Por Mario Del Gaudio:
El Gobierno de Luis Lacalle Pou cometió dos graves errores: rechazar
un acuerdo nacional con el Frente Amplio en un momento crítico para el país por
las consecuencias que la pandemia a nivel global podrá determinar para el país y la presentación
de la Ley de Urgente Consideración (LUC) cuando la verdadera urgencia es la
desocupación, la pérdida de fuentes de trabajo y el aumento de la exclusión
social de un vasto sector de la población que incluye cuentapropistas, pequeños
y medianos comerciantes y empresarios.
A raíz del coronavirus y las graves consecuencias que tendrá
en la economía en lo relativo a la producción, especialmente a las
exportaciones, un plan de emergencia concertado del Gobierno con el Frente
Amplio, la mayor fuerza política del país era más que deseable, indispensable.
Brasil y Argentina pero también China, los tres principales
clientes de Uruguay están cortando sus importaciones. El PIB de Brasil del Gobierno
Bolsonaro caerá estruendosamente 7,2 por ciento este año según el banco francés
Societè Générale, el derechista Mauricio Macri le dejó al Presidente Alberto
Fernández una Argentina quebrada y China ya anunció que debido a la pandemia se
concentrará en levantar su economía interna, invertirá todos los recursos posibles
en su aparato industrial, en la reducción de la desocupación que subió y se
ubicó en 6,2 por ciento, en todo tipo de auxilios directos a la población que
se quedó sin trabajo, subsidios a las empresas para contratar mano de obra y
reducir o anular la carga tributaria sobre pequeñas y medianas empresas.
En particular China se ha puesto el propósito de ser autosuficiente
en la producción de alimentos que es lo que le vende Uruguay.
El recorte de gastos con importaciones de China es
previsible pues su PIB se desplomó 6,8 por ciento en el primer trimestre del
año. Nunca desde 1976 se había verificado una contracción de ese índice. También
por primera vez en las últimas tres décadas China este año no estableció un
objetivo de crecimiento económico específico.
Europa y Estados Unidos están peor todavía y sus mercados están
prácticamente cerrados a las importaciones. Son números, no opiniones los que
conducen cualquier análisis o enfoque al peor de los escenarios en nuestro país
cuyo principal síntoma son los 200 mil desocupados en seguro de paro y un
número similar de cuentapropistas, comerciantes, pequeños y medios empresarios
que están fundidos, sin perspectivas y sin ningún programa de apoyo serio y a
largo plazo por parte del Gobierno.
Ese panorama no podría menos que exigir un esfuerzo
mancomunado y sin exclusiones preconcebidas de todas las fuerzas políticas y
sociales para evitar el dramático desenlace que relacionado con ese contexto
global tiende a configurarse,
Resulta evidente que este es el momento de salvar el barco y
que para ello es indispensable el aporte extraordinario de los que más tienen, del
10 por ciento más pudiente que como han repetido en distintas ocasiones el ex
vicepresidente Raúl Sendic y el ex Presidente José Mujica no se van a fundir por tributar un poco más. Esa es la única
manera de darle municiones al fortalecimiento de la solidaridad social que debe
ser liderada y orquestada por el Estado. Uruguay no puede volver a pasar por
las quiebras en cadena, el desajuste social y las condiciones de miseria y
hasta de hambre que el país sufrió en el trienio 2002-2003-2004.
Cronológicamente, el primer error de este gobierno fue la Ley
de Urgente Consideración (LUC). Antes que nada porque con ella el Presidente ha
intentado ir a contramano de la consolidación y robustecimiento de las Empresas Públicas (E.P.), y ya en las
primeras de cambio no tuvo éxito porque no tiene consenso para eso ni en la
propia coalición de derecha que lo sostiene.
Las E.P. son el mayor baluarte que tiene el Estado, mérito
de las inversiones que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en ellas y de
la gestión que ahora permite que tengan buenas ganancias asegurando, al mismo
tiempo, ocupación de calidad y, de fierros viejos que eran hasta el 2004, son
hoy sin dudas el mayor patrimonio material colectivo que tienen los orientales,
y podrían ser locomotora del desarrollo nacional, inclusive científico, en las
áreas estratégicas en que actúan, aún en estos tiempos difíciles.
Pero ese paquete envenenado de la LUC que va de las
privatizaciones veladas al endurecimiento de la represión sin atacar las causas
de los conflictos sociales (por eso leyes similares fracasaron en todos los
países donde se aplicaron, como Chile por ejemplo), tiene en nuestro país
antecedentes históricos nefastos:
I) Las Medidas Prontas de Seguridad que impuso Pacheco Areco
en 1968, utilizadas también de manera intermitente y con menos brutalidad por
los gobiernos anteriores.
El pachequista Juan María Bordaberry las mantuvo y fueron el
prolegómeno para que el 15 de abril de 1972 sancionase el Estado de Guerra
Interno y en julio de ese mismo año la Ley de Seguridad Nº14.068 que garantizaba
la libertad de operación a las fuerzas conjuntas, limitando las libertades
individuales, lo que le valió la merecida calificación de ley de matanza
generalizada por parte del Dr. Carlos Martínez Moreno.
Esa galopante "escalation" de leyes especiales y
urgentes culminó con el decreto N.º 464/973 del 27 de junio de 1973 que con la
firma de Bordaberry y de sus ministros Néstor Bolentini y Walter Ravenna
terminó disolviendo el Senado y la Cámara de Diputados instalando sin más
ambages ni caretas la Dictadura militar.
II) La madre de todas esas barbaridades jurídicas que lejos
de arreglar los problemas generaron centenares de víctimas y desmanes,
respaldando la arbitrariedad y el Terrorismo de Estado, fue la Ley Nº10.071
concebida por la Dictadura de Gabriel Terra.
Denominada Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, su proyecto
de ley fue iniciado en 1937 en pleno terrismo, siendo sancionada en octubre de
1941. Según Terra esa ley "era necesaria para la defensa social y la
corrección de aquellos individuos que por su mala conducta, antecedentes
morales, género de vida, etc., se pueda inferir que pueden violar la norma y
perturbar la paz social”.
El comentario que hace el autor de “Estado peligroso y
Medidas Prontas de Seguridad: Violencia estatal bajo democracia
(1945-1968)", el Doctor en Historia Leandro Kierszenbaum, cuyo trabajo fue
publicado por Udelar en 2012 es ilustrativo de los desvíos que ese tipo de
leyes con aristas coincidentes con la LUC representaron para la
democracia:
"Al ser esencialmente flexibles, los conceptos de
peligrosidad y temibilidad permitían consolidar el proceso de criminalización
y, por ende, de represión a los sectores que por diversas razones era necesario
neutralizar. Bajo esta lógica se podía legitimar la detención y fichaje de
homosexuales* y la represión de supuestos infanto-juveniles**, por un lado, y
la detención de obreros o funcionarios públicos movilizados por el otro. Esto
quedó registrado en los documentos que enviaba el Jefe de Policía de
Paysandú*** durante la huelga remolachera de fines de 1957 y comienzos de 1958.
Aquellos obreros que fueron detenidos arbitrariamente –como lo denunciaban socialistas
y comunistas– eran representados como “vagos y linyeras” por las autoridades.
Resulta sugerente que los “linyeras” que en una de las primeras páginas del
mismo documento eran considerados “vagos”, aunque se tratara de auténticos
trabajadores remolacheros, pocas páginas más adelante figuraran en una lista de
obreros en huelga fichados según la empresa en la que trabajaban.
Creo que este
hecho no revela un simple error del autor, sino la arbitrariedad y ambigüedad
con la que se podían aplicar categorías que permitían acudir a la ley vigente.
Tanto la prensa como los informantes de la policía revelaban la existencia de
un sistema por el cual los obreros al ser detenidos eran fichados y luego, al
ser liberados, obligados a portar un documento que indicaba que ya habían
pasado por dicho proceso. Esto dejaba en evidencia que la flexibilidad discrecional
que representaba el “estado peligroso” servía también para reprimir
movilizaciones sociales y así endurecer el control social".
*A pesar de que la homosexualidad no estaba penada por la
ley, según Al Rojo Vivo, el Comisario Walter Arévalo declaró que habían más de
40.000 homosexuales que habían sido fichados por la Policía. Es decir que se
llevaba registro de personas que no habían cometido ningún delito. “La llaga
que sangra”, Al Rojo Vivo (21/6/1966).
**Vania Markarian, “Menores violentos: la adolescencia en Uruguay
de los cincuenta”, Brecha (13/2/1998).
*** “Antecedentes informados por la Jefatura de Policía de
Paysandú, sobre su intervención en la huelga parcial decretada por algunos
obreros remolacheros adheridos al Sindicato Único de Obreros Rurales (Sudor)” (30/1/1958).
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