Por Oscar Rotundo*:
Entrado el siglo XXI, la humanidad enfrenta la pandemia del Covid -19 a escala planetaria, pero muchos pueblos del mundo cargan sobre sus espaldas otras desgracias que generan, hambre, muerte y desolación. Se trata de la desgracia de la colonización y el desconocimiento a la autodeterminación de los pueblos.
A la República Saharaui, la monarquía anacrónica y
sanguinaria del Reino de Marruecos, le niega sus derechos históricos e
inalienables, con la complicidad de muchos gobiernos occidentales que se erigen
ante la opinión pública como defensores de los derechos humanos y la libertad.
La persistencia y convicción del pueblo saharaui y de su
gobierno, la inquebrantable lucha del Ejército de Liberación Popular Saharaui y
la heroica presencia del Frente Polisario, han generado una corriente de
solidaridad que abarca a personalidades, organizaciones políticas y de
solidaridad, sindicatos y gobiernos, de distintos países del mundo que están
dispuestos a acompaña el destino y la gloria de la Nación Saharaui.
La pandemia, desatada en el marco de un sistema capitalista
agotado, está generando procesos de flexibilización laboral que llevan a muchas
empresas a la quiebra y a millones de personas al desempleo, a la pobreza, y al
desamparo, fundamentalmente donde los Estados han mercantilizado el sistema de
salud y los servicios básicos para la sobrevivencia y bienestar de la población
y no cuentan con políticas de contención social para acompañar a los sectores
más vulnerables en desgracias como la que vivimos y de la cual no se tiene idea
sobre su permanencia en el tiempo y el alcance de su perjuicio.
España es un país rico y desigual y para paliar parte de sus
contradicciones políticas y sociales, el gobierno, echa mano a recursos y
acuerdos que causan la repulsa de los sectores consientes y solidarios de su
comunidad y de otras latitudes.
“El pasado 9 de enero, la ministra de Hacienda del gobierno
de España y miembro del partido socialista andaluz, la Sra. María Jesús
Montero, anunció un acuerdo con Marruecos en virtud del cual, la empresa
pública Navantia procederá a la construcción de un buque de guerra, por un
importe de 150 millones de euros”; así nos lo hace saber la Asociación del
Colectivo Saharaui de la Provincia de Jaén; la Asociación de saharauis en
Granada y la Asociación Saharaui de Estepona, Costa del Sol; en una carta
publicada en Sevilla, 08 de febrero del año en curso [1].
En dicha carta, se hace referencia a como la Monarquía de
Mohamed VI, anunció públicamente en 2004, que nunca permitiría la celebración
de un referéndum de autodeterminación por parte del pueblo saharaui, saboteando
el proceso político, rompiendo el acuerdo del alto el fuego establecido,
extendiendo su ocupación militar, a la zona desmilitarizada del Gargarat,
imponiendo al pueblo saharaui la vuelta a una guerra de agresión.
Y continúa recordando la carta mencionada que, la Resolución
2548/2020 del Consejo de Seguridad, de 30 de octubre de 2020, había reafirmado
la necesidad de que las partes "se abstengan de emprender cualquier acción
que pueda menoscabar las negociaciones facilitadas por las Naciones Unidas o
desestabilizar aún más la situación en el Sáhara Occidental”.
También hace mención de que, durante la conferencia de
embajadores celebrada el pasado 19 de enero de 2021, el presidente del gobierno
de España, el Sr. Pedro Sánchez, subrayó la necesidad de "relanzar el
proceso de negociaciones en el Sahara Occidental y avanzar hacia una solución
política, justa y duradera".
Es por eso que no se entiende que el presidente de España
pueda abalar lo actuado por su Ministra de Hacienda, al firmar un acuerdo con
Marruecos en el cual una empresa pública procederá a la construcción de un
buque de guerra, desconociendo el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre,
por el que se aprueba el “Reglamento de control del comercio exterior de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble
uso”, que en su artículo 7.1. a) establece que, “las autorizaciones a que se
refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas en los
supuestos siguientes:
• “Cuando
existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o
los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que
perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o
regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser
utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser
humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del
derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales
transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por
España”.
Obviamente, los buques de guerra forman parte de la
estrategia, con la cual el monarca marroquí pretende perpetuar la ocupación
militar del territorio en conflicto.
La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la
independencia a los pueblos y países coloniales, establece que "todos los
Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de
la presente declaración, sobre la base de la igualdad, la no intervención en
los asuntos internos de los demás estados y del respeto de los derechos
soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial".
También, la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 1965, afirma que el "uso de la
fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una
violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención"
y la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del
24 de octubre del 1970, declara solemnemente que "todo Estado tiene el
deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye
una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y
no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una
guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al
Derecho Internacional, entraña responsabilidad".
Al parecer, el gobierno de España hace caso omiso al
cumplimiento de la legalidad internacional, y no considera la salvaguarda de la
paz y los derechos humanos, como una cuestión de Estado fundamental para el
sostenimiento de su discurso democrático, violando con su accionar, nuevamente,
el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
La complicidad de la monarquía del Estado Español con el despótico régimen monárquico de Marruecos, no mellara la voluntad de lucha del gobierno de la República saharaui y de su pueblo; ni la solidaridad de las personas que aman la justicia y la paz en el mundo entero y que no dejarán de protestar ante los atropellos y violaciones a los derechos humanos de estos gobiernos que existen a contramano de la historia y del destino de felicidad que le corresponde a la humanidad.
Nota:
[1]
https://noteolvidesdelsaharaoccidental.org/condena-a-la-decision-del-gobierno-de-espana-de-apoyar-la-guerra-de-ocupacion-en-el-sahara-occidental-delegacion-saharaui-para-andalucia/
*Analista políticos del equipo de Periodismo Internacional
Alternativo PIA Global
rotundointernacional2020@gmail.com
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