Por Diego Olvera Evia:
La realidad de América Latina muestra la crisis y EEUU
Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, es el
nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo
establecido en 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia
Esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados
Unidos, siendo el jefe del Departamento de Estado estadounidense Henry
Kissinger, señalado como su ideólogo y fascista
El Plan Cóndor se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos en la Guerra Fría, guiada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, promoviendo las dictaduras, con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda, e impulsar un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales.
Esta coordinación implicó, oficial y directamente,
seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, entre países,
violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos
regímenes como «subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o
ideología».
El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina
internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el
asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas
dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda
política, el peronismo, el sindicalismo, las agrupaciones estudiantiles, la
docencia, el periodismo, el campo artístico, la teología de la liberación y el
movimiento de derechos humanos. Los llamados «Archivos del Terror» hallados en
Paraguay en 1992 dan la cifra de 50 000 personas asesinadas, 30.000
desaparecidas y 400 000 encarceladas.
El 27 de mayo de 2016, en lo que se ha considerado un hecho
histórico, el Tribunal Oral Federal N1 dictó el fallo condenando a quince de
los diecisiete acusados que llegaron a ese momento. Las condenas mayores fueron
de 25 años de prisión y fueron aplicadas a Santiago Omar Riveros, Miguel Ángel
Furci y el uruguayo Cordero Placentín.
El exdictador Reynaldo Bignone fue condenado a 20 años, igual que el exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Feroglio. A 18 años de prisión fue condenado el exjefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. A 13 años fueron condenados el ex general Eugenio Guañabens Perelló y el entonces jefe de la ESMA Antonio Vañek. A 12 años fueron condenados los exmilitares Luis Sadi Pepa, Nestor Horacio Falcon, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeit.
El ex general Federico Antonio Minicucci fue condenado a
ocho años. Fueron absueltos Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez
La realidad de América Latina muestra la crisis y EEUU
Por otro lado, se lamenta el distanciamiento entre gobiernos
y movimientos sociales, mientras que estos últimos se transforman –una vez más–
en los próximos portadores de esperanza. Si bien no caben dudas de que la
participación social de los sectores menos favorecidos ha mejorado claramente,
estos no entregarán dócilmente sus derechos sociales, lo cual puede poner en
marcha nuevas dinámicas políticas. Pero es imposible precisar qué destino
tendrá este viaje. Esperar al próximo salvador exime, mientras tanto, de
compromiso propio y de posicionamiento político; es, ante todo, cómodo y una
expresión de pereza intelectual.
En lugar de ello, debería reflexionarse abiertamente sobre
las experiencias acumuladas y sobre lo que es decisivo para todo movimiento
social: cómo resolver el dilema de mantener apertura, dinámica y creatividad,
pero también tener un continuo impacto político evitando la parálisis por la
cooptación y la institucionalización. Además, debe discutirse cómo armonizar
mejor una política de Estado fuerte con estructuras democráticas de base y
movimientos sociales.
En tercer lugar, se argumenta que, con las medidas
correctas, se sigue posibilitando un proyecto de justicia social. En realidad,
el debate sobre si las políticas reformistas o las radicales son más aptas para
resolver la cuestión social acompaña a los gobiernos progresistas desde sus
inicios. No toma en cuenta que, desde una mirada actual, la supresión de las
desigualdades sociales ha fracasado, independientemente de los diferentes
estilos políticos. O sea, un Chávez que polarizaba logró, a fin de cuentas, tan
poco como el moderado Luis Ignacio Lula da Silva. En vez de lamentarse por las
oportunidades desaprovechadas o de revitalizar las ideas fracasadas ignorando
la historia (el neoliberalismo, por ejemplo, es siempre una estrategia de
redistribución invertida –de los de abajo hacia los de arriba– y no una
estrategia económica), deben mencionarse de forma realista los errores más
importantes de los últimos 20 años y se los debe considerar como tarea para los
próximos 20 años:
Los gobiernos progresistas han omitido casi por completo
llevar adelante durante el boom de las materias primas una activa política
internacional de regulación de estos mercados que sea favorable para ellos mismos.
América Latina ha ganado indudablemente independencia política y países como
Brasil han ayudado a fortalecer la influencia de la región en organizaciones
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.
Sin embargo, nunca se atacó políticamente ese talón de Aquiles que es la
dependencia de las materias primas.
No obstante, Venezuela, con la revalorización de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha dado una clara
muestra de que en este tema hay margen de acción política. Gracias a la
importancia estratégica que la región tiene y tendrá para el suministro de
materias primas, pueden pensarse aquí formas de regulación enteramente
cooperativas que hagan disminuir la dependencia de los precios volátiles y que
tomen en cuenta también requisitos de sostenibilidad.
Esto está estrechamente relacionado con una cooperación
regional más intensa. De lo que se trata no es del próximo gran tratado
regional, que a la larga se demostrará ineficaz, sino de iniciativas que ayuden
a construir y fortalecer estructuras y confianza. La idea de un banco de
desarrollo regional propio, como el Banco del Sur, o de una emisora de noticias
independiente, como Telesur, que rompa los monopolios mediáticos locales, está
yendo, en tal sentido, definitivamente por la senda correcta. Sin embargo,
seguirán sin obtener resultados sólidos mientras sean financiadas con
petrodólares y diplomacia de cheques por unos pocos países y se destaquen por
la instrumentalización política y la ideologización, lo que les impide
convertirse en proyectos regionales plenos.
Es necesario amortiguar la desigualdad social no solo combatiendo la pobreza sino reduciéndola de manera sostenida. El problema y sus soluciones son ya conocidos, pero hasta ahora ha faltado frecuentemente el coraje político para emprender reformas estructurales. Una solución óptima para el subcontinente que expresa una de las más desiguales distribuciones de tierras siguen siendo las reformas agrarias. La política renuncia a ellas por la alta conflictividad ligada a su implementación: sacuden de modo radical las fuertes y tradicionales relaciones de poder,
Esto concierne no solo a los terratenientes y latifundistas
privados sino también a la propiedad pública, tal como lo muestra la agricultura
estatal cubana, que muestra una baja productividad debido al estancamiento de
las reformas agrarias y es en gran parte responsable de la debilidad económica
de la isla.
Periodista, Historiador y Analista Internacional
diegojolivera@gmail.com
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