Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
Cuando la ley, como regla que conduce la organización de la
vida y orienta a la sociedad y al ser humano para ir por el camino recto, es
conducida por el poder, la justicia queda en riesgo, la derrota la sufre la
política y los más afectados son los derechos de los débiles, las víctimas y
los adversarios. La pérdida de capacidad legitimadora de la ley se debe a la
multiplicidad de manipulaciones a la que es sometida por agentes del estado y
del partido de gobierno, cuya obsesión por mantener el liderazgo de las
acciones por el control del país hermano los hace fallar. El síntoma del daño
no esta en la estructura de las cortes de justicia, ni tribunales, si no en la
arbitrariedad con la que es atacado el sentido de lo jurídico alejándolo de su
realidad material y manteniendo a la sociedad bajo el rigor de quienes se hacen
temer amenazando con usar la ley.
El poder hegemónico incomunica las interpretaciones
sociológicas de las jurídicas sobre el contexto de país que existe, y le
entrega a la opinión simplificaciones de lo que ocurre, para que los medios,
como estrategia del gran capital, construyan su galería impactando y
violentando a su antojo la capa protectora de los derechos, desde los más
íntimos de la persona, mostrada en su desnudez, hasta los de autonomía y
soberanía de los pueblos, puesta en ridículo a traves de su mas crudo
sufrimiento y penuria.
La ley es un es un componente esencial para proteger los
derechos humanos, por su capacidad para hacer efectiva la de defensa de la
vida, honra, dignidad y salvaguarda del sistema social, pero está en riesgo de
ser convertida en un adorno de la pasarela de impunidad, por la que se
contonean quienes gozan de inmunidad y anuncian con un discurso de doble
rasero, lo bueno y aplaudible de sus prácticas y lo malo y condenable de lo que
hacen los otros aunque sea igual. Las fronteras porosas y conflictivas del
país, delatan por su mayor exposición las contradicciones teóricas y prácticas
del poder, que repite mensajes equívocos en nombre de la ley, y que causan profundos
daños a la paz, los derechos y la convivencia. Manipular el sentido de la ley,
a la que se dicen aferrarse para juzgar y condenar en nombre de la comunidad
política que sostiene el andamiaje de todo estado de derecho es lo condenable,
como podría deducirse solo con el caso de Andrés Felipe Arias, del que aduce su
partido que es falso que exista un tratado de extradición con Estados Unidos
que permita traerlo a Colombia a pagar su condena por delitos comunes, pero el
mismo tiempo maldicen porque afirman que el tratado de extradición debe
aplicarse al excombatiente Santrich.
Suma en la manipulación de las interpretaciones de la ley el
cúmulo de errores por la persistencia en querer derrocar al gobernante vecino.
Trasciende los límites de la buena fe, que cada acción siguiente sea tan
incierta y agresiva como la anterior porque violenta leyes, principios y
valores universales, que van desde el uso indebido de prácticas y conceptos,
como pretender señalar de humanitaria, una acción que no lo es o, insistir en
querer hacer ver como neutrales y objetivas opiniones que no lo son o, instalar
en el imaginario pretendidas verdades que distan de serlo o, interferir en la
libre autodeterminación de un país soberano, aduciendo que no hay injerencia
política, si no un propósito altruista de liberación nacional, para esconder
una alianza de intereses entre el débil cuerpo de autoproclamado presidente que
es más bien un impostor o un traidor a su patria por no haber sido ni legitima
ni legalmente elegido por su pueblo, según lo define su constitución, porque
allí no hay vacancia de poder, ni esta se produce por mandato de gobiernos
extranjeros.
O bien hay un grave error en esa suma de interpretaciones de
la ley o el mundo está ante un caso innegable de consumados delitos, con
trasmisiones en directo, de los que se han desprendido daños irreparables y
hechos de violencia con consecuencias fatales.
Hay una lógica de pensamiento y acción del gobierno y en
especial del partido de gobierno, que sabe manipular la ley (y los medios),
para crear verdades a medias, confundir y hacen perder de vista que el objetivo
de la ley es servir de soporte a la justicia para que sobre esta se edifique el
estado de derecho. Con esta lógica los derechos solo caben para ser
despreciados y sus defensores eliminados, la memoria desdeñada y sus fuentes
quemadas.
Una ley y un derecho de papel para gentes humildes,
debilitadas por las carencias, la desigualdad y la exclusión, y otra real,
sensata, prudente y benévola en sus dictámenes para los poderosos, para unos
las penas son inmodificables y se cumplen en atiborradas cárceles de ignominia
y crueldad y para otros sus pequeñas penas ocurren en mansiones por cárcel por
ser padres cabeza de hogar o enfermos de stress, cuando no logran hacer precluir
las investigaciones mediante decenas de dilaciones (y fraudes procesales
encubiertos) interpuestas por expertos en torcer la ley aduciendo la defensa de
la misma ley.
Lo que ocurre a diario con la manipulación es el síntoma de
una grave enfermedad social, que avanza hacia un rea acostumbramiento al
fascismo del siglo XXI, en el que la ley pasa a ocupar un segundo plano, el
imperio de la ley se desmorona y el poder hegemónico pone todas las reglas
según lo pueda su voluntad, en todo caso invocando y con vehemencia la rectitud
del derecho. Ese fascismo esta configurando las bases una sólida inseguridad
jurídica ya no solo para los antiguos combatientes que suscribieron el pacto de
paz, sino para toda la ciudadanía, los críticos, los silenciados y los demás.
La inseguridad se apodera del ambiente, aunque su nombre político sea
seguridad. La aplicación de la ley cede su capacidad ante los impulsos y
pulsiones del poder de excitados gobernantes.
No es un problema de antinomias, o sea de contradicciones entre
normas, ni de conflictos entre ellas, ni de normas invalidas como las que se
pretenden contra el derecho a la protesta, a la opinión o las libertades de
investigación y catedra, es sencillamente el uso ideologizado de la ley por
quienes detentan el poder político, en asocio con los dueños del capital, que
saben bien como relegar a la ley basada en la justicia e imponer su ley sin
justicia ni verdad.
mrestrepo33@hotmail.com
