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domingo, 5 de septiembre de 2021

China: hacia la prosperidad común (I)

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:

El pasado martes 24 de agosto se realizó en Beijing una reunión del Comité Central del Partido Comunista para Asuntos Financieros y Económicos con el objetivo de debatir acerca de la “prosperidad común”, es decir cómo producir crecimiento con equidad. El centro de la discusión estuvo puesto en la necesidad de generar bienestar para todos los ciudadanos en la ruta dirigida a alcanzar el objetivo de que, en 2049, cuando se conmemore el centenario de la fundación de la República Popular China, el país cuente con una sociedad socialista moderna.

Durante el evento, las discusiones más candentes estuvieron dadas por el llamado del presidente Xi Jinping a aplicar medidas drásticas sin precedentes en varios sectores de la economía como la tecnología, la educación en línea y el sector inmobiliario, que habían crecido de forma exorbitante y sin control, aupando una creciente desigualdad de ingresos, aumento de los niveles de deuda y ralentización del consumo.

Xi opinó que una vez que el país ha sacado a todos los ciudadanos de la pobreza, debía orientarse hacia un sistema que se preocupe mucho más de los sectores que aún no alcanzan óptimas condiciones de vida. Esto es lo que llamó “prosperidad común”, que se definió como la posibilidad de que todos puedan compartir la riqueza, para lo cual se necesita una economía fuerte que permita una mejor distribución de la misma.

Aunque la idea no mencionó que el gobierno se propondría reducir los ingresos de los más ricos para entregárselo a los más pobres, sí abogó por una “mejor gobernanza y un mayor equilibrio en la economía”, centrándose en el consumo de base como multiplicador económico clave en lugar de las inversiones intensivas en capital que fueron la base de la economía de los últimos años.

En palabras del presidente: “Podemos permitir que algunos se enriquezcan primero y luego guiar y ayudar a otros a enriquecerse juntos”. A continuación quiso ser más explícito al afirmar que: “Podemos apoyar a los empresarios ricos que trabajan duro, operan legalmente y han asumido riesgos para crear empresas… pero también debemos hacer todo lo posible para establecer un sistema de políticas públicas ´científico` que permita una distribución más justa de los ingresos“, para finalizar agregando que el gobierno debe preocuparse por la protección y el mejoramiento de los medios de subsistencia que se proponen un desarrollo económico saludable que apunte a una perspectiva enfocada en fortalecer un sistema de seguridad universal e inclusivo.

Este debate que estuvo precedido de medidas jamás vistas con anterioridad y se había hecho muy tangencialmente en el pasado, ahora se produjo con toda la crudeza que la situación del país reclama. Entre las medidas planteadas para lograr los objetivos propuestos se destacan cambios en las políticas impositivas y los pagos a la seguridad social para las rentas medias. Así mismo, acciones orientadas al aumento de los beneficios financieros para los grupos de bajos ingresos y recias medidas contra la corrupción y la burocracia. De la misma manera, se expuso la necesidad de resguardar los derechos de propiedad y en particular de propiedad intelectual.

En su discurso, Xi alertó en el sentido de que la prosperidad común no sólo se debía aplicar a los mercados financieros, sino también a la vida espiritual y cultural de la sociedad y extenderse a las zonas rurales y urbanas, en particular, el gobierno tiene que abocarse a mejorar las infraestructuras y las condiciones de vida en el campo.

Esta magna tarea involucrará a todos los niveles de gobierno alineados en torno a la elaboración de planes que apunten al objetivo de lograr la prosperidad común. Intentando sistematizar la iniciativa, la prosperidad común se definió como un medio para “tratar adecuadamente la relación entre eficiencia y equidad”, lo cual pasa por una mayor y mejor supervisión financiera. En estos términos, el sistema planteado se propone estimular lo que se ha denominado como la "tercera distribución”, es decir, la creación de oportunidades para que los grupos y las empresas de altos ingresos devuelvan algo a la sociedad, entre otras cosas, mediante donaciones voluntarias y benéficas. También podría significar recortes de impuestos sobre la renta de las personas físicas y aumento de los tributos a los más ricos, “incluidos los impuestos sobre la propiedad, la herencia y las ganancias de capital, o introducir más políticas preferenciales para los fideicomisos de caridad y las donaciones de bienestar público” de acuerdo a la opinión de Xiong Yuan, analista jefe de macroeconomía de Guosheng Securities, una empresa china de servicios financieros ubicada en Shenzhen, citado por los periodistas Orange Wang y Su-Lin Tan del periódico South China Morning Post de Hong Kong.

La reacción de los analistas occidentales a estas medidas no se hizo esperar, de inmediato se expuso la preocupación por las posibles afectaciones que estas medidas pudieran significar para los dueños del capital, aunque se reconoce que al lograr un mayor reparto de los salarios, eso redundará en ayuda a las familias. Estas opiniones exponen la incapacidad de comprender el modelo chino de economía, recayendo -una vez más- en la idea de considerar su validez bajo el tamiz de las leyes del mercado diseñadas en Occidente, que se pretenden vender como verdades universales. Los analistas occidentales critican que China pretenda a través de estas medidas, que el Estado ejerza fuertes regulaciones en la economía a fin de equilibrar el crecimiento económico y prevenir riesgos financieros.

No obstante que estas medidas han tomado cuerpo en este momento de la historia, es menester recordar que en las propias bases de la política de reforma y apertura y en varios discursos de Deng Xiaoping quedó de manifiesto que la aparición de ricos y millonarios era necesario para que a través de su enriquecimiento personal se acelerara el crecimiento del país. De alguna manera, Deng expuso que en la etapa iniciada en 1978, los ricos eran un mal necesario que en algún momento del desarrollo se ajustaría a través de la aplicación de políticas y leyes, asumiendo que el logro de la prosperidad común sería una “tarea larga, ardua y complicada”.

Desde entonces, ningún presidente chino ha puesto la búsqueda de la prosperidad al margen de su quehacer político, pero nunca antes como ahora se ha hecho tanto énfasis en su concreción, hay que decir que tampoco nunca antes hubo condiciones como ahora para poder emprender la tarea con éxito. El propio Xi reconoció que el ex presidente Hu Jintao y el ex primer ministro Wen Jiabao encararon la necesidad de solucionar el contraste entre las ricas provincias del este y las más atrasadas del oeste, así como la discrepancia entre los sectores agrícola e industrial.

A la vista se tiene esta etapa de transición al socialismo cuyo objetivo es el desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de una base material, económica, y tecnológica que permita que en la primera etapa, una mayor cantidad de ciudadanos puedan acceder a los beneficios materiales y culturales que la sociedad va logrando.

Continuará

sergioro07@hotmail.com

sábado, 3 de agosto de 2019

Washington se confirma terrorista



Por Manuel E. Yepe:
Poco después de que el gobierno venezolano denunció que los enormes apagones ocurridos en marzo fueran causados por ataques cibernéticos y electromagnéticos, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que allanaba el camino para que se investigaran y defendieran las infraestructuras críticas de su país ante ofensivas extranjeras por pulso electromagnético.
La iniciativa tomó por sorpresa a muchos, ya que las armas de pulso electromagnético (EMP, por sus siglas en inglés) parecen cosa de películas y no amenazas reales.


Desde el año 2001, el Congreso de EEUU ha venido evaluando los posibles riesgos de un ataque con EMP contra EEUU mediante una Comisión integrada por científicos, ingenieros y operadores corporativos íntimamente ligados a la estructura del Departamento de Defensa y contratistas privados vinculados con el complejo industrial-militar.

 Los informes producidos por la Comisión estudian un ataque EMP de gran altitud (la llamada Bomba de Arco Iris), capaz de producir un apagón con poder similar a la descarga de un rayo (50 mil voltios por metro) y a la explosión de una bomba atómica a unos 700 kilómetros de altura sobre el objetivo.
También se mencionan armas EMP en pequeña escala, con capacidad de dañar áreas específicas como el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la industria del petróleo y el gas, las infraestructuras de transporte, alimentos y agua, y los servicios de seguridad y emergencia, así como los de gobierno de cualquier país.

El primer informe ejecutivo de la Comisión fue publicado en 2004 con consideraciones bastante generales sobre las posibles consecuencias de la Bomba de Arco Iris sobre EEUU, en el que se califica al ataque EMP de “actividad terrorista” que usa una pequeña cantidad de armamento nuclear para producir un impacto catastrófico en la sociedad.

Los escenarios de colapso electrónico y eléctrico están descritos con prolijidad, y relacionados con algunos desastres naturales y provocados por el hombre que han ocasionado efectos similares en la historia reciente de Norteamérica.

Con la misma vehemencia con que EEUU se preocupa por los ataques electromagnéticos, que analiza como inminentes, el gobierno venezolano denuncia la posibilidad de un ataque con EMP contra el sistema de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri.

En el informe se hace hincapié en el hecho de que la red eléctrica de EEUU está profundamente conectada a todas las actividades de la sociedad y la economía, como en muchos otros lugares del mundo (incluyendo Venezuela). En EEUU, la distribución de cargas se divide en tres, siendo el estado (petrolero) de Texas el eje central de una red con 300 millones de usuarios que de ella dependen.
Ello significa que una modesta alteración al sistema eléctrico puede causar un colapso funcional, de consecuencias catastróficas.

Así como se denunció con respecto al ataque contra la Central Hidroeléctrica Guri, Estados Unidos sostiene que la red eléctrica de su país pudiera ser atacada “usando información de las operaciones en los sistemas de control”, es decir, debe haber mano interna que asista la operación terrorista.
 Es tanta la capacidad de una pequeña arma EMP que, sin el uso de la Bomba de Arco Iris, pudiera tener lugar un ataque a un objetivo preciso en el sistema eléctrico de Estados Unidos que deje sin luz al 70% de su territorio en un abrir y cerrar de ojos.

De hecho, la Comisión admite que un ataque pequeño de EMP puede causar estragos eléctricos y electrónicos similares a los que dejó el Huracán Katrina (2005), que dejó a unos 4 millones de personas sin luz en unos 233 mil km² de EEUU, un área equivalente al del Reino Unido.

Los medios antichavistas han ridiculizado las denuncias de ataques cibernéticos y electromagnéticos en Venezuela, lo que demuestra, o ignorancia sobre las nuevas tendencias de la industria militar con estas tecnologías en el contexto de una nueva “guerra fría”, o que operan como blanqueadores de información y escenario ante unos consumidores de noticias sin ninguna lectura crítica de los hechos.
Ni la Comisión formada en 2001 ni la reciente Orden Ejecutiva de Trump se habían interesado por estas armas, ya sea por las vulnerabilidades propias o por sus prospectivas ofensivas en el futuro.

Pero la carrera armamentística y por el desarrollo tecnológico entre potencias hoy atraviesa por este esquema de armamentos que suena a películas de ciencia-ficción. Y esta industria armamentística forma parte de una dimensión mucho más actual que las mostradas por Hollywood.
jose.alfredo.pineda@mail.ru