquiera en qué condición se encontraba mi hermano. ‘Cómo carajo no sabés a dónde está mi hermano y en qué condiciones. ¿Mi hermano está vivo o está muerto?’, les grité por teléfono”.

Las cifras del horror
Las denuncias por la situación de precariedad y violaciones a los derechos humanos dentro de las comisarías bonaerenses se multiplicaron en los últimos años. En el comunicado difundido el mismo 15 de noviembre, la CPM reveló que la seccional tercera de Transradio se encontraba “en las peores condiciones estructurales”. Según las investigaciones del organismo de derechos humanos, la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia creció un 14 por ciento en el último año y acumula un 93 por ciento desde diciembre de 2015.

Actualmente, las comisarías provinciales se encuentran superpobladas en un 264 por ciento. Con espacio para mil personas, las seccionales alojan a 3.500 detenidos. La CPM agregó que, entre el 2016 y el 2018, se produjeron 56 muertes bajo custodia del Estado en comisarías. El organismo también alertó que, en la provincia de Buenos Aires, hay 252 comisarías inhabilitadas (el 55 por ciento del total), de las cuales 109 son utilizadas para alojar detenidos. Con respecto a esta última cifra, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) apuntó que, hasta el 31 de octubre de este año, en la provincia, existían 331 comisarías clausuradas, es decir, un 68 por ciento del total de las dependencias. El CELS advirtió que, pese a las clausuras, hay 1.835 personas alojadas en comisarías que están inhabilitadas por la justicia o por el propio estado provincial.

Las sospechas
Pegado a la comisaría de Transradio, se encuentra el Destacamento Primero “9 de abril” de los Bomberos Voluntarios. Aunque todavía no se conocen detalles judiciales sobre la investigación en curso -caratulada como “incendio seguido de muerte” por el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, especializada en Violencia Institucional de Esteban Echeverría-, la duda más fuerte que sobrevuela la madrugada del 15 de noviembre es qué sucedió con los bomberos que no alcanzaron a apagar el fuego y rescatar a los detenidos. De los policías que estaban esa madrugada en la dependencia y que todavía siguen en funciones y sin conocerse sus nombres públicamente-, no se podía esperar demasiado. Además, según la CPM, el 80 por ciento de las comisarías no cuentan con elementos para prevenir incendios.

Sobre la seccional tercera de Transradio, también sobrevuela, como una reiteración cruel de la Historia, lo que sucedió el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría Primera de Pergamino. En este caso, los policías se negaron a llamar a los Bomberos Voluntarios y, cuando lo hicieron, después de cuarenta minutos con el fuego ardiendo, entorpecieron sus labores.

Algunos de los familiares de las víctimas de Transradio conocen la versión de que uno de los bomberos, que esa noche se encontraba de guardia, se comunicó con la madre de uno de los detenidos fallecidos. Según lo que pudo conocer este medio, el bombero afirmó que los policías les prohibieron el paso hacia las celdas. El mismo modus operandi que en Pergamino.
De Pergamino a Esteban Echeverría

Cristina Gramajo, madre de Sergio Filberto, y Silvia Rosito y Ludmila Díaz, madre y prima de Fernando Latorre respectivamente, conocen de dolores profundos, pero también de luchar para alcanzar la justicia. Sergio y Fernando son dos de las siete víctimas de la Masacre de Pergamino.
El 22 de noviembre, Cristina, Silvia y Ludmila escribieron un texto que fue publicado por la Agencia para la Libertad (APL). En esos párrafos, no dudaron en afirmar que, “como de costumbre, la versión policial informa de un intento de fuga, pelea o motín, y no de lo que fue: una ¡Masacre! (…) Al igual que en Pergamino, las versiones policiales y los medios hegemónicos de comunicación trataron de instalar una versión falsa de lo ocurrido”, aseguraron.

En el texto, contaron que los familiares de Pergamino viajaron a Esteban Echeverría para acompañar y solidarizarse, al mismo tiempo que advirtieron que las similitudes de ambos casos “son escalofriantes”. “Revivimos, nuevamente, las emociones y sensaciones de aquel 2 de marzo del 2017 –expresaron-. La muerte, nuevamente, acarició nuestras almas y era una necesidad humana reunirnos con los familiares de Esteban Echeverría y demostrarles que, a pesar del dolor diario y la lucha constante, se puede sobrevivir y que, hoy, ellos son quienes representan la voz de su ser querido”.

Por último, en el texto, responsabilizaron al Estado por las ocho muertes, mientras que denunciaron que “nuevamente, una gran cantidad de derechos fueron ultrajados, nuevamente, una infinidad de irregularidades intentan ocultar lo ocurrido y, nuevamente, una gran parte de la sociedad festeja y disfruta del sufrimiento y dolor ajeno”.

leandroalbani@gmail.com