Por Alejandro Rivera Camero
Radio Ciudadana
Esta semana es fundamental para superar la incertidumbre
jurídica y política que emerge tras el resultado negativo del Plebiscito
refrendatorio de los Acuerdos de paz, firmados entre el gobierno colombiano y
la insurgencia de las FARC- EP. Sus efectos vienen siendo analizados
ampliamente; sin duda el hecho ha sido descrito desde muchos ángulos que dejan
ver la persistencia de viejas costumbres políticas profundamente arraigadas en
la cultura y en la mentalidad de la nación; pero que a su vez, contrastan con
la irrupción de una Colombia joven, poderosa y alineada con los 6 millones de
víctimas que deja el conflicto armado y social. La posibilidad de un regreso a
la guerra en Colombia no es una ficción, es un verdadero peligro. La Paz es un
derecho ciudadano y es obligación del Estado prodigarla. No más dilación.
La refrendación vía Plebiscito de la decisión política más
importante en la historia reciente del país, es el producto del pulso entre el
gobierno colombiano y la dirigencia de las FARC-EP. El Secretariado prefería el
llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y no el Plebiscito. Una jugada
que resultó suicida, dada la impopularidad de ambos actores frente a la Opinión
Pública nacional, e innecesaria, pues los 7.816.986 de votos obtenidos en la
segunda vuelta de la Campaña Presidencial el 7 de junio de 2014 provenían, en
gran medida, del apoyo al Proceso de Paz. No tanto así, a la figura del
Presidente Juan Manuel Santos Calderón.
La Estrategia comunicativa del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, implementada durante el periodo 2002 -2010, construyó desde los medios
masivos de comunicación y a través de una retórica emocional, un imaginario que
convierte a las FARC-EP en el gran enemigo del país, en el demonio. El trabajo
académico Ficciones del Poder del investigador de la Comunicación Política,
Fabio López de la Roche, subraya la manera cómo ese discurso que él denomina
antifariano o Pedagogía del odio hacia las FARC-EP, privilegia una
sobreexposición de las víctimas de las FARC por encima de otras víctimas y a su
vez ubica a la insurgencia como la principal victimaria sobre otros actores del
conflicto armado. Por supuesto, a ello contribuyó también el accionar armado de
esta guerrilla.
Además, se subestimó la fuerza electoral de sectores
políticos de una derecha representada en la figura del Expresidente y hoy
Senador Uribe Vélez, en un país que viene de un giro marcado hacia esa
tendencia política.
La estrategia de la campaña opositora, centrada en la
exacerbación del odio y no en el conocimiento de los Acuerdos establecidos en
La Habana, posteriormente jugó en contra
de los ganadores. Sus demandas sobre el Acuerdo son percibidas como
improvisadas en unos casos o inaceptables en otros. Más aun, la derecha decente
del país también comparte esa percepción.
Esta circunstancia parece dar razón a la tesis de que lo que
estaba en juego en el tablero político no era la legitimidad del Acuerdo, sino
una tensión irresoluta entre el Ex Presidente Uribe Vélez y su heredero
político, Juan Manuel Santos. Éste último, empeñado en causar una nueva derrota
electoral a su oponente y, a su vez, el Senador Uribe preparando su regreso al
poder en el 2018, de la mano del Ex Procurador General, Alejandro Ordoñez; el
mismo funcionario que inhabilitó políticamente por 12 años a la Ex Senadora
Piedad Córdoba, al Profesor Guillermo Raúl Asprilla, Secretario de Gobierno del
Ex Alcalde Gustavo Petro y recientemente al mismo Petro. 12 años de inhabilidad
son equivalentes a una cadena perpetua decía Guillermo Asprilla Coronado. La
historia ha demostrado la perversidad de estas condenas, que responden a
intereses del mismo grupo político que hoy pretende dilatar la decisión del fin
de la guerra en Colombia.
La catarata de propuestas para desenredar la firma del
Acuerdo es infinita, pero la exigencia de la gente en la calle requiere de una
solución de corto plazo para iniciar la implementación de lo acordado lo más
pronto posible. Aun cuando la insurgencia ha ratificado su vocación de paz y el
cese bilateral al fuego ha sido extendido, la amenaza de un primer tiro es
latente.
Aquí no hay tiempo para complacer a todo el mundo, ni para
argucias jurídicas. La prensa local registra cómo, luego de una semana de
explicaciones sobre el tema del enfoque de género, la oposición (la uribista),
no la oposición informada y seria, sigue remarcando la tal ideología de género
con unos argumentos que además de sorpresa, generan pena. Resulta
bochornoso escuchar al Señor Fernando
Londoño- cuadro uribista- defender, el pasado 10 de octubre en su programa de
Radio para la empresa RCN, la necesidad de: “mandar a Humberto De La Calle a La
Habana a hablar con esos bandidos y que corrijan esos Acuerdos y los reduzcan a unas 26 páginas”.
¿Eso es serio?
La perspectiva de género concebida en el Acuerdo está
relacionada con temas como el derecho a la igualdad o la violencia sexual
ejercida contra niñas y mujeres inermes. En una de las jornadas pedagógicas
sobre la paz, organizada por el Movimiento Poder Ciudadano en la localidad de
Ciudad Bolívar en Bogotá, se escuchó el relato escalofriante de una líder local
que narra la historia de algunas adolescentes y mujeres que jamás volvieron a pronunciar
una palabra luego de violaciones sexuales brutales que, además de las heridas
emocionales, les dejaron severas discapacidades físicas, como consecuencia de reconstrucciones pélvicas
motivadas por el ataque. El Auto 092 de la Corte Constitucional sobre violencia
sexual en el conflicto armado colombiano, identifica 142 casos en el periodo
1990-2010, de los cuales 129 (93%) fueron perpetrados por grupos paramilitares.
Las dimensiones de este tema deben mirarse a profundidad. El sufrimiento en Colombia
ha sido enorme.
La oposición uribista propone modificaciones que resultan
ser estructurales en el Acuerdo. Por ejemplo, renegociar puntos relacionados
con la participación política de los desmovilizados, la conformación de una
Justicia Especial de Paz y los temas de despojo de tierras. No existe la menor
posibilidad de que la insurgencia de las FARC.EP se desmovilice y haga una
dejación de armas para que su dirigencia se vaya a la cárcel y renuncié al
ejercicio político democrático. No hay que olvidar que esta guerrilla no fue
derrotada militarmente, aunque si seriamente debilitada tras la pérdida
reciente de por lo menos tres de sus figuras emblemáticas.
El investigador colombiano Francisco Gutiérrez Sanín,
sostiene que la participación política de la guerrilla desmovilizada no es un
disparate de los Acuerdos; es uno de sus más grandes aciertos. En sus palabras,
democratiza el poder y es una condición fundamental para una paz sostenible.
La idea de modificar los acuerdos en términos del despojo de
tierras es delicada, el origen de las
FARC está ligado a la demanda de un Programa Agrario que sigue defendiendo
desde 1964. Es tan complejo el tema del despojo de tierras en Colombia que el
propio Presidente Juan Manuel Santos hizo recientemente un llamado a la
Fiscalía General de la Nación, para que resuelva los crímenes contra líderes
reclamantes de tierras, que se estiman en al menos 400 durante la última
década. 400!!!!
Desmontar la Justicia Transicional, por un Tribunal dentro
de la estructura de la Rama Judicial ordinaria y negar la intervención
internacional en esos procesos, parece temerario. Sus contradictores han
señalado que su interés en estos temas responde a expectativas personales y de
su más cercano grupo político, al punto, inclusive, de pretender ocultar la
verdad de los horrores de la guerra en Colombia.
En este marco de turbulencia, intentar desatar el nudo
mediante la designación de comisiones,
mesas de trabajo, nombramientos de comités, Tribunales etc., etc., puede ser un
desacierto. Casi todo lo que se encargué por esa vía en el país, termina en una
gran decepción. A no ser que trate de trabajos académicos.
La revisión de aquello que sea renegociable puede liderarlo
el propio Presidente Juan Manuel Santos, de frente al país con fecha de inicio
y fecha de terminación. La
Gobernabilidad es un ejercicio de poder. ¡Hágalo Presidente!
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