Por Rafael A. Ugalde Q.:
Más de dos semanas de protestas sociales en Costa Rica llevó
al conservador gobierno del presidente Carlos Alvarado a judicializar a quienes
rechazan la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a
recurrir a “falsos positivos” para desprestigiar el movimiento popular.
El dirigente del Movimiento Rescate Nacional (RN), Célimo
Guido advirtió desde el 30 de setiembre, cuando comenzaron las protestas en casi
todo este país de cinco millones de habitantes, que las elites poderosas
combatirían a sangre y fuego el justo levantamiento del pueblo.
El movimiento social costarricense rechazó con marchas multitudinarias una propuesta de impuestos generalizados, que afectará a los más vulnerables. En el país, según datos oficiales de 2017, 1.092.403 de personas estaban bajo condición de pobreza, por 30 años de programas neoliberales. De ese millón noventa y dos mil cuatros tres ticos en la ruina, 306.510 están en miseria extrema. Respecto a los hogares, para el mismo, año 305.231 están en condición de pobreza, y de ellos 86.663 de manera extrema. En puntos porcentuales esto representa un 20,0% de pobreza total y un 5,7% de pobreza extrema. (https://delfino.cr/2018/01/pobreza-costa-rica-datos-silencios-sombras).
En ese entonces este
país de poco más de 50 mil kilómetros cuadrados no tenía pandemia por la COVID
19, pero ya había más de un millón de personas sin vivienda digna o viviendo en
tugurios. En contraste 92 grandes
empresas relacionadas con el gobierno estaban morosas con el fisco y la seguridad social por ¢315,7 millones ($ 500.000) , en tributos
y planillas (https://semanariouniversidad.com/pais/directiva-de-horizonte-positivo-acumula-deudas-por-%E2%82%A13157-millones-en-ccss-y-hacienda/).
Y se sabe por este influyente periódico que hay más de un centenar de grandes contribuyentes que por años reportan pérdidas o cero ganancias a la hacienda pública. Costa Rica tiene los cuatro principales multimillonarios de Centroamérica. Aunado lo anterior, el monto del contrabando y la corrupción ronda casi el 6% del Producto interno Bruto (PIB).
El conservador gobierno de Alvarado, actor estratégico de
Washington en la región contra los gobiernos y pueblos revolucionarios de
Nicaragua, Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, aduce un faltante
fiscal del 8%, respecto al producto Interno Bruto (PIB).
Durante el 2018 el empresariado local dentro del gobierno
impuso un paquete fiscal que golpeó a los más débiles bajo la argucia de que no
habría más impuesto por el resto de la administración de Alvarado que culmina
en 2022. Había entonces un 11% de desempleo y hoy ronda más del 20%. La
desnutrición infantil también subió últimamente, según datos oficiales.
Sin embargo, la llegada de la pandemia a la nación
centroamericana dio nuevas excusas a las poderosas elites para impulsar una
nueva cascada de impuestos, a cambio de un préstamo por más de $ 3000 millones
solicitados al FMI.
Durante las multitudinarias marchas desde el 30 de setiembre
a todo lo largo y ancho del país, dirigentes de RN denuncian que el nuevo
paquete de impuestos solo beneficia a las cámaras privadas y a los voceros de
las multinacionales a que sirve el gobierno de Alvarado.
Guido recordó en recientes entrevistas públicas que, si las
autoridades nacionales enfrentarán la evasión, el contrabando y la corrupción
galopante en casi todas las actividades diarias, el Estado recaudaría más allá
del 8% del requerido para superar el déficit fiscal.
Sobre este particular, el Secretario General de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas,
dijo hace poco que el problema de fondo en las finanzas públicas es que las
élites piensan hipotecar el país para seguir robándose todo a su paso, mientras
la corrupción, la evasión de impuestos y el narcotráfico campea en el país. En
la reciente propuesta de acuerdo con el FMI, Alvarado propuso una gama de
impuestos indirectos y venta de activos, dejando incólume las exoneraciones
impositivas a las ganancias de los bancos y empresas ubicadas en “zonas
francas”.
RECONOCEN INFILTRACIONES.
El titular de la cartera de Seguridad Pública, Michael Soto,
reconoció que el Estado recurría a los llamados “falsos positivos”, infiltrando
policías vestidos de civiles en las multitudinarias manifestaciones pacíficas.
Alegó que sus subalternos en estas manifestaciones cuidaban, según él, que el narcotráfico no se introdujese en las marchas.
El tema de los “infiltrados” o “falsos positivos”, así como
el narcotráfico en las protestas, trascendieron luego que el programa “Costa
Rica noticias” grabó con una cámara oculta el momento que los agentes planeaban
como introducirse en las manifestaciones para provocar zafarranchos y llenar de
gases lacrimógenos a la población.
A uno de estos infiltrados se le “fue la mano” y un leñazo
en la cabeza contra uno de los jefes policiales provocó el traslado del oficial
urgentemente hasta un hospital capitalino, donde requirió de doce puntadas en
su cuero cabelludo.
En un reciente artículo del periódico El Jornal se reveló
que en 2018 Costa Rica decomisó 32.6 toneladas de cocaína proveniente de
Colombia, principal productor mundial de drogas, que se dirigían
mayoritariamente a Estados Unidos, consumidor número uno en el orbe de
estupefaciente, sin que se conozca hasta ahora a que narcotraficante iba
dirigido el producto. Todo es
misterioso, reseñó el periódico. A lo sumo los detenidos en alta mar son quien
maniobra la lancha y dos o tres acompañantes en las embarcaciones que son de tercera o cuarta categoría en el
cronograma del narco, sostiene.
En el 2015, ejemplariza El Jornal, pasaron por Costa Rica
1200 toneladas de cocaína, siendo un misterio los grandes contactos dentro del
país.
El periódico salió al paso de los argumentos oficiales que
pretenden vincular las protestas de los costarricenses con el narcotráfico. La
dama o el jovenzuelo que pone retenes en las carreteras no son quienes tienen
cuentas bancarias para lavar dinero ni contratan asesores financieros que les
indican en qué actividad o bolsa de valores invertir, sostiene.
Para Oscar Barrantes, dirigente del Circulo Bolivariano de
Solidaridad Yamilette López, la clase dominante costarricense, instruida por
nefastos militares e inversionistas acogidos como refugiados, recurre a métodos
fascistas para detener la protesta social.
Barrantes hizo un llamado a la comunidad internacional para
que se solidaricen con el pueblo tico que ha sido garroteado y rociado de gas
pimienta por su lucha por salvar el país.
Recordó que si bien su país no tiene un ejército instituido como tradicionalmente se conoce, hay altos funcionarios y mandos profundamente influenciados por el Comando Sur norteamericano y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En este sentido, organizaciones magisteriales dentro de RN
anunciaron que las protestas en todo el país no se detendrán y rechazan una
“mesa de diálogo” convocada por el gobierno. Allí no están representados todos
los trabajadores ni todos los sectores sociales más golpeados por la crisis,
dijeron. Agregaron que dicha mesa de
conversaciones busca imponer las políticas del FMI y es una distracción de los
poderosos para dividirnos, añadieron.
Mientras tanto, el Partido Vanguardia Popular (Comunista)
recordó que la protesta social es un derecho humano y ésta seguirá en el país
centroamericano.
# Periodista, abogado y notario por la Universidad de Costa Rica.
La prensa independiente
costarricense descubrió como el Estado promovía “infiltrados” para fomentar la
violencia.
rafaelangeluq@yahoo.com
