Por Sergio Ortiz:
La Semana Política Argentina
Es un tiempo de perfecta confusión. Una pandemia que no
terminó y amaga con la segunda ola. Una crisis económica formidable. Una
política devaluada. Entre varios factores necesarios, hacen falta líderes que sepan
dónde ir.
El viernes 9 se conocieron las estadísticas del COVID-19. Hasta el día anterior Argentina contabilizaba 1.7 millón de contagiados y más de 44.000 muertos. Eso confirmaba que la pandemia está muy lejos de haber concluido, aún con el dato favorable de que comenzara la vacunación el 29 de diciembre a una parte menor del personal de salud.
Hace semanas que esos números se incrementan en 13.000
contagios diarios y más de 150 muertos. Y como al principio de esta peste
mundial, la provincia de Buenos Aires lleva la delantera de casos, relacionado
con el número de su población y el aglomeramiento de sus núcleos urbanos. La
CABA, cuyas autoridades macristas habían cantado victoria antes de gloria, está
entre los de peor performance.
Así las cosas, era inevitable dar pasos atrás y ajustar
medidas de cuidado, que serían pasos adelante. El presidente habló con los 23
gobernadores y el jefe de gobierno porteño para adelantarles su idea de imponer
un toque de queda, sin darle ese nombre antipático. Prohibiría la circulación
de personas entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Era lo mínimo que se podía hacer. Se dijo que el decreto de
necesidad y urgencia se firmaría el jueves o más tardar el viernes a la mañana.
No sucedió tal cosa. Las protestas de tres gobernadores, dos macristas y uno
peronista-macrista, impidieron ese curso político-legal necesario desde el
punto de vista sanitario. Rodríguez Larreta, alias “mi amigo Horacio”, el
mandatario de Mendoza, ambos del PRO-Juntos por el cambio, y Juan Schiaretti,
el del bailecito con Mauricio Macri en la Fiesta del Maní, le torcieron el
brazo a Alberto Fernández.
Serán las provincias las que tomen las decisiones en esta
etapa clave contra el virus. Simplemente se modificó un artículo del decreto
que disponía el Distanciamiento Social, Preventivo y Voluntario (DISPO). Los
gobernadores cortarían esa movilidad nocturna si en sus distritos ocurren estas
dos posibilidades: que los casos aumenten más del 20 por ciento en una quincena
respecto a la quincena anterior, o que en 14 días haya más de 150 casos
positivos cada 100.000 habitantes.
Cómo será de grave la situación que, si se atiende a este último factor, llamado de incidencia, al menos 14 provincias deberían impedir ya esa movilidad de noche.
Hasta un columnista de Página/12, diario que defiende más de
la cuenta todo lo que diga o haga el gobierno, calificó de “un poco tibia” esa
disposición. Eso si la hubiera decretado el presidente. Como ahora dependerá de
la mediocre política y el talento escaso de tantos gobernadores, en vez de
tibia será fría, de varios grados bajo cero, aunque no los 70-80 grados que
requiere la vacuna de Pfizer.
Sin descalificar al gobierno, se nota la falta de liderazgo
sobre lo que hay que hacer, cómo, cuándo y dónde, contra el COVID-19.
De economía, ¿Cómo andamos?
El panorama es muy preocupante porque al menos una mitad de
familias, o de la población, no tienen ingresos por los 50.000 pesos necesarios
para afrontar la Canasta Básica Total, la línea de pobreza.
La supresión del IFE y la reducción de las empresas que
recibían el programa ATP para pagar la mitad de los sueldos de empleados,
agrava la situación. La nueva fórmula de movilidad para los jubilados no
contempla a la inflación (según los cráneos oficialistas, sí en forma indirecta
al considerar los salarios, que supuestamente se relacionan con la inflación, y
la recaudación de Anses, con parte de impuestos que seguirán a los precios).
Hay escepticismo en millones de jubilados que sienten en sus bolsillos un vacío
y no el cumplimiento de la promesa de Fernández en campaña sobre que repararía
lo vandalizado por Macri.
Ya que se menciona a jubilados y presidente, cabe recordar
su promesa de remedios gratis. Cuando Clarín lo increpó respecto a la fuente de
financiamiento de esa medida, AF dijo que priorizaría a los ancianos y no a las
Leliq de los bancos. Eso no sucedió. En 2020 se abonó a la “Patria Financiera”
700.000 millones de pesos por las tristemente célebres Leliq. Y eso tuvo que
ver con que los aumentos a los jubilados fueran módicos y por decreto, y pocos
los remedios gratis, no todos los que necesitan los adultos mayores.
YPF hizo una contribución al incendio, al aumentar 2,9 por
ciento el precio de las naftas. No fue para dar aumentos de salarios sino para
pagar más los biocombustibles que cortan a las naftas, beneficiando a empresas
de bioetanol, entre ellas al Ingenio Ledesma.
No hay demasiadas polémicas sobre si cayó o no el empleo durante el año terminado. El Ministerio de Trabajo informó que a finales de 2020 hubo 244.000 empleos menos. Si eso ocurrió con los asalariados registrados, cabe suponer que la situación es más grave a nivel de los precarizados e informales. En el mejor de los casos les podría haber pasado lo que a la empleada doméstica de Victoria Donda, que cobró varios años la misma cantidad: 5.000 pesos.
El periodismo oficial-posibilista toma datos aislados y arma
un relato optimista a ultranza. En el diario de Víctor Santamaría y en C5N se
citó la producción de autos de diciembre de 2020, 30.172 unidades y se la
comparó con la del mismo mes de 2019, 14.524. Y ya entonados, arriesgaron que
en 2021 la producción será 50 por ciento mayor.
¿Son falsos esos datos? No. Son aislados o parciales y deben
ser enmarcados en forma objetiva. Si el PBI cayó más del 10 por ciento en el
año finalizado, que en 2021 crezca 5,5 por ciento como pronosticó el ministro
de Economía, no sería una panacea. Estaríamos aún bajo el agua, a la mitad de
lo descendido en 2020.
Además de números a nivel macro, están las evaluaciones de
diferentes clases sociales. Entre el pronóstico optimista del CEO de Toyota o
Ford, y los lamentos de ATILRA por los despidos encubiertos de Danone y La
Serenísima, el cronista presta más oídos a los trabajadores lecheros. Y a los
aceiteros, los cooperativistas de la COOPI, personal de Salud, gastronómicos,
de prensa, Economía Popular, etc.
Grano de maíz
El problema mayor de esos vaticinios fallidos sobre la
economía no radica en el mayor o menor optimismo, sino en el grado de
ingenuidad o ignorancia respecto a los sectores sociales en los que sucesivos
gobiernos quisieron apoyarse para llegar a dudosos destinos.
Se recordará los festejos de Cristina Fernández porque
Argentina llegaba a producir un millón de autos. ¿Sirvió para algo, además de
forrar de dólares a las trece terminales extranjeras de AEFA? Todavía hoy esas
empresas sólo usan un 20 por ciento de piezas nacionales. Y eso es una gran
sangría de dólares por la importación de aquéllas. El país pierde cuando
importa autopartes y pierde cuando exporta autos y esas multis se quedan con la
parte del león.
Ahora se choca con la misma piedra. AF le dijo al CEO de
Ford que quería a la automotriz como “nave insignia” de la industria argentina.
Habrá querido decir, “radicada” en Argentina.
Otros tres asuntos problemáticos revelan la poca
consistencia del liderazgo gubernamental. Ninguno de los tres está concluido;
se pueden guardar algunas ilusiones en que el final no sea el de la derrota de
Vicentín o la prisión de Milagro Sala.
Uno es el caso Amado Boudou. El presidente se niega a firmar
un indulto con el argumento de que es una “rémora monárquica”. El cronista
prefiere la definición favorable al indulto del sabiondo Raúl Eugenio
Zaffaroni, que sabe más que AF de Derecho Penal y DD HH.
Otro es el diferendo con los dueños de clínicas privadas y
prepagas, que están al borde de un estallido psicótico por la postergación del
aumento del 7 por ciento que se les había autorizado. Belocopitt y demás
empresarios están tan furiosos como los delirantes disfrazados que asaltaron el
Capitolio.
Ese gran capital ya impuso una derrota al gobierno al inicio
de la pandemia, cuando éste imaginó un sistema nacional integrado de salud.
Después esa idea de sistema mixto dirigido por el Estado habría ganado más fuerza
dentro del Instituto Patria. Ojalá, pero el tibio profesor de Derecho Penal no
mueve el timón hacia ese puerto.
Y la tercera complicación es la exportación de maíz, que el
gobierno prohibió hasta marzo para que los restos de la cosecha se comercializaran
en el mercado interno y a precios razonables.
Los grandes productores agropecuarios y los pulpos
exportadores, que tienen pensado otro destino para esos 4 millones de
toneladas, exportador y a precio de dólar, dispusieron un lock out patronal de
72 horas.
El ministro Gabriel Katopodis dijo que el gobierno no se
movería “ni un centímetro” porque ese sector había tenido “ganancias
extraordinarias”. Pero Luis Basterra, ministro de Agricultura, se movió varios
kilómetros. Se reunió con los popes del Consejo Agroindustrial Argentino y
comenzó una negociación que puede terminar en transa. Si así fuera, los
alimentos serán un poco más caros y los dólares más ajenos.
Fernández debería leer a José Martí. Dijo, y lo repitió Fidel Castro, que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”. Completamos: “y las felonías caben en una tonelada de maíz”.
ortizserg@gmail.com
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