Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Estoy seguro que estas líneas van a incomodar a no pocos
lectores. El tema de la corrupción disgusta siempre al poder, a la política y a
las instituciones públicas y privadas involucradas en esta lacra que hoy se
extiende por muchos estados y gobiernos de distinto signo. Especialmente en
nuestra región y, por supuesto, en Chile.
A las dictaduras militares de nuestro continente se les
acusó especialmente por sus crímenes, sin asociar que la tortura, los campos de
concentración, los ultimados y, en general, todas las violaciones de los
Derechos Humanos son parte también de la corrupción de quienes los acometieron
o se constituyeron en sus cómplices pasivos. Sin embargo, lo que más afectó la
imagen de Pinochet y otros tiranos fue el descubrimiento de sus robos y
enriquecimiento ilícito. Lo más imperdonable para tantos fueron sus asaltos al
erario nacional y la forma en que éste favoreció también a sus colaboradores
más estrechos.
En el llamado “servicio público” se reconocen muchos
delincuentes. Los que legislan para proveerse de abusivas remuneraciones, los
que otorgan las concesiones fiscales y los que recaudan dineros para sostener
sus campañas políticas y su eternización en los cargos públicos. Precisamente
lo que pasa con buena parte de nuestros últimos gobiernos, con los
parlamentarios y las autoridades comunales, haciendo gala de esa expresión
mexicana en cuanto a que “un político pobre es un pobre político”. Muchos
piensan que la mejor oportunidad de negocios coincide con la posibilidad de
tener acceso al poder ya sea en forma directa o indirecta.
En Chile y muchos de sus países vecinos, diversos jefes de
estado están siendo investigados, procesados y condenados por corrupción. Por
sus ilícitas redes con los empresarios que los sobornan y los partidos que
representan. Por mucho tiempo se afirmó pretensiosamente que nuestra nación escapaba
al fenómeno de la corrupción argentina, por ejemplo, pera ya sabemos que hoy
estamos muy a la par con lo sucedido en esta materia allí y en otros países,
igualmente involucrados en prácticas deleznables como las coimas, los abusos
cometidos con los gastos reservados y de representación, pero además penetrados
por las mafias de narcotraficantes y su aparato de impunidades gracias a los
jueces y tribunales que les son abyectos.
Desde muchísimos años, las internacionales ideológicas y los
países ricos “donan” millonarios recursos para financiar a la política de los
países con abundantes recursos naturales, a fin de granjearse buenos negocios
con ellos cuando corresponda exigírselos. Así como evitar la acción de quienes
se propongan en estas naciones administrar soberanamente sus recursos naturales
y consolidar su independencia. El Golpe Militar de 1973 es consecuencia, por
cierto, de la nacionalización del cobre, de la reforma agraria y otras grandes
iniciativas repudiadas por los Estados Unidos que terminaron financiando la
desestabilización del gobierno de Allende y su consecuente régimen cívico
militar.
Habría que ser ingenuo como para pasar por alto la forma en
que el imperialismo intervino, también, en la postdictadura. En los millonarios
recursos para “mojar” a quienes llegaron a La Moneda después del régimen de
facto. Tarea en que se logró dividir a los disidentes y opositores para,
posteriormente, interpelar al Dictador para que abandonara el poder, antes que
en el Cono Sur de América pudiera triunfar otras revoluciones como la cubana.
Tal como se lo escuchamos reconocer, por lo demás, al embajador norteamericano
de la época, empeñado en alentar una concertación política que excluyera a las
fuerzas marxistas y más radicales, cuanto exigir para los militares una salida
bien negociada para ellos y los intereses transnacionales en nuestro país.
Es así como llegarían nuevos recursos bajo la condición
ahora de extender la Constitución del Dictador (con algunos retoques), el
sistema económico neoliberal y la coincidencia forzada de nuestra Cancillería
con la política exterior estadounidense.
Con el tiempo, a lo
anterior se sumaría el “dejar hacer y dejar pasar” en la política chilena,
siempre que respetaran estos paradigmas y la camisa de fuerza institucional que
todavía nos rige. Situación que consagraría a las Fuerzas Armadas como la gran
cancerbera de nuestro nuevo régimen, para la cual habría que garantizarle
todavía más privilegios y recursos que antes. Por algo en la última Parada
Militar salieron los oficiales y soldados a lucir todavía más engalanados y
fachosos uniformes, lo que habla del grosero presupuesto que tienen a expensas
de todas las carencias sociales del país. Cuando, para colmo, gran parte de sus
ex comandantes en jefe y generales están imputados por la Justicia por diversos
dolos de orden financiero.
Es un lugar común el reconocimiento de que todos los
gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría metieron sus manos en las
alcancías fiscales y recibieron onerosos recursos de la empresa privada, como
desde sus referentes extranjeros. Allí están los bullados casos de Penta, el
MOPgate y la actuación de algunos lobistas de otrora radical apostura política.
Los que empezaron a lucrar con su tráfico de influencias, sus privilegiados vínculos
con las nuevas autoridades y loa generosos emolumentos de las grandes empresas.
En los tribunales peruanos, argentinos y brasileños se
ventilan, por fin, los aportes ilegítimos de ciertos consorcios económicos a la
política. Corrupción que también ha tocado a nuestro país y dejan al
descubierto actualmente nuevas denuncias sobre recursos recaudados para
solventar la millonaria campaña presidencial de Michelle Bachelet. Pero no hay
que tener mucha confianza en la verdad y la justicia al respecto después de que
diversas figuras de derecha, de centro o izquierda estén librando de condenas
mediante preconcebidos resquicios legales o en virtud de la prescripción que
suele ser especialmente generosa con este tipo de delitos. Concesiones viales,
puentes y otras obras que a los pocos años, para colmo, demuestran sus
flaquezas, pero que han dejado la huella de las millonarias donaciones
recibidas por los altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y algunas
bancadas legislativas.
Para empatar este tipo de escándalos resulta propicio para
los denunciados alardear otra vez por los viejos y nuevos sucesos vinculados al
enriquecimiento de Sebastián Piñera, las contribuciones de Soquimich y a la
forma en que los intereses de nuestras grandes empresas terminaron hasta
redactando la nueva Ley de Pesca que tanto favorece los intereses de solo nueve
familias en desmedro de los miles de pescadores artesanales del país. A pesar
de que ya sabíamos que la derecha y sus representantes en el gobierno actual
tenían cimentada su fortuna personal con las privatizaciones de la Dictadura,
la evasión tributaria y otros fraudes, cuyos casos más emblemáticos resultaran
el de Julio Ponce Lerou, yerno de ex Dictador, como la proliferación
irresponsable de las universidades privadas, la condonación por el Estado de
sus multimillonarias deudas bancarias y los lucrativos negocios de las AFP y
las isapres. Además de las colusiones de las farmacias y las grandes tiendas en
contra del bolsillo de los consumidores.
No es una novedad que la izquierda y la derecha unidas han
sido mutuos cómplices de los más diversos desfalcos, cuestión que
desgraciadamente se reconoce poco todavía. De allí que, en sus reproches
cruzados y más descarados, el oficialismo y la oposición prefieran aludir más
bien a lo que ocurre el extranjero antes de lo que sucede a vista y paciencia
del pueblo chileno. Está claro que a la derecha le acomoda más acusar a Lula, a
los Kirchner, a Daniel Ortega o a Maduro, mientras los otros las emprenden
contra los escándalos de los Macri, Bolsonaro y algunos otros gobernantes del
presente y del pasado.
Es lamentable que haya tan pocas voces nuestro país y en el
mundo que condenen por igual cualquier forma de descomposición de la política.
Como si los corruptos fueran solo los adversarios políticos y no se encontrarán
también en sus propias guaridas. Desconociendo o negando cuestiones que ya
están asentadas en nuestra memoria histórica, como la de aquel gobernante
soviético cuyo hobby era coleccionar autos de lujo; o como el de tantos
dictadores latinoamericanos de derecha enriquecidos en la zaga poder en
Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Colombia y otras naciones.
Triste papel juega los medios de comunicación sesgados en
esta materia, que no quieren reconocer en la corrupción un proceso transversal
y que debe ser condenado sin cálculos electorales. Porque se trata de una lacra
que se alimenta en el gobierno omnímodo de una misma casta política u
oligarquía animada fundamentalmente por servirse del poder más que servir al
pueblo. Que se favorece de la impunidad y tanto explica, ahora, el creciente
fenómeno de la delincuencia social. La violencia y el crimen cotidianos que
asola a todas nuestras poblaciones.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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