Por Jorge Zárate:
El principal colapso de la pandemia se da en el mundo del
trabajo. Los despidos y la falta de actividad golpean a millones de obreros,
principalmente a los trabajadores informales, esa marea que batalla contra el
desempleo.
En el Paraguay son 1,6 millones de personas que ven su vida
en jaque, los que no pueden cumplir la máxima de los gobiernos que hablan para
las clases medias: “Quédate en casa”.
En el país hay un déficit habitacional admitido oficialmente
de al menos 300 mil viviendas. Los asentamientos precarios se multiplican en la
Gran Asunción año a año a causa de la expulsión que genera la expansión del
agronegocio criminal.
No existe una ley de alquileres que le garantice a los
cientos de miles de personas que viven bajo este régimen que seguirán viviendo
en el mismo lugar al menos por 1 año. Todo está al arbitrio de propietarios que
pueden expulsarte cuando quieran o subir los precios ante cualquier insinuación
inflacionaria, esa que ocurre siempre, fuera de las ridículas mediciones del
Banco Central que siempre dan cero comas algo mientras se ve la máquina remarca
dora hacer estragos en los supermercados.
Por eso la gente volvió a las calles el 31/3 y será difícil
de aquí en adelante sin una fuerte intervención estatal hacer cumplir una
cuarentena que podría extenderse más allá del 12/4 que es la fecha que fijó el
gobierno por ahora.
Es indispensable que el gobierno garantice la universalidad
del programa Ñangareko (Cuidado, en guaraní) y los 500 mil guaraníes por un mes
que se establecieron, lleguen al menos a los que se inscribieron, que según
fuentes oficiales ya superaron el millón de personas.
Sin embargo, al 2/4, la Secretaría de Emergencia (SEN) había
informado que llegó a poco más de 5 mil familias y que se logró depurar
mediante los cruzamientos de datos y las validaciones, 312 mil personas de
todos los inscriptos.
Existe sin embargo la promesa de que serán asistidos con
unos 300 millones de dólares que se aprobaron con la Ley de Emergencia
Sanitaria aprobada para enfrentar los embates de la pandemia del Coronavirus.
Cómo, de qué manera, insistían en preguntar los habitantes
de los cientos de asentamientos de Sin Techos que apenas acceden a la mínima
formalidad de un teléfono celular con la mínima carga para tener habilitado el
servicio del WhatsApp. “Me inscribí, pero todavía no hay novedad. Le pregunté a
mi vecina y tampoco, demasiado necesitamos ya”, cuenta una madre soltera del
asentamiento Niño Jesús y Virgen del Carmen del barrio San José, en el
kilómetro 21de Capiatá.
Hagan el cálculo.
Dura realidad
“Situación económica de los cuentapropistas en Paraguay” se
titula el estudio de la consultora MF Economía realizado en marzo del 2020 que
nos da una pequeña muestra del problema. Según cuenta el diario La Nación, la
firma encuestó a 355 personas de distintos sectores económicos. El 63% de ellos
no sabe de qué otra forma trabajar y admite que la forma de trabajo les permite
tener apenas ingresos para subsistir mes a mes.
El 85% de los gastronómicos tienen cuentas que pagar en
bancos y financie-ras, casas de crédito y usure¬ros. La mayoría gana en un 39%
por comisión sobre las ventas y o clientes, 33% por día y 22% por mes, mientras
que el 6% gana por semana trabajada.
El 93% de las empleadas domésticas tiene cuentas que pagar
en un 15% en usuras, 23% en casas de créditos y cooperativas, mientras que solo
el 23% está en bancos y financieras. La encuesta señala que el 84% de las
empleadas entrevistadas no tiene ninguna estrategia para enfrentar la parálisis
determinada por la cuarentena.
Entre tanto la presión empresaria sobre los trabajadores es
brutal, el ministerio de Trabajo (Mtess) registró un listado de 1.400 bajas y
entre 500 y 700 despidos injustificados, que fueron condenados por los
sindicatos que conforman la Unidad Sindical, liderados por la Confederación de
la Clase Trabajadora (CCT).
La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, se tomó fotos
repartiendo kits de alimentos a un grupo de obreros despedidos y dijo que
intentarían llegar a todos. Anticipó también que se trabajará en una línea con
el Instituto de Previsión Social (IPS) para que la entidad pague el 50% de los
salarios de los trabajadores de Mipymes que están inscriptos, unas 260 mil
personas, buscando de esta manera que puedan conservar el empleo.
También dio a conocer que hay unas 50 empresas que pidieron
la suspensión de su personal.
Urgente y necesaria
Ante el desamparo general la solidaridad popular viene
sosteniendo la alimentación de buena parte de la población, ollas populares
florecen en todo el territorio paraguayo para ayudar a las familias que no
pueden salir a trabajar. Destacan allí los donativos de los asentamientos
campesinos que se midieron por toneladas de alimentos en las últimas dos
semanas, cuestión que lleva a reflexionar sobre el modelo productivo y la
necesidad de la soberanía alimentaria.
Todo parece indicar que la Agricultura Familiar Campesina
(AFC) será la que resistirá este embate.
Las largas filas de vehículos de habitantes de la capital y
la Gran Asunción que se desplazan hacia el interior para hacer la cuarentena
con las familias troncales, parecen tener en lo alimentario una de las razones
de su ocurrencia.
En esta instancia es importantísimo recordar que sólo el 6%
de las tierras cultivables están en poder de la AFC y allí se produce el 60% de
las frutas, verduras y hortalizas que el país consume.
En ese otro brutal 94% se hace la soja que alimenta, entre
otros, a los chanchos de la China, cuya producción industrializada parece ser
el origen del Coronavirus según los últimos estudios científicos.
También habrá que tener en cuenta que los campesinos
endeudados están al límite y que en el marco de la cuarentena habrá que abrir
una ventana al pedido de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) de
implementar un plan de asistencia a 55 mil familias en 13 departamentos y la
aplicación de la ley de “Defensa, restauración y promoción de la agricultura
familiar” sancionada en diciembre de 2019 pero jamás reglamentada e
implementada.
Con sus reiterados campamentos anuales la CNI consiguió que
el estado a través del Banco Nacional de Fomento acceda a refinanciar las
deudas de unos 18 mil campesinos propietarios de menos de 30 hectáreas que
tienen obligaciones contraídas de hasta 2 mil dólares estadounidenses.
Sin embargo, se estima que todavía se necesitan al menos
unos 50 millones de dólares para blanquear obligaciones y reactivar al sector
que produce los alimentos del país.
Tierra y empleo van de la mano. Así lo resumió Marcial
Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina (FNC):
“Cien mil hectáreas de cultivo en rama de algodón necesitamos para producir y
satisfacer el mercado interno de productos derivados de textil, eso significa
más de 70 millones de dólares de plata para que quede en nuestro país y más de
veinte mil fuentes de trabajo en el sector industrial”.
Esto sin dejar de mencionar la propuesta de la organización
de realizar una planificación de la producción frutihortícola con semillas,
insumos, asistencia técnica e infraestructura. La idea de producir todo el año
para satisfacer el mercado interno no es una cuestión utópica si existe la
inversión y el acompañamiento técnico adecuado. Así lo reiteran a quién los
quiera escuchar desde hace 27 años en cada Marcha del Campesinado Pobre, cita
que este año fue suspendida a causa de la cuarentena.
El cálculo de la FBC es sencillo: Invirtiendo
aproximadamente el 4,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) durante 10 años se
puede hacer una reforma agraria que dote de tierras para el cultivo a las cerca
de 300.000 familias campesinas que carecen de ella.
Difícil, se sabe, más cuando todos los planes
gubernamentales buscan vincular la producción con los grandes supermercados,
que en general, serían responsables de las oleadas importadoras, ya por cuenta
propia, ya utilizando el ejército de contrabandistas hormigas que se moviliza
desde las fronteras argentinas y brasileñas para proveerles.
A pesar de ello, en esta crisis que descubre lo esencial,
habrá que ver si el pueblo comprende de una vez por todas la necesidad de una
reforma agraria que destruya este sistema gerenciado por capataces.
Por serviles que les hacen la guerra a los campesinos y
favorecen al agronegocio y el contrabando de hortalizas como mandato del modelo
latifundista y excluyente que rige en el país desde terminada la Guerra de la
Triple Alianza.
Es hora de encontrar un remedio a la altura de la historia
para dejar a esta tierra sin mal.
La pandemia es la desigualdad.
jdzarate@gimail.com
