Reflexiones sobre el golpe de Estado en Bolivia

Por Sergio Ortiz:

Lo que se consumó el 10 de noviembre en Bolivia se llama golpe de Estado cívico-militar. Lo ejecutaron sus clases dominantes en conexión con Washington. Más claro, agua.

El presidente constitucional Evo Morales había aceptado una auditoría de la sesgada OEA sobre los comicios del 20 de octubre, acusados sin razón de fraudulentos. Eso no paró, sino que duplicó los esfuerzos de la oposición golpista para sacarlo de la Casa Grande del Pueblo. En la mañana del 10 de noviembre ese mandatario aceptó llamar a nuevas elecciones con nuevos partidos, lo que supuestamente le abría la puerta a los golpistas actuantes desde su núcleo de Santa Cruz de la Sierra, que habían boicoteado los comicios de octubre. Tampoco resultó.

Los golpistas quemaron viviendas de funcionarios del MAS, vejaron y amenazaron de muerte a éstos, ocuparon instituciones públicas, sumaron Unidades Tácticas de Operaciones Policiales (UTOP) al destituyente del «paro cívico por tiempo indeterminado», todo con el componente de iglesias evangelistas y fanáticos separatistas de aquel Estado santacruceño y otros de la «Media Luna» oriental.

Y así se llegó al punto de quiebre. Williams Kaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas, junto al resto del generalato, le «sugirió» (léase lo conminó) a Morales a renunciar. Y ese domingo 10, funesto por donde se lo mire para la democracia boliviana y de toda la región latinoamericana, aquél anunció su renuncia.

El aymara tenía mandato hasta 2020 y se lo interrumpieron.

 Lo lograron mediante un acto de fuerza cívico-militar que arrancó el 22 de octubre pasado con falsas acusaciones de fraude. Las Fuerzas Armadas fueron el elemento decisivo de esa renuncia forzada. Luego de consumarse, los militares controlaron las calles con todo su armamento, para garantizar que el golpe pudiera materializarse.

Evo y su vicepresidente Álvaro García Linera pasaron a la clandestinidad para no ser asesinados, en tanto decenas de legisladores y funcionarios debieron asilarse y muchos otros ocultarse para salvar sus vidas.

Esos hechos no tienen otra lectura racional que calificarlos de golpe de Estado cívico-militar. Su contenido político es obvio. En primera instancia es antidemocrático, porque sacó del medio a un presidente en ejercicio. En segundo término, es antipopular porque el blanco de la maniobra fueron los sectores populares e indígenas, localizados por ejemplo en el Alto, cerca de La Paz, en Cochabamba y en el resto del país. En tercer lugar, fue un golpe de las clases dominantes, que seguían existiendo a pesar de los casi 14 años transcurridos de gobierno del MAS. Se ejemplifican en el clan de Luis Fernando Camacho, el golpista de Santa Cruz, de la familia que antes de las nacionalizaciones de 2006 controlaba empresas del gas.

Cuatro patas y ladra, es perro.

Sólo gobiernos como el de Trump, con los hilos del dispositivo golpista en Bolivia, podían negar la condición de ese engendro y presentarlo como democrático.

En línea con Washington, su operador Luis Almagro, también trabajó para el golpe. Primero con la impugnación de los comicios donde Evo había ganado por más de 10 puntos y evitaba el balotaje. Tras la irrupción golpista, dijo: «la OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se arrogaron un triunfo».

Mauricio Macri y su canciller Jorge Faurie tampoco se han pronunciado contra el golpe de Estado. Así recalcan que su pertenencia al campo democrático es harto dudosa, marginal y oportunista. Si la violencia callejera golpea al «dictador Maduro», la avalan como democrática. Si el salvajismo logra deponer a Evo Morales, no es golpe de Estado.

Trump y Almagro en forma brutal, y Macri en modo solapado, maquillan un crimen contra la democracia aún más evidente cuando asumió como presidenta Jeanine Añez, vicepresidente segunda del Senado boliviano. Lo hizo sin quórum en Diputados ni en el Senado. La titular de ese cuerpo era Adriana Salvatierra y el vice primero Rubén Medinacelli, ambos renunciantes. La racista Añez no había ni asumido como titular de la Cámara Alta y ahora ya tiene la banda presidencial. Las imágenes la muestran en una reunión de gabinete junto con generales y uniformados. Otra vez la gastada imagen del perro…

Supuestamente esta impostora convocaría a elecciones en 90 días. ¿Con qué derecho? ¿Con qué Tribunal Supremo Electoral? ¿Quiénes podrán ser candidatos? ¿Habrá proscripción de Evo Morales, hoy asilado en México?

En medio de tanto duelo para la democracia, el dato positivo lo dio Andrés Manuel López Obrador, de México, al conceder asilo al depuesto aymara, y la actividad solidaria que a tal fin desarrolló Alberto Fernández.

El presidente electo debería tomar nota de factores que pesaron en Bolivia y también lo harán, a su manera, en el país donde él asumirá el 10 de diciembre.

Uno, conocer al Trump real, distinto al amable que dialogó con él por teléfono días atrás. 

Dos, los factores monopolistas de acá, tipo Mesa de Enlace Rural, lo van a apretar de parecido modo como los oligarcas santacruceños lo hicieron con Evo.

Tres, la necesidad de depurar y democratizar las FFAA y las fuerzas de seguridad, algo que el gobierno del MAS hizo en mínima medida, a tenor de los resultados.

Cuatro, separar las Iglesias del Estado, por la nefasta injerencia que tuvo la Conferencia Episcopal Boliviana, presente en la asunción de la golpista Añez, y las iglesias evangélicas, mezclando biblias y vírgenes con quienes no eran ningunos santos. El Papa Francisco está en mora en desautorizar a esos modernos Primatesta, Aramburu y Tortolo.

Cinco, último, pero no menos importante, AF deberá cuidarse del monopolio Clarín, que puso en su tapa fotos de actos masivos por Morales mintiendo que eran de protesta contra el presidente. Alberto aún cree que Magnetto es un amigo, como Evo pensaba de Kaliman.

ortizserg@gmail.com