Por Editorial La Jornada:
En un comunicado de prensa emitido ayer, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) dijo que no reconoce la legitimidad del proceso
electoral realizado el domingo 20 de mayo en Venezuela, que culminó con la
relección del presidente Nicolás Maduro, pues el proceso en mención no cumple
con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y
transparente.
En consecuencia, determinó llamar a consultas a la
embajadora mexicana en Caracas, comunicar tal posición a la representante
venezolana en nuestro país, emitir una alerta para los sectores financiero y
bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan
operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la
Asamblea Nacional (en pugna con los otros poderes de ese país), incluyendo
convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior,
reducir al mínimo las actividades culturales y de cooperación bilateral,
incluida la militar, y suspender hasta nuevo aviso las visitas de alto nivel a
Venezuela.
Asimismo, la cancillería comunicó que “seguirá buscando (…)
contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de
los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho” en la nación
sudamericana.
Es pertinente recordar que los comicios presidenciales del
domingo anterior en ese país fueron boicoteados por la mayor parte de la
oposición, lo que derivó en un triunfo aplastante de Maduro y en
cuestionamientos internos y externos sobre la legitimidad de la elección.
Pero, independientemente de lo que se piense y diga sobre
tal proceso, la decisión de la SRE de desconocer la consulta ciudadana en el
país sudamericano constituye un atropello a los principios diplomáticos
mexicanos y ejemplifica los alarmantes desvíos de los gobiernos recientes con
respecto de los pilares de una política exterior que fue ejemplo y punto de
referencia para la comunidad internacional y significó, para México, un poderoso
instrumento de defensa de la soberanía nacional.
La llamada Doctrina Estrada, que hasta el sexenio de Vicente
Fox guio las determinaciones de la diplomacia nacional, establece con claridad:
México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque
considera que esta es una práctica degradante que, sobre herir la soberanía de
otras naciones, coloca a éstas en el caso de que su asuntos interiores puedan
ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho
asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad
legal de regímenes extranjeros, por lo
que el gobierno nacional se limitará “a mantener o retirar, cuando lo crea
procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también
lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones
respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente,
ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar,
mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.
A la imprudencia de no reconocer la legitimidad de la
elección venezolana deben agregarse la desafortunada alineación de la
diplomacia nacional con los designios belicistas e injerencistas del gobierno
de Donald Trump hacia Venezuela –que difícilmente podrían compaginar con el
propósito de contribuir a una solución
pacífica para la crisis de la nación sudamericana– y la torpeza de sumar
a México a un conjunto de aliados de Washington que buscan deponer al actual
gobierno venezolano por medio de un bloqueo económico, presentado en forma
eufemística como medidas políticas y económico-financieras, en una declaración
conjunta emitida por los gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Chile,
Estados Unidos y, lamentablemente, el de nuestro país.
Por lo demás, hay una preocupante incongruencia entre el
hecho de oponerse en los foros internacionales al bloqueo que Estados Unidos
mantiene contra Cuba y participar en la construcción de un cerco semejante en
contra de Venezuela. Más allá de la polémica sobre la crítica circunstancia
política por la que atraviesa esa nación, e independientemente de simpatías o
antipatías hacia el régimen de Maduro, los extravíos de la cancillería mexicana
en esta materia resultan lesivos para nuestro país. Es necesario volver a los
principios diplomáticos que hasta hace unas décadas colocaron a México como
actor ejemplar y prestigioso en el concierto de las naciones.
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