sábado, 13 de febrero de 2021

Los Peirano piden archivo de causa y reparación integral

 Por Víctor Carrato: 

“NO TE HAGÁS EL DISTRAÍDO, QUE YA ESTOY BIEN AVIVADO Y TU JUEGO” COMPRENDÍ” 

El jueves 4 de febrero, el semanario Búsqueda dedicó su contratapa a publicar la solicitud de Juan Peirano para que se archive su causa sin sentencia abierta desde 2006. Por su parte, Jorge, Dante y José Peirano se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) pidiendo una reparación integral y disculpas del Estado uruguayo.

El escrito fue presentado la semana pasada por Daniel Sellanes, abogado del exbanquero ante el juzgado penal de 23° turno, a cargo de la jueza Isaura Tórtora para que “disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones” contra su cliente.

Sellanes basa el pedido en la violación del “derecho al plazo razonable en el proceso penal”.

La causa de Juan Peirano se inició en 2006, cuando mediante una orden de extradición fue capturado en Estados Unidos (EEUU).

Procesado en 2008, Juan Peirano por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta” tiene pendiente una prueba solicitada por su abogado a EEUU para que informe si en ese país existe una ejecución de sentencia extranjera en la que se condene a Peirano “pagar sumas de dinero a la liquidación del Trade and Commerce Bank (TCB)”. 

SENTENCIA FIRME DESDE 2005

El abogado Mariano Moyano,que defiende los intereses de los depositantes de Uruguay, Argentina y Paraguay, a quienes le desapareció dinero en el TCB de Gran Caimán, dijo a CarasyCaretas que “Juan Peirano está condenado desde 2005 y el abogado Sellanes está pidiendo mediante exhorto diplomático la sentencia cuando el propio Peirano designó un abogado para defenderse. Son típicas agachadas de esta gente. Yo tengo copia apostillada de esa sentencia, con todos los registros. Juan Peirano está condenado a pagar US$ 12 millones desde 2005 con una actualización del 9 por ciento anual, de acuerdo al ajuste que hace la Corte del Estado de Nueva York, y la sentencia tiene una vigencia de veinte años, siendo prorrogable. De hecho nosotros la vamos a prorrogar cuando haga falta. Al día de hoy esos US$ 12 millones son más de US$ 20 y pico millones lo que debe. La sentencia está firme y es ejecutable, no hay vuelta atrás. Peirano lo sabe porque de hecho él fue notificado. Si el fiscal quiere saber de esto que se comunique con nosotros sin ningún problema. No veo porqué tiene que pedir una sentencia a través de un exhorto diplomático cuando está al alcance de él y ya está certificada”.

La sentencia de la Suprema Corte de Nueva York mencionada, de la jueza Karen Smith, del 9 de diciembre de 2005, beneficia a  las sociedades Donnybrook Investments Ltd. , Higlerd Company S.A., Tilker Company S.A., Waltrow Trade S.A., Inversora Gletzer S.A., y Sergio Coscia.

Moyano trabajó en este caso, con el abogado John P.  Gleason, del estudio Gleason & Koats L.L.

Además, el abogado Mariano Moyano agregó que “este viernes 5 voy a hacer una presentación ante la CIDH pidiendo el rechazo por improcedente. Pero si admiten la indemnización, pido que se retengan US$ 25 millones en razón de la sentencia de nuestros clientes en Nueva York”.     

EL ARRESTO DE JUAN PEIRANO

Juan Peirano  fue arrestado en Miami en 2006, el 19 de mayo a las 15.15 horas, con 56 años de edad y doble nacionalidad uruguaya e italiana, con una green card (pasaporte con permiso de residencia) del gobierno de los EEUU y se refugió en el estado de Tennessee, en la casa de Edwar R. Rufo que tenía vínculos con el ejército estadounidense.

Rufo, ciudadano argentino nacionalizado americano  (alias Edward Rufo o Edward Ruffo), dio refugio en su domicilio de 525 Fairway Drive, Clarksville, Tennessee, al principio, después de su fuga de Montevideo y durante su época de fugitivo la Justicia uruguaya y paraguaya (entre junio de 2002 a setiembre de 2006).

En su declaración ante el Sr. John Gleason en la prisión de Miami, Florida, Juan Peirano declaró que vivía en el sótano de esa vivienda, que le había prestado su amigo Rufo. El Sr. Rufo, a través de medios de prensa manifestó que no sabía que el Sr. Peirano estaba fugitivo y que no compartía negocio alguno con él. 

CUENTA BANCARIA EN CONJUNTO CON RUFO

Sin embargo, como publicó CarasyCaretas el 5 de octubre de 2018, Eduardo Rufo y Juan Peirano tenían una cuenta bancaria en conjunto en el Legends Bank, donde este recibió alrededor de US$ 800.000 en un año donde la cuenta estuvo abierta. De los extractos bancarios, surge que Juan Peirano viajaba permanentemente a Nueva Orleans, según sus propias declaraciones, para realizar un negocio que “…luego no prosperó…”. Empero, bajo el nombre de Juan Basso registró una sociedad llamada Freedom Pass Inc. ( luego denominada F-Pass Inc.) con el Sr. James Edgar Burke, en los años 90 por fraude financiero y presunto titular de la cuenta en Zurich. Luego la sociedad cambió de nombre a F-Pass LLC y Juan Basso fue reemplazado por el Sr. Roberto Ramón y por el Sr. Edward Ruffo quien le dio cobijo en su casa en Clarksville, Tennessee.

A su vez, el Sr. Roberto Ramón, junto con el abogado de New Orleans Lee Rand, constituyeron una sociedad llamada Imusol Trading SA Inc. 

DOS ESTANCIAS EN BRASIL

En esa misma edición  CarasyCaretas informó que los Peirano poseían una estancia en Taubaté, Brasil, pegadito a San Pablo, por valor de US$ 6 millones.

El dueño era Island Point SA, Brasil. Cuando se consultó el registro en Brasil el accionista era Island Point View Ltd de Islas Vírgenes Británicas. Y cuando se consultó el registro de accionistas en Islas Vírgenes el dueño es Tarbet Trading SA de Uruguay, cuyo dueño es Álvaro Lecueder. El socio, amigo y gerente general de varias empresas de este tipo.

La estancia de Taubaté fue hallada por el abogado paraguayo Mariano Moyano en 2010. Según los datos a los que pudo acceder Caras y Caretas, este campo continuaba siendo propiedad de la familia Peirano y no había sido vendido en octubre de 2018.

Caras y Caretas también publicó que la familia Peirano también era propietaria del loteo en la ciudad de San Pablo, cuya estancia se llama San Félix de Caraguatá y que jamás fue hipotecada ni embargada.

“El hallazgo de otra estancia perteneciente a los Peirano se suma a las 30.000 hectáreas de tierras, embargadas en nuestro país desde el año 2003. El valor de esas tierras se ha cuadruplicado con respecto al período en que fueron embargadas, por lo que actualmente se calcula que de ellas se podrían obtener unos US$ 100 millones”, publicó Caras y Caretas.

En Brasil, los Peirano eran propietarios de la financiera Banlatin y Finambras, las cuales tampoco fueron jamás embargadas. 

SERIWAY

El 7 de diciembre de 2018, CarasyCaretas publicó una nota en a que se informó que “el pasado 1 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió su sentencia, ya inapelable, sobre el juicio del Banco Central del Uruguay (BCU) contra los responsables del Banco Montevideo y Caja Obrera. El litigio fue entablado en el año 2004. El objeto era el cobro del crédito en defensa del interés del sistema financiero y de los ahorristas del Banco Montevideo (BM) y Caja Obrera (BCO). La demanda civil era contra 46 demandados,

La demanda del BCU alcanzaba los 340 millones de dólares. No obstante, el monto de la deuda debe determinarse por un juicio de liquidación que permita establecer los montos exactos a reintegrar a los ahorristas. La historia continúa y llevará tiempo. Pero aún después de establecer los montos exactos, es probable que no haya a quién cobrarle por insolvencia declarada, aunque no real”.

CarasyCaretas recordó que el 19 de setiembre de 2018, el periodista Carlos Peláez, en radio El Espectador, denunció que la familia de Juan Peirano poseía más de US$ 150 millones detectados en Uruguay solo en propiedades agropecuarias y que la empresa Seriway SA, de la cual Juan Salustiano Peirano era la cara visible, pero su madre, Leticia Vejo, exesposa de Juan Peirano, era la que firma todos los documentos. 

RECUADRO

¿DE QUE VIVEN LOS PEIRANO? RESPUESTA DEL BCU

El 5 de octubre de 2018, CarasyCaretas publicó la respuesta del Banco Central del Uruguay (BCU) ante la nota anterior de la revista titulada “¿De que viven los Peirano?”

En síntesis dijo que el BCU oportunamente promovió un juicio por daños y perjuicios contra diversas personas físicas y jurídicas, requirió  -y obtuvo- medidas cautelares genéricas respecto de los patrimonios involucrados, así como específicas sobre un conjunto de bienes conocidos en aquel momento.

Específicamente con relación a la Sra. Leticia Vejo es notorio que no tuvo responsabilidad alguna en los eventos que produjeron la liquidación del Banco de Montevideo y en la jurisdicción nacional, la sede penal competente archivó las denuncias a su respecto.

En relación con Juan Salustiano Peirano Vejo, cabe decir que no forma parte del elenco de demandados en el referido juicio, al no existir elemento alguno que lo vincule causalmente a los eventos que determinaron la insolvencia de Banco de Montevideo S.A., dijo el BCU.

“Respecto a las empresas uruguayas Imusol S.A. y Seriway S.A., este Banco Central no tiene elementos que las vinculen con operativas dolosas con perjuicio para Banco de Montevideo SA (en liquidación) ni que las liguen con las personas codemandadas en el citado juicio. Tampoco hay elementos que permitan ejercer acciones contra las sociedades extranjeras Freedom Pass y Hope Inc.”

Finalmente, y en relación con los bienes en la República Argentina y eventual información adicional al respecto, cabe agregar que la liquidación de Banco de Montevideo SA se encuentra actualmente a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario y que ésta eventualmente puede obtener información a través de los estudios jurídicos argentinos a quienes -en su momento- la Liquidación del Banco les encomendó el seguimiento de determinados juicios de recupero en dicha jurisdicción, remató la entidad. 

ENCASTRES

<<Juan Peirano está condenado desde 2005 y el abogado Sellanes está pidiendo mediante exhorto diplomático la sentencia cuando el propio Peirano designó un abogado para defenderse>>

<<Este viernes 5 voy a hacer una presentación ante la CIDH pidiendo el rechazo por improcedente. Pero si admiten la indemnización, pido que se retengan US$ 25 millones en razón de la sentencia de nuestros clientes en Nueva York>>

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