Por Fernando Esteche*
El Pathos Trágico de Venezuela en su Laberinto I
1) La ontología chavista
Chávez fue el mejor hijo de Bolívar, el dilecto. De eso
nadie puede tener dudas. Por audacia histórica, por patriotismo nuestro
americano, por generosidad. Fue un estadista con la singular capacidad no sólo
de comprender el tiempo histórico en el que vivió, sino de trazar una
prospectiva que le permitió comprender cada sutileza de la política
internacional. En el marco de un juego geopolítico entendió el antiimperialismo
como necesidad casi existencial, como única posibilidad de realización de
Nuestra América, por aquello que no se cansó de traernos al presente en cada
intervención: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a
plagar la América de miseria en nombre de la Libertad”.
La Venezuela Bolivariana fundó un proceso de singular
riqueza en su intento titánico por desembarazarse de los cepos que el
liberalismo occidental le imponía a las formidables fuerzas revolucionarias del
bravo Pueblo.
Así surgió una forma de producción política que es justo
definir como Proceso Constituyente Permanente, y que nosotros hemos señalado
como Revolución Permanente. De eso se trata la ontología del chavismo en su
producción histórica y política.
Revolucionar, superar los escollos, adecuarse a las nuevas
realidades e incorporar al pueblo en un proceso constituyente; ir construyendo
más y mejores herramientas y canales de representación y de democracia popular
que se van superando conforme se constituyen, se recorren, se transitan y permiten
nuevos estadios en el camino a la democracia directa. Esto, nada tiene que ver
con el canon hegemónico de democracia que se nos propone desde las
codificaciones de Filadelfia para acá.
Lo que de ninguna manera puede cuestionarse en Venezuela es
que no haya sido sometido al escrutinio de la voluntad popular cada uno de los
pasos que se fueron desarrollando. Es de una impertinencia descarada que países
con bajísimos niveles de participación política se permitan cuestionar la
calidad democrática del proceso bolivariano, que, entre todos los países del
globo, es el que más elecciones (20 en total) ha concretado en los últimos tres
lustros. Elecciones monitoreadas y sometidas a la inspección de las usinas
homologadoras de occidente como la Fundación Carter y demás.
Hay numerosas doctrinas de diplomacia que reivindicarán el
principio de “no intervención” y de respeto de la voluntad soberana de los
pueblos. Doctrinas que debieron, desde finales del siglo XIX en adelante,
esgrimirse y sostenerse frente al recurrente y arrogante injerenismo
norteamericano en la región.
El pueblo venezolano consagró legal y legítimamente la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que determina en su
articulado al Presidente de la Nación y su Consejo de Ministros en condiciones
de convocar al poder constituyente:
Art. 347 - El pueblo de Venezuela es el depositario del
poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una
Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear
un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Art. 348 - La iniciativa de convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en
cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince
por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro
Civil y Electoral.
De esta manera, la impugnación de la eufemísticamente
llamada “oposición” a la convocatoria presidencial para una Asamblea Nacional
Constituyente, cuestiona a la mismísima Constitución del estado. La
reivindicación del esencialismo republicano que promueven se desbarata y no hay
mueca mediática que pueda disimularlo. Lo que se está cuestionando no es la
administración de gobierno, sino la República Bolivariana. No se trata de
Maduro sino de todos los derechos y deberes que se construyeron a través del
proceso constituyente durante el chavismo.
2) El golpe de Estado de la Asamblea Nacional
Para comprender mejor el proceso de inestabilidad
institucional como golpe de Estado continuado, es dable recorrer cómo se
desarrolló el encaramamiento de la derecha fascista en el poder institucional.
En diciembre de 2015 la derecha, articulada en la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) se impuso en las elecciones legislativas para la
Asamblea Nacional. Sin embargo, previo a la publicación de los resultados
finales desconocían los comicios, tal como desconocieron todos los resultados
electorales entre 1999 y 2015 y la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, al
conocer su victoria, la derecha aceptó plenamente los comicios.
El antecedente del desconocimiento del triunfo de la elección
presidencial de Nicolás Maduro Moros y la violencia impuesta a través del plan
“La Salida” (2013, 2014), permiten comprender el desarrollo de una maniobra
para la deslegitimación del gobierno y de la República Bolivariana. Ya hemos
señalado en artículos anteriores en este mismo portal lo infundado de los
argumentos de estos sectores que pretenden impugnar y cuestionar la
transparencia democrática y la legitimidad del presidente Maduro.
Producto de una reforma electoral pensada en realidad por la
administración Maduro como picardía para sostener una mayoría ficticia, con un
volumen de votos absolutos ajustadamente mayor al del oficialismo, la oposición
fascista logra mayor cantidad de representantes a la Asamblea.
Numerosos fueron los caminos que la oposición
pro-imperialista. Como una Hidra de Lerna, pergeñó para provocar el golpe de
Estado continuado. Pensaron en exigirle al presidente la renuncia, en realizar
un juicio por insania contra Maduro, en mentir sobre su nacionalidad;
intentaron promover una enmienda constitucional para acortar el mandato,
convocar una constituyente para volver al esquema representativo de la IV
República; las guarimbas; el referendo revocatorio, entre las más destacadas.
A finales de abril de 2016 decidieron activar el proceso
para solicitar el revocatorio. Para concretar dicha convocatoria debían
presentar el 1% de las firmas registradas electoralmente -con el objetivo de
legitimar a las organizaciones políticas promotoras de dicho proceso- y
posteriormente debían recoger el 20% de firmas del padrón electoral.
Este proceso, cuando presentaron el primer 1%, se vio
abortado ante la evidencia de por lo menos 600 mil firmas apócrifas entre las
que se hallaban 11 mil personas fallecidas, 53 personas no registradas en el
padrón, más de 3 mil menores de edad, 1500 privados de su libertad por delitos
graves como violaciones u homicidios, con más de 10 mil denuncias por
usurpación de identidad. Pese a las advertencias del caso, el Consejo Nacional
Electoral-CNE (que según la Constitución Venezolana es un poder autónomo
equivalente al legislativo, judicial y ejecutivo) autorizó a que se
recolectaran el 20% de las firmas empadronadas. Sin embargo, fueron numerosos
juzgados los que plantearon recursos de amparo y suspensión del proceso ante la
masividad de las denuncias por usurpación de identidades. La oposición
responsabilizó a Maduro de esta situación con el objetivo de ir produciendo un
imaginario de inestabilidad institucional.
El 23 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional sesionó bajo
el ordenamiento de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD)
y se declaró en abierta rebeldía. Acordaron los siguientes puntos:
• Declarar
que el Presidente Maduro dio un golpe de Estado y que, por lo tanto, quebró el
orden constitucional.
• Solicitar
a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra
Venezuela. Es menester contemplar que sobre los cinco poderes constitucionales,
los organismos internacionales atenderán sólo los requerimientos de la Asamblea
Nacional desoyendo a los otros poderes legal y legítimamente constituidos.
• Denunciar
ante la Corte Penal Internacional los rectores del CNE y a los jueces que
suspendieron el proceso revocatorio.
• Destituir
a los rectores del CNE como así también a los magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia.
• Decidir
sobre la supuesta doble nacionalidad del presidente Maduro a fin de destituirlo
(al respecto, la Cancillería colombiana desestimó formalmente dicha
posibilidad).
• Decidir
sobre el abandono del cargo de Maduro a fin de destituirlo (esto se produce
cuando se encontraba de gira internacional en los países de OPEP para resolver
la regulación del precio del petróleo).
Asimismo, la Asamblea Nacional resolvió desatender las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulaban sus actuaciones por
inconstitucionales además de declararlas “en desacato”, impugnando todas las
acciones hasta tanto no se ajuste a derecho. De esta manera, lo que podemos
observar es que uno de los poderes constitucionales -polémicamente constituido
y con una legitimidad severamente cuestionada- desconoce otro poder (TSJ) e
impugna a los dos restantes (Ejecutivo y Electoral) pretendiendo disolverlos.
Esto expone al sistema institucional venezolano a un Estado
de excepción, si uno fuera contemplativo; aunque en realidad se trata de un
poder en el cual se encaramó la derecha pretendiendo avasallar al resto de los
poderes y con ello, a la propia República Bolivariana. Esto hace inevitable la
referencia al ascenso del hitlerismo desde el Reichstag, donde la llegada al
poder se dio mediante un proceso que desde el parlamento comenzó a impugnar los
distintos poderes instituidos.
A pesar de todo lo expuesto, Maduro sigue convocando a la
oposición abiertamente anti-republicana a discutir los caminos de resolución de
la compleja situación a la que semejantes irresponsabilidades (e
irresponsables) arrastraron a Venezuela. Para llevar adelante este diálogo,
pidió la intervención de la UNASUR y de los ex presidentes Rodríguez Zapatero,
Leonel Fernández y Martín Torrijos. Por su lado, la oposición pidió la
intercesión del Vaticano, a lo que inmediatamente se accedió. Sin embargo, la
Iglesia Católica Venezolana es abiertamente opositora y se ha encargado de
sabotear este proceso.
El carácter “hidrático” o “multicefálico” de la oposición
operada y monitoreada alternativamente por el IRI republicano o la NED
demócrata, dificulta la posibilidad de previsibilidad de este sector y la
concreción de acuerdos.
3) Quién es quién. De villanos y héroes
En esta tragedia hay algunos personajes interesantes a
contemplar para imaginar las posibles resoluciones parciales y comprender las
razones de algunos movimientos que, en apariencia asépticos, se encuadran en
las distintas maniobras posibles sobre el futuro de Venezuela.
Es el caso de la fiscal General Luisa María Ortega Díaz,
quien se encuentra en su cargo desde el año 2007 y fue confirmada por la
Asamblea Nacional (pese a que se encontraba declarada en desacato por el TSJ y
por lo tanto, sus resoluciones eran nulas). Sobre Ortega Díaz pesan decenas de
señalamientos por su parcialidad política a favor del chavismo.
La fiscal es la esposa de Germán Ferrer, diputado del Gran
Polo Patriótico. Su hermano es Humberto Ortega Díaz, protagonista junto al
Comandante Hugo Chávez en el Movimiento del 4 de Febrero. Se desempeñó en
diferentes cargos del gobierno chavista, incluyendo el directorio de la extinta
CADIVI (Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de
Comercio Exterior o CENCOEX).
Ortega Díaz fue una de las que más fervientemente señaló la
justeza de la detención del golpista Leopoldo López y ha tenido casos como
aquel donde acusó a los miembros de la ONG SUMATE, conducida por la opositora
María Corina Machado, por conspiración contra la Nación y por recibir dinero
espurio. A su vez, figura entre los funcionarios que el Senado norteamericano
señaló como involucrados en violaciones a los derechos humanos, desde la
singular mirada que pueden tener desde el imperialismo sobre este tema y la
situación venezolana en general.
Sorpresivamente, fue esta funcionaria la que le otorgó
cierta legitimidad a las infundadas denuncias de la Asamblea Nacional sobre el
“autogolpe” de Nicolás Maduro, desconociendo las propias sentencias de los
tribunales venezolanos y cuestionando la decisión del CNE. Comienza así, un
curioso derrotero que irá sintonizando cada vez más finamente con la idea de
guerra híbrida.
En estos dos meses, donde se pueden identificar un
recrudecimiento de las protestas y guarimbas callejeras, fue Ortega Díaz quien
ofició de vocera e informante sobre las trágicas muertes que se fueron
sucediendo. Sin plantear ningún tipo de control o supervisión de los
acontecimientos desde su fiscalía, sino simplemente como cronista de los
mismos, responsabilizó al gobierno de Maduro con los mismos argumentos que
utilizó la oposición. Además, ha quedado en evidencia la "inacción"
que ha mostrado la fiscalía ante las protestas y cómo esta situación propicia
un clima de impunidad.
El 19 de mayo, excediendo nuevamente sus funciones de Fiscal
General, ya no sólo ofició de vocera del relato opositor, sino que además
impugnó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esto lo hizo, no desde el
punto de vista del derecho, sino como valoración política, lo que la convierte,
por si ya no lo era, en un actor central que se pretende en una equidistancia
–a todas luces desigual- entre el chavismo y la oposición. La señora se va
probando el traje para ponerse a la cabeza de un eventual gobierno de
transición.
Para el coordinador general del Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Rafael Uzcátegui, “la Fiscalía
vive un proceso de reinstitucionalización”. Por otro lado, Lilian Tintori,
esposa del encarcelado dirigente opositor Leopoldo López, celebró el accionar
de Ortega Díaz: “Se pasó al lado correcto ¡Celebro que la fiscal se pasó al
lado correcto!”.
El TSJ en ejercicio de sus incumbencias, con una minoría
disonante de su lógica política, es quién ha señalado la gravedad institucional
de desacato de parte de la Asamblea Nacional. No parece ser este cuerpo
colegiado, como poder independiente, un ariete de la política imperial y de la
operacionalización de Guerras de Cuarta Generación o golpe blando como hemos
visto en Honduras, Paraguay y como operaron en Argentina y Brasil. De ahí se
comprende la cooptación de la fiscal general en la construcción de una
legitimidad que exceda la autolegitimación de un propio cuerpo como la AN.
Lo mismo, tanto el CNE y los rectores que lo integran, y el
TSJ, han sido cuestionados e impugnados por parciales y por haber sido
constituidos bajo la hegemonía chavista. Es claro que lo que están cuestionando
es la República Bolivariana con toda la institucionalidad que esto importa.
4) El golpe blando. La violencia, Sharp y Nye.
La evidente maniobra desestabilizadora, que se encuadra en
las teorías y manuales de Gene Sharp y Joseph Nye e intenta promover nuevas
formas de dominación sobre los pueblos, ha sido profusamente explicitada y
denunciada por el mismo gobierno bolivariano.
Las grandes cadenas noticiosas ofrecen la imagen de una
Venezuela en rebelión, con un gobierno dictatorial y tambaleante, mal
informando sobre hechos trágicos y ocultando la realidad de las agresiones a la
República.
Simultáneamente, el inefable Luis Almagro como Secretario General
de la OEA, (definida por el canciller de la Dignidad, el cubano Raúl Roa, como
Ministerio de las Colonias) impulsa sanciones contra el gobierno del presidente
Maduro respondiendo a los reclamos de la derecha anti-republicana. Promueve la
aplicación de la Carta democrática y tiene como trágodos y coreutas solícitos
al gobierno de Argentina y al gobierno usurpador de Brasil. Asimismo, se
suspende a Venezuela del MERCOSUR en atención a la Carta Democrática, con
maniobras descaradas y jurídicamente inconsistentes.
Lo que enfrenta Venezuela es un golpe de Estado continuado o
ahora llamado golpe de Estado blando. Se trata de una guerra abierta híbrida
impulsada por el imperialismo que conjuga tácticas de Guerra de Cuarta
Generación con pre-insurgencia callejera combinado con maniobras de aislamiento
internacional, a fin de asfixiar y deslegitimar al gobierno.
Las masacres sobre dirigentes y militantes que en Honduras o
Paraguay se perpetraron a expensas de lo que ellos llaman golpes blandos, sin
mencionar las revoluciones de colores del Magreb, contrastan con la idea que
pretende restarle contundencia a los golpes. Se trata sin más de una usurpación
del legítimo poder y de una guerra contra los sectores populares.
El eufemismo de golpe blando o golpe suave fue pergeñado por
el estadounidense Gene Sharp, a finales del siglo pasado, y ha cobrado singular
vigencia en la última década a expensas del redespliegue imperialista en
distintas regiones del globo.
Sharp señala que "la naturaleza de la guerra en el
siglo XXI ha cambiado (...) Nosotros combatimos con armas psicológicas,
sociales, económicas y políticas". Con sintética elocuencia define las
nuevas tácticas que se fueron tomando en guerras de baja intensidad, de cuarta
generación, o híbridas.
Sharp plantea un repertorio que abarca desde el
debilitamiento del gobierno hasta la fractura institucional. El autor del
polémico ensayo titulado “De la dictadura a la democracia” describe 198 métodos
para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”. Russian Today las sintetizó
en cinco etapas:
• Promover
acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la
sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas
o divulgación de falsos rumores.
• Desarrollar
intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos
humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el
poder.
• La lucha
activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del
colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando
las instituciones.
• Operaciones
de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de
"ingobernabilidad".
• Forzar la
renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar
las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente,
se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una
guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.
Gene Sharp remite inmediatamente a Joseph Nye y su teoría de
poder blando y poder inteligente.
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